Gregorio Peces Barba, jurista de prestigio y uno de los ponentes del
proceso de creación de la constitución decía hace un año en unas
declaraciones a El País que “ no tiene ningún sentido ni hay razones jurídicas para excluir a la Casa del Rey de la Ley de Transparencia”. Sin embargo, Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, defendía que la Casa del Rey "se sitúa por encima" de otras instituciones y de los ciudadanos.
Es cierto que la figura del Rey tiene algunas peculiaridades y que
ciertos documentos no deben ser publicados por su contenido
confidencial, pero eso no es un problema para una ley de transparencia
que incluye excepciones para tal efecto. De hecho, el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos prevé
un límite excepcional para aquellos países que consideren necesario
lindar el acceso a ciertas comunicaciones entre instituciones públicas y
la jefatura de estado (excepción aplicable siempre tras realizar una
prueba de interés público).
En otros países europeos que cuentan con monarquías parlamentarias se
han buscado soluciones para adaptar el funcionamiento de sus monarquías a
las dinámicas propias de un estado democrático moderno. Las casas
reales y los monarcas de las naciones de nuestro entorno son, de facto,
mucho más transparentes que la Casa Real Española, respondiendo incluso a
solicitudes de información como es el caso dela Casa Real Sueca (podéis
consultarlo en el informe anual de la Casa Real Sueca).
En estos países se puede solicitar información sobre la monarquía a
cualquier institución pública y las propias casas reales cuentan en sus
páginas webs con información muy detallada sobre su patrimonio, su
presupuesto y su gasto, su agenda y otros detalles sobre su
funcionamiento. Cualquiera puede comparar el apartado de transparencia
de la página web de la m onarquía británica (que publica incluso lo que se gasta en bebidas espirituosas) con el de la española.
En cualquier caso, como decíamos, esta es una buena noticia y ojalá
tenga un efecto contagio sobre otras instituciones que a día de hoy
están total o parcialmente excluidas de la ley (poder legislativo, poder
judicial, partidos políticos, sindicatos, patronal, Congreso de los
Diputados…). Esta decisión se toma en un momento en el que la Familia
Real se encuentra inmersa de una creciente desconfianza y desapego por
parte de la sociedad. En este contexto han decidido que la transparencia
es el primer paso para recuperar esa confianza, otra lección que todas
las instituciones deben aprender y aplicar.
Debemos esperar a ver cómo se plasma esta decisión en la ley para
analizar los detalles y comprobar que este gesto no es solo estético.
Pero sobre todo hay que recordar que el hecho de que la Casa Real no
estuviera incluida en la ley era el menor de los problemas de la futura
ley de transparencia.
Desde la sociedad civil hace mucho tiempo que se piden cambios importantes
para que esta ley no quede obsoleta nada más nacer. Entre las mejoras
que siguen pendientes para conseguir una ley en línea con los estándares
internacionales encontramos: el reconocimiento del derecho de acceso a
la información como un derecho fundamental, un mayor alcance en su
aplicación (elartículo 2 excluye muchas más instituciones y el artículo
15 muchos tipos de información como notas, borradores, informes
internos…) y un organismo de revisión independiente.
Ahora que la ley de transparencia afronta su tramitación en el Congreso
es necesario estar atentos a su evolución y, sobre todo, seguir
insistiendo para que nuestros parlamentarios integren los cambios que la
sociedad civil y los expertos nacionales e internacionales llevan
proponiendo desde que se conoció el texto.
Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/ley-transparencia-igual_6_119048095.html
Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/ley-transparencia-igual_6_119048095.html
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