Imperialismos y prensa

 La invasión de Irak, en 2003, fue tan inmoral como lo es la agresión de Rusia a Ucrania en pleno 2022. Un solo bando, un solo discurso, un solo patriotismo: eso es lo que pretendía Estados Unidos con las enormes restricciones que impuso a la prensa durante la contienda, principalmente al inicio de la invasión terrestre. En aquel entonces, la única vez que el imperialismo estadounidense invocó la Convención de Ginebra fue para hablar de sus prisioneros de guerra en el país, pero jamás mencionaron que la misma Convención prohíbe disparar contra civiles desarmados, lo que incluye a periodistas, y asesinaron a unos cuantos. Los llamados “incorporados” o "empotrados" eran periodistas a los que se les permitió acompañar a los soldados estadounidenses a condición de que “observaran” la guerra desde el interior de los tanques o vehículos blindados, es decir, desde el punto de vista del bando invasor. Ese grupo de periodistas no puso voz al dolor de los iraquíes ni mostró imágenes de la destrucción causada por los misiles estadounidenses. La ausencia de corresponsales de guerra sobre el terreno no nos permitió ver el drama que se vivió en las calles y plazas, en los mercados callejeros, en los colegios destruidos, en los hospitales y centros de salud arrasados por las bombas y en los edificios y residencias en los que vivían los ciudadanos iraquíes. Al contrario, se acuñó el término “daños colaterales” para blanquear los crímenes del trío Bush-Cheney-Rumsfeld. ¿Dónde se ha visto una guerra en la que no mueran inocentes? Es la historia, es la vida, nos dirán. En un alarde de soberbia y para no dar muchas explicaciones acerca de las bajas causadas entre sus marines por el experimentado ejército iraquí, los portavoces del ejército estadounidense también se inventaron aquello del “fuego amigo”, otro eufemismo que encubrió multitud de muertes.

Saddam Hussein, el sanguinario dictador, poseía alrededor de 60 palacios en Irak. Recibimos muchas noticias que informaban con emoción y detalle de la destrucción de algunos de ellos, como si su demolición significase el advenimiento de la democracia en Irak, pero un teletipo de Reuters fechado el 3 de abril de 2003 dio cuenta de que los misiles que alcanzaron el complejo presidencial Al Radwaniya, un palacio al suroeste de Bagdad, habían matado a doce niños y seis adultos que vivían en una granja cercana. El resto de la prensa apenas comentó la noticia. Doce niños y seis adultos. Daños colaterales, por supuesto. Tampoco, naturalmente, se podía decir abiertamente que la razón de invadir Irak no era encontrar las armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron, sino implementar un superproyecto neoliberal con el fin de privatizar toda la economía iraquí (no solo el sector petrolero). Para esta misión se eligió a Paul Bremer, nombrado jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), que se esmeró en privatizar el sector público, liberalizar todos los sectores de la economía iraquí y favorecer los negocios de las empresas estadounidenses en Irak. Ya en mayo de 2003, el Wall Street Journal había revelado que se había encargado al gabinete BearingPoint Inc. la ejecución de un plan que llevaba por título "Para que la economía iraquí pase del renacimiento al crecimiento sostenido". “Renacimiento” y “crecimiento sostenido”, más eufemismos. Posteriormente, el secretario de Estado, Colin Powell, reconoció que los datos aportados durante su discurso en la Asamblea de la ONU para demostrar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, el 5 de febrero de 2003, eran falsos.

Sin ir más lejos, los llamados "contratos para luchar contra el fuego en los pozos petrolíferos" fueron concedidos en secreto a una filial de Halliburton, la compañía que dirigió el vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, entre 1995 y 2000. Kellogg Brown & Root obtuvo esta licitación sin concurso previo y sin limitaciones en lo referente a la duración y las sumas implicadas. Por cierto, que esta empresa fue investigada en el Congreso de Estados Unidos por el "patrón de fraude, abuso y despilfarro" en contratas en Irak por valor de 8.200 millones de dólares. La “guerra global contra el terrorismo” admitía esto y mucho más. ¿Qué no tragamos entonces? Cuando las principales televisiones de Estados Unidos se mostraron partidarias de difundir el vídeo de los prisioneros de guerra estadounidenses en poder del ejército de Irak, que ya había sido emitido por la televisión nacional iraquí, el secretario de defensa, Donald Rumsfeld, declaró que eso estaba prohibido por la Convención de Ginebra, pero que, incluso así, los medios podían hacer lo que desearan. Y, al menos en primera instancia, esos medios se abstuvieron de mostrarlos porque todos sabían que ese “lo que desearan” era una amenaza en boca de Rumsfeld y sabían también cómo se las gastaban tanto él como Cheney y cuántas herramientas pueden tener a su disposición un secretario de Defensa y un vicepresidente de Estados Unidos a la hora de hacer el mal a conciencia.

El propio Rumsfeld cuestionó públicamente la relevancia de las Convenciones de Ginebra y puso sobre la mesa métodos criminales de interrogación como el uso de perros guardianes para aterrorizar a los detenidos (constan en los informes de abuso durante los interrogatorios de la prisión de Abu Ghraib) o técnicas de inmersión en agua. Las entrevistas realizadas por Human Rights Watch a veteranos del ejército estadounidense revelaron que algunos soldados u oficiales que intentaron quejarse a la cadena de mando preocupados por el trato inhumano y las torturas a los prisioneros fueron presionados por oficiales de rango superior o incluso por abogados militares de la oficina de la fiscalía militar para que guardaran silencio. Se les aseguró que los mandos aprobaban los métodos de los interrogatorios y que eran legales. Incluso, a uno de los oficiales se le recordó el "honor de la unidad" como una razón para guardar silencio. El poder prostituye las palabras para defender lo inaceptable y apela a mitos y entelequias varias con tal de justificar su barbarie. Por lo visto, preservar el “honor” (el buen nombre) de una unidad es compatible con los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos. Las torturas y malos tratos no se produjeron únicamente en la prisión de Abu Ghraib, sino en centros como el Campo Cropper, en el Aeropuerto de Bagdad, donde se hallaban recluidos los máximos dirigentes del régimen iraquí y algunos miembros de la resistencia; en los centros secretos de interrogación como el Campo Nama, cerca de Bagdad, y el Campo Diamonback, en el aeropuerto de Mosul; en los campos de prisión improvisados en varias localidades; y también en las bases operativas de avanzadilla, como la de Tigre, en Al-Qaim, y la de Mercurio, en Faluya.

Fue el presidente Bush, en realidad, quien dio la autorización a la CIA para entregar a presos y detener a otros en lugares secretos. Varios países europeos colaboraron. Nadie como nosotros para tapar nuestras miserias. El Pentágono ordenó nueve investigaciones diferentes, dos de ellas demostraron que las políticas de interrogación de Rumsfeld contribuyeron a la tortura y abuso en Irak y Afganistán. Pero los investigadores no disponían de las facultades legales necesarias para procesar a Bush, Rumsfeld y Cheney. En algunos aspectos, todos lo sabemos, vivimos una ficción de democracia, y lo ocultamos con engaños que todos aceptamos. En caso contrario y si las fuerzas no fueran tan desiguales, multitud de prohombres de la política estadounidense estarían en prisión hasta sus últimos días. En ocasiones, el respeto sagrado por la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la información parecen quedarse en nada cuando están en juego los intereses económicos de Occidente. Al Jazeera fue uno de los pocos medios que mostró la guerra de Irak tal cual fue, una espeluznante fiesta de muerte, abyección y destrucción. Mientras, la mayor parte de las televisiones estadounidenses contrataron a militares retirados que mantenían estrechos vínculos con el Gobierno, y su forma de hablar de la guerra era extremadamente belicista y muy similar a la que hoy utilizan los medios rusos. Con frecuencia, hablaban con emoción y entusiasmo de “nuestro ejército”, “nuestros tanques”, “atacaremos”, etcétera.

También existe una extraña consonancia en nuestros medios cuando nos hablan de la “guerra de Putin”, cuando antes jamás escuchamos “la guerra de Bush-Cheney-Rumsfeld”, como tampoco fueron calificados como "oligarcas" los empresarios afines al Partido Republicano que más se lucraron con la guerra por medio de la prestación de servicios en Irak, que fueron desde las operaciones militares en las que participaron mercenarios hasta la construcción de infraestructuras (minuciosamente destruidas por los estadounidenses), pasando por la formidable operación logística que dio cobertura completa a las tropas. Esos empresarios recibieron más de 138.000 millones de dólares y diez de ellos acapararon el 52% de los fondos, de acuerdo con un informe del Financial Times. Muchos de los contratos fueron otorgados directamente a personas próximas al Gobierno de Bush sin que se permitiera la competencia con otras empresas del sector. El análisis del Financial Times demostró que dos empresas se beneficiaron del conflicto bélico con contratos por valor de, al menos, 72.000 millones de dólares y ¿acaso es una sorpresa? La que más beneficios obtuvo fue Kellogg Brown & Root, la filial de Halliburton vinculada al vicepresidente Cheney. Todos ellos fueron y son tratados como empresarios respetables, no como "oligarcas", y no han visto restricción alguna en sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito. La protección y predilección que la Administración Bush mostró por estos empresarios no difería en casi nada de la que muestra el Kremlin por los llamados “oligarcas”.

Las guerras de todas las épocas han tenido un fortísimo componente económico que incluye el robo, el saqueo y la obtención de recursos de todo tipo en poder del enemigo, y eso es muy difícil de defender en el mundo de hoy. En Irak murieron entre uno y un millón y medio de personas a causa de la guerra. Todo indica que, en el mejor de los casos, nos dirigimos a una guerra de desgaste en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con consecuencias imprevisibles para la humanidad si tuviera lugar el peor de los escenarios de utilización de armas nucleares tácticas o estratégicas. 

Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/imperialismos-prensa_129_1231965.html

Stiglitz y Piketty urgen a crear un registro mundial que aflore la riqueza oculta en paraísos fiscales

 El registro debería ser público, abierto e incluir desde inmuebles y cuentas bancarias hasta fideicomisos, criptomonedas, yates y todo tipo de vehículos legales para poseer activos 

Thomas Piketty, Joseph Stiglitz y Gabriel Zucman. IL

Las crisis económicas se suceden sin dar tiempo a que los ciudadanos y las empresas se recuperen: con la Gran Recesión en los talones y cuando el covid-19 aún colea, la guerra en Ucrania ha puesto la energía por las nubes y ésta, a su vez, ha desatado la inflación en Occidente. Y, mientras las cuentas de las empresas titubean, el daño en las nóminas y los hogares se multiplica. Los gobiernos deben entonces acudir con todas sus herramientas para sostener el tejido productivo y el bienestar ciudadano. Enseguida saltan las tensiones presupuestarias y se hace urgente y necesario contar con recursos para contener los precios y proporcionar ayudas sociales.

Esos ingresos proceden de los impuestos. “El dinero necesario está en realidad muy cerca, escondido en los paraísos fiscales y llevamos décadas de retraso en la aplicación de los mecanismos para develarlo”, apunta la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), a la que pertenecen el premio Nobel Joseph Stiglitz, el economista Thomas Piketty y el director del Observatorio Fiscal de la UE Gabriel Zucman, entre otros expertos internacionales. 

Según sus cálculos, el 10% del PIB mundial se esconde en paraísos fiscales, unos ocho billones de dólares, que permiten al 1% más rico de la población, que posee hasta el 40% de la riqueza en algunos países, evadir hasta el 25% del impuesto sobre la renta. Lo consiguen gracias a las sofisticadas estructuras financieras que crean banqueros, contables y abogados para ocultar dónde los más pudientes tienen sus activos o siquiera si realmente los poseen.

El mecanismo que la comisión propone para aflorar esa riqueza oculta, billones en recursos que podrían servir para financiar el desarrollo sostenible en todo el planeta, es crear un Registro Global de Activos (GAR por sus siglas en inglés). Ese registro debería vincular todos los tipos de activos, empresas y vehículos legales posibles con sus propietarios efectivos, las personas físicas que realmente los poseen, controlan o se benefician de ellos. Sería una base de datos mundial y exhaustiva que todas las autoridades del planeta podrían consultar para luchar contra la evasión fiscal, la corrupción y la delincuencia internacional.

Para convertir en realidad lo que la misma comisión no duda en calificar de “utopía”, sus miembros consideran necesaria “una combinación de voluntad política y presión mundial concertada” y reclaman una cumbre internacional urgente. En cualquier caso, sus impulsores creen que el registro mundial “no es un paso inmediato”, sino el fin de un proceso “muy gradual” que empieza por la constitución de registros nacionales de propietarios reales, su extensión a todo tipo de activos y, finalmente, su interconexión hasta crear un registro europeo o latinoamericano, por ejemplo, según explica José Antonio Ocampo, exministro de Finanzas de Colombia y presidente de la ICRICT. Además, sostiene que no haría falta que una institución internacional se encargara de gestionar el registro mundial, aunque sí precisaría un “acuerdo global” para ponerlo en marcha.

Ese registro mundial debería incluir todos los activos relevantes y las estructuras creadas para poseerlos: no sólo los inmuebles y las cuentas bancarias o cajas de seguridad, sino también los fideicomisos y holdings, al igual que las criptomonedas e incluso las colecciones de arte, joyas, yates, aviones y otros artículos de lujo. Además, el registro tendría que ser público, con un formato de datos en abierto y accesible tanto para las instituciones gubernamentales como para cualquier ciudadano.

Como queda dicho, debería nacer de la interconexión de los registros de propietarios reales existentes en cada país. En la Unión Europea, las directivas contra el blanqueo ya obligan a los Estados miembros a crear registros nacionales de titularidades reales y ya existen planes para conectarlos.

El director del Observatorio Fiscal de la UE, Gabriel Zucman, rechaza que la idea de un registro mundial sea especialmente “revolucionaria”. “Los registros de la propiedad y mercantiles llevan siglos funcionando; en Francia, el primero se creó en 1791. ¿Por qué, si tenemos desde hace siglos registros para inmuebles y tierras, tiene que ser diferente para los activos financieros?”, se pregunta. Según aclara, no hace falta “reiventar la rueda”, basta con modernizar y “actualizar a la realidad de la riqueza del siglo XXII” los registros que ya existen.

Aun así, los promotores del registro mundial son conscientes de los “enormes“ obstáculos políticos a los que se enfrenta su iniciativa, pero también creen que ahora la disposición de los gobiernos es mayor, explica Jayati Ghosh, profesora de Economía de la Universidad de Massachusetts y asesora de la ONU, una vez que éstos han tomado conciencia, tras la invasión de Ucrania y la dificultad para encontrar los bienes de los oligarcas rusos, de que carecer de este tipo de información es un auténtico inconveniente.

España, aún sin registro abierto

En el caso de España, el Colegio de Registradores ya gestiona un Registro de Titularidades Reales (Retir), creado en 2018, pero a él sólo pueden acceder la Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la CNMV, el Tribunal de Cuentas, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia está elaborando un real decreto para crear un registro centralizado y abierto para todos los ciudadanos, tal y como exige la UE. En estos momentos se encuentra en fase de audiencia pública. Pero, de acuerdo con el borrador dado a conocer, los datos a los que podrán acceder los particulares están restringidos y se requiere el pago de una tasa y la firma electrónica.

Otros países comunitarios como Letonia y Dinamarca ofrecen los datos sobre propietarios efectivos como datos abiertos. También el Reino Unido. En cambio, en Luxemburgo –uno de los principales centros financieros de la UE–, el registro de titularidades reales cuenta con limitaciones de acceso. En Estados Unidos, la Ley de Transparencia Corporativa de 2019 obliga a las empresas a revelar quiénes son sus propietarios reales. Pero en Asia Oriental sólo el 20% de los países y en África Subsahariana sólo el 21% de ellos tienen leyes sobre los beneficiarios finales de las empresas.

Legitimidad democrática

El registro mundial se convertiría así en el culmen de toda una serie de pasos que la comunidad internacional está tardando en dar. Muy poco a poco, se está consiguiendo que los países intercambien de forma automática información sobre cuentas bancarias y las multinacionales emitan informes de los negocios que llevan a cabo en cada uno de los países donde operan.

Como se ha podido comprobar en el último mes con los intentos de los gobiernos occidentales para sancionar a los oligarcas rusos, no existen registros nacionales e internacionales de valores financieros, criptomonedas, yates, colecciones de arte, bienes inmuebles… “El rastreo de esta riqueza es una medida urgente para proteger las democracias”, apremia la comisión, que apunta, por tanto, más allá de la economía y sus crisis. A su juicio, un registro mundial que permita luchar contra la pérdida de recursos fiscales y la impunidad de “cleptócratas y organizaciones criminales” es un instrumento básico para “reforzar el contrato social”. La ICRICT vincula así “el consentimiento fiscal” con la legitimidad de las instituciones democráticas. 

Fuente: https://www.infolibre.es/economia/stieglitz-piketty-urgen-crear-registro-mundial-aflore-riqueza-oculta-paraisos-fiscales_1_1225603.html

Sáhara: ¿por qué?

En noviembre de 1976 acompañé a Felipe González, entonces secretario general del PSOE, a un acto en los territorios saharauis liberados. Liberados es prácticamente una entelequia porque los saharauis controlaban —y controlan— solo una pequeña parte. Tras volar a Tinduf viajamos a una asimismo pequeña localidad desértica para expresar nuestro rechazo al Acuerdo Tripartito de Madrid por el que (mientras Franco agonizaba) el Gobierno entregaba el Sáhara a Marruecos y Mauritania. Y para manifestar nuestra solidaridad con los refugiados, huidos —como hoy los ucranianos— de su tierra, anexionada —como en Ucrania hoy— por un autócrata expansionista. En un mitin en esa aldea, el 14 de noviembre, Felipe González recordó a los numerosos asistentes que en esos momentos se cumplía exactamente un año de la firma de un “acuerdo de triste memoria por el cual tres Estados se arrogaron el derecho de disponer del pueblo saharaui y de repartirse su territorio y sus riquezas nacionales.”

Fuimos porque estábamos convencidos de que la gran mayoría de la opinión pública española no había aceptado —como tampoco hoy en Ucrania— la agresión de una potencia expansionista. Fuimos porque considerábamos nulo de pleno derecho el Acuerdo Tripartito. Porque estábamos escandalizados y muertos de vergüenza ajena como españoles porque en su día el Gobierno español había defendido consistente y firmemente en Naciones Unidas y en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) que ni Marruecos ni Mauritania, a quienes ahora se entregaba el territorio, poseía ningún título jurídico sobre el mismo. Precisamente el TIJ, en su opinión consultiva de 16-10-1975, resolvió que “ni los actos internos ni los internacionales en que se basa Marruecos indican la existencia o el reconocimiento internacional de vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el Estado marroquí (…) no muestran que Marruecos ejerciera ninguna actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sáhara Occidental. No obstante, proporcionan indicaciones de que, en el período pertinente, existían vínculos jurídicos de lealtad entre el Sultán y algunos, pero solo algunos, de los pueblos nómadas del territorio…”

En definitiva, el Tribunal Internacional de Justicia manifestó que la resolución 1514 (XV), de 14-12-1960, de la Asamblea General onusiana sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales era vigente y que la descolonización debía hacerse vía referéndum: “Nada se opone a  la aplicación del principio de libre determinación, mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.” Añadamos un aspecto grotesco: Franco había afirmado contundentemente en 1973 que “el pueblo saharaui es el único dueño de su destino. El Estado defenderá la libertad y la voluntad de libre decisión de los habitantes del territorio.”

La violación de la legalidad internacional se inicia ya en el primer artículo del Acuerdo Tripartito: “Espana ratifica su resolución —reiteradamente manifestada ante la ONU— de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental.” Sin embargo, no procedió a realizar el referéndum estipulado por el TIJ. Alude solo a una “consulta con la Yemaa”, la asamblea de notables saharauis… Por su parte, la Asamblea General de la ONU (resolución 3458B, de 10-12-1975) exigió a los tres firmantes del Acuerdo que cumplan con el referéndum. De modo que en 1975, como potencia administradora, España tenía solo dos opciones para cancelar su responsabilidad respecto al Sáhara: descolonizar, lo que en virtud de la legalidad internacional únicamente podía hacerse vía referéndum, o no descolonizar, transfiriendo la administración del territorio. Pero la Carta de Naciones Unidas (artículo 77.1.c) estipula que esa transferencia debe ser hecha al Consejo de Administración Fiduciaria onusiano, no a Estado alguno, por lo tanto no a Marruecos y a Mauritania. 

El pacto

Al parecer, el Gobierno de España ha decidido reconocer la “autonomía” del Sáhara en el seno de Marruecos (y por ende, la soberanía de éste sobre aquél) a cambio de garantías por parte marroquí en la gestión de los flujos migratorios y el respeto a la integridad de Ceuta y Melilla. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha manifestado su satisfacción por ello porque beneficia los intereses de los españoles. Cabe preguntar si una decisión “incómoda” por parte argelina en el suministro de gas a España, y vía España, a Europa, beneficiaría los intereses de los españoles y europeos. Preguntado el ministro sobre la oposición de Unidas Podemos a este acuerdo, Albares respondió que se trataba de un “matiz”, que en todo Gobierno de coalición existen discrepancias. No calificaría yo de matiz, sino de sustancia, el pacto suscrito.

El antiguo presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado que “debemos felicitarnos porque hemos recuperado algo tan importante para España como una relación de confianza con Marruecos”. Está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. En mi opinión, los únicos pactos con ciertas garantías de ser respetados son los firmados entre democracias, como bien demuestra la historia al referirse a los supuestos acuerdos de confianza con la Alemania de Hitler o la URSS de Stalin. 

¿Autonomía del Sáhara en el seno del reino alauí, el reino de un autócrata? En el supuesto de que dicha “solución” al conflicto llegara a concretarse en el futuro, la abdicación por parte del Gobierno de España de sus obligaciones con el Derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la Carta de la organización y su renuncia a los valores y principios éticos (los mismos que estos días nos mueven para apoyar a Ucrania frente al expansionismo ruso) que ello supone, únicamente podría, tal vez, comenzar a merecer la pena el día en que Marruecos se transformara en una democracia. 

Hay quien justifica este dislate en nombre de la realpolitik (según la Real Academia, la política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías. Yo prefiero la definición del concepto "principio", esto es, la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta).

Coda final.- Hay también quien dialécticamente se aferra al hecho de que Francia y Alemania han adoptado la misma posición que ahora adopta el Gobierno de España. O que Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara (a cambio, por cierto, del reconocimiento de Israel por parte de Rabat). Quisiera recordarles que Occidente no es la totalidad del planeta, que 84 Estados reconocen a la República Árabe Saharaui, además de los que mantienen relaciones con el Frente Polisario. Y que en la recién celebrada (febrero 2022) 35 Asamblea de la Unión Africana, el presidente de Kenya y del Consejo de Paz y Seguridad de la misma, Uhuru Kenyatta, urgió a la Asamblea a “cumplir su mandato sobre el conflicto saharaui”, insistiendo en “la importancia de encontrar una solución que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. Por cierto, en esa Asamblea la delegación marroquí se esforzó infructuosamente para que Israel fuera admitido como miembro observador. 

Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/sahara_129_1223023.html

Ucrania: 'Wag the Dog'

Estados miembros https://es.wikipedia.org/wiki/OTAN

De los creadores de Irak tiene armas de destrucción masiva nos llega ahora Rusia va a invadir Ucrania, una peli tan vista que hasta da pereza comentarla. El argumento es el mismo: la Casa Blanca vaticina una terrible catástrofe en algún lugar lejano, para justificar una fulminante acción militar preventiva. Los productores son los mismos: Estados Unidos y su fiel escudero británico. Los directores son los mismos: un presidente norteamericano y un primer ministro inglés en horas tan bajas que solo pueden levantar cabeza inventando o exagerando una crisis exterior. Los secundarios son los mismos: los fundamentalistas europeos del atlantismo. La publicidad es la misma: las televisiones sensacionalistas, siempre ansiosas por llevarse al telediario algo tan comercial como la llegada del Armagedón.

Esta nueva peli es un remake. Ya la vimos en color en Irak hace dos décadas, con el resultado conocido: un desastre descomunal en todo Oriente Medio, una inyección de vitaminas para el yihadismo. Y ya la habíamos visto en blanco y negro en Vietnam durante la Guerra Fría, con un resultado igualmente lamentable para tirios y troyanos. Como en las sagas cinematográficas de Hollywood, los villanos de estas pelis van variando —el comunismo en Vietnam, Sadam en Irak, Putin en Ucrania…—, pero todos responden a un perfil semejante: algo o alguien instantáneamente odioso para el espectador sentado en la butaca del cine con sus palomitas.

Thank you for watching

¿Tendré que aclarar que Putin –al que conocí personalmente en Moscú en 2004– me resulta siniestro? ¿Tendré que decir que ni me gustaba la Unión Soviética ni me gusta la Rusia postsoviética? Así es, pero no me nubla el juicio. Biden asegura que Rusia va a atacar Ucrania; Boris Johnson, que va a dar un golpe de Estado en Kiev, pero yo no veo las pruebas por ningún lado. Yo solo veo que, cuando los bustos parlantes de la tele repiten, cual si fueran la palabra de Dios, estos augurios, se nos muestran imágenes de blindados moviéndose por un paisaje nevado.  ¿Pueden ser de archivo? ¿Pueden corresponder a meras maniobras? No lo sé, puede que sí o puede que no. De lo que estoy seguro es de que Colin Powell engañó al mundo en 2003 presentando en la ONU unas supuestas pruebas fotográficas de que Irak tenía armas de destrucción masiva, pruebas tan chuscas como falsas. A partir de ahí, Powell argumentó que el Irak de Sadam –derrotado poco después por el Pentágono en un periquete– era la mayor amenaza para la humanidad desde Hitler. ¡Menuda sandez!

Las armas, las maniobras militares y los juegos de guerra los carga el diablo. La humanidad no está como para meterse en la III Guerra Mundial porque a alguien se le escape un disparo en la frontera entre Rusia y Ucrania y se líe parda. Estamos intentando salir de la pandemia y la crisis social y económica; mantengan, por favor, la calma esos señores y señoras que en nuestro lado del antiguo Telón de Acero se han dejado poseer por un furibundo ardor guerrero en lo poco que llevamos de 2022. ¿Es de veras una necesidad urgente de los españoles y los europeos el que Ucrania se incorpore de inmediato a la OTAN? ¿Estamos tan seguros de que así lo desean los ucranianos? ¿Qué referéndum han celebrado al respecto? ¿O es que su Gobierno nos parece tremendamente representativo de su voluntad? Sosiego, damas y caballeros.

Tengo la esperanza de que la Francia de Macron y la Alemania de Scholz consigan introducir un poco de cordura en este absurdo concierto de tambores de guerra. Y de que consigan lo que no consiguieron Chirac y Schroeder en 2003: impedir el mal mayor. No hace falta ser rusófilo para recordar que Ucrania ha formado parte del entorno cultural y geopolítico de Rusia desde hace siglos; sí, ya en los tiempos de los zares. ¿No podría hoy ser un país europeo neutral, no alineado o como quieran llamarle, como lo es Suiza? Tampoco hace falta tener memoria de elefante para recordar que el Estados Unidos de Kennedy consideró un casus belli que la Unión Soviética instalara misiles en su patio trasero, en la Cuba castrista. Fue en 1962, yo ya era de este mundo y es lo más cerca que he estado de vivir una guerra nuclear.

La Unión Soviética terminó retirando aquellos misiles de Cuba. Y al cabo de un tiempo, Estados Unidos hizo lo mismo, pero con toda discreción, con los que tenía en Turquía. De este modo, dejando que el diálogo, la negociación y el pacto terminaran imponiéndose a los halcones de uno y otro bando, la humanidad pudo evitar el Apocalipsis durante la Guerra Fría. Pensar que ahora no puede conseguirse lo mismo usando los mismos métodos resulta aterrador.

Ya sé que la diplomacia debe ir acompañada de cierta exhibición de músculo. No hace falta que me lo digan señoras y señores que jamás han estado en una guerra. Resulta que yo sí que he estado como periodista en algunas de Oriente Medio y los Balcanes, y sé lo fácil que es empezarlas –basta un exceso de retórica y que a alguien se le escape un tiro–, lo difícil que es detenerlas y lo terribles que son para los combatientes y, aún mucho más, para las poblaciones civiles.

La peli de Ucrania la hemos visto anteriormente muchas veces en la realidad. Hasta el punto de que el mismísimo Hollywood terminó haciendo en 1997 una de ficción sobre el asunto. Se llama Wag the dog (La cortina de humo o Mentiras que matan en sus versiones española y argentina) y cuenta cómo, asesorado por su spin doctor o asesor de comunicación, un presidente de Estados Unidos en apuros por una relación sexual con una menor se inventa una guerra ficticia con Albania. La patraña es muy burda, pero está tan bien puesta en escena que los medios se suman a ella con regocijo y la opinión pública recupera patrióticamente su confianza en el presidente. 

 Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/columnas/cibermonfi/ucrania-wag-the-dog_129_1217852.html

Los tres pasos de los hombres

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Los hombres debemos de dar tres pasos: un paso al frente hacia el feminismo, un paso atrás de nuestros privilegios y un paso al lado para acompañar a las mujeres feministas en el camino hacia la Igualdad. 

El androcentrismo que nos define como cultura significa que todo gira alrededor de lo que los hombres hemos considerado adecuado para nosotros y para el resto de la sociedad, esa referencia hace que nuestra zona de confort no se limite a un determinado territorio o espacio, y que sea la propia realidad la que actúe como tal bajo los criterios y decisiones que en cada momento han situado lo masculino como referente universal.

Los hombres no hemos necesitado lugares ni habitaciones propias porque cualquier lugar era apropiado para ejercer la masculinidad, desde lo público a lo privado, desde lo particular a lo común, pero también para apropiarnos de todo lo que contenía cada uno de esos espacios, por un lado los bienes y las cosas y por otro las personas que los habitaban, especialmente las mujeres por ser el referente de contraste sobre el que levantamos nuestra identidad. No obstante, al ser conscientes de la injusticia que suponía todo ello, para evitar cualquier tipo de conflicto o enfrentamiento abierto, las mujeres han sido presentadas como libres a la hora de decidir lo que la cultura previamente les había impuesto atendiendo a su condición y capacidades, también tasadas por la propia construcción cultural, como de manera muy gráfica recogían las palabras del eurodiputado polaco en el Parlamento Europeo Janusz Korwin Mikke, cuando dijo que debían cobrar menos que los hombres porque eran “más débiles y menos inteligentes”.

De ese modo, durante siglos las niñas no pudieron ir a la escuela, las jóvenes no pudieron entrar en la universidad, las mujeres no pudieron trabajar, después empezaron a hacerlo con el permiso del padre o del marido, y ahora lo hacen libremente, pero con menos oportunidades, más precariedad, menos salario, y siempre con la sobrecarga del trabajo doméstico y los cuidados y responsabilidades a las que los hombres no nos hemos incorporado en igualdad.

Todo ello refleja que mientras que las mujeres han ido dando pasos de la mano del feminismo hacia la igualdad y los Derechos Humanos, los hombres hemos estado dándole vueltas a lo nuestro para mantener los privilegios sobre la injusticia social diseñada desde la normalidad androcéntrica.

Bajo esas referencias sociales, si las mujeres no trabajan no es porque no tengan las mismas oportunidades laborales, sino porque es lo normal; si no ocupan posiciones de poder y responsabilidad no se debe a la falta de reconocimiento y confianza, sino a que es lo normal; si sufren violencia por parte de los hombres en distintos contextos y circunstancias, no es por el machismo y la complicidad llena de justificaciones, mitos y estereotipos que encuentra en la sociedad, sino a que es lo normal.

Por eso las mujeres avanzan decididas con sus pasos y los hombres giramos sobre nosotros mismos con los nuestros. Y por dicha razón, cuando un hombre cambia algo dentro del modelo androcéntrico se dice que “innova”, mientras que cuando quien cambia algo es una mujer se dice que “traiciona” o “ataca”. Algo similar a cuando los hombres proponen una medida y dicen que lo hacen para toda la sociedad, y, en cambio, cuando las mujeres plantean alguna iniciativa se comenta que lo hacen “contra los hombres” y para su “beneficio particular”. 

La visión tan sesgada y limitada que tienen los hombres de la realidad dice muy poco de la inteligencia masculina de la que presumimos. Y lo dice tanto si la incapacidad para tomar conciencia se debe a la imposibilidad de integrar los datos objetivos de las manifestaciones más graves de la desigualdad, como si se debe a la incapacidad para entender que una situación sistemática y repetida año a año no puede ser producto del azar ni de unos pocos hombres, y que tiene que haber un contexto social y elementos comunes que faciliten su continuidad en diferentes momentos y circunstancias.

Porque la realidad es objetiva con las más de 50.000 mujeres asesinadas cada año en el contexto de las relaciones de pareja y familiares (Naciones Unidas, 2019), los 51 millones de mujeres que sufren violencia física en la Unión Europea, los 110 millones que padecen violencia psicológica o los 33 millones de mujeres que sufren violencia sexual (FRA, 2014).

Una realidad definida sobre la desigualdad y toda su injusticia social nunca puede ser buena para el objetivo de una sociedad, que es la convivencia. Ni siquiera para los que disfrutan de privilegios.

Por eso la sociedad avanza cada vez más hacia el logro de la Igualdad y nada ni nadie lo va a evitar, como antes no pudieron impedir alcanzar el actual marco de convivencia a pesar de todo el daño y el dolor infligido. Los hombres tenemos en nuestra mano ser partícipes de este proceso transformador de la cultura para consolidar y ampliar la democracia, o quedarnos al margen de él, y creo que la única opción factible es formar parte de la transformación a favor de la Igualdad.

Por eso tenemos que dar tres pasos: un paso al frente a favor del feminismo, un paso atrás de nuestros privilegios y un paso al lado para acompañar a las mujeres feministas que llevan siglos abriendo el camino de la Igualdad y llamándonos a recorrerlo junto a ellas. 

Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/tres-pasos-hombres-ideas-propias-miguel-lorente_129_1213933.html

Así se fabrica la UE una transparencia a medida: borrado masivo de documentos y archivos ocultos en carpetas personales

La Comisión asegura que sólo se conservan los documentos “importantes”, pero considera “imposible” elaborar una lista “con reglas claras e inequívocas”, según los documentos obtenidos por Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre
Los funcionarios deciden lo que se borra cada seis meses y lo que se conserva trasladándolo a sus carpetas personales
El Código de Conducta deniega el acceso público a sus documentos de trabajo aduciendo que la fiscalidad es un tema “delicado”, de competencia exclusiva de los Estados miembros
La Comisión tampoco conserva los SMS o whatsapps de sus miembros, pese a que sus propias normas la obligan

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.EP

Cuando el eurodiputado alemán Sven Giegold consiguió autorización para leer las actas de las reuniones del Grupo Código de Conducta, el órgano encargado de impedir que los gobiernos vulneren la competencia leal en el seno de la UE aprobando regímenes fiscales abusivos, le metieron en una cámara blindada después de quitarle el móvil. Y, al salir, se le incautó el cuaderno donde había tomado notas. Las que pudo, porque buena parte de los documentos que le pusieron sobre la mesa estaban tachados.

No ocurre sólo con este grupo, puesto que el Consejo Europeo dispone de un protocolo de acceso a toda información clasificada como confidencial que incluye las medidas aplicadas al europarlamentario de Los Verdes. Pero el celo a que fue sometido Giegold sí es paradójicamente revelador de la opacidad con la que ha trabajado el Código de Conducta en sus 24 años de existencia. Su actividad tiene carácter confidencial como parte de su propia naturaleza: es un cuerpo de carácter diplomático, no ejecutivo. Al menos ésa es la razón que esgrimen tanto la Comisión Europea, que le hace los trabajos preparatorios y le proporciona la asesoría técnica necesaria, como el Consejo, que lo creó en 1997, para mantener lejos de la opinión pública e incluso del Parlamento Europeo lo que el grupo discute.

Sin embargo, los documentos obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) , a la que pertenece infoLibre, demuestran que el secretismo del Código de Conducta va mucho más allá. Y que la Comisión puede estar incumpliendo sus propias normas sobre tratamiento de la información, excluyendo miles de archivos del sistema europeo de gestión de documentos y borrando de forma masiva y automática miles de correos electrónicos.

“El Código de Conducta es posiblemente el grupo de trabajo más opaco del Consejo de la UE”, critica el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun. Los Estados miembros, advierte, “se escudan en el hecho de que las cuestiones tributarias son competencias exclusivas suyas para evitar el escrutinio, pero esto no tiene ningún sentido, ya hemos visto la naturaleza transnacional y europea de los esquemas de evasión fiscal más comunes”.

En efecto, los impuestos siempre son material sensible y los Estados miembros se muestran especialmente celosos de su soberanía fiscal, por lo que la tarea del Código de Conducta resulta muy “delicada”, argumenta la Comisión Europea cuando se le reclama acceso a los documentos que ponen negro sobre blanco cómo funciona el grupo. Para que los Estados miembros puedan evaluar las leyes fiscales de otros Estados miembros, éstos deben proporcionar a sus socios “información relevante” sobre normas y actos administrativos internos. Y las decisiones del grupo, que se toman por consenso –unanimidad menos uno, el país implicado–, pueden suponer su derogación o modificación. Son leyes que a veces determinan el establecimiento de las empresas en uno u otro país.

Según los documentos obtenidos por EIC, para evaluar esos regímenes fiscales, tomar decisiones y que los Estados miembros las cumplan, es necesaria la “cooperación leal” entre los gobiernos. Porque, además, esas decisiones no son vinculantes: que se pongan en práctica depende únicamente de la “buena voluntad” de los países. El éxito del trabajo del grupo se basa, pues, en un enfoque “colaborativo”, en la “presión entre pares” y en el compromiso político de los gobiernos. La Comisión aduce que la necesaria “atmósfera de confianza mutua” sólo puede construirse sobre la base de la confidencialidad de las deliberaciones. “La divulgación de documentos sobre los trabajos preliminares [del grupo] que tratan sobre asuntos a debate dañaría seriamente el proceso de toma de decisiones y afectaría negativamente de modo previsible a la confianza mutua y a los intercambios francos entre los Estados miembros, y a la Comisión Europea en el futuro”.

Todo debe ser accesible al público, con excepciones

Según el reglamento de 2001 que regula este asunto, “todos los documentos” de las instituciones europeas deben ser, “en principio”, accesibles al público. Un derecho que debe ser garantizado “de la manera más completa posible”. Ese “todos los documentos” incluye tanto los que obren en poder de la Comisión Europea como los elaborados o recibidos por ella “en todos los ámbitos de actividad de la UE”. Da igual que sean papeles o tengan soporte electrónico, o se trate de grabaciones sonoras, visuales o audiovisuales, con tal de que se refieran a “políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la institución”.

Pero cuando Martjin Nouwen, profesor de Derecho Fiscal en la Universidad de Leiden (Países Bajos), comenzó a pedir las actas de las reuniones, los documentos de trabajo y los correos electrónicos que daban cuenta de algunos de las evaluaciones realizadas por el Código de Conducta, se encontró con el no de la Comisión, y de algunos gobiernos. El reglamento regula las excepciones que justifican ese “en principio” con que se matiza el acceso universal a la información comunitaria. Las instituciones de la UE pueden denegar la entrega de un documento si pone en peligro el interés público o la intimidad e integridad de las personas. Como interés público se entiende, por ejemplo, la seguridad pública, pero también la política financiera, monetaria o económica de la UE. Además, puede rechazar el acceso a un documento si su divulgación pone en riesgo los intereses comerciales de particulares y empresas, salvo que exista “un interés público superior”.

Cuando el fiscalista holandés pidió a la Comisión todos los documentos sobre cómo los gobiernos están cumpliendo el acuerdo del Código de Conducta para hacer públicos los tax rulings –acuerdos fiscales ventajosos que firman con multinacionales–, la institución le contestó que no había “identificado” ningún correo electrónico relacionado con este asunto: ni con origen en la propia Comisión, ni enviados desde el Consejo ni desde los Estados miembros. ¿Cómo es posible, si los gobiernos enviaron por correo electrónico sus respuestas a un cuestionario remitido previamente por el grupo para hacer el seguimiento? Pues porque, le explicó la Comisión, sólo se conservan y registran en los sistemas de gestión de documentos los correos electrónicos que contienen información “importante”, definida sólo como aquélla que “no es efímera y puede implicar acción o seguimiento”.

Es decir, alguien había decidido que esa información no era relevante. ¿Quién? A tenor de los documentos a los que ha tenido acceso EIC, los propios funcionarios son quienes determinan qué archivos se registran en Ares, el sistema de gestión de documentos de la UE y cuáles no. Además, desde el 1 de julio de 2015 la red informática de la Comisión cuenta con un sistema de borrado automático de archivos de correo, que elimina todos los documentos a los seis meses de haber sido creados o recibidos y que se encuentren en las carpetas de Recibidos y Enviados del programa Outlook de Microsoft. Para evitar su destrucción, los funcionarios sólo tienen que trasladarlos a sus carpetas personales o de borradores. Entonces escapan al control del sistema Ares; por tanto, salen también del alcance de la Comisión cuando un ciudadano los pide: de ahí que la institución diga que no los “identifica”. Cuando se le pregunta, la Comisión ni siquiera es capaz de calcular cuántos documentos han desaparecido en ese limbo informático. Según explica la propia institución, sus empleados recibieron casi 75 millones de correos electrónicos sólo en octubre.

Lo efímero y lo trivial

El resultado de este sistema de registro es que, por ejemplo, la Comisión dice que no tiene en su poder los correos electrónicos que los Estados miembros enviaron al Código de Conducta explicando si estaban publicando o no los mencionados tax rulings. Estos polémicos acuerdos fueron desvelados en 2014 gracias a Luxleaks, la filtración periodística de los que firmó Luxemburgo con 343 grandes empresas cuando Jean-Claude Juncker, entonces recién nombrado presidente de la Comisión, era ministro de Finanza y primer ministro del Gran Ducado.

Pues bien, ateniéndose a las explicaciones que la Comisión dio a Martjin Nouwen, alguien consideró que esos correos no eran “importantes” y los borró o fueron eliminados automáticamente a los seis meses. ¿Cómo sabe un funcionario si un documento es relevante o no? Según la guía que se facilitó a los empleados al instalarse el sistema de borrado automático, una información es “trivial y efímera” únicamente si perderla “no tiene un efecto legal o administrativo negativo para la Comisión”. Por el contrario, un documento que requiere acción o seguimiento o implica la responsabilidad de la institución es importante. Es revelador también que la propia guía considere “imposible” elaborar una lista o tipología definitiva de documentos “con reglas claras e inequívocas” para lo que debe registrarse y lo que no. La cuestión de si un documento debe conservarse, añade, “sólo puede ser respondida analizándolo en su contexto”.

En cualquier caso, pone como ejemplo de lo que debe eliminarse los borradores y correos con intercambios informales de puntos de vista entre colegas. En cambio, considera dignos de conservación los documentos informales, incluidos los correos electrónicos, que “confirmen situaciones o acontecimientos, justifiquen decisiones o expliquen el desarrollo de acciones oficiales”. Obviamente, los correos enviados por los gobiernos al Código de Conducta explicando su grado de cumplimiento de un acuerdo del propio grupo no es ni un borrador ni un intercambio informal de punto de vista entre colegas que pudiera ser borrado.

Por el contrario, no hay manera de impedir que un funcionario traslade a sus carpetas personales documentos oficiales confidenciales que quedan fuera del sistema de gestión Ares y, por tanto, del escrutinio del Parlamento Europeo o del público en general.

Suecia y Austria piden más secreto

Pero no sólo la Comisión pone límites a la transparencia del Código de Conducta. También lo hacen los Estados miembros. Fue igualmente lo que ocurrió con los tax rulings. Suecia y Austria pidieron expresamente a la Comisión que denegara la divulgación de sus respuestas al cuestionario, incluidas las que pudieran constar en las actas de las reuniones donde se trató el asunto. Los argumentos de ambos países eran similares. Según el Gobierno austriaco, la información solicitada contenía documentos internos que revelan “detalles del sistema financiero [del país]” cuya difusión socavaría la toma de decisiones en el seno del grupo, del Consejo y de la Comisión. Suecia también decía que los procedimientos internos detallados en los documentos eran para uso exclusivo de los funcionarios de la Agencia Tributaria nacional.

Pero el Gobierno de Estocolmo va más allá y pide a la Comisión que deje de incluir las posiciones de los diferentes Estados miembros en las actas de las reuniones del Código de Conducta, sobre todo si se refieren a asuntos que aún están en fase de discusión y no han quedado cerrados. La Comisión estaba de acuerdo con ambos e incluso sostuvo que divulgar los debates preliminares en el Código de Conducta sobre el comportamiento de Austria respecto a los tax rulings podía afectar negativamente a la disposición de su gobierno a discutir “asuntos sensibles” o a informar en el futuro sobre prácticas potencialmente perjudiciales para la competencia fiscal dentro de la UE. Tampoco veía que existiera ningún “interés público superior” que justificara la divulgación del grado de transparencia de Austria y Suecia en materia de tax rulings.

Los SMS no son importantes

Otro tanto sucede con los SMS. En teoría, su tratamiento es el mismo que para los correos electrónicos. Si contienen información importante, deben copiarse en un correo o registrarse en Ares. Pero no siempre se procede según el reglamento. Por ejemplo, un periodista solicitó recientemente la publicación de los mensajes de texto que se cruzaron Ursula von der Leyen y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. Según publicó The New York Times, ambos habían intercambiado llamadas y SMS durante más de un mes antes de llegar a un acuerdo sobre la vacuna contra el coronavirus.

Sin embargo, la Comisión denegó el acceso a esos archivos: “Un mensaje de texto u otro tipo de mensajería instantánea es por su naturaleza un documento de corta duración que no contiene en principio información importante sobre asuntos relacionados con políticas, actividades y decisiones de la Comisión”, argumentó la secretaria general, la lituana Ilze Juhansone. Por tanto, añadió, el sistema de gestión de documentos de la Comisión “excluiría en principio la mensajería instantánea”. 

Este principio todavía se aplica ahora, como ha confirmado una portavoz de la Comisión a Der Spiegel. Asegura incluso que actualmente “no existen posibilidades técnicas para grabar mensajes cortos” y que, en cualquier caso, este tipo de comunicaciones “no son frecuentes en la Comisión”. Pero en sus normas internas de 2015, la propia Comisión establecía que los SMS importantes y mensajes similares deberían copiarse en un correo o registrarse de alguna otra manera.

Alexander Thiele, profesor de Derecho Constitucional y Europeo en la Business & Law School de Berlín, no está de acuerdo: “Si las áreas centrales de la comunicación política y no puramente privada tienen lugar a través de SMS y otros servicios de mensajería, no pueden considerarse como ‘efímeros’ en todos los ámbitos”. “Por tanto”, explica a Der Spiegel, “negar la relevancia política o legal de los mensajes de texto es más que cuestionable desde un punto de vista legal”.

Pero, a la vista del criterio que exhiben las instituciones europeas, si la Comisión quiere trabajar en secreto, sólo tiene que comunicarse por WhatsApp en lugar de utilizar el correo electrónico.

Esfuerzos de transparencia... a medias

En los últimos años, no obstante, el Código de Conducta ha hecho esfuerzos por ser más transparente. Las críticas del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los medios de comunicación han forzado una mayor apertura en la confidencialidad que el grupo considera inherente al carácter político de sus deliberaciones. Así, cuelga algunos documentos internos en su página web, publica un informe de actividad cada seis meses, así como las evaluaciones finales de los regímenes fiscales que son considerados perniciosos. En abril de 2018 Países Bajos presentó una propuesta para aumentar aún más la transparencia del Código de Conducta, en la que planteaba informar sobre las reuniones y publicar más documentos en la web del grupo. Pero el resto de los Estados miembros no secundó la iniciativa holandesa.

Sin embargo, al mismo tiempo que intentaba abrirse a la opinión pública, el Código de Conducta restringía el uso de una herramienta básica de transparencia: la redacción de las actas de sus reuniones. Las que ha podido ver infoLibre y el resto de los medios de EIC eran más o menos extensas y solían mostrar las posiciones de los Estados miembros sobre cada una de las cuestiones fiscales a debate, incluidas las más delicadas. Casi se podían seguir las conversaciones mantenidas en cada reunión. Pero en los últimos años se han convertido en documentos cada vez más breves, apenas unas notas con enunciados generales de los puntos del orden del día: un Estado miembro “hace un resumen de las características principales del nuevo régimen”, otra delegación “informa” sobre una reunión, la Comisión “resume las respuestas recibidas”. Pero sin incluir detalle alguno sobre los contenidos tratados. Es decir, si algún día llegan a publicarse las actas, éstas no permitirán conocer qué se discute en el grupo.

Más información: https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/11/10/asi_fabrica_comision_europea_una_transparencia_medida_borrado_masivo_documentos_archivos_ocultos_carpetas_personales_126565_1011.html

La extinción de los insectos se acelera a un ritmo que "asusta", según un informe de Amigos de la Tierra

El estudio "Atlas de los insectos" señala a la industralización de la agricultura y al uso de los pesticidas, que en los últimos seis años ha aumenatado un 500%, como responsables de la extinción de estos invertebrados
El director de la Fundación Verde, Rául Gómez, advierte de que a pesar de que se conservan 5,5 millones de especies distintas, existen "serias amenazas" que reducen su población

La FAO advierte de que la cría de enjambres de langostas está amenazando de nuevo a África Oriental.Europa Press

Amigos de la Tierra ha presentado este viernes 11 de diciembre el "Atlas de los Insectos" con el que alertan de la desaparición a un ritmo que "asusta" de estos invertebrados debido a causas antropogénicas por lo que lanzan el mensaje de que "hay que cuidar a los insectos" y "mejorar la imagen" de unos animales tachados de "problema por generar plagas para la agricultura, por transmitir enfermedades o porque las moscas son molestas", según informa Europa Press. 

Así se ha expresado el director de la Fundación Transición Verde, Raúl Gómez, a la hora de defender a una especie que ha catalogado como "un pilar de vida en el planeta" y que, según los últimos estudios científicos, a pesar de que existen unas 5,5 millones de especies distintas de insectos, se encuentran frente a "serias amenazas" que reducen su población.

El Atlas, ha recalcado Gómez, señala que de 73 estudios realizados por todo el planeta con insectos, se ha determinado que en 41 especies hay "notables" reducciones de las especies estudiadas y 31 de estas 41 especies están "amenazadas".

Ante esta situación, el director ha resaltado los beneficios de estos invertebrados y ha recordado que son responsables de la descomposición de excrementos o cadáveres de animales, y también que son la base alimentaria de "miles de animales" e incluso aparecen en el sistema alimentario de los seres humanos en algunos países.

De hecho, el Atlas advierte de que faltan estudios sobre insectos aunque este hecho, ha aclarado Gómez, no oculta que las conclusiones sean las mismas: "los insectos están desapareciendo en todo el mundo y en todos los hábitats". Entre las amenazas de la especie, el director ha enumerado la intensificación e industrialización de la agricultura por el uso de pesticidas, que ha aumentado un 500% en los últimos 6 años, por la ampliación de los terrenos de cultivo.

En cuanto al cambio climático, ha reconocido que, aunque en la actualidad no se pueden concretar qué consecuencias provocará en el futuro, sí se ha determinado que produce desequilibrios al contribuir a la desaparición de especies en climas más cálidos mientras que aumentan en otros más fríos, lo que, a su juicio, desencadenará episodios de plagas al afectar negativamente a los depredadores de las especies más dañinas, lo que favorecerá la expansión de estas.

"Fundamentales para la biodiversidad" 

El Atlas también ha contado con la colaboración del entomólogo del departamento de biología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Viejo, quien también ha resaltado que los insectos son "fundamentales" para la biodiversidad y ha celebrado que en los últimos dos años tanto organizaciones ecologistas, como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) hayan lanzado campañas para defender a los insectos.

"Se está cambiando el paradigma y nos estamos volcando en los insectos. Ellos son pequeños gigantes que soportan el ecosistema terrestre. Son una parte extremadamente importante de la vida", ha sostenido Viejo, que ha considerado que su abundancia como especie "juega en su contra".

El Atlas consta también de un capítulo a la situación de los insectos en España pero, como ha asegurado Viejo, "aún no se conoce del todo la biodiversidad de insectos", aunque ha matizado que se tiene un conocimiento "adecuado", debido a que es difícil saber la dinámica de las poblaciones o también la distribución geográfica.

Por otro lado, el responsable de biodiversidad de Amigos de la Tierra, Lawrence Sudlow, ha destacado que en el Atlas se trata la actitud política ante la situación de los insectos bajo el título "Muchas promesas, muy poca acción", por lo que ha denunciado que los políticos "no se deciden a dar respuestas tangibles" y se muestran "reticentes" a enfrentarse a la industria agropecuaria.

En este sentido, Lawrence Sudlow ha criticado que en la nueva Política Agraria Común (PAC) hay "bastante" incoherencia en el gobierno español y en los socios europeos. Además, ha insistido en que la agricultura deberá formar parte de la solución al problema de la reducción de especies de insectos.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2020/12/11/la_extincion_los_insectos_acelera_ritmo_que_asusta_segun_informe_amigos_tierra_114353_1022.html

Los verdaderos problemas de que superricos como Bill Gates financien la salud global (y no se trata de nanorrobots)

El mayor financiador de la OMS ha contribuido a salvar millones de vidas, pero los criterios que emplea son opacos y las soluciones suelen ser emocionantes aunque no las más efectivas
El papel de la filantropía de las grandes fortunas del planeta es puesto cada vez más en duda como sustitutivo de la justicia social: no acude a las causas del problema y puede servir para limpiar su imagen 

El magnate tecnológico Bill Gates.

EP

No, Bill Gates no va a incluir robots microscópicos en las vacunas para controlar a la población mundial, como dijo Miguel Bosé. Pero su influencia en la Salud Pública global sí que lleva puesta en duda desde hace años por expertos no solo del ámbito de la medicina, también de la política, la economía y las desigualdades que genera el neoliberalismo. La discusión sobre el papel de los multimillonarios altruistas como el fundador de Microsoft, que invierte millones cada año en campañas de vacunación, nuevos tratamientos e innovaciones médicas, ni es nueva ni se ha generado con el covid-19: ¿hasta qué punto es positiva la filantropía? ¿Qué problemas plantea algo en apariencia bueno y síntoma de generosidad, que es el hecho de que los ricos pongan dinero para solventar carencias sociales sin, en principio, pedir nada a cambio? ¿Qué es lo que hace Bill junto a su esposa, Melinda, en la fundación que llevan sus nombres, cuál es su relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cómo influye en los avances médicos que salvan la vida a millones de personas de los países más desfavorecidos?

Es un debate amplio, complejo y con posturas contradictorias, que se mantiene con rigor y sin disparates: Gates no es un malvado villano de película de serie B que manipulará una vacuna para que los humanos sean sus títeres con la complicidad de los Gobiernos de medio mundo y las farmacéuticas. Tampoco es "la persona más generosa del mundo", como han llegado a definirle en algún titular. La historia real no es tan fantasiosa, aunque sí algo inquietante.

Tras la polémica retirada de Estados Unidos de la financiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación Bill & Melinda Gates se ha colocado como su principal donante. En abril, comunicó que va a aumentar su financiación en el contexto de la lucha contra la pandemia, hasta los 250 millones de dólares, y que la OMS sería una de las grandes beneficiarias. La Fundación Gates aporta el 9,8% del presupuesto del organismo (530 millones). Por comparar, España aporta 26 millones. Y el hecho de que sea una entidad privada, que solo tiene que responder a los caprichos de sus líderes (la familia que lleva su nombre, así como el también riquísimo Warren Buffett) abre puertas a escenarios peligrosos, según sus críticos.

No son solo los conspiranoicos que estos días han llenado la plaza de Callao de Madrid, con más fábulas que argumentos. Son publicaciones tan prestigiosas como la revista médica The Lancet, que ya en 2009 lanzaba un duro editorial contra el papel que juega la fundación privada de caridad más grande del mundo en la OMS y en el mundo sanitario en general. "¿Qué ha hecho por la salud global?", se pregunta. "Mucho, pero…". En ese pero está la clave: pocos dudan de que la implicación del magnate ha traído más beneficios que contraindicaciones, pero hay fallas, carencias y oscurantismo.

El principal problema es que se hace lo que Bill Gates quiere, porque es su dinero, sin atender en ocasiones a criterios técnicos y/o médicos. Las soluciones que propone, en ocasiones, no son las mejores. Sus inversiones para implantar programas de vacunas a través de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI, siglas en inglés) es reconocida como una de sus más valiosas aportaciones. Sin embargo, explica The Lancet, "hubo un fuerte sesgo en su financiación hacia la malaria y el VIH/sida, con relativamente poca inversión en tuberculosis, salud maternoinfantil y nutrición, y las enfermedades crónicas están completamente ausentes de su cartera de gastos". Otros expertos coinciden con este enfoque: la fundación centra sus esfuerzos en determinados problemas o determinadas técnicas y las riega de dinero, cuando otras causas estructurales u otras enfermedades más preocupantes se quedan al margen.

El jefe de investigación de la OMS sobre la malaria, Arata Kochi, lamentó mediante un memorando enviado en 2013 que Gates "estaba silenciando el debate sobre las mejores formas de tratar y combatir la malaria, priorizando solo aquellos métodos que se basaban en nueva tecnología o desarrollo de nuevos medicamentos". El multimillonario, explican sus críticos, casi siempre se decanta por la opción más emocionante, novedosa y difícil, cuando a veces es necesario hacer lo aburrido: mejorar la higiene de las poblaciones, reducir las desigualdades, fortalecer los sistemas públicos de salud. La receta habitual. Y al financiar las alternativas, Gates redirige la atención de las autoridades locales hacia las soluciones no probadas.

Otras prioridades han sido cuestionadas, recoge Vox Media en este artículo. Por ejemplo, otro artículo de The Lancet argumentó que la Fundación Bill & Melinda Gates estaba "financiando erróneamente la salud global", atacando a enfermedades infecciosas como el SIDA y la malaria sobre las principales enfermedades crónicas, como la obesidad, el cáncer y la diabetes. Linsey McGoey, investigadora de la Universidad de Essex (Reino Unido) sobre el papel de la filantropía, explica para la misma pieza que algunos países se vieron "forzados" a combatir la poliomelitis por el dinero que recibieron de Gates, cuando la diarrea en la India, por poner uno de mil ejemplos, se llevaba muchas más vidas por delante.

Lo cierto es que no es algo que Bill Gates se preocupe por ocultar. De hecho, lo defiende. Entiende así su papel como filántropo –al que, por cierto, se dedica en exclusiva, una vez ha cortado todos sus lazos con Microsoft– Lo explicaba en una tribuna para Planeta Futuro, de El País (suplemento financiado por su fundación): "En el mejor de los casos, los filántropos asumen riesgos que los Gobiernos no pueden y que las corporaciones no quieren tomar. Los Gobiernos deben usar la mayor parte de sus recursos en implementar soluciones comprobadas. Las empresas tienen responsabilidades fiduciarias con sus accionistas. Sin embargo, fundaciones como la nuestra poseen la libertad de probar ideas —que de otro modo no podrían probarse—, algunas de las cuales pueden conducir a avances".

The Lancet pide que, puestos a innovar, la fundación se deje guiar por expertos en salud pública y medicina en general que le indiquen cuáles son las vías que conducen a más posibilidades de éxito. Ya que la propia fundación reconoce que sus criterios se basan en las "pasiones" de su equipo directivo. Lo cual conduce a que casi el 10% de la financiación de la OMS sea dirigida por tres personas multimillonarias que deciden cuáles son sus prioridades por lo que les va apeteciendo en cada momento, al margen de que las causas sean justas –la mayoría lo son– o útiles.

En este artículo, el investigador indio sobre pobreza y Tercer Mundo K. M. Gopakumar defiende que la organización debe estar financiada, mayoritariamente, por recursos públicos, para evitar intereses ajenos al de la defensa de la Salud Pública. "La Fundación Gates tiene inversiones en muchas compañías farmacéuticas y de alimentos y bebidas, como Pfizer y Novartis, así como Coca-Cola. (…) Estos vínculos no han impedido que la OMS colabore con la Fundación Gates en la elaboración, por ejemplo, del Plan de Acción Mundial para la Vacunación, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2012, a pesar de que muchas de estas empresas se benefician de este Plan de Acción", explica.

No solo Bill Gates: la opacidad de los filántropos
En Estados Unidos es amplia tanto la labor caritativa de los filántropos como la resistencia a su supuesto altruismo. Las razones son varias. Para empezar, este tipo de ayudas atacan con mayor o menor fortuna las consecuencias de la desigualdad, pero no sus causas. Que los multimillonarios tengan tanto dinero tiene una relación directa con el sistema que empobrece a los más vulnerables. Para el profesor de Política Internacional de la Universidad de Londres Gwilym David Blunt, la brecha entre ricos y pobres, que los segundos estén en manos de los primeros, es perversa. "Esto se agudiza en tiempos de crisis, porque deja los asuntos de la vida y la muerte en manos de unos pocos individuos poderosos que carecen de restricciones en su poder que no sea su propia conciencia. La libertad está en riesgo cuando el desequilibrio de riqueza y poder es tan marcado. ¿Cómo de saludable puede ser que tantas personas en el mundo dependan por completo de la generosidad de los multimillonarios?", se pregunta en The Conversation.

Así lo argumenta por su parte Anand Giridharadas, autor del superventas Winner Take All, entrevistado en el late night estadounidense Patriota no deseado: "El mismo grupo de superricos que ha presionado para ‘cambiar el mundo’ se ha aferrado a una economía de injusticia. Se han promocionado a sí mismos como salvadores, como la solución a los mismos problemas que ellos siguen causando. La causa no tiene la misma notoriedad".

Es, por otro lado, consideran algunos expertos, una vía muy útil para desviar el foco del verdadero problema: las grandes fortunas cada vez pagan menos impuestos en países como Estados Unidos. Un sistema fiscal justo gestionaría sus recursos con criterios públicos, y no en base a caprichos privados. Giridharadas pone el ejemplo de Robert Smith, multimillonario fundador de la firma de inversiones Vista Equity Partners, que se ofreció el pasado año a pagar toda la deuda universitaria de los graduados en la universidad Morehouse College de Atlanta. "Luego se reveló que Smith había defendido un vacío legal en el impuesto sobre los intereses que beneficiaba al capital privado y a su industria". No es, sin embargo, el caso de Gates, que ha defendido en varias ocasiones que la carga fiscal sobre los ricos debe aumentarse.

Por último, la filantropía es utilizada por los superricos para lavar su imagen pública cuando se ve deteriorada. Es conocido el caso de John Schnatter, padre de las pizzas Papa John’s, que dimitió tras referirse a los negros con el descalificativo "niggers" en una videoconferencia. Pero antes de verse obligado a renunciar, donó un millón de dólares a un histórico colegio de mayoría negra entre el alumnado en Kentucky.

En los 90, Bill Gates era asociado a "una conducta monopolística, depredadora e implacable", derivada de su actitud al frente de Microsoft: consistente en aplastar a cualquier tipo de competencia para establecer Windows y su software como el sistema operativo por defecto. De hecho, el magnate tecnológico se enfrentó en 1998 a un juicio por sus tácticas de negocio. Y en los 18 meses que pasaron desde el comienzo del juicio hasta el veredicto, Gates aumentó considerablemente su contribución a la fundación que había creado solo tres años antes, explica Rob Larson en Jacobin Mag.

En definitiva, las ventajas de la filantropía consisten en escapar al escrutinio público. Una vez más, y para concluir, es el propio Bill Gates el que lo explica, preguntado por si barajaba presentarse a la Presidencia de los Estados Unidos: "Decidí que el mundo de la filantropía era donde mi contribución podía ser única. Puedo influir tanto en ese rol como en cualquier cargo político. No tengo que hacer campañas políticas, no tengo que intentar ser elegido, no tengo un plazo de ocho años".

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2020/06/29/la_opacidad_filantropia_los_verdaderos_problemas_que_superricos_como_bill_gates_financien_salud_global_no_trata_nanorrobots_107938_1022.html

El covid-19 y la globalización

La pandemia ha puesto sobre la mesa una compleja red de interferencias entre un mundo en contracción y otro en expansión
Esta crisis sanitaria también ha evidenciado la fragilidad de la apertura global y nuestra dependencia en el suministro de bienes y servicios básicos

Una estampa insólita que deja el coronavirus en Nueva York: el puente de Queensboro, normalmente de tráfico denso, sin coches.

Europa Press

Uno de los interrogantes inéditos que nos plantea este experimento social involuntario de la pandemia es si entramos en un periodo de desglobalización o si la globalización continuará como hasta ahora. Hay en esa pregunta un poco de irrealidad, como si la globalización fuera un proceso que pudiera detenerse y la hubiéramos puesto en marcha con una decisión expresa en algún momento determinado. Los seres humanos no decidimos en asamblea entrar en la Edad de Hierro ni abandonar el Renacimiento. ¿Por qué se suscita ahora esta pregunta que parece otorgarnos una soberanía que no tenemos? Probablemente porque nos dejamos llevar por la seducción de tener un gran control sobre la realidad debido a que acabamos de hacer algo que se asemeja mucho a decidir parar el mundo: el confinamiento y la detención de buena parte de la economía. No ha sido algo similar a las recesiones o crisis económicas que hemos padecido, de las que ya tenemos una gran experiencia, sino una detención de nuestra habitual movilidad y una hibernación de la economía que resultan de decisiones que adoptamos forzados a ello por una amenaza sanitaria, pero voluntariamente. La radicalidad de las medidas adoptadas para combatir la pandemia puede engañarnos con el espejismo de que somos capaces de controlarlo todo, incluido algo muy parecido a parar el mundo.

La otra cara de pensar que hay actores soberanos es la de que deben existir culpables cuya torpeza o maldad lo explique todo. Nos encanta buscar culpables para las crisis y deberíamos moderar ese impulso si es que queremos hacer buenos diagnósticos (que incluirán, sin duda, identificar elementos de irresponsabilidad). La globalización se nos presenta ahora como el comodín de todas las explicaciones. Que el coronavirus se haya expandido globalmente nos lleva a pensar que tiene algo que ver con la globalización, pero desglobalizarse no es sencillo ni está claro qué puede significar.

De entrada, el virus no parece haberse extendido principalmente por el comercio sino por el turismo. ¿Deberíamos prohibir las peregrinaciones a La Meca o el turismo en Florencia? Esa idea de que el virus nos pasa ahora la cuenta de una globalización desordenada es una media verdad. Hubo pestes ya en el siglo XIV y la interdependencia creciente tiene aspectos muy positivos también a la hora de combatir estas pandemias (como la cooperación científica, la agilidad de la información o la comunicación de experiencias exitosas). Si el virus llegó de China y tuvo efectos tan devastadores no fue por la excesiva globalización sino porque globalizaron el virus, pero nacionalizaron la información. 

Hay que diagnosticar bien de qué tipo de constelación política procede el coronavirus y a qué interacciones obedece. Sostener que es un virus de la globalización sería una simplificación que no se corresponde con el hecho de que vivimos en un mundo más complejo, en el que hay dimensiones de nuestra existencia que se han globalizado mucho, otras que lo han hecho menos e incluso algunas que han experimentado una retracción. La cuestión es que debemos acompasar los riesgos que extendemos con la puesta en común de las informaciones, tecnologías e instituciones que necesitamos para hacerles frente. El objetivo es una globalización equilibrada, algo que está a nuestro alcance y no una desglobalización que está totalmente fuera de la realidad.

Como consecuencia de la sacudida de la pandemia han vuelto a la agenda política las grandes cuestiones, yo diría que incluso con un punto de grandilocuencia, como si el futuro del mundo estuviera en nuestras manos de una manera que no corresponde a nuestras limitaciones. Se plantea un debate entre unos interlocutores que podríamos denominar los contraccionistas y los expansionistas, entre quienes defienden que esta crisis aconseja desglobalizar y quienes sostienen que hay que impulsar la globalización dotándola de las estructuras políticas adecuadas.

La gestión de la crisis ha seguido en un primer momento una lógica contraccionista: cierre de fronteras, reserva de los propios recursos para los ciudadanos nacionales, confinamiento, mayor demanda de proteccionismo hacia los Gobiernos, interrupción de las cadenas globales de suministro y movilidad. Al mismo tiempo, pasada la reacción instintiva de repliegue, se producían fenómenos que implicaban una apertura mayor: configuración de una opinión pública mundial más unificada que discute de las mismas cosas, avance de la digitalización, el teletrabajo y la educación online, exigencias de intervención a la Unión Europea, una carrera desesperada por encontrar una vacuna a través de la cooperación científica internacional, una comparación de las estrategias de los diversas países que nos situaba en un marco de buenas prácticas o benchmarking global.

Expansión y contracción
El hecho de que ambas posiciones parezcan tener razón según los ejemplos que se aduzcan y la perspectiva desde la que se observe nos está diciendo mucho acerca de la naturaleza de la globalización; es algo inevitable, un destino, pero ambivalente e incluso contradictoria, con movimientos que se contradicen, aunque la resultante sea un incremento de la interconexión. Hablar de globalización es también mencionar su contrario, como la sombra que nos acompaña. En ocasiones, para que los globalistas vuelvan a tener razón hay que retroceder en lo que podría ser interpretado como dar la razón a los partidarios de cerrarle el paso. Basta una rápida mirada a la historia de la globalización para comprobar que ha oscilado siempre entre la expansión y la contracción.

Hay un caso en el debate actual que se aduce como ejemplo del éxito de la desglobalización. El parón económico ha tenido efectos inmediatos beneficiosos en la calidad del aire, los ríos y los mares, por razones obvias derivadas del cierre de industrias y la disminución de la movilidad. Es cierto que el confinamiento, la hibernación de muchas actividades económicas y la disminución del comercio internacional por causa de la pandemia han supuesto una disminución de la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, pero sería un error pensar que esta contracción reduce los riesgos del cambio climático más allá del horizonte inmediato. Las emisiones volverán a aumentar cuando se recupere la actividad y, si la pandemia provoca una grave crisis económica, mucho dinero y mucha voluntad política serán detraídos de la lucha contra la crisis climática. La situación podría agravarse incluso porque la atención a las amenazas inmediatas de la pandemia nos distraería de las amenazas climáticas que son más latentes y de largo plazo.

Pensemos, además, en efectos como la dificultad de las empresas para invertir en la transición hacia proyectos sostenibles; que la bajada de los precios del petróleo encarecerá los vehículos eléctricos (algo de ello indica la bajada de las acciones de Tesla); podría interrumpirse la cadena de suministro de la energía renovable, muy dependiente de la producción en China de ciertos elementos; el miedo generalizado hacia los riesgos sanitarios y financieros concentrarán toda la atención y los del cambio climático quedarán en un segundo plano. En cualquier caso, el hecho de que el clima mejore durante la pandemia porque mucha gente muere y disminuye el trabajo no parece que sea el mejor procedimiento para resolver los problemas de la crisis climática. Deberíamos encontrar soluciones que permitan compatibilizar todos los bienes que están en juego (la vida, la economía, el planeta), más allá de la promesa sacrificial de que deteniendo el mundo se arreglan necesariamente los problemas asociados a su movimiento.

Mi conclusión a este debate es que la globalización no se va a detener porque así lo decidamos o lo decreten los Gobiernos. Sin embargo, están en nuestras manos un conjunto de decisiones que, de hecho, equivalen a impulsar o ralentizar la globalización. Será algo parecido al experimento de arreglar un barco en plena navegación. No disponemos de un gran paréntesis o una interrupción intencional de la historia y nos vemos obligados a reflexionar mientras estamos en movimiento. Una cuarentena es una eliminación de los contactos por un periodo determinado, pero el concepto de desglobalización apunta a que debemos suprimir las relaciones que hemos establecido o, al menos, del modo como se han ido configurando desde que hablamos de este fenómeno. Tendríamos que distinguir entre aquellas que deberíamos limitar, las que deben ser modificadas y aquellas a las que no parece razonable renunciar.

Esta reflexión colectiva no nos hará deliberar en torno a una palanca de emergencia para detener el mundo, sino que nos incita a pensar en su redimensionamiento. El gran debate consiste en redimensionar los ámbitos de decisión en función de la naturaleza de los riesgos que nos amenazan. Hemos de redefinir las escalas y los niveles adecuados de gestión y producción: local, nacional, internacional, supranacional, transnacional y, por último, global. Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto principalmente la fragilidad de la apertura global, tanto en lo que se refiere a esa movilidad que ha favorecido la expansión de la pandemia como a ciertas dificultades a la hora de hacerle frente cuando había que abastecerse de mascarillas o respiradores, y comprobamos nuestra enorme dependencia en el suministro de bienes y servicios básicos (artefactos cuya producción habíamos deslocalizado y no parecían tener un especial valor añadido ni más relevancia para la seguridad que el sofisticado material militar). Nuestra primera reacción es revalorizar los mercados regionales, interrumpir las cadenas globales de suministro, volver a las protecciones clásicas y la escala local; pero también se han revalorizado el cosmopolitismo de la comunidad científica, el fortalecimiento de una opinión pública global y las ventajas de la digitalización precisamente para que no todo se detenga. A la globalización nerviosa le tiene que seguir la glocalización sostenible.

El coronavirus no va a acabar con la globalización (si es que esta idea tiene algún sentido). La cuestión es qué forma de organización es la más apropiada para reequilibrar un mundo que ya presentaba muchas descompensaciones que esta crisis no ha hecho más que evidenciar. Si fuera posible, la regresión a los mundos cerrados no contribuiría a dotar al mundo global de una mejor gobernanza, sino que lo dejaría sin contrapesos de instancias y actores que equilibren su dinámica descontrolada. Tendremos que distinguir la interdependencia ventajosa o inevitable de las dependencias que suponen amenazas serias para la seguridad. En vez de oscilar entre disciplina y desorden, regresión y aceleración, lo que esta globalización necesita es más regulación. Antes y después de la pandemia sigue siendo cierto que los bienes públicos exigen instituciones globales, cooperación, soluciones globales.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/tintalibre/2020/05/29/el_covid_globalizacion_107196_1042.html