Las esterilizaciones forzadas siguen siendo un crimen sin responsables
penales en Perú. La política de Estado de Alberto Fujimori obligó a la
ligadura de trompas a cientos de miles de personas, casi siempre
indígenas y pobres. Organizaciones como Demus, para la que trabaja María
Isabel Cedano García ponen sus esfuerzos para que esos delitos no
queden impunes.
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| María Isabel Cedano García es directora de la organización DEMUS
(Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer).
Eva Máñez
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En los años 90 el gobierno de Alberto Fujimori había prometido
reducir la pobreza en el país. Emprendió un ambicioso programa de
“planificación familiar”, consolidado en el Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Un programa que incluía
una campaña de esterilizaciones masivas.
Las cifras de las organizaciones sociales como DEMUS (Estudio para la
Defensa de los Derechos de la Mujer) arrojan datos de hasta 200.000
mujeres y hombres esterilizados en esa época. La mayoría contra su
voluntad. Hasta la fecha, según los informes de la Defensoría del
Pueblo, se han registrado 2.074 denuncias y 44 muertes a consecuencia de
las esterilizaciones forzadas.
Las cifras son todavía incompletas, pero nos dan una idea de la gran
cantidad de personas que fueron operadas. María Isabel Cedano García es
directora de la organización DEMUS, abogada y diplomada en género por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ella se define como
activista, lesbiana, feminista y socialista.
¿Qué es Demus?
Somos una organización feminista peruana que defiende los derechos
humanos, en particular los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, promoviendo su libre ejercicio y cuestionando el paradigma
cultural hegemónico sobre las mujeres y su sexualidad.
Nosotras buscamos cambiar el paradigma actual sobre mujer, cuerpo y
sexualidad. Para ello tenemos varias estrategias: una de ellas es el
litigio estratégico. Tenemos en este momento seis litigios estratégicos.
Uno de ellos es el litigio estratégico para que podamos lograr justicia
y reparación integral para las víctimas de esterilizaciones forzadas.
¿En qué momento está la campaña de apoyo a las mujeres víctimas de
esterilizaciones forzosas, la búsqueda de justicia y la política pública
de reparación integral a las víctimas?
El litigio estratégico no solamente es la defensa jurídica.
Actualmente exigimos que la fiscal Marcelita Gutiérrez pueda cumplir con
denunciar al expresidente Alberto Fujimori, a los exministros de Salud,
entre ellos el congresista [Alejandro] Aguinaga, a los exdirectores de
lo que fue el Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual
y Reproductiva que violó el derecho al consentimiento previo libre,
informado y por escrito de, por lo menos, según nuestras estimaciones
basadas en data oficial, 211.000 mujeres.
Eran sobre todo mujeres indígenas, mujeres quechua hablantes, mujeres
que no tenían instrucción, que no sabían leer ni escribir. De ese
universo, por lo menos unas 25.000 nunca se enteraron de que la ligadura
de trompas era un método irreversible.
Nosotras estamos luchando por que esto sea juzgado como crimen de
lesa humanidad; como algo que fue planificado, como algo que se sabía y
que por supuesto es responsabilidad de los políticos que ya mencioné.
¿Cuántos años lleváis trabajando en este sentido?
Es una lucha que data de muchos años porque ese Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva se creó en el año 96. Solamente entre 1996 y 1997 se hicieron como 180.000 ligaduras de trompas.
Fueron años terribles porque Fujimori, cuando llega al gobierno en 1991, declara el Año de la Planificación Familiar y la Austeridad y el año 92 como la década de la Planificación Familiar. Todo el mundo estaba “¡Pucha! al fin las mujeres van a poder decidir cuántos hijos tener”. Pero nada, era para buscar reducir la pobreza reduciendo la capacidad reproductiva de mujeres pobres, indígenas, de zonas rurales, quechua hablantes, que no sabían leer ni escribir. Ahora se sabe mucho más de lo que pasó en la zona de los Andes, pero no se sabe todo lo que pasó en la Amazonía.
Recuperamos un canto que una compañera activista joven hizo:
“Somos las hijas de las campesinas, de las indígenas, de las
amazónicas, de las nativas que no pudisteis esterilizar”
Después de larga lucha, en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada que se crea a fines del año 2015, terminando el gobierno de Humala, hay 5.000 personas ya inscritas. N ecesitamos que se reconozca su derecho a la defensa jurídica para que puedan denunciar. Hoy solamente hay 200 denuncias . La fiscalía empezó a investigar, investigó varias veces, archivó varias veces y la más larga investigación empezó en el 2002.
¿Cuál fue vuestro comienzo en esta investigación?
Nosotras ingresamos como DEMUS por la defensa de María Memérita Mestanza, por la de su familia, porque María Memérita murió. Fue una de las 18 víctimas mortales por la manera en que se hizo este programa. Y cuando decimos que fue una planificación política es porque tenía cuotas, tenía metas, tenía sanciones para quien no las cumplía e incentivos para los que sí. Y había programas-piloto para que esto se pudiera llegar a las metas, en por lo menos en ciertas regiones del país... Hay documentación que lo prueba todo.
Nosotras logramos llevar el caso de María Memérita Mestanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se firmó un acuerdo de solución amistosa en el año 2003. El Estado peruano reconoció que se violaron derechos humanos en el marco de ese Programa y se comprometió a hacer justicia para su familia pero también a hacer justicia para todas las víctimas y a reparar a la familia Mestanza, pero reparar también a todas las víctimas.
Esa es la gran discusión, porque el Estado peruano dice que no, que sólo es para María Memérita y para su familia, para el caso individual. Hay una larga lucha porque la Defensoría del Pueblo también desde esos años 97, 98, 99... ha sacado informes defensoriales y por lo menos documenta 400 quejas y recomienda ya en aquel entonces que se repare en salud y que se repare económicamente.
Vuestra lucha no es solo como abogadas llevando juicios e incidiendo
políticamente en la consecución de proyectos de ley o medidas ante el
poder judicial o el misterio público. También lleváis a cabo campañas de
sensibilización en la calle.
Este litigio, que tiene una parte jurídica, tiene también un
acompañamiento psicojurídico, que tratamos de hacer para que la familia
de María Memérita Mestanza, la familia de Celia Ramos, la familia de
Victoria Vigo —que es otra de las víctimas que defendemos— puedan no
sentirse tan mal por esta justicia que nunca llega y por esta sociedad
tan indolente, por los ataques que sufrimos en las redes sociales, y por
eso los litigios tienen que ser acompañados también de campañas y de
movilización.
A cambio de votos, son capaces de vender nuestro derecho a
decidir. A cambio de dinero y de votos pueden hacer lo que quieran con
nuestro cuerpo
La campaña “Somos 2.074 y Muchas Más” recupera una performance que
hicieron compañeras activistas. Representamos con nuestros cuerpos y
polleras [faldas] y úteros a esas mujeres que poco a poco felizmente ya
están hablando, incluso ya marchan con nosotras, ya se empolleran
también ellas, y salimos a las calles. Recuperamos también un canto que
una compañera activista joven hizo: “Somos las hijas de las campesinas,
de las indígenas, de las amazónicas, de las nativas que no pudisteis
esterilizar”. Lo gritamos en las calles para que logremos justicia.
¿En qué momento estáis ahora?
Va casi medio año desde que el Fiscal Superior Luis Landa le dijo a
la fiscal Marcelita Gutiérrez “Denuncia ya” y no lo conseguimos, no ha
interpuesto todavía la denuncia contra el expresidente Fujimori, a los
exministros de Salud y los diferentes responsables de ese Programa
Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva.
Ahora, con los audios de la corrupción que han salido a la luz,
sabemos que no hay garantías judiciales. De hecho, a nosotras nos ha
dicho gente dentro del propio Ministerio público que nos cuidemos,
porque esta demora de Marcelita Gutiérrez podría deberse a que ella está
esperando fórmulas para que no se cumpla lo que le ha ordenado el
Fiscal Superior Luis Langar.
Por eso en agosto salimos a las calles otra vez con todas nuestras
compañeras para la marcha de “Ni Una Menos” y esperamos otra vez tener
un gran escalón de empolleradas para que esto no quede en el olvido,
para que logremos justicia y reparación para las mujeres víctimas de
esterilizaciones forzadas en el Perú, y en el mundo, porque esto no sólo
ha pasado en el Perú.
Me llama la atención, me parece terrible, que esto sucediese al mismo
tiempo que se perseguía la interrupción del embarazo, ya que el aborto
es ilegal en Perú.
Claro, claro, es que son dos caras de la misma moneda. Es negar
completamente el derecho a la autonomía, a la autodeterminación
reproductiva, el derecho a decidir. Primero el Estado y los políticos,
como el fujimorismo deciden por ti, quien debe ser madre o no. Y por
otro lado, salvo en aborto terapéutico, todo lo demás está penalizado.
Los mismos médicos, inclusive enfermeras, nos niegan hasta el aborto
terapéutico cuando no nos informan que es un derecho y que no tenemos
por qué sentir pena, ni vergüenza, ni estar rogando que lo hagan para
salvar no sólo la vida sino la salud de las mujeres.
Pasa, por ejemplo, con las niñas víctimas de violación en Perú. Cada
día cuatro niñas registran hijos en el Registro Nacional de Identidad y
Estado Civil del Perú. Cuatro niñas cada día. Debe considerarse además
que todo embarazo de niñas menores de 14 años en nuestro país es una
violación. Según nuestro Código Penal no hay otra posibilidad. Esto es
bastante serio.
Por el contrario, el informe del Estado peruano para la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo no dice una sola palabra de
esterilización forzada. Ni una sola palabra. Inclusive, como lesbiana
hemos vigilado que por lo menos en el caso de LGTB se animen a reportar
algo y sí, algo y mal dicen. Pero en el caso de esterilizaciones
forzadas es un absoluto silencio y por eso es tan importante denunciar y
movilizarse, para que todos los Estados de América Latina sepan lo que
pasó y puedan exhortar al Estado peruano a que rinda cuentas y que nunca
más vuelva a pasar esto en nuestro continente y en el mundo.
Perú es el tercer país en el ránking de feminicidios, como abogada
¿crees que esto está relacionado con un sistema judicial que no ampara a
las mujeres?
Por supuesto, absolutamente. Tan grave como la violencia de género
es la impunidad que la rodea. Nosotras lo decimos siempre. Los
feminicidios, sus tentativas, la violación... hemos visto como se
negocia con la libertad sexual de niñas, es lo más indignante
de todos estos audios de la corrupción.
No solamente es un machismo arraigado sino también la corrupción, que
se sirven entre sí. De hecho el Fujimorismo y el Aprismo [seguidores del
partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, de tendencia
inicialmente socialdemócrata], han tomado el control del Ministerio
Público y el Poder Judicial y son proyectos políticos autoritarios y por
lo tanto con mucho desprecio por el derecho a decidir en cualquier
aspecto de la vida. Mucho más cuando tienen alianzas con las bases
evangélicas en este país. Y con eso, a cambio de votos, son capaces de
vender nuestro derecho a decidir. A cambio de dinero y de votos pueden
hacer lo que quieran con nuestro cuerpo.
Desde DEMUS denuncias que en el conflicto armado la violación se
utilizó como arma de guerra. Parece que esto está sucediendo ahora
también los conflictos medioambientales.
Quería decir algo que creo que es muy importante: el Perú es un país
en el que las mujeres, ya desde la Conquista, hemos sufrido violaciones
sexuales, en la Guerra del Pacífico, durante el conflicto armado
interno hay más de 6.000 víctimas de violencia sexual... Y hoy hay que
estar muy atentas para que la violencia sexual no se use en los
conflictos eco-territoriales cuando se criminaliza a las defensoras del
medioambiente.
Estamos preocupadísimas porque hemos empezado a ver cómo es una
suerte de coincidencia perversa que las regiones donde más afectación
hubo de violencia sexual durante el conflicto armado interno, también
son las regiones donde se hicieron las esterilizaciones forzadas y donde
hoy tenemos conflictos eco-territoriales que es otra de las luchas que
DEMUS lleva.
Estamos denunciando la violencia de género de parte de la minera Yanacocha contra
Máxima Acuña,
defensora del medioambiente y del territorio en el Perú ante la
Comisión Interamericana porque ahora las leyes que hemos ganado
permitirían hacerle justicia. Podemos denunciar a la Yanacocha cuando
puede mandar amenazar con violar o atacar a sus hijos, o atacar cultivos
para dañar su identidad de género como mujer campesina indígena. Pero
la justicia le dijo que no y estamos también peleando por eso. No
queremos que después Lima abra los ojos y diga “¿Que violaban a las
campesinas indígenas que defendían su territorio?” “¿Que las amenazaban
con violarlas o que las acosaban con el periodismo para atacar su
sexualidad o sus familia y hacerlas desistir de su lucha por sus
territorios y cuerpos soberanos?”.
No queremos eso, que eso fue lo que pasó con las esterilizaciones forzadas y con la violencia sexual durante el conflicto armado interno.
Luego de muchos años, recién abrimos los ojos y hasta ahora hay gente
que las cuestiona, que las trata de mentirosas o que las ofende porque
dicen que las mujeres pobres o indígenas deberían agradecer más bien lo
que pasó porque ya no trajeron delincuentes o terroristas a este mundo.
Los ataques por redes sociales y medios de comunicación son muy
fuertes, por eso la necesidad de comunicar y despertar solidaridades
para que ellas no se sientan solas. Que ellas sientan que sí hay gente
que sí les creemos y que vamos a luchar toda la vida para que ellas
logren justicia y reparación.
Fuente:
https://www.elsaltodiario.com/peru/entrevista-maria-isabel-cedano-garcia-esterilizaciones-forzosas-peru-fujimori
