Desde el pasado 15 de marzo un grupo de indígenas presos en el Estado de
Chiapas se mantiene en huelga de hambre. Denuncian graves vulneraciones
de sus derechos humanos desde su detención. Su delito, ser pobres y
firmar su culpabilidad bajo tortura
Concentración de familiares y compañeros de los presos en huelga de hambre, 18 de julio. Carlos Soledad
Presos indígenas recluidos en cárceles de Chiapas, Adherentes a la
Sexta Declaración del EZLN, luchan contra el sistema penitenciario
mexicano. Acumulan más de 130 días en huelga de hambre. Su vida se
encuentra en grave peligro y algunos de ellos ya muestran daños
irreversibles. El 15 de marzo decidieron iniciar esta acción para
visibilizar la grave injusticia que los mantiene presos. Su delito, ser
pobres y firmar su culpabilidad bajo tortura. Se trata de un claro
ejemplo de cómo el depravado sistema capitalista se ceba con los más
vulnerables, con aquellos que no tienen dinero para comprar su libertad y
no tienen otra opción que el olvido o arriesgar su propia vida.
Las
personas que optaron por la huelga de hambre son indígenas que
denuncian “detenciones arbitrarias, torturas, faltas al debido proceso,
prisión preventiva por periodos desorbitados y lamentables condiciones
de vida dentro de la cárcel”. Además de su libertad, con esta acción
exigen que se investigue la tortura y que se generen las condiciones
para que estos crímenes no se vuelvan a repetir. En todo este proceso
han contado con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas (Frayba), que ha documentado sus testimonios de tortura y
prestado acompañamiento legal.
Desde mediados de abril el secretario de
gobierno, Brito Mazariegos, abrió una mesa de diálogo y asumió
compromisos para resolver la situación de los 13 presos que iniciaron la
huelga. Pero tres meses después no ha habido revisión de sus
expedientes y procesos legales, ni tampoco se han garantizado las
condiciones mínimas para la realización de su protesta. Un ejemplo de
ello es que en el penal no les están brindando una atención médica
adecuada que permita monitorear su verdadero estado de salud. En
palabras de los presos “el Gobierno quiere vernos en caja de ataúd, no
tiene interés absoluto en nuestras vidas”.
La estrategia de
desgaste desplegada por el Gobierno chiapaneco ha intentado desanimar a
presos y familias a través de falsas promesas y ningún avance. Sin
embargo, cuatro presos continúan en huelga de hambre al grito de
“libertad o muerte”: Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz de “La
Voz de Indígenas en Resistencia”, German y Abraham López Montejo de “La
Voz Verdadera del Amate” en el penal en San Cristóbal de las Casas; así
como Marcelino Ruiz y Baldemar Gómez de “Viniketik en Resistencia” se
mantienen en ayuno parcial en el penal de Comitán.
Después de
cuatro meses de acción los huelguistas siguen en su pequeño campamento
en el jardín del área de enfermería del penal de San Cristobal de las
Casas. Resistiendo la lluvia bajo unas lonas en precarias condiciones de
higiene, también luchan contra la enfermedad con la poca energía que
todavía retienen sus cuerpos. Los días que se les niega el acceso al
agua potable, deben comprarla o beberla contaminada directamente del
grifo. Los medicamentos que requieren en sus diversas hospitalizaciones,
también corren a cargo de sus bolsillos. Las autoridades pretenden dar
una vuelta de tuerca más al desgaste económico de los presos y sus
familias, pero no logran hacerlos desistir de la acción.
El pasado 18 de julio, familiares y
organizaciones acompañantes, denunciaron públicamente la indiferencia
institucional ante las puertas del palacio de justicia en Tuxtla:
“Podemos denunciar y afirmar con rotundidad que hay todo tipo de
irregularidades dentro de sus expedientes que serían de facto motivo
para la libertad directa e inmediata… todos estos datos están en manos
del gobierno desde hace casi 2 meses”.
Ante esta situación, y
cansados ya de falsas promesas que los empujan a la muerte, los presos
exigen estar presentes en la próxima mesa de diálogo. ¿Accederá el
gobierno a realizar la próxima reunión en el penal? Esta es ya la
última oportunidad de las autoridades para asumir sus compromisos antes
de lamentar una muerte, o cuatro muertes, que pueden convertirse en todo
un símbolo de dignidad frente al clasismo y racismo imperante en el
sistema de justicia mexicano.
El Frayba ha habilitado en su página electrónica un mecanismo de firmas
para apoyar a los presos. Poco tiempo nos queda como sociedad civil
para actuar. Bien entrado el siglo XXI y con un recién gobierno mexicano
que se dice de izquierdas, es un imperativo moral la revisión de sus
casos, para una inmediata libertad absolutoria. Resulta muy adecuado
recordar la famosa frase del sudafricano Desmond Tutu, laureado con el
Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el Apartheid en 1984 “Si eres
neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".
Profesora de filosofía y autora de dos libros sobre tortura y
terrorismo, el compromiso de Donatella di Cesare con la humanidad le
lleva a alertar de las políticas de “brutalización” de las sociedades y
de la relación entre democracia y miedo que se ha impuesto en la agenda
política de los Estados europeos.
Donatella Di Cesare, antes de la entrevista con El Salto, en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Álvaro Minguito
Está enfrascada en una investigación sobre la izquierda política
durante la Guerra Civil española, pero vino a Madrid para presentar sus
últimos libros Tortura (2016) y Terrorismo, una guerra civil global
(2017), publicados por Gedisa. Donatella di Cesare (Roma, 1956)
contesta en español, medita las respuestas, habla con firmeza. Su libro
sobre el fenómeno del terrorismo arranca de modo trepidante, con la
preparación de la cadena de atentados de París en 2015. Bataclan, como Barcelona y Sitges,
son símbolos del miedo, la violencia brutal, la incomprensión de las
sociedades europeas ante un período histórico en el que no están
enfrascadas en ninguna guerra… y sin embargo.
En el aire se respira violencia. Desde otro atentado, el de las
torres gemelas de Nueva York, en el mundo se ha roto un tabú, escribe Di
Cesare, “el que veía en el ethos democrático la garantía contra
todo abuso o violación”. Complementaria, la demanda de sociedades más
seguras alienta la impunidad de los Estados, su desmesura como
monopolistas de la coacción. “Por entre la abstrusa legislación
antiterrorista —donde a menudo las leyes, más que quedar suspendidas,
son reescritas, y donde la excepción se convierte rápidamente en norma—
ya puede verse avanzar la proa de una política policial, prótesis de una
soberanía exangüe que ni sabe ni quiere declinar”.
En una sala del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Donatella di Cesare, profesora de filosofía teorética en la Universidad de Sapienza (Roma) desarrolla un discurso profundo, necesario para comprender por qué, a estas alturas de siglo XXI, todo parece a punto de estallar.
Dices que a partir del 11 de septiembre de 2001 entramos en un
momento histórico en el que es imposible distinguir entre la guerra y la
paz. Lo que aseguro es que estamos en un estado de violencia que nosotros
llamamos guerra porque no tenemos otra palabra. Nos faltan las
palabras. Hablo de una guerra civil global, para decir que no es ya una
guerra mundial —como en el siglo pasado— porque no se trata de un
conflicto entre dos mundos, sino de una guerra difusa e intermitente en
todo el globo. Hay muchísimos conflictos, sabemos cuantos son, pero lo
que no sabemos es cuál es el conflicto que va a deflagrar. Creo que
estamos en estados de violencia global, ya que todo el globo va a
deflagrar y todo el mundo es protagonista, a causa de la globalización.
Mi posición es que la globalización fue y es todavía una globalización
muy violenta donde hay vencedores y vencidos. El terror es el rostro
enigmático y violento de la globalización.
Es una guerra global y además, como dice también Giorgio Agamben, no
es solamente global sino también civil. Porque ya no hay frentes de
guerra tradicionales, tú ya no sabes si el frente va a ser el
supermercado u otro lugar. El problema es que hay muchos frentes y el
enemigo puede ser tu vecino.
Me llama la atención la relación que haces entre democracia y terror
porque explicas en el libro que no es entre dos opuestos. ¿Cuál es
entonces esa relación? Es un hecho histórico que el terror surge en el mismo tiempo en el
que surge la democracia. En el tiempo de la revolución francesa. En
cierto sentido, el terror es el otro lado de la democracia. Podemos
pensar que la democracia es el Gobierno que dice ‘no necesito el terror
para gobernar’. Pero el terror queda inscrito en la democracia. La
democracia tiene este lado oscuro y violento que puede salir a la luz.
La tortura acompaña a los Estados, como dices, sea cual sea su tipo
de régimen. Acompaña especialmente a los sistemas más fuertes, como se
vio en Guantánamo. ¿Cuanto más soberano es un país, más capacidad tiene
para infligir dolor? Nosotros creemos que la tortura es algo del pasado, que ya se acabó,
que no hay motivos para hablar de la tortura y estamos convencidos de
que la tortura no tiene nada que ver con la democracia. Se piensa que
donde hay democracia no hay tortura y eso es falso. Me parece que el
fenómeno, muy alarmante, es que hay una democratización de la tortura.
En el sentido de que se extiende, en primer lugar, en los países
democráticos. Comenzando por los Estados Unidos después del 11 de
septiembre.
La democratización de la tortura necesita nuevas formas. Por ejemplo,
la tortura blanca, la tortura psicológica, la tortura que no deja
trazas que permite negar que haya existido. O, por ejemplo, la
externalización de la tortura. Es el caso de Estados Unidos en
Guantánamo o de Italia cuando dice que no es responsable de lo que pasa
en los campos libios. Son los otros quienes torturan, nosotros no. Se
produce una delegación de la responsabilidad. Esta externalización es un
fenómeno nuevo.
Un momento de la entrevista con Donatella di Cesare. Álvaro Minguito
La cuestión de la soberanía es muy compleja. El terror es al
atentado. A un atentado contra la soberanía de un Estado. Lo que estamos
viviendo ahora es una crisis de la soberanía del Estado nacional y eso
me parece evidente en Estados Unidos pero especialmente en Europa, en
todos los Estados europeos. Entonces, la reacción por parte del estado
nacional es violenta. Como los Estados nacionales pierden soberanía, la
reacción es violenta. El soberanismo es una nueva forma política, que en
Italia encarnan los partidos que ahora están en el Gobierno, y que
consiste en la afirmación del Estado-nación en un momento de pérdida de
soberanía a causa de la globalización. La reacción, la respuesta, son
los muros, las fronteras. También, y eso es lo que trato de decir en el
libro, en cierto sentido, el atentado es una tentativa de soberanía
contra el Estado. Pero eso se termina en sí mismo, ya que no hay nada
después del atentado.
¿Es la seguridad el programa político predominante del siglo XXI? ¿Y qué define este modelo de seguridad? Sí, creo que lo es. Hay algo así como una complicidad entre los
ciudadanos y el Estado-Nación. El Estado necesita a los ciudadanos y
entonces afirma que los ciudadanos son soberanos. En el libro hablo de
‘fobocracia’, que quiere decir el Gobierno del miedo. O, también el
Gobierno por el miedo, esto es, fomentar el miedo para decir entonces
‘tú como ciudadano necesitas seguridad, entonces, el Estado de
seguridad, te protege, te defiende contra los extranjeros, contra los
migrantes’. Es un círculo. El Estado de seguridad [sicurezza] es el problema punitivo de este siglo.
Dices en un momento que la tortura desborda la historia ¿por qué la
tortura está sobre la historia de todas las épocas, también de la
contemporánea? No creo que la tortura esté sobre la historia, creo que está en la
historia, es un fenómeno histórico y toma formas diferentes en las
distintas épocas. Nosotros pensamos, por ejemplo, que la tortura precisa
una violencia física, corpórea, pero esto no es cierto. Hay muchas
formas de tortura. La tortura no se acabó con el medievo o en los siglos
pasados. Ahora toma formas distintas.
Hace poco alguien escribía que, cuando mueran todas las víctimas del
holocausto, será más difícil que las nuevas generaciones comprendan el
horror. No obstante, la tortura, como has dicho, permanece, a pesar de
todo lo que sabemos sobre los campos de concentración y de exterminio.
Hago una diferencia entre lo que ha pasado en el holocausto y la tortura. Para mí, lo que caracteriza el holocausto, la shoa, no es la tortura. Han torturado en los campos de concentración pero no en los campos de exterminio. Hay una gran diferencia. En los campos de exterminio hay una industrialización de la muerte. Ellos evitan el cara a cara. La tortura no es un trato característico de la shoa, para nada. Pero sí, claro, hay tortura en los campos de concentración, de internamiento.
La tortura toma formas distintas, creo que es una violencia que
pertenece a la violencia humana, pero me parece que lo específico de la
tortura es la violencia sistemática y su carácter no espontáneo. Es
intencional, y en ese sentido, muy violenta. No es fruto de una
“locura”, es violencia sistemática contra otro ser humano —cara a cara— y
para la víctima es un vivir su propia muerte.
La situación actual en el Mediterráneo, la fabricación de muros, no es
comparable el sistema de trenes de Eichmann en la II Guerra
Mundial, pero, ¿cómo se hace un descuento de las miles de personas que
mueren hoy en esta guerra silenciosa sin caer en falsedades históricas
o, en el otro extremo, en la relativización de las formas actuales de
políticas que generan muertes?
Es un discurso muy difícil, hay diferencias y hay semejanzas. En este
momento no hay una industrialización de la muerte en el sentido de la
cámara de gas. La cámara de gas es la de Auschwitz-Birkenau, de
Treblinka, de Belzec, de Majdanek, Chelmno y Sobibor. Los seis campos de
exterminio. Una vez, hace dos años, supimos de una tentativa de cámara
de gas en Siria. Pero no está confirmado. No tenemos una repetición de
aquello.
Las semejanzas, no obstante, son grandes. Lo que está pasando, lo que
he investigado, en los campos africanos de internamiento, en Libia,
sobre todo, es que se “deja morir” a la gente. No se hacen responsables
de ese dejar morir. No hacer nada es una manera muy violenta de gobernar
la emigración. Me parece, sobre todo, que habla del problema de la dignidad humana. Primo Levi al hablar sobre Auschwitz, dice que es el experimento del “no hombre”. Tratan de demostrar que la población de los campos es subhumana. Hacen ese experimento, les hacen vivir de una manera en la que pierden su dignidad humana. El problema, dice Levi, es regresar de esta esfera. Volver a ser humanos.
Creo que ese es un experimento que todavía se hace. Por ejemplo, con
los migrantes. Esa forma sutil de racismo que denomino “zoologización”.
Se trata de una transformación desde el ser humano a la animalidad. O de
ser humano a la condición de subhumano. Personas que ya no pertenecen a
la esfera humana: si mueren en el Mediterráneo o en el desierto se
consideran vidas descartadas. Descartes de la globalización.
Has dicho que la situación en Italia se produce por un problema de
pérdida de soberanía, que está haciendo que aumenten estos discursos en
los que se presentan otras vidas como descartables. ¿Hacia dónde crees
que puede conducir a la sociedad italiana ese discurso? Creo que hay dos discursos. El primero es el de Europa. Todos los
Estados europeos viven una brutalización de la sociedad y un impás de la
política: la política está parada o en crisis en todos ellos. En
Inglaterra, con el Brexit. En España, con la cuestión catalana. El
problema de Europa son los Estados nacionales. Estamos decepcionados
porque la UE sigue siendo un consorcio de Estados en competición entre
ellos y no se ha desarrollado en una forma política nueva, postnacional.
Eso es un problema enorme. Esta política de la austeridad capitalista
—muy violenta— ha tenido como efecto una competición entre los Estados
nacionales y la mencionada falta de soberanía.
En el caso de Italia la reacción ha sido este soberanismo, que quiere
decir no solamente una fobocracia —una gobernanza hecha por el miedo—
sino también fomentar el odio como categoría política: hay que odiar a
los extranjeros; son tus enemigos porque si eres pobre eres pobre por su
culpa, porque te quitan el trabajo, etc. Lo que se ha generado es este
conflicto entre los pobres y los extranjeros. La rabia de los pobres no
está dirigida a los responsables de su situación, si no contra chivos
expiatorios.
Hay que añadir el problema con el fascismo italiano, que creo que
nunca se acabó. Es muy difícil hablar del fascismo porque te dicen que
Salvini no lo es, etcétera, pero hay nuevos rostros del fascismo. Italia
nunca ha elaborado de verdad su pasado. El problema, creo, es que en
Italia ha habido una guerra civil, de manera distinta a la de España.
Nosotros, mi generación, lo que aprendimos en la escuela es que los
italianos lucharon contra los alemanes. El mito de la resistencia
italiana ha sido importante, pero ha dejado de lado el problema del
fascismo y de la responsabilidad enorme de los italianos frente a los
judíos italianos. La razzia, la deportación de los judíos romanos
desde la estación Tiburtina hasta Auschwitz. Hay una responsabilidad
enorme. En Alemania tienen que confrontar ese hecho, pero los italianos
han optado por esa otra narración terrible.
“El 24 de enero de 2018 fui torturado por el Servicio de Seguridad Federal de Rusia”
El antifascista Viktor Filinkov revela cómo fue maltratado por los servicios secretos
Despacho del investigador Alexey. Dibujo realizado por Alexandra, la esposa de Filinkov, según la descripción de este.
A finales de enero, tras la noticia de la desaparición (el 24 de enero) de Viktor Filinkov, activista de izquierdas y programador informático, en el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo, se llevaron a cabo una serie de arrestos y registros (26 de enero) en los domicilios de activistas antifascistas en la ciudad. Cuando Filinkov resurgió para acudir al juicio y a la prisión preventiva, afirmó que había sido torturado por funcionarios del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) –al igual que un testigo del caso: Ilya Kapustin. Otro antifascista, Igor Shishkin, también desapareció después de que registraran su domicilio.
Al parecer, la rama del FSB en Penza abrió una
investigación sobre una “organización terrorista” (Apartado Dos del
Artículo 205.4 del Código Penal de Rusia) en octubre de 2017. Así, en un
mes, arrestaron a Egor Zorin, Ilya Shakursky, Vasily Kuksov, Dmitry
Pchelintsev, Andrey Chernov y Arman Sagynbayev (detenidos en San
Petersburgo y devueltos a esta misma ciudad). Según los investigadores,
todos los arrestados eran miembros de la organización Set’ (red) que
planeaba provocar “a las masas populares para lograr la consiguiente
desestabilización del clima político en el país” durante las elecciones
presidenciales y la Copa Mundial de fútbol y organizar, de este modo, un
levantamiento armado. Las células de la red supuestamente operaban en
Moscú, San Petersburgo, Penza y Belarus.
Los servicios de seguridad rusos han acusado a Filinkov de
pertenecer a esta misma organización terrorista. En prisión, Filinkov
describió todo lo que le había ocurrido después de su detención en el
aeropuerto de Púlkovo el 23 de enero de 2018 y hasta su arresto por un
tribunal de distrito de la ciudad. En el presente documento, Filinkov
describe el examen médico que le realizaron antes de someterle a la
tortura mediante descargas eléctricas, interrogatorios en el FSB y
conversaciones interminables con agentes aburridos. A continuación
transcribimos el texto que envió a los miembros de la Comisión de
Supervisión Pública (ONK) de la ciudad, que vela por el respeto de los
derechos humanos en los centros de detención.
Otros sospechosos de esta supuesta organización terrorista –Ilya Shakursky, Dmitry Pchelintsev e Ilya Kapustin,
el testigo detenido en San Petersburgo– también han proporcionado
testimonios detallados de tortura. Pchelintsev y Shakursky afirmaron que
agentes del FSB les torturaron con descargas eléctricas en el sótano
del centro de detención de Penza. Igor Shishkin, el antifascista que
también desapareció en San Petersburgo, no mencionó la tortura, pero los
médicos certificaron que la pared interior de su globo ocular estaba
rota y que tenía múltiples hematomas y abrasiones; los miembros de la
ONK que lo visitaron en el centro de detención certificaron múltiples
marcas en su cuerpo que parecían quemaduras eléctricas.
Primer encuentro con agentes del FSB: “¿Es SS o VV?”
Mi detención empezó el 23 de enero de 2018 en la puerta de
embarque A08 del aeropuerto Púlkovo. Mi vuelo era a las 20:05. Varios
hombres vestidos de civil estuvieron deambulando por la zona de espera
media hora antes de la salida: era obvio que no volaban a ninguna parte.
Me rodearon cinco o seis hombres, un hombre de mediana
edad con una camisa rosa a cuadros se colocó frente a mí. Abrió una
funda marrón para mostrarme su identificación y se presentó: “Mayor
Karpov [no estoy seguro del apellido pues no pude ver su
identificación], del FSB, acompáñenos”.
Sorprendido, pregunté qué
ocurría. A mi espalda oí: “¡Cógele el teléfono!” “¡Deme su teléfono,
síganos!”, dijo el hombre de la camisa a cuadros. Obedecí, me quité los
auriculares y le entregué mi smartphone. “¡Todos los teléfonos!”, volví a
oír a mi espalda. “Muy bien, ya arreglaremos eso después”. Karpov fue
el único agente del FSB que se presentó.
Me llevaron a una sala a la que solo se accedía con un
pase especial. Había una caja de servidor, un armario, un aparato del
tamaño de un cajero automático que no sabía lo que era, una mesa con
sillas, un sofá de piel y un aparador. Colocaron mis cosas encima del
aparador y me pidieron que me sentara en el sofá. Miré los relojes que
había en la pared: eran cerca de las 19:35. Aproximadamente una hora
después llegó la primera pareja de agentes. Me hicieron muchas
preguntas, incluido mi salario. Llegué a pensar que iban a pedirme un
soborno.
Pasó otra hora más y llegaron otros dos agentes. “Bien,
Vitya, ¿ya te has dado cuenta de por qué está pasando lo que te está
pasando?”, preguntó uno de ellos. Yo respondí: “No le entiendo. ¿Qué
está pasando?” Ya les había hecho esa pregunta varias veces antes y
respondían que era un control rutinario, que el vuelo se iba a retrasar,
etcétera.
“Otro tío tampoco lo entendió, después se cayó y lo entendió todo”.
“¿Me está amenazando?”
“No, solo te explico lo que a veces pasa”.
En ese momento ya había desbloqueado mi smartphone para
los agentes (sin mostrar la contraseña), pero me había negado a
desbloquear mi ordenador portátil porque era mi portátil de trabajo y
tenía un código original que valía millones de dólares. En la sala había
una cámara de circuito cerrado, no sé si funcionaba. Me dijeron que
sacara las cosas de mi mochila. Entre otras cosas había una foto de mi
mujer con unos amigos, uno de los cuales llevaba un gorro de policía.
“¿Quién es ese? ¿Es policía o qué?”, preguntaron mientras revisaban mis
cosas. Encendieron mi móvil, empezaron a mirar mis mensajes, llamadas y
contactos. Cogieron mi pasaporte, mi carnet de identidad kazajo
[Filinkov es ciudadano de Kazajistán] y los billetes. No me devolvieron
mis documentos. Tuve que cargar con mis cosas hasta que me registraron.
También examinaron mi smartphone, me hicieron preguntas sobre las fotos y
además, con sus propios smartphones, hicieron fotos dirigiendo sus
cámaras a la pantalla de mi smartphone....Continuar leyendo: http://ctxt.es/es/20180509/Politica/19433/Rusia-torturas-viktor-filinkov-antifascismo-FSB-servicios-secretos.htm#.WvPvPGq80Ek.twitter
Ali al-Qaisi, preso icónico de Abu Ghraib: "Venían y se orinaban en mi cara"
El exrecluso cuya imagen dio la vuelta al mundo recuerda su descenso a los infiernos y su vida tras el trauma
Ali al-Qaisi en Abú Gharib y en su casa de Berlín. /
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Una capucha negra, un cuerpo conectado mediante cables a la
corriente eléctrica y unos brazos abiertos como quien pide clemencia.
Cuando en abril del 2004 salieron a la luz las torturas perpetradas por
el Ejército estadounidense en la prisión iraquí de Abu Ghraib, esa fue la imagen que estremeció a todo el mundo. Debajo de ese atuendo pendía la vida de Ali al-Qaisi.
Sentado en el sillón de una austera casa unipersonal en la
periferia berlinesa, este hombre de gesto afable y pelo blanco recibe a
este periodista con una sonrisa que tarda poco en romperse. A pesar de
tener 56 años Ali presenta un aspecto físico deteriorado. Necesita las
muletas para levantarse y al estrecharle la mano uno nota los dos dedos
parcialmente amputados de su mano izquierda. Nacido en Bagdad el 6 de
agosto de 1962, la vida de este profesor de instituto islámico se truncó
con la invasión de EEUU a su país. Quince años después de entrar en
Abu Ghraib, explica su historia a EL PERIÓDICO.
- ¿Cómo vivió la invasión estadounidense de Irak?
La gente ahora llora por la época de Sadam Husein. Aunque fueron
tiempos muy malos, la invasión de Estados Unidos dejó un lugar peor.
- ¿Por qué el Ejército se fijó en usted?
Junto a unos amigos fuimos al hotel donde se hospedaban muchos
periodistas y les llevamos a ver la parte de Bagdad que el Ejército
estadounidense no quería mostrar. Cuando se publicaron las noticias,
fueron al hotel a buscarme y apuntaron mi nombre en su lista. El
recepcionista me llamó advirtiéndome de que no volviese al hotel.
- ¿Qué les enseñó?
La parte cerca del aeropuerto. Un doctor me contó que mucha gente
en esa área iba a visitarle con extrañas enfermedades en la piel,
producto del contacto con químicos ilegales. Para eso acudí a los
periodistas. Después de denunciarlo, el Ejército visitó la zona para
retirar las pruebas y preguntar por mi.
- Y entonces le detuvieron…
Cuatro días después, el 13 de octubre del 2003, volví al colegio a
trabajar porque estaba convencido de que contactar con la prensa no era
cometer ningún crimen. ¿No querían traernos la democracia? Tanques y
soldados me esperaban en la calle, bloqueando las salidas. Me dijeron
que estaba arrestado y me obligaron a quitarme la camiseta para
comprobar que no llevaba explosivos. Me encapucharon, me subieron a un
coche y me apalizaron mientras me pisaban las manos.
- ¿Cómo fue su entrada en la prisión?
Inhumana. Me llevaron a una academia militar y, sin ninguna
explicación, el día siguiente estaba en Abu Ghraib. Todos los
prisioneros estábamos tumbados en el suelo con la cara cubierta. Me
desnudaron y me hicieron sentar en un baño antiguo y sucio para poder
registrarme, tocándome y metiendo sus manos por todas las partes. Ahí
había cuatro soldados interrogándome.
- ¿Qué querían saber?
Primero, si era sunní o chií. Después me preguntaron donde estaba
Osama Bin Laden. Creo que era la introducción que tenían con todos los
presos. Querían saber si alguien me había ordenado hablar con los
periodistas. Tras negarlo todo me dijeron que si colaboraba con ellos me
darían 500 dólares al mes; si no me llevarían a Guantánamo. No lo hice.
Me subieron a un coche y volvieron a darme una paliza.
- Y le dejaron ahí…
Sí. Me pusieron en un bloque de alta seguridad con otros 300
presos. Estábamos aislados del resto. Mi nombre de preso era 151716 pero
como mofa me escribieron Colin Powell en la frente.
- ¿Qué métodos usaron para interrogarle?
Me ataban las manos en el suelo en posiciones incómodas durante
unas 10 o 15 horas. Repetían constantemente las mismas preguntas. Un
oficial lo apuntaba todo y el otro me amenazaba. Siempre había mujeres
soldado que nos enseñaban los pechos o se tocaban delante nuestro
durante el interrogatorio. Era enfermizo. Una vez incluso trajeron un
perro negro que me mordió y me arrancó un trozo del cuello. Otras veces
nos colgaban frente a nuestra celda durante días, sin comida, ni agua,
delante de todos los presos. Veías a otros morir. Continuar leyendo:https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180510/ali-al-qaisi--venian-y-se-orinaban-en-mi-cara-6808918
La Oficina del Alto Comisionado recopila en un informe graves violaciones de derechos humanos tras la desaparición de los 43 jóvenes de Iguala
Una manifestación en memoria de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.GettyImages
La madrugada del 27 de octubre de 2014 la Armada de México hizo un
operativo sorpresa en Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Los marinos
buscaban a integrantes del cártel Guerreros Unidos que pudieran dar
información sobre la desaparición de 43 jóvenes en Iguala (Guerrero), la
noche del 26 de septiembre. Los militares sorprendieron a tres
presuntos narcotraficantes e iniciaron una persecución. El resultado fue
dos detenidos y un muerto. Las autoridades informaron de que el
fallecido había caído del techo de un edificio mientras huía. La
realidad era otra. El hombre, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, conocido
como El Chiquis, habría muerto mientras era torturado por los
marinos. “Estaba como unos cinco o diez metros se encontraba el Chiquis,
igual lo estaban torturando con la bolsa… hasta que escuché ‘ya valió
madre, ya valió madre, este no aguantó, se me ahogó’”, refirió Eury
Flores López, uno de los detenidos, en su declaración del 31 de octubre
de 2015.
Esta es solo una gota dentro del mar de irregularidades que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU-DH) ha expuesto en lo que el Gobierno mexicano llama con orgullo
la verdad histórica, la investigación judicial realizada por la
Procuraduría General de la República (PGR) del caso Ayotzinapa, dirigida por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam. Los expertos del organismo internacional han publicado Doble injusticia,
un informe de 65 páginas que recopila, verifica y analiza las
violaciones a derechos humanos cometidas en la gran etapa de la
pesquisa, de septiembre de 2014 a enero de 2016. El documento, al que ha
tenido acceso EL PAÍS, será presentado este jueves en la Ciudad de
México. “El informe contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia
en dicho caso y más ampliamente a la agenda nacional de lucha contra la
impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, dicen sus
autores.
Los expertos de la ONU-DH revisaron los expedientes
judiciales y se entrevistaron con detenidos, testigos, abogados y las
autoridades relevantes que investigaron los hechos ocurridos hace casi
cuatro años. Lo que hallaron fue un “patrón consistente de violaciones
de derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que
comenzaba con detenciones arbitrarias de personas, pasaba por demoras
significativas en su presentación ante las autoridades, tortura y la
posterior transferencia al Ministerio Público. Algunas de las
conclusiones pretenden “arrojar más luz” a las advertencias vertidas por
el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI).
Buena parte de Doble injusticia se dedica a
documentar la tortura a la que fueron sometidos muchos de los detenidos.
La ONU examinó la información de 63 de los 129 detenidos a lo largo de
la investigación que dijeron haber sido maltratados. En 51 casos halló
posibles actos de tortura. El informe se basa en el análisis de 34 de
ellos, 33 hombres y una mujer. “La ONU tiene fuertes elementos de
convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras
violaciones de derechos humanos”, dice el texto.
Los presuntos actos de tortura fueron cometidos en los
vehículos de traslado de los detenidos, en casas de seguridad, en
terrenos baldíos y en las oficinas de la PGR y su Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Todos
los casos analizados tienen una cosa en común. “Tuvieron lugar a partir
de que la PGR atrajo el caso”, esto es después del 5 de octubre de 2014
y cuando aumentaba la presión internacional por esclarecer los hechos.
La ONU-DH no conoció ningún caso de tortura mientas las investigaciones
estuvieron a cargo de las autoridades del Estado de Guerrero o de
autoridades penitenciarias.
Entre las prácticas documentadas están los toques eléctricos
en varias partes del cuerpo incluyendo los genitales, los pezones y el
ano; la penetración anal a tres hombres detenidos; amenazas de violación
sexual a las familiares de los detenidos; golpes; asfixia con bolsas de
plástico y ahogamiento con trapos húmedos, una forma conocida como waterboarding
que fue utilizada por los soldados estadounidenses en Irak. Los
detenidos responsabilizaron de la tortura a elementos de la Policía
Federal, la Policía Federal Ministerial, los marinos. El organismo
internacional subraya que estos delitos no han sido atendidos a pesar de
haber sido cometidos hace tres años. “La ONU-DH no ha conocido de
ninguna acusación en contra de los posibles responsables de dichas
violaciones”, asegura el informe.
Al revisar los exámenes médicos practicados a los detenidos,
la ONU-DH halló hematomas, equimosis, costras hemáticas y
excoriaciones. “De acuerdo al Protocolo de Estambul pueden
correlacionarse con actos de tortura”. En dos casos, los médicos
pidieron a la Fiscalía trasladar a sus detenidos a un hospital. Uno de
ellos fue Raúl Núñez Salgado, un supuesto operador financiero de
Guerreros Unidos, a quien le contabilizaron más de 30 lesiones externas
que le dejaron problemas para caminar.
En al menos 23 casos los procesados señalaron directamente a
los ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal de la
Fiscalía, en ese entonces bajo la dirección de Tomás Zerón. “Esa era la
orden que traían los federales, de que nosotros teníamos que mencionar
lo que sabíamos y si no matarían a mis hijas y a mi esposa ya que había
sido orden presidencial”, declaró Julio César Mateos Rosales, policía
ministerial de Cocula, el 17 de diciembre de 2014.
La ONU-DH también documentó tortura psicológica. Osvaldo
Ríos Sánchez, quien según las autoridades es uno de los autores
materiales del asesinato y la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa, dijo en su declaración que fue transportado fuera de las
oficinas de la Fiscalía y llevado a Iguala.
“Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar un
pozo diciéndonos que esa era nuestra tumba. Me empezaron a golpear y me
tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado. Un balazo
me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un
lado diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos
bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que me iban a
tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a
pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía
que decir lo que ellos me dijeran”. La ONU también dice que Ríos fue
inmovilizado con una sábana y asfixiado con una bolsa de plástico.
Cuando perdió el conocimiento fue reanimado con choques eléctricos.
Las afirmaciones documentadas por el Alto Comisionado ponen
en duda las declaraciones con las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto
ha construido uno de sus casos más relevantes. Los dichos
autoinculpatorios, espontáneos y las evidencias, obtenidas bajo tortura,
"no han sido excluidas como pruebas por parte de las autoridades
judiciales". La ONU arroja luz sobre la noche de Iguala, que casi cuatro
años después, no termina de clarear.
Distintos expedientes de la embajada española en Argentina describen los
horrores padecidos por las mujeres que fueron secuestradas y asesinadas
por la dictadura. Entre ellas figuran diez embarazadas que dieron a luz
en cautiverio. La dictadura les robó a sus criaturas. Cinco de ellas,
hoy personas adultas, siguen sin conocer su historia.
Felicidad Abadía, Alicia Estela Segarra, Ana Corral y Dominga Abadía (de izda a dcha).
Manos atadas. Ojos vendados. Rodillas al suelo. Y de repente, un
disparo. Entonces las manos, los ojos, las rodillas y hasta el corazón
caen en una fosa cavada minutos antes por la propia víctima. Se acabó
todo. O quizás empezó algo, porque allá donde terminó la vida de Ana
Corral Romano, una adolescente de apenas 16 años, arrancó el calvario de
quienes llevan una eternidad preguntándose dónde está. Es una pregunta
dolorosa e imborrable. Es, al mismo tiempo, parte del castigo que
impusieron los verdugos: te matamos, pero jamás le diremos a los tuyos
dónde te enterramos.
Ana Corral era nieta de españoles, por lo que oficialmente era
considerada una ciudadana hispano-argentina. Por tales motivos, su caso
se convirtió en un expediente de la Embajada de España en Buenos Aires.
Los archivos que hablan de su búsqueda estuvieron muchos años a oscuras,
guardados bajo llave, en algún salón de la representación diplomática.
Ahí está, precisamente, la otra parte de la tragedia: te matan,
no dicen a nadie dónde reposan tus huesos… y quienes deben pedir
explicaciones y reivindicarte allá donde haga falta prefieren
convertirte en una carpeta que hoy, escaneada, pesa 12,5 megas.
Casi 42 años después del golpe de estado en Argentina, Pikara Magazine
ha accedido a los expedientes de 80 mujeres vinculadas familiarmente a
España que fueron brutalmente asesinadas por el régimen de Jorge Rafael
Videla. Las estadísticas señalan que diez de ellas habían nacido en
territorio español, mientras que otras 70 se encuadraban dentro de la
categoría de “hispano-argentinas”.
Alicia Estela Segarra, en la imagen guardada en su expediente de desaparecida.
En al menos diez casos, las víctimas se encontraban embarazadas y
dieron a luz durante el periodo en el que permanecían secuestradas. O lo
que es lo mismo, los asesinos esperaron a que parieran para matarlas.
¿El objetivo? Robarles a sus criaturas recién nacidas, que se
convertirían en otro ‘botín de guerra’ de la dictadura. Seis de esos
diez bebés son hoy adultos que siguen sin conocer la verdad. Sin saber
que “mamá y papá” no son ni mamá ni papá, sino unos apropiadores de
criaturas. Y que sus madres, sus verdaderas madres, están desaparecidas.
Entre esas madres asesinadas y esos hijos robados están Alicia Estela
Segarra, nieta de almerienses, y la criatura que tuvo algún día de
diciembre de 1978 o enero de 1979. Para entonces, ella llevaba varios
meses en manos de los salvajes torturadores de la dictadura argentina.
La habían secuestrado el 21 de junio de 1978 en Buenos Aires junto a su
pareja, Carlos María Mendoza. Ambos tenían 22 años y una vida por
delante.
Un par de días después, la muerte se acercó hasta el hogar de Laura
Segarra, hermana de Alicia. Pero no una muerte cualquiera, sino la más
terrible que un ser humano pueda imaginar. A Laura, de 18 años, la
cogieron junto a su novio, Pablo Torres, en Merlo –un barrio de la
capital argentina- y la llevaron al Club Atlético, nombre muy deportivo
para un sitio nada saludable: así se llamaba uno de los campos de
concentración que funcionaron en Buenos Aires durante los años 70. Al
igual que Estela, Laura también estaba embarazada. Le faltaban diez días
para dar a luz. No sabía el sexo. Si era niño le pondrían Guillermo. En
caso de que fuese niña, Angélica. Hoy es otro caso sin resolver: su hijo o hija fue robada y entregada a familias de militares o civiles cómplices. Laura, tal como ocurrió con su hermana Estela, fue asesinada poco después del parto. Su cadáver jamás apareció. La madre de Alicia y Laura es una de las Abuelas de Plaza de Mayo
que aún hoy sigue buscando a sus nietos. No en vano, en los papeles que
forman parte de los expedientes de sus hijas figuran sus continuas
gestiones ante la Embajada española para pedir ayuda. Al igual que en
otras decenas de casos, los diplomáticos redactaron notas oficiales para
preguntar a las autoridades militares por el paradero de ambas jóvenes
hispano-argentinas. Si bien cambiaban las palabras, la respuesta siempre
era la misma: “no hay constancia”; “se desconoce el paradero”;
“resultados negativos”. Trabajadoras asesinadasDolor y más dolor. No hay palabra en estas 80 carpetas que transmita
un mínimo de esperanza. Es como leer un libro a sabiendas de que el
final ya está escrito. Un libro en el que los malos no se conforman con
ganar (o pretendidamente ganar). Necesitan también secuestrar, torturar,
violar… o fusilar junto a una fosa, como hicieron con Ana Corral. O con
las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, dos jóvenes oriundas de
Zamora que trabajaban en una fábrica de cerámica en Buenos Aires. Un día tuvieron la osadía de pedir mejoras laborales. Y otro día las secuestraron. El calendario del horror decía que era 2 de noviembre de 1977. El reloj del espanto marcaba las 23.45.
“Me ha relatado el atribulado padre que la detención se produjo el
día 2 de noviembre de 1977 en su domicilio particular (…). Según los
informes del señor Abadía, la detención de sus dos hijas fue realizada
por un grupo de personas quienes, titulándose policías, amedrentaron
arma en mano a toda la familia antes de sacar por la fuerza de su
domicilio a sus hijas”, relató el entonces embajador de España en
Argentina, Enrique Pérez Hernández, en una carta enviada al General
Santiago Omar Riveros, un siniestro personaje que dirigió Campo de Mayo,
otro gigantesco campo de concentración sobre suelo de Buenos Aires.
En el voluminoso expediente de las hermanas Abadía –se trata del caso
que generó mayor cantidad de documentos- figura la respuesta de
Riveros, quien actualmente se encuentra en prisión por distintos
crímenes de lesa humanidad. Hoy es un asesino condenado a cadena
perpetua, pero en aquel trágico 1978 era un militar que se reía de las
familias desesperadas que buscaban a sus hijas e hijos.
“Lamento profundamente la situación por la que atraviesa la familia
Abadía Crespo, producto, casi con seguridad, de la delincuencia
subversiva”, decía en el último párrafo de su nota. Algunos renglones
más arriba negaba tener ni la más mínima información sobre el destino de
las hermanas. Lo negó entonces y lo siguió negando después. Gracias a
él, los restos de Felicidad y Dominga continúan sin ser localizados.
Respuesta dada a la familia de las hermanas Abadía.
Familias destrozadas
Los archivos del horror también contienen la historia de la malagueña
María Gloria Alonso Cifuentes, secuestrada el 28 de junio de 1977 en la
ciudad de Mar del Plata. A sus 52 años, esta mujer acumulaba un récord
de tristezas y dolores difícil de superar: su familia había sido
arrasada al cien por ciento. Su hija María Matilde había desaparecido
unos meses antes, mientras que sus otros dos hijos, Daniel y Carmen,
habían sido asesinados en diciembre de 1975, cuando Argentina veía muy
cerca el inminente golpe de estado que se produciría en marzo de 1976.
En el expediente de Gloria Alonso Cifuentes aparecen varias cartas
enviadas desde Málaga por un cuñado suyo, que se presentaba como
militar. En sus escritos, el familiar de esta víctima de la dictadura
argentina imploraba cualquier dato sobre su paradero y reiteraba que
aquella mujer no tenía ningún tipo de vinculación política. También
hay notas escritas por otras madres que, al igual que Gloria, buscaban a
sus hijas e hijos desaparecidos. Esas mujeres pasarían a la historia
bajo un nombre imposible de olvidar: las Madres de Plaza de Mayo. “Sus captores dijeron pertenecer a la Policía Federal”, denunciaban sus compañeras de lucha en una carta que quedaría archivada para siempre en la Embajada de España en Buenos Aires. Una práctica habitualLos padecimientos de Gloria, Dominga o Felicidad fueron exactamente
los mismos que sufrieron otras tantas mujeres durante la dictadura de
Videla. No en vano, distintas investigaciones han permitido concluir que el régimen fue brutalmente cruel con todas y cada una de las mujeres que cayeron en sus manos. “En Argentina, durante la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, más del 30 por ciento
de las víctimas del terrorismo de Estado fueron mujeres”, describió la
investigadora Victoria Álvarez en un informe titulado ‘Género y
violencia: Memorias de la represión sobre los cuerpos de las
mujeres durante la última dictadura militar argentina’, publicado en
2015 en la revista académica Nomadías, adscrita a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
“Ellas –en tanto detenidas– sufrieron condiciones atravesadas por el abuso sexual,
ya sean agresiones verbales (insultos, bromas, burlas y denominaciones
impropias, expresiones obscenas, comentarios y tonos lascivos que
convierten al cuerpo en objeto); amenazas de abuso sexual y/o amenazas
referidas al destino de sus hijos o de sus embarazos; desnudez forzada,
requisas vejatorias, tratos humillantes a detenidas y familiares
visitantes; embarazos no deseados, inducción del parto, abortos
provocados por la tortura, separación y apropiación de los hijos; así
como también fueron sometidas a formas de esclavitud sexual, violación y
aplicación de tormentos en órganos sexuales”, concluyó Álvarez. Las 80
españolas que mató Videla también pasaron por esa lista de calvarios.
Estrasburgo confirma el maltrato a Portu y Sarasola y condena al Estado español por ello.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
considera que Igor Portu y Mattin Sarasola fueron víctimas de un
«tratamiento inhumano y degradante» durante su detención y condena al
Estado español ha indemnizarlos con 30.000 y 20.000 euros,
respectivamente. El voto particular de tres magistrados va más allá y
afirma que los hechos deben ser considerados como «tortura», y no de
«trato inhumano». Continuar leyendo: https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20180213/estrasburgo-condena-al-estad-espanol-a-indemnizar-a-portu-y-sarasola
Los policías que torturaron hasta la muerte a Joxe Arregi nunca fueron apartados de sus cargos
Este martes se cumplen 37 años de la muerte del joven guipuzcoano tras
permanecer ocho días en dependencias de la Dirección General de
Seguridad, donde fue sometido a salvajes tormentos. De los 70 policías
que lo habrían torturado, sólo dos fueron condenados. El gobierno de
Felipe González los indultó. Luego fueron ascendidos.
Continuar leyendo: http://www.publico.es/politica/dia-tortura-policias-torturaron-muerte-joxe-arregi-apartados-cargos.html
La Fiscalía de La Haya ha solicitado abrir una investigación sobre
Afganistán por crímenes de guerra que incluye abusos a prisioneros en
Polonia, Rumanía y Lituania. Estados Unidos mantuvo allí centros de
detención con la complicidad de sus gobiernos
La policía militar traslada a un preso en la prisión de Guantánamo.
Shane T. McCoy
Hagamos un viaje en el tiempo. 20 de septiembre de 2001, Washington.
El presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, da un solemne
discurso en el Congreso dirigiéndose a una nación que aún se pregunta
por qué ha sido atacada. El texano agradece la solidaridad de la
comunidad internacional, habla de la reconstrucción de Nueva York y
menciona el odio de los terroristas hacia la democracia. También nombra a
una persona, Osama bin Laden, y un país, Afganistán, desconocidos en
ese momento para el 99% de sus conciudadanos. Es allí donde Estados
Unidos empezaría su “guerra contra el terror” y avisa al resto de
naciones que espera una colaboración máxima. “O están con nosotros o
están con los terroristas”, dice Bush.
¿Cómo sería esa nueva guerra? El presidente se responde a sí mismo:
“Somos un país despertado por el peligro y llamado a defender la
libertad. Nuestro dolor se ha convertido en ira, y nuestra ira en
resolución. Ya sea que llevemos a nuestros enemigos ante la Justicia o
hagamos justicia con nuestros enemigos, se hará justicia”. Los
congresistas aplauden al unísono y se ponen de pie. Bush levanta la
vista, la baja un poco para mojarse los labios y la vuelve a subir. Sabe
que el momento histórico le evitará escuchar disonancias en una cámara
entregada.
Lo que venía a decir el presidente era que la “pax americana” estaba
por encima del derecho penal internacional y ningún tribunal lo
detendría por sus métodos. La operación “Libertad duradera” comenzó dos
semanas después y Estados Unidos, junto a una coalición internacional,
desplegó tropas en Afganistán para derrocar a su Gobierno. Allí siguen
16 años después.
Los ecos de esos tambores de guerra se sintieron en una lujosa
mansión de Filadelfia el 15 de diciembre de 2011. El padre de la
Psicología Positiva, Martin Seligman, recibió en su casa a académicos
estadounidenses e israelíes y responsables del FBI y la CIA. La
finalidad era discutir un estudio suyo, fechado en 1975, que podía tener
una aplicación práctica en esa nueva guerra contra el terrorismo.
Seligman decía que cuando un perro sufre descargas eléctricas de forma
indiscriminada termina por no tomar medidas para evitarlas, incluso si
se le abre una vía de escape. Interioriza lo que los expertos llaman la
“indefensión aprendida”.
Ese encuentro nunca se hizo público y no existen grabaciones, pero
cimentaron el brutal sistema de torturas que la CIA instauró
posteriormente. Es lo que cuenta Mark Fallon, experto en Defensa que
pasó por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un
libro editado este año, “Medios injustificables”.
Las conclusiones de la cita de Filadelfia requerían una cobertura
legal que llegó pronto. La Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002
que no aplicaría los Convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes
de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después
Bush no ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte
Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la
institución recién nacida en La Haya tuviera jurisdicción en territorio
estadounidense. La “guerra contra el terror” siguió su curso y Estados
Unidos invadió Irak en 2003 con la inestimable colaboración de Tony
Blair y José María Aznar, argumentando que el Gobierno de Sadam Husein
poseía unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.
Demos ahora un salto en el tiempo hacia adelante. 9 de noviembre de
2017, La Haya. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou
Bensouda, manda un vídeo
a los medios en el que dice lo siguiente: “Durante décadas, el pueblo
de Afganistán ha soportado el flagelo del conflicto armado. Tras un
minucioso examen preliminar de la situación, he llegado a la conclusión
de que se han cumplido todos los criterios jurídicos exigidos en el
Estatuto de Roma para iniciar una investigación”. Sospecha de tres
actores: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del
ejército de Estados Unidos y de la CIA.
Una Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal estudia actualmente
darle luz verde. Se sabrá en los próximos meses y es muy probable que
los jueces le den el visto bueno. A partir de ese momento, la Fiscalía
tendría autorización para visitar otros países, recopilar pruebas y
entrevistar a víctimas. Si cree que existen indicios suficientes,
incluso solicitaría órdenes de arresto. Al menos 54 detenidos sufrieron
torturas, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual
en cárceles afganas controladas por Estados Unidos, según el último
informe de la Oficina de Bensouda. Abu Ghraib queda fuera de la
investigación porque Irak no es estado parte de la Corte Penal
Internacional.
La fiscal también documenta abusos contra otros 24 prisioneros en
centros de detención de la CIA localizados en Polonia, Lituania y
Rumanía “principalmente entre 2003 y 2004”. Es decir, que no sólo
encarcelaron a prisioneros sin juicio y en países como Afganistán o
Irak, sino también en el viejo continente. Entonces, ¿se cometieron
crímenes de guerra en territorio europeo a principios del siglo XX?
Vamos por partes.
Polonia: un país ya condenado
El caso de Polonia ya está parcialmente documentado a nivel judicial.
Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de julio de
2014, obligó a este país a indemnizar con 230.000 euros a dos
prisioneros: Abu Zubaydah y Abd al-Nashiri. Ambos fueron trasladados a
la base militar de Stare Kiejkuty, a unos 150 kilómetros de Varsovia y
cercana al aeropuerto de Szymany, entre el 4 y el 5 de diciembre de
2002.
El tribunal se basó en informes desclasificados de la CIA para
describir con una precisión terrorífica las “técnicas mejoradas de
interrogación”, término utilizado por los norteamericanos para evitar la
palabra “tortura”, utilizadas con al-Nashiri. Por ejemplo, un oficial
lo amenazó con una pistola semiautomática durante un interrogatorio para
que hablara. Como no lo hizo, lo metieron en su celda y lo encadenaron.
Poco después, el mismo militar entró, apuntó el arma contra su cabeza y
apretó el gatillo entre una y dos veces, simulando su ejecución.
El informe de la CIA sigue. “Probablemente el mismo día, el
interrogador utilizó un taladro eléctrico para asustar a al-Nashiri (…)
entró en su celda y encendió el motor mientras el detenido estaba
desnudo y encapuchado”. Ninguna de las amenazas de muerte proporcionó
información a los interrogadores. Los servicios secretos norteamericanos
documentaron otros abusos, como “levantarlo del suelo por los brazos
mientras los tenía atados a la espalda con un cinturón” o usar “un
cepillo rígido para inducirle dolor”.
Un informe de la Cruz Roja citado en la misma sentencia explicó que
al-Nashiri estuvo con las “muñecas encadenadas a una barra o gancho en
el techo por encima de la cabeza (…) durante varios días seguidos” y fue
“amenazado con ser sodomizado”. El 6 de junio de 2003 fue trasladado a
otra cárcel secreta, en Rabat.
El Tribunal de Estrasburgo consideró probado que “las autoridades
polacas sabían” de la existencia de la cárcel secreta de la CIA, pero no
pudo explicar por qué Varsovia se había arriesgado a semejante empresa.
La explicación llegó a los pocos meses desde el otro lado del
Atlántico, pues el Senado estadounidense desclasificó un informe sobre
el programa de detención de la CIA que decía lo siguiente: “Para alentar
a los gobiernos para que albergasen de forma clandestina centros de
detención, o para aumentar el apoyo de los ya existentes, la CIA
proporcionó millones de dólares en pagos en efectivo a funcionarios de
gobiernos extranjeros”.
No se nombró a los países que colaboraron, sino que se identificó los
centros de detención por colores, pero los cruces de datos con otros
documentos públicos pusieron en evidencia que la cárcel “azul” era la de
Polonia. Sus autoridades habían dado su consentimiento para albergarla y
llegó a tener prisioneros “por encima de su capacidad”, según otro
cable de la Inteligencia estadounidense.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El expresidente de
Polonia, el socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, convocó a la prensa
al día siguiente y admitió haber dado permiso a la CIA para que usara la
base militar de Stare Kiejkuty, pero negó saber que allí se practicaban
torturas. Dijo no tener información sobre los pagos hechos por los
norteamericanos y aseguró que el centro se cerró a finales de 2003
gracias a las presiones del Gobierno. ¿Por qué lo consintió entonces?
Explicó que Estados Unidos le podría devolver el favor si la seguridad
nacional polaca se veía amenazada e invocó una hipotética amenaza rusa.
Lituania: ¿torturas en la Unión Europea?
La UE hizo la mayor ampliación de su historia en mayo de 2004, cuando
pasó de 15 a 25 miembros. Entre ellos estaba Lituania, que también se
adhería a la Convención Europea de Derechos Humanos cuyo artículo 3
prohíbe tajantemente la tortura. Las reglas, en teoría, estaban claras.
Diversas informaciones acusaron a Lituania durante años de albergar
un centro de la CIA, pero la cadena ABC News fue la primera en ponerla
en el mapa. Un amplio reportaje en 2009 denunció la existencia de un
centro de detención de la CIA en una antigua escuela de equitación, a 20
kilómetros de la capital, durante el año 2005. Las autoridades lo
permitieron porque estaban agradecidas a Estados Unidos de que les
dejaran unirse a la OTAN.
El reportaje provocó que el Parlamento lituano pidiera una
investigación a fondo. Su conclusión fue que la CIA estableció no uno,
sino dos centros de detención: el primero en la escuela de equitación y
el segundo en una casa situada en la misma capital, en Vilnius,
informaron medios nacionales. Sin embargo, no se llegó a probar que esos
edificios llegaran a albergar prisioneros. ¿Para qué se usaron
entonces? “El verdadero propósito de las instalaciones no se puede
revelar porque constituye un secreto de estado”, dijo el fiscal a la
prensa lituana.
La excusa no aguantó mucho tiempo. El informe del Senado
estadounidense sobre las torturas de la CIA desclasificado en 2014
mencionó en varias ocasiones el centro de detención “violeta”, abierto a
principios de 2005 y que según numerosas investigaciones estaba en
Lituania. Se desveló que uno de sus prisioneros, Mustafa Ahmad
al-Hawsawi, necesitó de asistencia médica después de un interrogatorio,
pero funcionarios locales se negaron a trasladarlo a un hospital cercano
por miedo a que la prensa se enterase.
El incidente causó enormes tensiones con la CIA, que se cuestionó la
disposición del país anfitrión a “participar como originalmente se había
acordado", señalan los mismos cables. Estados Unidos cerró las
instalaciones en 2006 y trasladó a sus prisioneros al centro de
detención “marrón”, que según varias investigaciones estaba en
Afganistán. Abu Zubaydah, el detenido que ya ganó un caso contra Polonia
en Estrasburgo, ha denunciado que también pasó por Lituania y ha
llevado a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un
caso que está pendiente de decisión.
Rumanía: abusos en pleno Bucarest
Una investigación periodística de Associated Press y un medio local,
publicada en diciembre de 2011, localizó el centro de detención de la
CIA en Rumanía: un edificio de la Oficina Nacional de Información
Clasificada situado en el norte de Bucarest, en un barrio residencial y a
pocos minutos del corazón de la capital. Abrió en otoño de 2003 después
de que la Inteligencia estadounidense vaciara el centro de Polonia.
Dos de los prisioneros que pasaron por allí fueron Janat Gul y Hassan
Ghul. Acusados de ser facilitadores de Al-Qaeda, experimentaron
alucinaciones después de sufrir privaciones de sueño durante decenas de
horas. Un médico constató que Ghul sufría “fatiga fisiológica notable",
“espasmos musculares abdominales y en la espalda", "parálisis leves en
los brazos, las piernas y los pies” debido a las horas que pasaba “en
posición colgante” y a los intensos regímenes de privación de sueño,
hasta 59 horas seguidas en algunos casos, reflejan cables de la propia
CIA.
En mayo de 2005 llegó a Rumanía Abu Faraj al-Libi, un supuesto
miembro de Al-Qaeda detenido en Pakistán que sufrió durante un mes las
“técnicas mejoradas de interrogación”. En ese periodo se quejó de una
pérdida de audición, pero sus captores no lo creyeron y siguieron
adelante. Sólo pararon cuando los doctores de la CIA avisaron de
“inaceptables riesgos médicos o psicológicos”. Al-Libi fue trasladado un
año más tarde a Guantánamo, donde le tuvieron que implantar un
audífono.
Llegó un momento en el que el jefe del centro rumano contactó con sus
superiores para comentarles sus preocupaciones: la función del edificio
de Bucarest estaba pasando de “producir inteligencia” (conseguir
información de prisioneros) a convertirse en unas “instalaciones de
detención de larga duración”. Sin embargo, los planes se fueron al
traste en unos meses. El Washington Post denunció en noviembre de 2005
la existencia de centros de la CIA en antiguas repúblicas soviéticas. No
dio nombres de países, pero llevó a las autoridades rumanas a
reclamarle a Estados Unidos que cerrara la cárcel “en horas”, cosa que
sucedió semanas después.
Rumanía negó los hechos durante años, pero su exjefe de Inteligencia
Ioan Talpes reconoció en 2014, en una entrevista con Der Spiegel online,
que su país albergó “al menos” una de esas cárceles. La razón, al igual
que Lituania, era favorecer su entrada en la OTAN. ¿No le preocupaba
que allí se produjeran torturas? “Lo que hicieran allí los americanos
era asunto suyo”, afirmó Talpes.
Dos de las conclusiones del informe del Senado sobre el programa de
detención de la CIA son especialmente chocantes. La primera, que “las
técnicas mejoradas de interrogación no fueron un medio efectivo para
obtener información precisa”. Es decir, la tortura no funcionó porque
las confesiones respondían a los deseos de los interrogadores, no a
datos o nombres nuevos que pudieran ser utilizados por los Servicios de
Inteligencia. La segunda, que de los 119 expedientes revisados por el
Senado, “al menos 26 fueron arrestos erróneos” porque “no cumplían con
los estándares legales de detención”. Es decir, más del 20% nunca
debieron ser encarcelados porque no habían hecho nada.
¿Sabía Bush dónde estaban éstas y otras cárceles repartidas por medio
mundo? El informe del Senado lo aclara: “El presidente pidió no ser
informado de las localizaciones de los centros de detención de la CIA
para asegurarse de no revelar la información de forma accidental”. Tal
cual.
Estados Unidos se opone a la investigación
La pregunta ahora es hasta dónde podría llegar la investigación de La
Haya. El Pentágono ya ha avisado de que la rechaza de pleno. Una de sus
portavoces dijo que “ni contaría con garantías ni es apropiada”, y que
cualquier pesquisa deberá ser hecha por ellos mismos. En el pasado, los
obstáculos puestos por algunos Estados han echado al traste el trabajo
de la Fiscalía, que ha visto derrumbarse casos enteros porque las
pruebas desaparecían en el país donde habían sucedido los crímenes o los
testigos cambiaban su testimonio a última hora.
Los países europeos señalados y Afganistán deben responder a las
eventuales llamadas del tribunal porque sí han ratificado el Estatuto de
Roma. Ahora bien, las autoridades afganas recelan mucho del movimiento
de Bensouda. “Créame, no están nada contentos con su investigación, han
hecho todo lo posible para paralizarla”, dijo a CTXT una alta fuente de
La Haya.
La Corte Penal Internacional se basa en el principio de
complementariedad, es decir, sólo interviene si detecta que las
autoridades nacionales no hacen investigaciones o si éstas no son
genuinas. Bensouda, en un informe reciente, dijo que tanto en Polonia
como en Lituania y Rumanía “se están llevando a cabo investigaciones
penales” sobre el asunto, pero les advierte que seguirá evaluando si
esas pesquisas son auténticas y abarcan a “las mismas personas (…)
identificada por la Fiscalía”.
El tono contra Estados Unidos es más duro: “No parece que se haya
llevado a cabo ningún proceso para examinar la responsabilidad penal de
quienes desarrollaron, autorizaron o asumieron la implementación por
miembros de la CIA de las técnicas de interrogatorio”, señala la fiscal.
La Fiscalía de La Haya no tiene como política general ir a por los
perpetradores directos de los crímenes, sino a por las máximas
autoridades que dieron las órdenes de cometerlos. Mark Fallon, ex
miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala
en su libro “Medios injustificables” a dos altos cargos. El primero es
Geoffrey D. Miller, el general que extendió el programa de torturas de
la CIA, primero en Guantánamo y más tarde en Irak. Se retiró en 2006,
pero abogados franceses y alemanes han impulsado iniciativas legales en
sus países para juzgarlo por crímenes de guerra. El segundo es nada
menos que Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos entre
2001 y 2006 que, según Fallon, autorizó personalmente al general Miller
a aplicar las torturas.
¿Se atreverá La Haya procesar a autoridades como Rumsfeld? El caso
representa una espada de doble filo para el tribunal. Serviría para
limpiar su imagen de ser “una corte para África”, pues de momento todos
sus condenados provienen del continente negro. Algunos sueñan con ver a
altos cargos de la administración Bush sentados en el banquillo de los
acusados y las expectativas creadas han sido importantes. Si finalmente
la Fiscalía diera un paso atrás y no llegara a reunir pruebas
suficientes para acusarlos de crímenes de guerra, su imagen pública se
vería seriamente dañada.
Hagamos política-ficción e imaginemos que, eventualmente, la corte se
atreviera a dictar esas órdenes de arresto. La prensa internacional
abriría sus portadas con el movimiento de La Haya y se ganaría el
respeto de actores que hasta el momento han visto sus pasos con
desconfianza. No obstante, se haría evidente una de las grandes
debilidades del tribunal: su dependencia de los Estados.
El tribunal no dispone de policía propia y necesita que los Estados
hagan las detenciones, pero los norteamericanos, con toda seguridad, se
negarían a enviar a los suyos a La Haya. Habría llamamientos a la
comunidad internacional en nombre de las víctimas y los derechos
humanos, pero todo quedaría en una declaración de intenciones. Al final
se impondría esa incómoda verdad que no gusta oír en La Haya: la
Justicia universal sólo se aplica allí donde los grandes poderes la
permiten.
Rosa María García fue detenida en 1975 y estuvo siete días sometida a palizas y amenazas en la Dirección General de Seguridad de la policía franquista Su
historia forma parte de la nueva campaña de Amnistía Internacional para
pedir al Estado que investigue las violaciones de derechos humanos de
la dictadura "Me invalidaron más estas cosas que los golpes
porque los insultos me afectaron de una forma especial. Sentías la
humillación, la humillación como mujer"
Rosa María enseñando una foto suya a los 19 años, cuando fue detenida por la policía franquista
Dejarlo apartado en un rincón de la memoria ha
servido a Rosa María García de artimaña contra los vaivenes del pasado.
Recuerda con absoluta claridad lo que ocurrió la noche del 24 de agosto
de 1975, cuando, con 19 años y un futuro como médica por delante, le
empezó a cambiar la vida. "Creo que es lo que solemos hacer todos,
dejarlo aparcado. Contarlo es duro, pero también es como un peso que te
quitas de encima y alguien tiene que hacerlo. Supongo que pasará el
tiempo y volverá al lugar de la memoria en el que tiene que estar",
cuenta su voz serena al otro lado del teléfono.
Rosa María García es una de las tantas víctimas del franquismo que
todavía esperan justicia. Fue detenida y torturada por militar en el
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y pasó una semana
en la Dirección General de Seguridad (DGS), el principal centro de
detención de la policía franquista situado en la Puerta del Sol de
Madrid. Nada más entrar a las dependencias de la DGS, Rosa María se dio
de bruces con uno de los torturadores más conocidos, Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño.
Su historia forma parte de la campaña puesta en
marcha por Amnistía Internacional #EstaNavidadToca, con la que la
organización pide al Estado español que investigue y reconozca "las
graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil
y el franquismo". Rosa María no solo fue objeto de palizas, también
tiene clavados en la memoria los insultos y las amenazas machistas que
recibió durante los siete días de detención y que demuestran la doble
represión de Franco sobre las mujeres: ideológica y de género.
"Los insultos sexistas, como guarra y otros de ese estilo, eran
constantes. La amenaza común entre golpe y golpe era que me iban a
violar y a matar, que me iban a llevar a la Casa de Campo y nadie iba a
saber dónde estaba...Ese día llevaba un vestido y, cuando me tiraban al
suelo, gritaban burlándose 'mira qué guarra, que se le ven las bragas'",
relata.
"Era muy común entre las mujeres.
Todas las que nos juntamos después en la cárcel de Yeserías lo
hablábamos y a todas nos había pasado. A mi me invalidaron más estas
cosas que los golpes porque los insultos me afectaron de una forma
especial. Sentías la humillación, la humillación como mujer", prosigue.
Para buscar justicia sobre la represión específica de las mujeres durante la dictadura la organización Women's Link ha pedido a la jueza Servini
que amplíe la querella argentina, la única causa que investiga los
crímenes franquistas en el mundo, para que incluya estos delitos. "S
e persiguió y castigó a las mujeres que se hubieran atrevido a salir
del ámbito doméstico y especialmente a las que participaron en
actividades políticas contrarias al régimen. Al no encajar en los
valores e imagen de la mujer construida por el franquismo no había
problema en detenerlas, encarcelarlas y violarlas", explica Teresa
Fernández, abogada de la organización.
La detención y la cárcel
Eran aproximadamente las once de la noche y Rosa María volvía de estar
con el que después se convertiría en su marido. En medio de la calle,
varios agentes de la policía franquista vestidos de paisano le pidieron
la identificación y la detuvieron. Poco después supo que casi al mismo
tiempo detenían también a su novio y a otros tantos militantes del
Frente. "A nuestros compañeros también les amenazaban con que nos iban a
violar a nosotras", relata.
Recuerda que
Billy el Niño la recibió con golpes e insultos y que en aquella época
era muy conocido "por su sadismo" porque "disfrutaba torturando y eso te
lo puede decir cualquiera que haya pasado por sus manos". Rosa María
estuvo una semana en la DGS, un tiempo en el que la pasearon por Madrid
en busca de lo que ellos llamaban pisos francos: "Nada más llegar me
hicieron poner de rodillas y empezaron a darme golpes en las plantas de
los pies con la porra. Luego me pasaban a otro y me pegaba, era muy
caótico, pasando de agente en agente. Me amenazaban con matarme...y yo
pensaba que casi lo de morir era un alivio".
Tras su estancia en el centro de detención la encarcelaron en la
prisión madrileña de mujeres de Yeserías, donde después de estar cuatro
días incomunicada en los calabozos, la pasaron a las celdas. "Allí era
diferente, había una cama, un vaso de agua.. Además eramos muchas y nos
apoyábamos unas otras. Los días que había comunicación nuestras madres
–¡Qué hubiera sido de nosotras sin las madres!, exclama– nos traían
comida y la compartíamos", esgrime.
Rosa María estuvo encerrada en el módulo de presas políticas, mujeres que para el régimen eran traidoras de su género. U
na visión sostenida en las "investigaciones científicas" del psiquiatra
y militar Antonio Vallejo-Nájera, que dirigió los Servicios
Psiquiátricos del bando nacional y que ha pasado a la historia por sus
"estudios" misóginos sobre la mujer republicana. Dijo cosas como que "el
psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil y el animal" y
fue un no de los impulsores de la segregación entre hijos y madres
"rojas".
Luchar aunque no sea para ganar
Tres meses después Rosa María salió de la cárcel tras morir Franco y
pagar sus padres una fianza de 30.000 pesetas que consiguieron gracias a
la ayuda de familiares, amigos y vecinos. Pero tanto ella como su
marido seguían teniendo juicio pendiente por asociación ilícita y
propaganda ilegal. Por eso, se fueron a vivir a Valencia, donde
estuvieron dos años antes de regresar a Madrid de nuevo. "Tuve que irme
de casa de mis padres porque no podía dormir por miedo a que volvieran",
explica.
Más de 40 años después ha
decidido denunciar y ser rostro público de la campaña de Amnistía
Internacional, que ha enviado al Congreso diez recomendaciones en
aplicación de las indicaciones que varios organismos internacionales,
como la ONU, han dado a España para lograr los derechos de verdad,
justicia y reparación en relación con el franquismo y la Guerra Civil.
Pero además, Rosa María está preparando una denuncia conjunta con otras víctimas contra 'Billy el Niño'.
Su objetivo es "que se abra camino" y se reconozca "a las personas que
se vieron obligadas a enfrentarse a la represión. Habla de su origen, de
su familia de republicanos y 'rojos' –"como nos llamaban en aquella
época"–, de su barrio, Vallecas, y del miedo y la represión, pero
también de la ilusión por el cambio. Recuerda a Concepción Tristán y
María Jesús Dasca Penelas, dos mujeres con las que compartió cárcel y
que fueron condenadas a muerte, aunque finalmente no fueron ejecutadas.
Ellas formaron parte del juicio en el que fueron condenados los últimos
fusilados del franquismo, tres de ellos militantes del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota. Rosa María asistió al homenaje
por el 40º aniversario de las ejecuciones y se enteró de que las dos
mujeres estaban ya fallecidas. "Me impresionó saber que las había
conocido. Eran de mi edad, habían sufrido muchas torturas y pensé que
ellas ya no podían hacer nada, así que casi por ellas decidí denunciar",
cuenta.
Sobre si cree que ganarán con la
denuncia, responde con un rotundo "no". Pero añade que eso no le echa
para atrás: "A veces luchar no consiste en saber qué vas a conseguir. A
veces consiste simplemente en plantar cara, aunque no vayas a ganar. En
poner un granito de arena, en dar un pequeño paso. Aunque no vayas a
conseguir nada, te queda la dignidad de no haberte agachado".
Kays Al Morad estuvo dos años y medio en la cárcel de Saidnaya, donde
fue torturado. Según un informe de Amnistía Internacional, 13.000
personas han sido ahorcadas desde 2011 en esta cárcel del régimen sirio.
“No nos dijeron que nos llevaban a la
cárcel de Saidnaya. Si los presos escucharan eso, algunos podrían
suicidarse”. Al informático Kays Al Morad, lo detuvieron en
febrero de 2012 por ser originario de un pueblo donde se habían
producido manifestaciones contra el régimen y porque algunos de sus
amigos habían huido a las zonas rebeldes. Aquel 18 de febrero fue el
comienzo de unos años durante los cuales “muchas veces lo único que
quería era morir”. Estuvo primero en un centro de la policía del
régimen, en Sasaa: “Me lo quitaron todo y me metieron en una celda
minúscula; cuando entré en ella, me di cuenta de que estaba caminando
sobre personas. No podía ver nada, tenía los ojos vendados.”
Desde allí lo trasladaron al centro de interrogatorios número 93, en el que pasó tres meses, antes de ser enviado a Saidnaya.
“En este centro, se me iluminó la cara porque vi a otros detenidos, no
sólo a los torturadores. Me llevaron a una habitación muy pequeña, de
menos de dos metros cuadrados, donde había ocho personas. No podías
sentarte; si uno de nosotros se sentaba, los otros tenían que ponerse de
pie. Durante todo este tiempo no me dejaron hablar con nadie, sólo con
los que me interrogaban. Te pegaban, caías al suelo y volvían a pegarte,
durante horas”.
Lo obligaron a firmar un papel cuyo
contenido desconocía y lo trasladaron a Saidnaya. “A los coches que
llevan a los presos a Saidnaya les llaman los coches de carne, porque
son como cajas dentro de las cuales las personas se amontonan una sobre
la otra”, explica Kays. Afirma que todos los detenidos reciben al
llegar una sesión de tortura, a la que llaman “fiesta de
bienvenida”. “Nos quitaron la ropa, nos pusieron en fila, cada uno
enganchado a las esposas de otro. La cabeza agachada, los ojos vendados,
nos hicieron bajar dos pisos en el sótano. Nos metieron en una rueda,
de modo que tu cabeza toca tus pies, y nos golpearon con una cinta de un
tanque, de hierro", describe.
Kays asegura que en la prisión de Saidnaya
"no puedes dejar escapar el más mínimo gemido cuando te torturan; si
gritas, o si dices algo, te torturan aún más. Es una regla de la
prisión. Sólo escuchábamos el sonido del golpe contra el cuerpo del
detenido y nada más; si alguien decía una sola palabra, saltaban sobre
él cinco o seis guardias y lo golpeaban hasta matarlo. Me
pegaron hasta que perdí la conciencia. Luego me arrojaron a una
habitación en la que había unas diez personas. Teníamos que permanecer
en silencio. Nos torturaron durante unas cuatro horas”.
Kays Al Morad, torturado en la cárcel siria de Saidnaya.
Los detenidos empezaron a comunicarse mediante gestos. Añade que cada
día en Saidnaya los guardias inventaban nuevas formas para torturar y
asesinar a los detenidos. Recuerda que entre las reglas de Saidnaya
estaba la prohibición de caminar de pie: “Siempre tienes que ir
agachado, con los ojos vendados y las manos esposadas. Tampoco se puede
oír ningún sonido, ninguna palabra pronunciada por los detenidos. Si en
una celda se escucha cualquier palabra, todos los detenidos de esa celda
son torturados. Algunas veces intentábamos movernos, o hablar
leyéndonos el movimiento de los labios”.
Kays sobrevivió dos años y medio a la
cárcel. Su familia lo vio por primera vez a los nueve meses desde la
fecha de su detención. Hasta entonces no habían sabido nada sobre él ni
de su paradero. “Un oficial de la prisión me dijo que iba a ver a mi
familia, que no dijera nada sobre la cárcel. Que todo estaba bien. La
visita duró dos minutos. Vi a mi madre y a mi mujer. No puedo decir lo
que sentía, no podía imaginarme que iba a volver ver a mi mujer o a mi
madre, estaba seguro que me iba a morir sin verlas. En todos aquellos
meses nadie me dirigió nunca una palabra amiga”, rememora sin poder
evitar llorar al acordarse de aquello.
La habitación de la muerte
Su familia comprendió que no podía hacer
preguntas y se dio cuenta de que llevaba la misma ropa que el día de su
desaparición, nueve meses atrás. “Luego mi madre me trajo algo de ropa.
Le dije que no viniera más porque era difícil para ella y para mí,
porque ella es una mujer mayor, sufría mucho y yo podría morir tras la
visita”. Kays cuenta que si los oficiales sospechaban que el detenido
había dicho algo sobre la prisión a sus familiares, a la visita le
seguía una sesión de tortura que podía llevarlo a la muerte. De hecho, a la habitación donde los detenidos esperan antes de ver a sus familiares le llaman “la habitación de la muerte”.
Los oficiales siempre pegan a los
detenidos, explica. “Cuando un oficial te ve, te tiene que pegar, es la
norma. Un oficial de la prisión si te quiere matar, te puede matar;
cualquier oficial te puede matar en cualquier momento.” Relata que a M. Kases
lo mató un guardia una noche que estaba borracho: “A las diez de la
noche, el oficial llamó a la celda. 'M. Kases, ven, te voy a matar',
dijo. '¿Por qué?', preguntó el prisionero. 'Te voy a matar', respondió".
"Nosotros sabíamos que si un oficial venía a
esas horas a la celda, venía a matarnos a alguno de nosotros. Sólo oí
al detenido decir: 'Por favor, señor, necesito ver a mi madre'. Creo que
el oficial puso el pie en su cuello, porque oí como la voz del chico
cambiaba. Creo que ya apenas respiraba, pero aún seguía gritando. El
oficial tenía una barra de hierro y creo que le pegó en el corazón. Le
oíamos decir 'Por favor, por favor', hasta que la voz desapareció de
repente”, relata. A Kays un oficial le dijo un día que si quería
matarlo, una firma suya en un papel era suficiente para que acabase con
su vida: “No sabemos nada sobre los oficiales de la prisión, nunca les
veíamos las caras, solo escuchábamos sus voces”.
Tortura, hambre y frío
A la tortura, se añade el hambre y el frío.
Kays cuenta que los detenidos no comían casi nada durante todo el día.
Por la noche les llevaban una sopa: “Los guardias tiran la sopa
al suelo de la celda y te arrastras por el suelo a recogerla”. Salió de
Saidnaya con tuberculosis porque había vivido en una celda donde
constantemente caía agua del techo. “Cuando hacía frío, no teníamos nada
en el suelo; las mantas se ponían en un rincón y no se podían tocar
hasta que el oficial dijera que las podíamos usar. Recuerdo un enero en
que hacia mucho frío y un oficial de la cárcel nos ordenó que nos
quitáramos la ropa y que nos metiéramos todos en el espacio del lavabo.
El lugar donde está el lavabo es pequeño. Si el oficial abría la puerta
y veía que alguien no estaba allí, lo mataba. Luego ordenó a uno de los
presos que echara agua fría sobre los demás. Intentábamos acercar
nuestros cuerpos para calentarnos.”
Kays cuenta también que, en la noche de los
miércoles, los detenidos sabían que si a alguien se le ordenaba salir
de la celda, iba a ser ahorcado. “Sabíamos que era esa noche cuando ahorcaban a la gente. Los ejecutaban en otro edificio de Saidnaya, no en el nuestro”.
Recuerda que los interrogatorios con tortura llegaban a durar entre cinco y siete horas: “Las esposas
se volvían cuchillos, nos pegaban con los cables y nos colgaban del
techo. Otras veces, los torturadores ordenaban a un preso que se
arrancara el cabello o la barba o que se lo arrancase a otro detenido.
Si se oponía, era torturado”. Muchos detenidos han fallecido a causa de
la tortura, la malnutrición o las enfermedades: “No existe ningún tipo
de atención médica, y el mismo médico no difiere mucho de un
torturador. El médico pega al detenido enfermo, lo mata a golpes. Por
eso cuando un detenido estaba enfermo, normalmente no decía nada sobre
su enfermedad”.
Se encontró en la cárcel con un vecino de
su pueblo al que no había reconocido porque había adelgazado mucho;
tenia el pelo blanco, no se podía mover y estaba enfermo. “Me preguntó
si podía informar a su familia de que se encontraba muy mal y de que iba
a morir. Un mes después de haber salido de la cárcel, me enteré de que
había muerto”. Cuenta que cada madrugada, a las seis, un guardia entraba
en las celdas y preguntaba si alguien se había muerto. “Cada mañana
había un detenido fallecido. Lo envolvían en un plástico y lo ponían en
la habitación de la muerte.”
Kays no sabe quiénes son sus torturadores
ni cuál es el pasado de estos, pero espera verlos un día ante un
tribunal. ”No puedo saber si son humanos o no. ¿Por qué hacen eso? He
leído que en el pasado estuvieron durante meses en campos militares del
régimen, donde les pegaron. A mi me torturaban una hora, pero ese
torturador interrogaba a más de diez detenidos. Eso era lo que hacía
cada día: torturar durante una hora o más a cada detenido. Cuando estaba
en la prisión pensaba en Hitler, en lo que había hecho. Yo no puedo imaginar algo peor que Saidnaya”.
Kays Al Morad estuvo durante seis meses en
un hospital en la frontera turca para recuperarse de la tuberculosis y
mejorar su salud tras salir de la cárcel. Ahora trabaja en Turquía. Al
final, muestra la foto de su hija pequeña, que nació en Turquía: “Mi vida”.
