Lula y Petro piden ayuda al mundo para proteger la Amazonia

Vista de la Amazonia brasileña de Rondonia, en una fotografía de archivo. -EFE/Joédson Alves

 En su aclamado discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Gustavo Petro propuso a los países más desarrollados reducir la deuda externa "para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta", es decir, proteger la selva amazónica colombiana, clave para la absorción de CO2 y reserva única de biodiversidad. Ya había lanzado esta idea en su discurso de investidura, el 7 de agosto, dirigiéndose al Fondo Monetario Internacional: "Si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad". En la misma línea, el expresidente y candidato Luís Inázio Lula da Silva prometió al inicio de la campaña para las elecciones brasileñas "acabar con la minería ilegal" que Jair Bolsonaro ha alentado y también se dirigió a la comunidad internacional: "Si el mundo está dispuesto a ayudar, mantener un árbol en pie en la Amazonia puede ser mejor que cualquier otra inversión".

El programa de Colombia Humana, la coalición que llevó a Petro al poder, detalla las alternativas de desarrollo económico propuestas para la Amazonia: turismo, agroecología y aprovechamiento de los productos "no maderables del bosque", todo ello mediante pactos con las comunidades locales. Para impulsar estas alternativas a la minería y la tala que están destruyendo la selva colombiana es para lo que el mandatario reclama ayuda del FMI. Lula también concretó su propuesta el pasado 30 de agosto, cuando manifestó a un grupo de parlamentarios europeos que "Brasil necesita la ayuda de la Unión Europea" para explotar la riqueza económica que puede ofrecer la biodiversidad amazónica de la mano de la industria farmacéutica o cosmética, deteniendo la deforestación.

En un momento en el que la crisis energética, las sequías y las inundaciones en medio mundo han puesto la crisis climática en el centro de la actualidad política, representantes de la izquierda latinoamericana reclaman corresponsabilidad a la comunidad internacional para proteger la Amazonia, que no para de retroceder empujada por la ganadería, la minería y la tala. La estrategia de Petro y Lula no es nueva; en 2007 el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa lanzó la iniciativa Yasuní-ITT, que pretendía evitar la explotación petrolera del parque natural amazónico Yasuní a cambio de aportaciones económicas de países desarrollados para compensar los beneficios no obtenidos por Ecuador.

El Yasuní, una reserva natural de extraordinaria biodiversidad, ocultaba unas reservas petroleras equivalentes al 10% del total de Ecuador. Correa reclamó a la comunidad internacional aportar 3.600 millones de dólares, la mitad de lo que se calculaba que ingresaría Ecuador por explotar el petróleo de la zona. Con esos recursos, el país podría reducir al mínimo su dependencia del petróleo y mejorar la protección ambiental y el desarrollo social del área amazónica. A pesar de las buenas palabras de los Estados desarrollados en la conferencia de Copenhague de 2009, 6 años después del inicio del proyecto solo se habían comprometido 330 millones. La actitud de los países varió desde el rechazo de plano de Alemania (su ministro de Desarrollo criticó duramente la iniciativa, porque "crearía un precedente que puede resultar muy caro") al apoyo limitado de 12 países y 65 gobiernos subnacionales. Ante el fracaso de la recaudación de fondos, en 2013 Correa decidió iniciar la explotación petrolera, a pesar de las fuertes protestas en Ecuador.

En el fondo, el ministro alemán tenía razón. La Yasuní-ITT ecuatoriana podía sentar un precedente, igual que las propuestas de Petro y Lula. Estas iniciativas llaman a los países más desarrollados a hacerse cargo del dilema de muchos países del Sur, entre dar vía libre a la explotación de sus selvas o renunciar a unos recursos económicos necesarios para superar el subdesarrollo (un subdesarrollo derivado en gran medida de siglos de explotación colonial, por cierto).

Las iniciativas de Correa, Petro y Lula pretenden dar un contenido concreto a la justicia climática, ese concepto que nos recuerda que los países más empobrecidos son los que más están sufriendo una crisis climática a la que apenas han contribuido, como lamentaba recientemente el ministro de Exteriores de Pakistán, castigado por inundaciones catastróficas: "A pesar de que Pakistán contribuye en cantidades insignificantes a la huella de carbono global... somos devastados por desastres climáticos como estos una y otra vez".

Los países más ricos tienen la obligación de reducir rápidamente sus emisiones pero también de ayudar a los Estados menos desarrollados a descarbonizar sus economías y adaptarse a los efectos de la crisis climática. Las propuestas que llegan desde América Latina deberían ser escuchadas, por justicia y porque pueden ser una vía eficaz para detener la destrucción de unas selvas sin las que la civilización humana tiene pocas posibilidades de sobrevivir.

Fuente: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/64611/lula-y-petro-piden-ayuda-al-mundo-para-proteger-la-amazonia/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium

#PetroPresidente

Hoy es un día histórico, de alegría y celebración. Años y generaciones soñando y luchando por este momento. Mi homenaje sentido a quienes se quedaron en el camino por esta lucha, esto también es por ustedes. ¡Vamos a vivir la fiesta del #cambio en toda Colombia! #PetroPresidente.María José Pizarro Rodríguez

@PizarroMariaJo

“Hoy empieza la Colombia de lo posible”

Las voces diversas del estallido social en Colombia

Colombia celebró el 28 de mayo su primer mes de protestas, replicadas por todo el país, el segundo más desigual de Latinoamérica

Las Mamás de la Primera Línea junto a la madre de Dilan Cruz, joven asesinado por el ESMAD en las protesta de 2019. 28 de mayo, Bogotá. MARINA SARDIÑA

Dos grandes ollas de latón yacen al fuego bajo un letrero que dice “Portal Resistencia” reescrito con tinta roja. El grupo de cocina camina de un lado a otro, alguien donó varias libras de arroz y toca ponerlas a hervir. Unos metros más allá, en la plazoleta de lo que antes se llamaba Portal Américas, la terminal de la línea sur de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá (Colombia). 

Este será el almuerzo de muchos manifestantes y curiosos que se acercan a la improvisada cocina atraídos por el olor que desprende la sopa. “La olla comunitaria puede dar de comer a entre 200 y 300 personas diarias”, explica su cocinera principal, Rubí, con un acento costeño que no se le ha borrado pese a llevar ocho años en Bogotá. “Tengo la esperanza de que Colombia despertó”, dice la cocinera desempleada, de 43 años. “Los mayores viendo esa lucha de los jóvenes, donde se han puesto vidas y sangre, van a tener una mejor mentalidad de cara a las elecciones del próximo año”, sostiene..

“El Bogotazo [una ola de protestas y violentos disturbios que se iniciaron en la capital en 1948] fue hace muchos años. Ahora, ¿cómo lo llamaríamos?”. Duda, mira a su alrededor y sigue: “Es el paro humanitario. El paro por una Colombia mejor, más justa, por reformas que sí convienen al pueblo colombiano”, concluye Rubí, sujetando un cucharón de madera gigante, antes de volver al “calor de la olla”. 

Colombia celebró el 28 de mayo su primer mes de protestas, replicadas de forma masiva por todo el país. Si bien la reforma tributaria –retirada por el gobierno de Iván Duque durante la primera semana de movilizaciones– fue la mecha del estallido social, las movilizaciones sociales han sido un catalizador de frustraciones, demandas y necesidades más amplias, derivadas de años de carencias estructurales en el segundo país más desigual de América Latina.

El sistema de estratificación

No es casualidad que los puntos de resistencia de las marchas en las grandes ciudades colombianas confluyan en las periferias, en los barrios populares, empobrecidos. El 80% de las familias de menores ingresos perdieron su empleo por la pandemia. En un país donde la sociedad se divide por estratos (del 1 al 6, siendo el primero la población más vulnerable), la estratificación marca casi de por vida las oportunidades de las personas. 

Pese a que el sistema de estratos fue diseñado en los años noventa como una manera de clasificar a la población respecto a las cualidades de la vivienda y poder ofrecer así subsidios, este sistema único en Latinoamérica “empezó a cristalizar esa segregación socioeconómica de la ciudad”, explica a lamarea.com Adriana Hurtado, urbanista y antropóloga de la Universidad de los Andes, apelando a que el sistema hace más difícil la diversidad: “el estrato termina siendo un indicador, incluso un predictor, de las oportunidades educativas o laborales”. 

Los cocineros de la olla comunitaria del punto de encuentro de manifestantes en el sur de Bogotá, en el renombrado Portal Resistencia. 21 de mayo. MARINA SARDIÑA

“Lo que pasa en las grandes ciudades de Colombia no es nada comparado con lo que vivimos en los territorios que habitamos los pueblos negros. No es un fenómeno nuevo, sino una lucha de años. Nuestra lucha es más fuerte por toda la carga histórica que acarreamos”, dice Angie, una joven procedente de Tumaco, Nariño, una de las regiones del sur del país más afectadas por el conflicto armado y las guerras del narcotráfico. 

La tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 24% en Colombia. “Esa desigualdad social está también espacialmente delimitada. Es muy fácil que en las protestas también se puedan rastrear de manera diferenciada en el espacio”, prosigue Hurtado, “todas las periferias o los barrios populares, de origen informal, concentran la mayor cantidad de jóvenes con dificultades de acceder al empleo y a la educación”. Ese es motivo por el que las protestas terminan masificándose allí y “la represión policial se concentra más en estas zonas respecto a las movilizaciones convocadas en otros barrios de estratos más altos y acomodados”, concluye la urbanista.

Los jóvenes al frente de las protestas en Colombia

Es la inequidad, que golpea con más dureza a los jóvenes de los barrios populares, sumidos en la precariedad e informalidad, lo que sacó a miles de ellos a las calles. Como presagio a esta premisa, en el concierto de “Portal Resistencia”, una banda local interpreta el Baile de los que sobran, del grupo chileno Los Prisioneros. Custodiando el escenario están los muchachos de la Primera Línea que tararean bajo sus pasamontañas la letra de la icónica canción protesta: “Únete al baile / de los que sobran / nadie nos va a echar de más / nadie nos quiso ayudar de verdad”. Su vestimenta destaca entre los manifestantes: cascos de obrero baratos, guantes, máscaras de gas. Solo dejan ver sus ojos, así evitan ser identificados por la Policía. 

Soga, como se hace llamar un joven alto y delgado, cuenta que lleva peleando por la democracia del país desde 2017, cuando entró en la Universidad Nacional de Colombia, una de las únicas dos universidades públicas de la capital, Bogotá. “Primero que todo me mueve el abuso policial, no es justo que nos repriman de esta manera”, se queja. Más de 60 personas han muerto desde el inicio de las manifestaciones y 43 estarían presuntamente vinculadas a la fuerza pública, según la ONG local Temblores. 

Jóvenes manifestantes celebran el primer mes de Paro Nacional en el Monumento de Héroes. 28 de mayo, Bogotá. MARINA SARDIÑA

Los chavales de la Primera Línea sienten el miedo de ser un número más en ese recuento aproximado: “Desde que sales de casa no sabes si vas a volver. Como miembro del grupo tienes que estar mentalizado de que puedes morir”, dice Soga, mientras recibe un jugo y un plátano de una compañera. “Nos organizamos de una manera que tanto el pueblo como la Policía nos identifiquen para que no crean que somos vándalos, porque así es como nos ven”. Y reitera: “no somos un grupo de ataque, sino de respuesta”. 

Durante este Paro Nacional han surgido con fuerza los grupos de Primera Línea, similares a los que se vieron en las protestas de Chile en 2019. Son “pelaos”, como llaman a los jóvenes en Colombia, la mayoría procedentes de barrios populares, que ponen el cuerpo frente a los ataques del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la Policía cuando estos reprimen violentamente las manifestaciones. 

Su única protección son los improvisados escudos, hechos con madera, señales de tráfico y cubos de latón. “Resistencia con ovarios. Detrás de esta máscara hay una idea y las ideas son a prueba de balas”, escribió en su escudo rosa Yarlín, miembro Escudos Azules, un grupo que surgió en las marchas de 2019. 

Casi todos los muchachos tienen marcas de combate. Los que corren más suerte muestran sus quemaduras por los impactos de las aturdidoras o los gases lacrimógenos. Otros han perdido ojos e incluso han recibido disparos con armas de fuego. Al menos 3.400 personas han resultado heridas en poco más de treinta días de movilizaciones. Las mujeres que salen a las calles a protestar se enfrentan además a los abusos sexuales, más de 22 casos registrados de violencia sexual por parte presuntamente de la Policía Nacional, según la ONG Temblores. 

“Tuve el caso de una chica de Primera Línea que la retuvieron y la manosearon. Le hicieron desnudarse entera”, relata Sami, líder del grupo en “Portal Resistencia”. La joven de 25 años, pedagoga infantil y madre de dos niñas, expresa que siente miedo de ser un “falso positivo”, como se conocen a las desapariciones forzosas de civiles a manos de los militares en el marco del conflicto armado colombiano. Su temor no es irracional, más de 100 personas siguen desaparecidas en el marco de las protestas.

Mamás de Primera Línea

Ante la represión cometida por la fuerza pública cuando cae la noche, un grupo de madres de la localidad de Kennedy, en Bogotá, decidieron formar la Primera Línea de Mamás, lideradas por Vanessa. Son madres cabeza de familia guiadas por ese instinto primario de madre: el de proteger a sus hijos y a los jóvenes del barrio. “Nadie nos ha entrenado, simplemente nos paramos duro frente al ESMAD y resistimos lo que venga”, cuenta bajo el anonimato una de las seis integrantes. 

Su espontaneidad es patente. “Mi mamá es una bandolera”, fue la respuesta del hijo pequeño de una de ellas cuando la reconoció en los informativos de una televisión local. “Nosotras les decimos que no tengan miedo, que vamos a volver a casa y que estamos aquí por su futuro”, repiten estas mujeres que se han ganado el respeto de los más jóvenes y veteranos en los enfrentamientos con la Policía. 

Sofía y Juan Carlos, politólogos, se manifiestan en apoyo a los jóvenes en el primer mes de Paro Nacional. 28 de mayo, Bogotá. MARINA SARDIÑA

Son madres colombianas que no aguantaban más el dolor de ver morir a sus hijos e hijas. Mamás de Primera Línea en las manifestaciones y en el frente del cuidado, en sus hogares. Las más golpeadas por las crisis derivadas de la pandemia han sido las mujeres jóvenes, una afectación mayor para las mujeres jóvenes del campo. 

Ellas cargan con ese contexto histórico y representan a todas las mujeres invisibilizadas bajo el patriarcado y machismo estructural de la sociedad colombiana. Sus relatos fueron escritos en los márgenes de las historias durante años y ahora, gracias a este estallido social, alzan la voz y se reivindican como protagonistas bajo un aplauso colectivo de sororidad. 

Liliana también es madre, acude cada día a los puntos de encuentro de los manifestantes del sur de la ciudad con sus cuatro hijos. “Les gusta que venga con ellos porque muchas veces los papás no les creen. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo lo ve desde la televisión, con los medios que solo miran para un lado. Y los papás creen que son los niños los que están haciendo las cosas mal. ¡No es así!”, dice sobre el papel de los medios tradicionales que con frecuencia acusan de “vándalos” y promueven la polarización extrema que existe en el país, bajo el discurso oficialista.

Eventos culturales y manifestaciones artísticas en Colombia

En otro punto de concentración, en el Monumento de Héroes, dos niños bailan al son de una batucada, arropados por la bandera colombiana. Su madre, Olga Lucía Ponte, les sigue el ritmo y dice: “Colombia lleva pidiendo auxilio desde hace décadas y es el momento de que nosotros le entreguemos una herencia correcta a nuestros hijos”. Otra madre lleva a su hija a hombros, que muestra orgullosa a la cámara su pancarta: “Gracias a ustedes que aún sin querer tener hijas, luchan por los derechos de las niñas”. 

Desde lo alto del monumento, Luz Neli Vargas, de 75 años, da un discurso ante los miles de jóvenes y familias congregadas. Apoyada sobre su bastón expresa su entusiasmo por las protestas: “No importa la edad que tengamos, estamos aquí. Estamos fuertes para que no mueran los sueños de los jóvenes, jamás”.

En la celebración del primer mes de protestas el ambiente es festivo. Los artistas realizan performances en las avenidas, pasean sus mejores maquillajes entre los manifestantes, suenan arengas y cánticos que no cesan pese a la lluvia. Si bien los jóvenes están siendo los protagonistas de la resistencia, cientos de adultos expresan su apoyo, conscientes de que esta lucha es por las nuevas generaciones. “Ahora estamos viendo esa explosión social, estamos dándole la oportunidad a los jóvenes por primera vez en la historia para que se expresen”, dice Sofía, politóloga colombiana, sosteniendo la wiphala indígena. 

Soga, joven de Primera Línea en «Portal Resistencia», Bogotá, durante un concierto para recaudar fondos. 21 de mayo. MARINA SARDIÑA

“Nuestra súplica es que el Gobierno no siga matando a estos jóvenes que protestan”, añade su marido Juan Carlos González, también politólogo de la Universidad Pontificia de la Javerian. “Eso es inconcebible en un país que se precie a tener una Constitución donde establece que es un Estado social de derecho” señala. 

Ambos académicos coinciden desde las marchas cómo las acciones del Gobierno han conseguido polarizar aún más a la sociedad colombiana, volviendo al país en un gran campo de batalla. “Tenemos que presionar para que esto se transforme y salga esa estructura de poder imperante; se generen nuevos liderazgos que tienen que estar necesariamente vinculados a los jóvenes”, concluyen antes de proseguir lanzando mensajes de aliento a los chavales.

Su mensaje, pese a la diferencia de edad, coincide con el de Efi, estudiante de 18 años: “Debemos tomar consciencia de que la lucha popular influye muchísimo y es más educativa y recreativa que muchas de las clases doctrinales que tenemos”.

Más abusos policiales contra manifestantes

Unos reclamos que no están siendo escuchados por la clase dirigente y el mandatario Duque, quien –con tono belicista–  está aplacando las protestas sociales a través de la fuerza. El pasado viernes, tras la escalada de violencia en la ciudad de Cali, en el suroccidente, al menos 13 personas perdieron la vida. La tercera ciudad del país es también el epicentro de las movilizaciones. Allí se han vivido los episodios más cruentos de la represión policial y de civiles armados que disparan armas de fuego bajo el amparo policial contra los manifestantes.

“Estamos ante un panorama en el cual vemos grupos parapoliciales y paramilitares apoyando a la fuerza pública en su tarea de reprimir a la ciudadanía. No solo es una violación de todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que constituye un grave delito de lesa humanidad que eventualmente tendrá que ser juzgado por las autoridades competentes”, explica Sebastián Lanz, co-fundador de la ONG Temblores. 

En respuesta, el mandatario volvió a desplegar la fuerza militar en las ciudades, ignorando la principal demanda de las manifestaciones: el cese de la violencia policial y la desmilitarización de las urbes. El investigador de DeJusticia, Rodrigo Uprimny, se cuestiona el último movimiento del presidente, atrapado en una visión de “guerra fría” que le está impidiendo dar un manejo democrático al estallido social. “O quizás es una estrategia más perversa de tratar de empeorar aún más la situación y ganar apoyos entre la clase media, muy afectada por los bloqueos y aburrida delparo, que demandan mano dura”. 

La próxima semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá finalmente ingresar al país para verificar los abusos cometidos durante las manifestaciones. La visita más aclamada por la calle y las organizaciones de derechos colombianas e internacionales trae un atisbo de esperanza para que la violencia de las últimas jornadas no quede en la impunidad. 

De camino a casa, el taxista, un exmilitar que luchó durante diez años en el Ejército colombiano durante la época más sangrienta del país, sentencia: “Aquí ya no necesitamos mártires de la guerra; no necesitamos mártires de los políticos; necesitamos gente profesional, gente nueva, que piense por el bien del pueblo, por todos”. 

Fuente: https://www.lamarea.com/2021/06/02/colombia-voces-diversas-del-estallido-social/

Cuestión de estadísticas

Fueron veintidós, dice la crónica.

Diecisiete varones, tres mujeres,

dos niños de miradas aleladas,

sesenta y tres disparos, cuatro credos,

tres maldiciones hondas, apagadas,

cuarenta y cuatro pies con sus zapatos

cuarenta y cuatro manos desarmadas,

un solo miedo, un odio que crepita,

y un millar de silencios extendiendo 

sus vendas sobre el alma mutilada.

Piedad Bonnett

Colombia, retrato de un país que se levanta

Manifestantes en Bogotá. REUTERS / LUISA GONZÁLEZ

BOGOTÁ // “Para el pueblo liberación, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo se lo ganó”. Esta arenga, coreada por miles de personas, resonó el pasado miércoles en las calles de Bogotá durante una nueva jornada de paro nacional. Un cántico que, al caer la noche, se ve sofocado por el sonido de las aturdidoras lanzadas por la fuerza pública para disuadir a los manifestantes.

Las protestas contra el gobierno de Iván Duque han unido a amplios sectores de la sociedad: jóvenes estudiantes endeudados para poder acceder a la universidad; colectivos feministas que exigen el cese de la violencia contra las mujeres, que aumentó durante el confinamiento, con más de 630 casos de feminicidios durante 2020, según el Observatorio Independiente de Feminicidios Colombia; el sector médico que rechaza las privatizaciones y desigualdades que acarreará la inminente reforma de la sanidad.

La pandemia demostró que morir a causa de la COVID-19 en Colombia era cinco veces más probable para las clases bajas y, ahora, en plena tercera ola de coronavirus, cuando el país roza los tres millones de contagios y supera los 76.000 decesos, los manifestantes temen más a las políticas de los gobernantes que a la pandemia.

Estas son las imágenes del malestar social durante ocho días de protestas en todo el país latinoamericano, iniciadas el pasado 28 de abril para exigir al Gobierno conservador de Duque la eliminación del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma fiscal impulsada por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien, una vez retirada del Congreso “para redactar un nuevo texto”, el pasado domingo, anunció su dimisión. 

La reforma tributaria, que afectaría principalmente a la clase media y baja del país, activó unos reclamos históricos, tanto nacionales, sectoriales como locales. “La situación económica, social y de salud también se hizo presente en las manifestaciones. Si bien se inició con una reforma fiscal, la gente está pidiendo muchas más reformas sociales debido a esa acumulación de agravios, abandono, desplantes y violaciones de derechos humanos por parte de la Policía. De alguna manera también las personas están protestando contra el Gobierno”, explica Mauricio Albarracín, subdirector del centro de investigación colombiano DeJusticia. 

La oleada de protestas abarca el descontento con la clase política dirigente y la desconfianza en las instituciones públicas. El clamor de miles de jóvenes que no se sienten representados ni por el Gobierno conservador en el poder, que sigue la estela y las directrices del exmandatario Álvaro Uribe Veléz, ni por el principal candidato opositor, el izquierdista Gustavo Petro. 

Pero sus voces son también el retrato de las carencias sociales de la segunda nación más desigual de América Latina. “Antes de la pandemia ocurrieron probablemente las protestas más grandes contra un gobierno en todo el país”, recuerda Albarracin sobre el paro nacional de noviembre de 2019, que perdió fuerza debido a las restricciones por la pandemia.  

Desde entonces, se sucedieron distintas movilizaciones como las protestas en contra de la violencia policial tras el asesinato del abogado Javier Ordoñez, grabado en vídeo. Unos disturbios que dejaron decenas de fallecidos en enfrentamientos con la Policía en Bogotá. O la llegada de los indígenas a la Plaza Bolívar para entablar un diálogo con el presidente, que se negó a sentarse con las comunidades para escuchar sus peticiones. “Es cierto que durante todo el año las personas han protestado desde sus casas”, dice Albarracin. 

“¿A dónde se dirige la marcha?”, preguntaba alguien el miércoles a un grupo de manifestantes. “A casa porque nos matan”, contestaba un joven que sostenía una pancarta con el lema: “La resistencia no es un capricho, es un acto de dignidad”. Pero en las calles del país también hay miedo. El temor a no volver vivo a casa, agudizado en los últimos días por el masivo despliegue policial y los incendiarios mensajes del político Álvaro Uribe Vélez, en apoyo del uso de la fuerza armada para sofocar las protestas.

El trabajo sucio lo hacen cientos de policías en moto, patrulleros que llegan a fin de mes con el sueldo mínimo colombiano, poco más de 220 euros. “Gente pobre con uniforme matándose con gente pobre con hambre, dirigidos por gente rica sin hambre ni uniforme”, se podía leer en un cartel. Militares armados patrullan los vecindarios, es frecuente el uso gases lacrimógenos o el despliegue del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) para golpear a los manifestantes o incluso disparar balas reales, mientras las autoridades colombianas reciben con silencio la condena internacional. 

Ya hay más de 24 fallecidos durante las marchas, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, que ascienden a 37, según denuncian los organismos de derechos independientes. Una madre en Ibagué se lamenta frente al cuerpo inmóvil de su hijo: “Llévame contigo, amor”. 

A las protestas también se han unido campesinos, afrocolombianos de las periferias e indígenas de los territorios, las áreas rurales del país. “Queremos avanzar sobre la posibilidad de un diálogo entre todos los sectores sociales que permita lograr la paz. La Minga indígena (una forma de protesta de las comunidades indígenas del país) es un ejercicio colectivo del pensamiento y la palabra para tejer una propuesta alternativa para la nación”, señala Giovanny Yuli, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde Cali, donde han decidido establecerse en apoyo a las movilizaciones y donde se están viviendo los mayores altercados y la peor represión por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. 

En el país más letal para los defensores de la tierra, con 64 asesinatos de líderes ambientales en 2019, según el último informe de Global Witness, los líderes también tomaron las calles con banderas blancas pidiendo paz tras más de tres décadas de conflicto armado. Pese a los Acuerdos de Paz de 2016 entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, el conflicto se perpetúa en aquellos territorios donde el Estado apenas tiene presencia y los grupos armados ilegales marcan la ley. 

Como explica el analista de dinámicas sociales y conflictos, Luis Celis, la sociedad colombiana ha trabajado por la paz y la transformación del país: “Pero este Gobierno no ha tenido ningún interés en desarrollar los acuerdos porque el uribismo es la fuerza política que defiende este orden de exclusiones. Este acuerdo de paz sigue siendo una tarea pendiente y se suma a la insatisfacción que hay en las calles”. 

Las protestas incluyen la insignia colombiana que ondea en los balcones de los barrios acomodados, cacerolazos nocturnos y velatorios por los muertos; comisarías de policía incineradas y barricadas en las carreteras tras los disturbios que proliferan cuando cae la noche. “El Gobierno tiene la táctica de criminalizar la protesta a través de la estigmatización de las personas que salen a manifestarse, lo que se convierte en una práctica común. Esto tiene como objetivo legitimar el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía”, critica Alejandro Rodríguez, de la organización Temblores, plataforma que registra los abusos y violaciones de derechos en el marco de las protestas. 

Las actuales movilizaciones son también la representación en las plazas de todo el país de aquellos trapos rojos que, durante el último año, colgaban en las ventanas de los barrios populares, ahogados por la crisis económica acentuada por la pandemia. “La sociedad colombiana es una sociedad profundamente desigual. Tenemos un orden social lleno de exclusiones: hay exclusión de la tierra, exclusión del conocimiento, exclusión del crédito”, señala Celis.

Más del 42,5% de la población colombiana están en situación de pobreza y 7,5 millones de personas padecen pobreza extrema, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En una nación de 50 millones de habitantes, el trabajo informal representa un 48,7 % del mercado laboral. “La riqueza en Colombia se ha concentrado en unas pocas manos, hay una enorme fragilidad social que en medio de la pandemia se expresa en hambre”, continúa el analista colombiano

“Lo que comenzó con un tinte reivindicativo contra lo que denominamos el paquetazo de Duque, ha venido tomando unas dimensiones políticas de hastío con el régimen actual, en particular descontento con el uribismo, con la extrema derecha”, relata el líder social y político Diego Pinto, que añade que la calle exige la renuncia inmediata del presidente Iván Duque, cuya imagen ha caído 16 puntos en el último mes, un descenso que obedece en parte a la reforma tributaria y al manejo de la pandemia, según una encuesta de Guarumo-EcoAnalítica. 

Estos días, en los barrios populares preparaban en ollas comunitarias el tradicional sancocho colombiano, una sopa que lleva por ingredientes los alimentos más representativos del país: yuca, plátano, papa, maíz, cilantro, gallina y aguacate, cocinados en una gran olla y a fuego lento. Un sancocho es también una expresión colombiana para denominar una situación que tiene problemáticas muy diversas, no siempre parejas entre sí. Esta analogía culinaria podría ser la metáfora de las masivas movilizaciones que, como la tradicional sopa, vienen cociéndose en la gran olla a presión que es Colombia. 

Fuente: https://www.lamarea.com/2021/05/06/colombia-retrato-de-un-pais-que-se-levanta/

Más información: En guerra, Colombia sigue en guerra  

COLOMBIA

Las protestas que han sacudido a Colombia estos últimos días no me parece pueden ser explicadas solamente por el descontento popular expresado contra el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el presidente Duque.

Aunque es comprensible el rechazo a cualquier imposición fiscal que afecte a negocios y/o al bolsillo del ciudadano colombiano en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica, lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales. No creo que se haya medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordoñez, que murió luego de serle aplicada por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas al cuerpo en más de doce oportunidades. El video de la víctima implorando a los policías que no lo hicieran más y que no podía respirar, me recuerda al asesinato en Estados Unidos en el que un policía aplicando presión por más de nueve minutos sobre el cuello del arrestado, George Floyd, a pesar de sus ruegos indicando que le faltaba la respiración.

Ni siquiera la declaración hace dos días del presidente de Colombia anunciando que se retiraría el proyecto de reforma tributaria ha servido para mitigar la furia popular, producto de una rabia y descontento latente hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano.
Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización. Para este sector, las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario.

Por otro lado, el incidente que causó la muerte de Javier Ordoñez en el 2020 demuestra claramente la ausencia de entrenamiento por parte de la fuerza policial, y/o exhiben la impunidad con que consideran cuentan para reprimir.

El uso del "taser", una especie de "revolver eléctrico", es supuestamente una forma de evitar muertes, no de provocarlas. Doce veces le fue aplicada la descarga y esa ausencia de criterio y de respeto a la vida de un ciudadano, arrestado por una causa menor (había violado el 'distanciamiento social" por estar tomando con amigos), se quedó impresa en la mente del pueblo.

Cuando ahora la protesta por el alza tributaria fue enfrentada por la fuerza policial con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, la gente reaccionó de igual manera y el asunto empeoró al punto de provocar ya 24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual ejercida en su contra.
Por supuesto que estas situaciones son aprovechadas por grupos políticos que buscan crear oportunidades aprovechando la circunstancia de caos. Por supuesto que entre la gente que protesta civilmente también encontraremos a quienes exhiben sus peores instintos, provocando más desorden y tragedia.

Pero no perdamos de vista la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos a proteger y velar por el interés ciudadano  y que en este caso, al igual que ocurrió antes con Dilan y Javier, parecen no haber cumplido correctamente con su deber. El gobierno colombiano no debe tratar a su población con el rigor que caracteriza a una situación de combate contra la guerrilla. La ciudad no es un campo de batalla, es un terreno común y pertenece a todos los colombianos. La fuerza pública no es un ejército, ni debe adoptar prácticas que sólo se justificarían de ser primero atacados, con armas letales, con un claro intento de hacerles daño Y sin motivo alguno.

Ahora mismo la gente está indignada, y con razón. Ahora mismo, lo necesario es que se reduzcan las tensiones y se establezca el tipo de conversación nacional que lleve a un mejor entrenamiento de la fuerza policial y que devuelva la confianza perdida de la ciudadanía a causa de sus excesos.

Ahora mismo, el gobierno debe considerar una revisión de su mentalidad de sitio y abandonar la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público. Pero como indiqué antes, el asunto es más complejo que una revuelta causada por una reforma tributaria, propuesta por un presidente considerado administrativamente como inepto, o mal aconsejado por políticos en busca de un protagonismo perdido.

En la historia colombiana ya existen ejemplos de lo horrible que resulta el reprimir a gente que protesta por desigualdades sociales y económicas, y de cómo estos episodios, inflamados por la violencia política, policial o estatal, terminan produciendo incidentes como los de 1948. El asunto es complejo y requiere para su solución de una visión de estadista, algo que no parece reflejarse en las recientes acciones del poder ejecutivo.

Desde la "guerra de los mil días", la violencia ha sido el recurso más utilizado para resolver conflictos en Colombia, mala costumbre que puede ser desarmada convocando a la mejor disposición posible del carácter nacional.

Por el bien de Colombia, esperamos que esa acción se materialice, y pronto.

Rubén Blades
5 de mayo, 2021

Fuente: http://rubenblades.com/rb

Morir antes de crecer: Los feminicidios se ensañan con las niñas en Colombia

Fotografía del 14 de enero de 2021 de una manifestación en conmemoración de la niña Maira Alejandra Orobio, asesinada con signos de tortura y abuso sexual el pasado lunes en Guapi, departamento del Cauca (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

 La última vez que la mamá de Maira Alejandra vio a su hija estaba jugando en el patio de su casa, en un barrio de desplazados de Guapi, una localidad en la costa del Pacífico colombiano. La pequeña de 11 años fue violada y asesinada ese mismo día, como lo han sido ya en lo que va de año otros seis menores en el país.

Maira Alejandra Orobio era la mediana de cinco hermanos y, como a cualquier niña de su edad, le gustaba jugar a la pelota con sus vecinos. Su madre, Dora Alicia Solís, dice que la pequeña quería seguir estudiando cuando acabase la Primaria.

"Ella volvió a la casa, almorzó, le mandé a lavar unas lozas del almuerzo que habíamos comido, las lavó y estuvo aquí en la casa, jugando en el patio. Yo fui a ver para decirle que no saliera más a la calle, luego me metí a la pieza para atender a la bebecita pequeña y cuando salí ya se me había volado de ahí", explica a Efe Solís.

El cuerpo de Maira Alejandra fue encontrado el 12 de enero desnudo en una poceta, con signos de tortura, golpes y abuso sexual. Se desconoce aún el culpable de un crimen que ha provocado la indignación en el país y manifestaciones de repudio.

LAS MATAN Y LAS TORTURAN ANTES

"La mamá de Maira es una mujer de 28 años que tiene cinco hijos, pero su hijo mayor tiene 17; eso quiere decir que lo tuvo antes de los 14 años, por lo que no se puede hablar de consentimiento sino de violación", asevera a Efe la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, quien esta semana ha estado visitando a la familia.

Abusos a los que no solo se vio expuesta la madre, sino que la pequeña Maira Alejandra ya conocía. Dora Alicia Solís presentó en 2019 una denuncia por violación de la menor, que entonces tenía nueve años, aunque acabó retirándola, y la Policía no pudo seguir investigando ni le dio mayor protección a la pequeña.

El ICBF contabilizó el año pasado 11.665 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. También ha reportado seis muertes violentas de menores en 2021, de las cuales cuatro fueron niñas y dos niños.

El asesinato de niñas en Colombia -así como el de mujeres- ha tenido un grave repunte en el comienzo del año, y la Fundación Feminicidio Colombia contabilizó hasta 18 crímenes machistas en menos de 14 días.

"El año pasado vimos más de 220 casos de feminicidio, pero enero ha sido denunciado como el mes más violento y más peligroso para las mujeres", explica a Efe Mariana Botero, coordinadora legal de esta fundación que lleva tres años monitorizando los feminicidios. 

Fotografía del 14 de enero de 2021 de una manifestación en conmemoración de la niña Maira Alejandra Orobio, asesinada con signos de tortura y abuso sexual el pasado lunes en Guapi, departamento del Cauca (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

 A pesar de que han notificado a las instituciones este fenómeno que no saben por qué sucede, los asesinatos, tanto de mujeres como de niñas, siguen ocurriendo.

"Es bastante preocupante ver cómo lastimosamente existe una omisión en la proyección de políticas públicas", considera Botero.

Además, explican desde la Fundación Feminicidios, muchos de los crímenes llevan otras violencias asociadas como torturas o delitos sexuales, como en el caso de Maira Alejandra.

REVICTIMIZADAS TRAS EL CONFLICTO

Dora Alicia llegó con Maira Alejandra y sus otros dos hijos mayores al barrio Santa Mónica hace una década, huyendo de la violencia y las amenazas que sufrían en la zona rural de Boca de Napi. Allí intentó rehacer su vida y tuvo otros dos hijos, el más pequeño en la pasada Navidad.

"Son poblaciones que llegan al municipio de Guapi a raíz del conflicto armado que se vivía en el pasado con las FARC", explica a Efe el líder social Paulino Riasco, que conoce bien el barrio de Santa Mónica, donde sucedieron los hechos, pues creció en él.

Son también comunidades negras que no reciben justicia cuando se atenta contra ellas, como alega la activista de las comunidades afrodescendientes María Solís Segura. "Tenemos derecho a que hagan justicia con todo lo que estamos viviendo nosotros porque somos seres humanos y pertenecemos a una patria que se llama Colombia", afirma.

Estos niños, que ya han sufrido la violencia de tener que abandonar un hogar, se "revictimizan", indica Riasco, al verse expuestos a la violencia sexual y asesinatos, debido a la total desprotección en la que viven.

"Allá en esos barrios usted no ve una autoridad", resalta Riasco, "la única garantía a favor de los niños es la que puedan brindar sus padres en ese momento".

El problema lo plantea el hecho de que en la mayoría de casos de abusos sexuales y asesinato de menores, el culpable está en el hogar. Según la Encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes realizada por el Gobierno colombiano en 2018, cuatro de cada diez menores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia y el 72 % de estos casos ocurren en el hogar.

"De alguna manera hemos vuelto cotidiano este tipo de casos, y claro que nos indignan, y claro que nos duelen y mueve a la sociedad, pero tenemos que empezar a trabajar por un cambio en la sociedad entera porque este es un mal endémico", alega la directora del ICBF, quien asegura que trabajan con las familias para luchar contra este tipo de violencias.

CUANDO EL ASESINO ES CERCANO

A María Ángel Molina la asesinó, presuntamente, alguien que conocía. El detenido y acusado por el crimen de esta pequeña de cuatro años, Juan Carlos Galvis, había mantenido una relación con la madre.

El hombre se citó el pasado 9 de enero con la madre y sus dos hijas por redes sociales en Aguadas, departamento de Caldas, donde agredió a la mujer, que acabó en el hospital con un trauma craneoencefálico, y se fugó con las dos hijas, María Ángel y su hermana de 18 meses.

Cuando lo capturaron en el departamento vecino de Antioquia solo pudieron rescatar a la bebé. El cuerpo de la niña de cuatro años apareció sin vida el 13 de enero en el río Arma.

En este tipo de casos, las expertas señalan que es importante tener en cuenta "el impacto que causa que sean personas conocidas, y personas que deberían ser parte de su círculo de apoyo y de su círculo de protección los que acaben con su vida", como indica Botero.

A Maira Alejandra y María Ángel se les suma una larga lista. Solo en los últimos tres meses también mataron a Miladis del Carmen Álvarez, Clara Arenas y Daniela Pérez. Todas ellas adolescentes asesinadas por su pareja o expareja en noviembre y diciembre.

Sofía Cadavid tenía 18 meses. Su padre confesó el asesinato de la bebé, cuyo cuerpo apareció con signos de tortura y heridas de un arma cortopunzante.

Adellys Nahomi Camargo también tenía 11 años y fue asesinada por su padrastro, que además mató a su mamá antes de suicidarse.

Ana Cristina Muñoz, activista de la Campaña Nacional contra el Feminicidio, lanzada esta semana para pedir al Gobierno que actúe contra la violencia machista, es contundente: "Hoy el Estado tiene que empezar a temblar. Nos va a ver a las mujeres con otra cara porque no estamos dispuestas a permitir una muerte más". 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/morir-antes-de-crecer-los-feminicidios-se-ensanan-con-las-ninas-en-colombia/20000013-4443691

Van a rociar una ciudad colombiana con agua bendita desde un helicóptero para “erradicar el Diablo”

A grandes males, grandes remedios. La ciudad colombiana de Buenaventura sufre desde hace años una inusitada ola de violencia, y el obispo católico Rubén Darío Jaramillo ha decidido tomar la sartén por los cuernos y realizar un “exorcismo” sobre la ciudad para erradicar “al Diablo”, según explicó en una entrevista con Caracol Radio.

El obispo ha pedido prestado al ejército colombiano un helicóptero, desde el cual esparcirá agua bendita sobre toda la ciudad, el próximo 14 de julio, y así “sacar esos demonios que están destruyendo la ciudad”, según razona -es un decir- el enviado de Dios.

“A Buenaventura hay que sacarle el diablo para ver si así le devolvemos la tranquilidad que ha perdido la ciudad con tantos crímenes, hechos de corrupción con tanta maldad y narcotráfico que invade nuestro puerto”, dijo el representante de la iglesia.

El exorcismo se llevará a cabo el 13 o 14 de julio próximo, con motivo de las fiestas patronales que cada año se realizan en Buenaventura.

Buenaventura es el principal puerto de Colombia en el Pacífico. Situado a poco más de 100 kilómetros de Cali, en lo que va de año ha registrado 51 asesinatos, 20 más que en el mismo período del año pasado, informa Clarín. La gota que colmó el vaso de la paciencia de monseñor fue el asesinato a principios del mes de junio de una niña de diez años y de un comerciante de la ciudad.
La organización Human Rights Watch publicó recientemente un informe sobre la ciudad en el que se detalla el reciente y creciente historial de secuestros llevados a cabo por los grupos sucesores de las guerristas paramilitares de derechas que asolaban el país hasta fechas recientes. Las bandas criminales que dominan la ciudad disponen de “salas de despiece” en las que asesinan a las víctimas, según HRW.

Menos mal que monseñor y su helicóptero van a borrar el Diablo de la faz de Buenaventura. Si esto funciona, ya no habrá excusa para no convertirse al catolicismo.

Fuente: https://blogs.publico.es/strambotic/2019/07/helicoptero-contra-diablo/

Escándalo por los "paquetes sexuales" en Medellín: proxenetas venden a turistas la virginidad de menores a 1.800 dólares

Dos niñas que trabajan como prostitutas dieron detalles de cómo se realiza el negocio ilícito

En lo corrido del año las autoridades han rescatado 60 menores de edad explotados sexualmente en Medellín

Dos menores de edad que trabajan en la prostitución en Medellín dieron sus testimonios sobre cómo se maneja el negocio de la explotación sexual en la ciudad. Analista asegura que estas redes de proxenetismo venden la virginidad de niños, niñas y adolescentes a extranjeros en alrededor de 1.800 dólares

En paquetes turísticos que incluyen fiestas y drogas en fincas de los municipios de Sabaneta, Barbosa y alrededores de Medellín, las redes de explotación sexual venden hasta la virginidad de menores de edad por un precio de entre 5 y 6 millones de pesos (unos 1.500 a 1.800 dólares).

Así lo aseguró a Noticias Caracol el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). El canal de televisión habló con dos jóvenes que en su infancia fueron víctimas de explotación sexual y siguen trabajando en la prostitución porque no tienen otro medio de subsistencia.

Las jóvenes, a las que el medio nacional llamó Valentina y Juliana, corroboran la declaración del analista político. Contaron que a través de redes sociales como Facebook y de chats como WhasApp, los clientes, especialmente extranjeros, piden a los proxenetas niñas y piden sus fotos para escogerlas.

Las redes realizan fiestas en fincas lejanas donde también se da un alto consumo de drogas, y contactan a las menores para que asistan. Les pagan dependiendo del tiempo que duren, y a veces no pagan solo por sexo sino también por compañía.

Para poder asistir a esos encuentros muchas deben escaparse de sus casas y colegios, dijo Juliana, quien inició en el negocio ilegal cuando era solo una niña. Ella aseguró que nunca saben con quién van a estar hasta llegar a los lugares.

Las redes de proxenetismo ofrecen a turistas extranjeros paquetes de fiestas en fincas con menores de edad. (Foto de referencia)

 "Allá me encuentro con todo lo que menos me gusta, que las drogas, que la fiesta y que las armas. A uno solamente le toca tragar y lo que se tenga que venir. Hay que seguir ahí por necesidad", dijo llorando Valentina a Noticias Caracol.

Valentina confesó que ella misma buscó ese trabajo porque no pudo conseguir otro empleo pasando hojas de vida, y porque su misma familia la incitaba a esa práctica. "Mis familiares me decían: Usted está sentada en la mina de oro, explótelo, vaya busque plata que hacerla así es muy fácil. Es muy triste. Mi misma mamá me decía que consiguiera un marido con plata o me metiera de puta", expresó.

De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Medellín reveladas a Noticias Caracol, en lo corrido del año las autoridades de la ciudad han capturado a 20 personas involucradas en la explotación sexual de menores de edad, y han rescatado a 60 niños y niñas de ese flagelo.

Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2019/06/06/escandalo-por-los-paquetes-sexuales-en-medellin-proxenetas-venden-a-turistas-la-virginidad-de-menores-a-1-800-dolares/

Las niñas prostitutas de la autopista a Medellín

La directora Mabel Lozano cuenta en este texto su experiencia con un colectivo de estudiantes universitarias que lucha contra la trata en Colombia

Uno de los 'ángeles azules'. Laura Daniela Guerrero y Carlos Mario Bonilla

Estos últimos años he estado un par de veces en Medellín (Colombia), en ambas ocasiones para hablar de trata y prostitución, y fue allí donde tuve la oportunidad de conocer al colectivo Todas con las Mujeres, que trabajan contra estas prácticas como una de las caras mas perversas de la violencia de género. Son crímenes contra las mujeres por el hecho de serlo.

Con este colectivo me unen muchas cosas, por ejemplo que utilizan el cine como herramienta de transformación social. Un porcentaje grande de sus integrantes son jóvenes estudiantes de cine de las universidades de Bogotá y Medellín, pero también de otras carreras como Derecho o Trabajo Social. Conozco y admiro el trabajo de este colectivo que en un 80% está integrado por mujeres jóvenes y estudiantes. Desde hace meses ruedan un nuevo documental sobre los llamados ángeles azules, las niñas prostitutas de la autopista de Medellín a Bogotá, llamadas así porque, a pesar de su gran belleza, tienen el color de su piel azul pálido, debido a la mala alimentación, el trasnochar y la adición a las drogas.

Me trasladan los testimonios de varias de estas niñas a las que han seguido durante meses. No quieren ni pueden salir de sus vidas ni abandonarlas a su suerte, una suerte que no está de su lado. Niñas como Patricia, de 14 años, con facciones casi perfectas, sonrisa angelical y extrema delgadez que la hacen parecer mucho menor. Patricia desertó del colegio hace ahora dos años.

La autopista en la que se prostituyen estas niñas. Laura Daniela Guerrero y Carlos Mario Bonilla

"Yo entré a bachillerato con 11 años. Venía muy bien, mi mamá nos mantenía a mis dos hermanos menores y a mí de la venta de perritos calientes y pinchos, en un puesto en la calle. Mi papá se fue cuando yo tenía ocho años a trabajar al Guaviare, raspando coca, y nunca volvió. Yo acompañaba en las noches a mi mamá en la venta, al principio nos iba bien, hasta me compró un celular, pero luego se puso pesado y mi mamá recurrió a los gota a gota para que le prestaran para pagar el arriendo y comprar las salchichas y el pan. Tocaba pagarles a diario con intereses. Después de unos días no se pudo cumplir, entonces a mi mamá le pegaron y amenazaron con violar a mi hermanita, tocó entregarles el carro donde vendía la comida por la deuda… todo se juntó", cuenta. "En la escuela no dieron más desayuno ni almuerzo, no hubo más transporte escolar, yo no quise volver porque estudiar con hambre es muy hijoputa, además solo había para un pan y agua panela en la casa, y prefería que se lo dieran a mis hermanitos".

Caracoli es el sitio donde por las noches se reúnen mujeres de diferentes edades, travestis y niñas, a ejercer la prostitución. "Yo para ayudar a mi mamá comencé a ir a Caracoli (un municipio cercano). Me llevó una amiga, ella se rebuscaba buena plata con los camioneros. No había que darles besos —¡qué asco!— ni dejarse penetrar, solo mamárselo y le pagaban a una hasta 20.000 pesos (5 euros). En un rato se podía hacer unos más de doscientos. Comencé a ir algunas noches, luego todos los días, mi mamá se las olió, me siguió y me pilló, pero fue mejor porque ahora ella está pendiente de mí y anota la placa del carro donde me subo, por seguridad”.

Patricia es parte de los ángeles azules rebautizadas así por mis amigos de Todas con las Mujeres, porque antes les llamaban las zombis. Hasta el nombre estaba lleno de crueldad. Después vieron que el nombre era lo de menos y así lo han comprobado durante los nueve meses que han acompañado a seis de ellas documentando su día a día. Han entrado en sus hogares, con sus familias, en barrios como La Polonia, El Refugio y La Ratonera. Han sido testigos silenciosos de momentos trágicos, como cuando a alguna de ellas las golpeaban y arrojaban de los coches y camiones en marcha por solicitar que se les pagara primero el servicio sexual. De los intentos de suicidio de Ángela, con tan solo 15 años, de las eternas depresiones de Camilla después de pasarse tres días seguidos consumiendo basuco, el sobrante del raspado de la cocaína, altamente adictivo y degenerativo. De la tragedia de María, la chiquis, que entró en su casa y encontró a su hermano ahorcándose y no llegó a tiempo para sostenerle los pies para que no muriera. De Gina, que accedió a colaborar en el documental si se escuchaba alguna de sus composiciones de reguetón: “Cuéntame el cuento de las niñas azules que vagan en las noches para sobrevivir / Dime si es cierto que juraron estar juntas hasta perecer / Dime si es cierto que el pacto fue roto y están esparcidas pagando castigo hasta el amanecer / Dime si es cierto que solo después de esta vida tendrán ya sus alas y recuperarán su niñez / Nos dicen azules por el color de la piel, azules mis sueños, azules mis venas, mis lágrimas también”.


Los ángeles azules son un caso único, además, porque, a diferencia de las prostitutas de la zona, ellas no tienen ni madames ni proxenetas. No hay hoteles de lujo ni turistas extranjeros. Solo hay pobreza. Los servicios sexuales los ofrecen en las cabinas de los camiones y muy raras veces van a moteles de carretera. El precio por el servicio sexual es una miseria.

Más de la mitad de estas niñas empujadas a prostituirse abandonaron sus estudios porque en las escuelas antes podían alimentarse y tenían transporte gratuito para llegar al colegio, además de asistencia. Existen culpables directos: la clase dirigente y política que ha hecho mal uso de los recursos, del dinero. Miles de millones de pesos sustraídos descaradamente del programa escolar PAE, robando así a las niñas la educación, la infancia y condenándolas a vagar por las noches como zombis, vendiendo sus pequeños cuerpos.

En los últimos años han salido ya a la luz los casos más aberrantes de esta corrupción. Hoy, son muy pocos los arrestados por estos delitos, y los que lo son, no son castigados. Se les envía a sus casas porque no son considerados peligrosos para la sociedad.

El Fiscal General de la Niñez, Mario Gómez, es el encargado de llevar esta investigación, que se ha tomado muy en serio. Hace unos días hablaba por teléfono con él desde Madrid y me confesaba la impotencia que le provoca la situación privilegiada de los culpables, pero sobre todo el dolor de ver a esas niñas cada noche en la carretera, ahora además acompañadas de muchas otras menores de origen venezolano.

Es una verdad que todo el mundo sabe, pero de la que nadie habla por miedo en este territorio de paramilitares, ahora dominado por los prestamistas.

El mensaje es alto y claro, robar los dineros destinados para los niños y las niñas, además de un delito muy lucrativo, no tiene la mínima posibilidad de ser castigado.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/03/22/planeta_futuro/1553264871_913393.html?id_externo_rsoc=TW_CC

“La gente tiene que saber que sus privilegios son a costa del sufrimiento de muchos pueblos”

La colombiana Francia Márquez, lideresa social y defensora incansable de los derechos humanos y medioambientales, expone cómo en su país se sigue asesinando a personas por oponerse al saqueo de las multinacionales. Su discurso, que nace en la esclavización que sufrieron sus ancestras, remarca que la paz aún no ha llegado a Colombia.

Francia Márquez, durante un acto en Barcelona. / fotos de Arianna Giménez Beltrán

 Esto también es Colombia: la ganadora del Premio Goldman -conocido como el Nobel Ambiental-, mujer afro y descendiente de personas esclavizadas, comparte experiencias con la comunidad colombiana en la diáspora, en Barcelona. Escuchan en silencio. Francia Márquez Mina, lideresa social y defensora incansable de los derechos humanos y medioambientales, es ejemplo de lucha, pero también del precio que ésta tiene en su país: el desplazamiento forzado o la muerte.

Márquez ha sido galardonada con este premio por su lucha contra la minería ilegal en Colombia. La hondureña Berta Cáceres y el mexicano Isidro Baldenegro también recibieron este reconocimiento por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y la tala irregular en la Sierra Madre Occidental (México), respectivamente. Ambos han sido asesinados.

A miles de kilómetros del parche -como la población colombiana llama al grupo de amistades-, los asesinatos a lideresas y líderes sociales están a la orden del día. Y es que dos años después de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el país americano está enterrando los primeros muertos de lo que podría ser un nuevo genocidio en el país.

—¿Por qué quieren acabar con ustedes? ¿Quién está detrás de esta matanza?

—A mis ancestras las esclavizaron por un modelo económico de desarrollo. Si hablamos de comercio internacional, la primera comercialización que hubo fue la de personas. Les cosificaron, quitándoles su don de seres humanos y les volvieron cosas. Hoy existe el mismo modelo, pero basado en una economía extractivista que saca recursos naturales de los territorios donde vivimos. Ya no pueden volvernos cosas, pero nos desechan igual. Para nosotros, estos territorios no son fuente de riqueza acumulativa sino de vida para las próximas generaciones y nos oponemos a la entrada de las multinacionales y a su saqueo. Por eso nos matan. En Colombia no están matando a la gente porque sí, sino porque defienden los derechos humanos y dentro de éstos, los colectivos. A la alimentación, a un ambiente sano, al agua. A vivir tranquilos. Matan o desplazan a la gente porque se enfrenta a un modelo económico de muerte -la minería, por ejemplo- que, si uno mira, es el mismo modelo económico histórico. Punto. A mí me han declarado objetivo militar por oponerme a la entrada de multinacionales en mi territorio. Nosotros hemos estado allí desde 1636, cuando llevaron a nuestros ancestros de África y, ahora, que hemos hecho comunidad y establecido relaciones en el lugar, somos un obstáculo para el desarrollo. Europa y el mundo tiene que replantearse su forma de vida. La gente tiene que dejar de consumir tanto y saber que sus privilegios son a costa del sufrimiento de muchos pueblos como el nuestro. Lo que hoy está pasando con la migración africana no es gratis: a África la han saqueado y violentado. Y, si no, uno puede preguntar ¿de dónde llegan las armas a África que ponen a la gente a matarse? ¿Cuáles son las industrias que las mueven para que la gente se mate? ¿Cuáles saquean y ponen a la gente a aguantar física hambre? Estos países que dicen ser desarrollados tienen que cambiar su lógica de ver la vida, porque de lo contrario nosotros seguiremos poniendo los muertos y ellos gozando de sus privilegios que, a veces, ni se dan cuenta que tienen.

— No es la primera vez que Europa comete un genocidio en nombre del desarrollo. Usted dice que el conflicto en Colombia no solo es cuestión de estos últimos 60 años, sino que debemos remontarnos a la época en la que los españoles invadieron América Latina.

— Este conflicto se ha degradado, pero no se puede separar del conflicto histórico. Para el pueblo afrodescendiente, el conflicto no empezó hace 60 años. Desde la colonización, cuando nos trajeron de África a América, hemos estado en medio de la violencia. La invasión de América por España y Europa, de alguna manera, generó las condiciones para que luego la gente se levantara en armas: la concentración de la tierra, la desigualdad, el racismo estructural… esas situaciones no son de ahora, empezaron durante la época colonial. Se hacen estadísticas de los líderes que están muriendo este año, olvidando los de los años anteriores. Eso me parece terrible. Se va olvidando esa memoria. Ha pasado lo mismo con la violencia histórica: la violencia que importa es la de hace 60 años, pero la violencia que vivimos como pueblos étnicos, afrocolombianos e indígenas, no. 

Ahora se habla de reparación a las víctimas del conflicto armado pero, como pueblo afrodescendiente y pueblo indígena ¿cómo va a ser la reparación?

— ¿Cómo tiene que ser esta reparación?

El primer paso es que estos países no sigan saqueando nuestros pueblos. Mostrar una fe de reparación implica, por lo menos, dejar de destruir los territorios. Son las presiones económicas que están matando a la gente. Yo no estoy pensando en una reparación económica simplemente para que me den plata y ya. La reparación tiene que llevarnos a dignificar nuestro ser, porque nos quitaron ese ser de humanos. Tiene que ser la dignidad humana y la vida digna, permitirnos vivir en condiciones dignas en los territorios a los que hemos llegado. Una reparación real tiene que permitirnos vivir en libertad como pueblos afrodescendientes, como pueblos indígenas. Permitirnos ejercer nuestra propia democracia y no una democracia impuesta basada en el discurso del desarrollo.

Francia Márquez posa al finalizar la entrevista. / Foto: Arianna Giménez Beltrán

 — Empezó su activismo con apenas 15 años, para defender el río Ovejas. Consiguieron que el Gobierno de entonces no desviara el río hacia la presa de Salvajina, lo que hubiera supuesto un gran impacto para la gente y el medioambiente. ¿Qué la llevó a decir “hasta aquí”?

— Nosotros disfrutábamos mucho del río. Era todo para nosotros y, de un momento a otro, se había construido una represa. Unión Fenosa, una empresa española, era la dueña del embalse y quería desviar el río a otra represa, la Salvajina, para aumentar su capacidad productiva. La comunidad se opuso y yo me hice parte de esa lucha. Salvajina ya nos había generado muchos impactos ambientales, culturales, económicos, de salud…y la gente dijo no. Así de sencillo. Hacíamos obras de teatro durante las reuniones y allí fui formándome, reconociéndome como una mujer afrodescendiente. Me fui empoderando y metiendo en los procesos organizativos y comunitarios. En 2014, un grupo de mujeres nos movilizamos para denunciar cómo la minería ilegal estaba destruyendo el territorio, igual que la minería inconstitucional [Márquez a menudo se refiere a la minería con este término], entendida como aquella que el Gobierno ha promovido sin consulta previa durante el conflicto armado, concediendo derechos a terceros y negando nuestros derechos ancestrales sobre el territorio. Inicialmente salimos 15 mujeres y llegamos a Bogotá 80. Nos constituimos en la Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales. Como mujeres, usamos nuestro amor maternal para así, igual que cuidamos a nuestros hijos, sacar nuestro amor para cuidar nuestro territorio para las próximas generaciones. Hoy soy parte del Proceso de Comunidades Negras nacional, que es una de las organizaciones más grandes del país y que ayudó a hacer la Ley 70 del 93, empujando el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que tenemos como pueblo afrodescendiente cada vez que un proyecto o una ley nos vaya a afectar.

— La lucha de 2014 le valió amenazas de muerte y tuvo que abandonar su tierra. Imagino que es imposible resumir o explicar en palabras lo efectos psicológicos o afectivos que usted ha sufrido por este desplazamiento…

— Son muchos: esto te cambia la vida. Uno termina dejando a veces de ser feliz, de vivir los sueños que tiene. Como persona, uno termina poniendo todo a la lucha. Cuando salí desplazada sentí que el mundo se me venía encima, que mi vida ya no tenía sentido y que todo se me estaba acabando. Tenía que seguir luchando por mis dos hijos y por una comunidad que también estaba en riesgo. No es un trabajo individual de Francia, es un trabajo colectivo que ha pasado de generación en generación. A veces he tenido frustraciones y pensar que no es posible, pero ha habido momentos en que me ha llegado mucha inspiración que me dice: “Sí, hay que seguir”. Tener esperanza ha sido importante para mí. Yo amo la lucha. Creo en la justicia para la humanidad, el territorio y el planeta. Apelo a la necesidad de aplicarla y luchar por ella. Como seres humanos hemos sido muy egoístas. Destruimos el planeta: nuestra casa. Toca que repensemos todo esto.

— Muchos colombianos y colombianas que se encuentran en la diáspora también sufren efectos psicológicos y afectivos muy fuertes –sobretodo los considerados en plano institucional como ilegales–. Estos días en Barcelona, usted ha podido hablar con algunas de ellas y de ellos. ¿Cómo se pueden tejer redes con tanta distancia de por medio?

— Hay que trabajar en la educación para la libertad, la autonomía y la vida porque la de hoy es la educación para la muerte. ¿Cuánta gente estudia para ponerse al servicio de la muerte, de las multinacionales, violentando el derecho de las comunidades? También discutimos sobre las situaciones económicas de la gente: cómo repensar alternativas al desarrollo que permitan otras economías. Salió una estrategia de articulación inicial, de empezar, al menos, a comunicarnos.

— Como desplazada por el conflicto armado, fue invitada a La Habana para dialogar con los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos y de las FARC. Actualmente, pertenece al Consejo Nacional de Paz y Convivencia que se encarga de velar por la reconciliación en el país. Con casi 400 líderes y lideresas sociales asesinadas en los dos últimos años, ¿qué está fallando de acuerdos?

—La paz no ha llegado a los territorios donde había violencia. Hay que tener muy claro que los acuerdos de La Habana se firman para la dejación del conflicto armado como un paso muy importante para la paz, pero que no son la paz en sí. La paz implica transformaciones sociales, cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, acabar con el racismo estructural. Implica terminar con ese modelo de muerte que hizo que personas se levantaran en armas. Si no se acaba con las razones por las cuales se generó el conflicto armado, difícilmente vamos a lograr un proceso de paz. Ahora, hay una mesa de diálogo con el ELN (Ejército de liberación Nacional) que no avanza, porque el nuevo Gobierno, bien de ultraderecha, se opuso. Ganó el Gobierno que dijo ‘no’ a la paz y está echando para atrás todos los acuerdos. ¿Esto qué significa? El recrudecimiento de la violencia en los territorios. Es muy preocupante porque, sobre todo a nivel internacional, se vende como que no, en Colombia ya se hizo un acuerdo de paz y ya todo está bien y la paz no es un papel. La paz son acciones de transformación de esas situaciones de violencia, de las situaciones que generaron la violencia. Estuve en el Parlamento Vasco hablando de esto con su presidenta y estaba como “¿en serio? ¿Colombia no está en paz? ¿Yo pensaba que ustedes ya estaban en paz?” [exagera el tono pero no es de burla, más bien de sorpresa]. Me pareció muy ridículo porque la paz no se hace con la firma de un acuerdo, la paz implica acciones concretas. Y esas acciones son las que este Gobierno nuevo está echando para atrás.

— Si los acuerdos no garantizan la paz en los territorios ni el cese de la violencia sobre las comunidades, ¿quién garantiza la vida de estas personas?

— Ustedes tienen que ayudar a que el Gobierno asuma la implementación de los acuerdos y genere condiciones de transformación que permitan avanzar hacia una paz real. Necesitamos una paz para vivir tranquilos, no para seguir generando empobrecimiento de la gente y despojo de las tierras. La comunidad internacional puede jugar un papel importante: en cómo la paz se consolida en la justicia social y en garantías reales para las comunidades. Y sostener los acuerdos de La Habana es importante: que no haya un actor armado dándose plomo en nuestros territorios es un avance muy importante.

España también forma parte de este despiste y silencio internacional al que apunta Márquez. Desde su llegada a la Casa Nariño en agosto, dos representantes políticos tan distantes -al menos en apariencia- como Pedro Sánchez y José María Aznar han visitado al nuevo presidente colombiano Iván Duque. Ambos ven en él un garante para la paz. Nada más lejos de la realidad. Desde su llegada, los asesinatos a lideresas y líderes sociales se han disparado (sobre todo en el Cauca, territorio de donde ella viene) y su mentor, Álvaro Uribe, lideró la campaña por el no a los acuerdos en 2016. A Uribe se le relaciona desde hace tiempo con el paramilitarismo, el narcotráfico, los asesinatos selectivos, los falsos positivos y la corrupción. Las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, las primeras después de la firma de los acuerdos, han supuesto la vuelta del uribismo al poder. También la participación de Márquez por primera vez en la política institucional. Dice que nunca ha creído mucho en ella y que no tenía interés en convertirse en “una politiquera”. Lo hizo de la mano del partido Colombia Humana, con Gustavo Petro.

— Muchos se ilusionaron con Colombia Humana, pero el cambio no fue posible. Aún así algo se ha movido en la sociedad colombiana. ¿Se ha plantado una semilla en estos últimos meses?

— Sí, sin duda. Yo creo que se está generando un cambio. Nunca antes un Gobierno progresista había sacado más de tres millones de votos en Colombia. La derecha siempre había sacado muchos votos y siempre había estado ahí. Esta vez le tocó usar muchas mentiras y engaños [durante su campaña, se acusó al Centro Democrático de lanzar fakenews]. Sin embargo, yo creo que la gente no está comiendo cuento. Hay un movimiento que está pensando en una alternativa al desarrollo, luchando por el medio ambiente, por unas condiciones dignas, frente a esas situaciones de inequidad que ha generado una diligencia política que ha estado allí por 200 y pico de años. Colombia Humana perdió, pero hay un movimiento político y alternativo que está creciendo. El uribismo también se valió de una ignorancia política que han sembrado por muchos años para que la gente no piense en un cambio. Ese cambio va a llegar.

— Durante los años de esclavitud, sus ancestras dibujaban con tropas -trenzas delgadas pegadas al cuero cabelludo- mapas que mostraban cómo escapar de las haciendas esclavistas. Eran los mapas de fuga, un código oculto que permitía huir a los esclavos. ¿Cómo dibujaría usted el mapa de fuga hoy en Colombia?

— No creo que hoy haya un mapa de fuga. Al contrario: estamos haciendo resistencia para permanecer en los territorios. El territorio es esencial para hacer comunidad afrocolombiana. Hacemos parte de Colombia. Hemos construido y apostado por este país y lo único que queremos es vivir dignamente y tranquilos de una vez, pero el racismo estructural no lo permite. Estamos resistiendo con toda la fuerza para que nos permitan ejercer gobierno propio, autonomía y pensar en el buen vivir. A veces poniendo el cuerpo. A veces, el alma y el espíritu. Nos posicionamos en un espacio que no fue regalado, que le costó a las ancestras y ancestros muchos años de sufrimiento y de trabajo. En ese sentido, seguimos pariendo la libertad de nuestro pueblo.

 Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2018/12/francia-marquez/