CETA: quiénes ganan con el acuerdo UE-Canadá

El día 21 tendrán lugar decenas de manifestaciones en varios países europeos contra el acuerdo comercial con Canadá. 3,5 millones de personas entregaron sus firmas para detener este tratado y el TTIP. El empeño de los lobbies de las multinacionales y su colaboración con la Comisión Europea de la época de Durao Barroso ha sido clave para que el acuerdo siga su camino. 

Donald Tusk, Justin Trudeau y Jean Claude Juncker, en la cumbre Canadá-UE de octubre de 2016. / European external action

Morcillas de Burgos hechas en Vancouver, pimientos del Padrón de la ribera del río Hudson o chorizos de Cantimpalos producidos en Oaxaca. El 24 de enero, la comisión de Comercio del Parlamento Europeo vota el tratado de inversiones con Canadá (CETA), y a principios de febrero será el pleno de la Eurocámara la que vote sí o no –sin posibilidad de enmiendas– la aprobación del texto. A partir de entonces, con su entrada en vigor –que será provisional a falta de la ratificación de los Parlamentos nacionales de la UE–, estará más cerca la conversión de un buen número de denominaciones de origen (hasta 219 en el caso de las denominaciones reconocidas por la legislación española) en papel mojado.

Negociado entre 2009 y 2014, el CETA ha pasado bajo los radares de la opinión pública hasta fechas recientes. Las movilizaciones contra la firma del acuerdo, asociadas al rechazo al TTIP, han tenido efecto en 2015 y en 2016 hasta casi tumbar el proyecto merced a la resistencia de uno de los parlamentos más informados sobre qué supondrá el CETA para las sociedades europeas, la cámara de representantes de Valonia.

Pese a que este Estado belga mantiene sus reticencias, la Comisión Europea consiguió vadear ese obstáculo. Para evitarlo, la sociedad civil ha convocado mañana sábado 21 distintas manifestaciones en toda Europa. Su aval, el hecho de que más de 3,5 millones de personas hayan firmado contra el acuerdo. La cita en España es en más de 20 ciudades. Bélgica, Alemania, Italia y Francia se suman a la cita.

Los individuos que crearon el CETADe los 26 comisarios salientes de la Comisión Europea que negoció el tratado, nueve trabajan hoy en el sector privado. Los nombres de Viviane Reding, Karel de Gutch o del expresidente Durao Barroso se asocian a las empresas líderes de los sectores que saldrán beneficiados por el acuerdo. Goldman Sachs (Barroso), CVC y Merit Capital (de Gutch) o la minera Nyrstar (Reading) son los nuevos pagadores de tres de los principales artífices del CETA.

Pero las puertas giratorias también funcionan al revés (por eso son giratorias). El caso de Eoin O'Malley, que actualmente trabaja en la dirección de comercio de la Comisión Europea, es uno de los que ha denunciado públicamente el observatorio CEO, radicado en Bruselas. O’Malley fue consejero senior de BussinessEurope, la principal patronal europea, donde se encuentran, entre otras la española CEOE.
Como señala Luis Rico, de Ecologistas en Acción, las negociaciones con Canadá se produjeron durante la presidencia de Stephen Harper, “que representa el ala neoliberal conservadora” del país norteamericano. Harper recibió la lista de deseos de las grandes empresas y su ministro de Comercio, Peter Van Loan, fue más allá y se reunió con las cámaras de comercio del país para asegurarse que sus demandas estaban bien representadas. Hoy Harper trabaja de consultor experto para algunas de las mayores multinacionales del mundo.

CERT, ESF, Bussiness Europe, los impulsores colectivosBussiness Europe, The Canada Europe Roundtable for Business (CERT) y el European Services Forum (ESF) han sido los muñidores del acuerdo con Canadá. De sus equipos de abogados y sus informes proceden algunas de las disposiciones más polémicas del tratado.

BussinessEurope, que asegura representar a 20 millones de empresas de 34 países, es un vehículo de las grandes patronales que ha ejercido como lobby en las negociaciones y a la que se le achaca la estrategia de comercio seguida por la Comisión Europea. Su presidenta es la italiana Emma Marcegaglia, procedente de una de las familias italianas del acero, que utilizó, según el medio Il Fatto Quotidiano, la fiscalidad irlandesa y de Luxemburgo para eludir al fisco italiano.

La organización de la sociedad civil The Council of Canadians estima que BusinessEurope “es famosa por haber escrito casi toda la estrategia de crecimiento de 2006 de Global Europe dirigida por las exportaciones, que incluye un agresivo impulso para firmar acuerdos de libre comercio con países en desarrollo y mercados clave”.

"BusinessEurope y otros grupos industriales son regularmente invitados a reuniones exclusivas, donde se les da acceso a información sensible sobre las negociaciones comerciales en curso, información que se retiene de los grupos de interés público".

Lora Verheecke, de CEO, recuerda que ESF ha sido la responsable de que CETA incluya la “lista negativa”; esta lista implicará que todos los servicios estarán sujetos a la liberalización, a menos que se haga una excepción explícita. Es la primera vez que la UE incluye una disposición de este tipo en sus tratados de comercio.

La lista negativa es una medida que ESF ha perseguido desde hace muchos años. Como señala Verheecke, “la relación entre ESF y la Comisión es muy cercana”. Así lo expresó Michel Servoz, antiguo cargo de la dirección de Comercio, hoy en la dirección general de Empleo de la Comisión Europea. Para ésta, dijo Servoz “la contribución de ESF es totalmente decisiva. Los necesitamos a perpetuidad”.

ESF, especifica Serlinda Vigara, de Ecologistas en Acción, representa más de 30 servicios en diferentes sectores como los servicios  audiovisuales (Unión Europea de Radiodifusión), el agua y la  electricidad (Veolia Environment), las finanzas y los seguros  (Deutschland AG, Lloyd's de Londres) o las telecomunicaciones (France Telecom, Vodafone), y jugó su papel "presionando al Gobierno de Valonia para que votara a favor del CETA".Junto con la lista negativa y la cooperación regulatoria, el gran triunfo de los lobbies de las grandes multinacionales en el texto final del CETA es la inclusión del sistema de tribunal de inversiones (ICS). Conocido como ISDS en otros tratados, de ser aprobado el CETA, el ICS permitirá hacer vinculantes los mecanismos que permiten demandar a los Gobiernos “si consideran que los cambios políticos introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los concebidos para proteger la salud, el medioambiente o la estabilidad económica– afectan a los beneficios privados de las multinacionales”.

Las mineras salen ganandoLas empresas mineras canadienses, las primeras del mundo, han sido muy activas en su trabajo de lobby dentro del CERT. "Seguramente, el aspecto más significativo del CETA para las empresas mineras de ambos lados del Atlántico es la inclusión de una disposición inversor-Estado", ha publicado Mineweb, el portal de las empresas mineras.

Otra web del sector minero –Minning– se congratulaba recientemente de la firma del acuerdo en relación al paso que supondrá para la introducción de las arenas bituminosas, un tipo de extracción de petróleo mediante minería a cielo abierto. Las petroleras canadienses y europeas, Repsol entre ellas, han presionado para diluir la Directiva sobre calidad de los combustibles, prevista en un inicio para garantizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en función de los objetivos de lucha contra el cambio climático.
El lobby minero no fue el único en intervenir en la redacción del tratado, ni siquiera ha sido el que más ha gastado. La dirección de comercio de la Comisión ha recibido las visitas de la industria agroalimentaria, la de servicios financieros, las farmacéuticas o el sector del automóvil.

La industria farmacéutica, el sector agroindustrialPotencialmente, el capítulo más costoso de CETA para la administración canadiense es sobre los derechos de propiedad intelectual, según Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción: "El CETA aumentaría el costo de los medicamentos recetados en Canadá en cientos de millones de dólares al año y es evidente que el sector farmacéutico tiene vastos intereses en el acuerdo. Una parte considerable del proyecto de ley C-30 de Canadá, una legislación por ratificar antes del CETA, trata de los cambios en el régimen de patentes de Canadá en respuesta a las demandas de la UE y sus farmacéuticas".

El papel de la agroindustria ha convertido la agricultura en uno de los sectores que se verán más afectados si el Parlamento ratifica de forma provisional el CETA. Lucía Bárcena, de la campaña estatal No al TTIP, explica que una vez entre en vigor el tratado “cualquier regulación en relación a la agroindustria podrá ser revisada en cualquier momento al ser un ‘acuerdo vivo’ –según aparece en el capítulo sobre Cooperación Reguladora– “es decir un proyecto en permanente revisión de las legislaciones actuales o futuras en ámbitos como Sanidad y Fitosanitarios”.

Las consecuencias, la presión que Canadá va a ejercer en contra del principio de precaución que funciona en la Unión Europea y se basa en riesgos que los países norteamericanos no incluyen en su regulación de la agroindustria y la ganadería, como el uso de hormonas y antibióticos o de promotores del crecimiento.
El CETA, dice Bárcena, supondrá que “la concentración de la agroindustria ganadera en Norteamérica obligará a la concentración de la agroindustria ganadera en la UE, con grandes desventajas para las cooperativas, los productores ganaderos y consumidores”. La Asociación Candiense de Ganado (CCA) y Cargill y JBS las grandes multinacionales del empaquetado de carne (controlan el 90% del sector) serán las grandes beneficiadas de la apertura del mercado europeo a los productos norteamericanos.

En este proceso se verán arrastradas las denominaciones de origen. El precedente del tratado Nafta, entre EE UU, México y Canadá y que vinculará al CETA a multinacionales de los otros dos países norteamericanos, ha puesto en evidencia cómo se eliminan las barreras de etiquetado con el argumento de que con las etiquetas se imponen barreras al comercio. Canadá ha aceptado 145 indicaciones prioritarias de la UE de las cuales, 27 de ellas son españolas. “Ahora bien”, recuerda Bárcena “España produce 246 productos con denominación de origen”. De entre esos 246 productos, unos cuantos pueden comenzar a ser producidos en otras regiones. Morcilla de Toronto, Jerez de Wisconsin o Pimientos de Sillicon Valley, entre las posibilidades.



Fuente:  https://www.diagonalperiodico.net/panorama/32727-ceta-quienes-ganan-con-acuerdo-ue-canada.html

La izquierda escocesa plantea una agenda radical tras el Brexit

La Radical Independence Campaign reunió a organizaciones sociales y políticas escocesas un año después del referéndum que mostró la pujanza del movimiento a favor de la independencia del Reino Unido. 

Conferencia por la independencia en Glasgow. Foto con copyright. / Craig MacLean

 El sábado 1 de octubre de 2016 se celebró en Glasgow la primera gran conferencia por la independencia que tras el Brexit organiza la plataforma no partidista Radical Independence Campaign (RIC). El evento, que reunió a una importante facción de la izquierda del país, dio cita a diversos partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales escoceses y europeos con el propósito de discutir, debatir y planificar acciones comunes en el actual contexto de crisis del Estado británico y Europa.

Escocia ha sido por mucho tiempo un bastión de votos para el Partido Laborista. Solo muy recientemente –por primera vez en 2007–, los socialdemócratas independentistas del Scottish National Party (SNP) superaron en votos al Labour Party en elecciones al Parlamento Escocés. Desde el año 1964 y hasta el 7 de mayo de 2015, nunca los laboristas habían dejado de ser la fuerza más votada de Escocia en unas elecciones generales británicas.

Sin embargo, el sumatorio de fuerzas socialdemócratas –asumiendo el sesgo que impone la vaguedad del término–, contrasta claramente con el retroceso electoral generalizado de la socialdemocracia europea, tantas veces ya revisada y adaptada a los tiempos neoliberales desde que el Programa de Gotha viera la luz. Hoy, de incluir a los seisdiputados del Partido Verde, un total de 93 asientos de los 129 del Parlamento escocés están ocupados por miembros de partidos de corte socialdemócrata.

Según Cat Boyd, activista sindical y militante de la coalición de partidos RISE, la emergencia de un movimiento independentista en Escocia no se debe al SNP, sino a un país que ha estado durante mucho tiempo conducido por el Partido Laborista y sigue viendo cómo las privatizaciones avanzan. Boyd señala que el deseo de una Escocia independiente de Westminster tiene más que ver con decidir entre que “los bancos pertenezcan a la gente o que la gente pertenezca a los bancos”. Una oportunidad, en opinión de Boyd, para encender una luz democrática en un momento de oscuridad.

Eulalia Reguant, militante de las CUP, había abierto la jornada comentando la situación política en Cataluña. También coincide en que este tipo de procesos suponen “una oportunidad para poner a la gente en el centro del debate y romper con las estructuras basadas en las relaciones económicas actuales”.

Al mismo tiempo, una de las oposiciones semánticas que la plataforma RIC pretende establecer al añadir la palabra “radical” en la campaña por la independencia es la de repensar e introducir políticas de justicia social asociadas al movimiento de una manera mucho más profunda y decidida. En los últimos años, la emergencia del SNP –presentes en la convención–, no ha venido de la mano de políticas sociales a la altura de lo esperado por algunos. Es por esto que, aunque tibiamente de cara a la opinión pública, off the record se dejan caer críticas al SNP por la poca profundidad de la agenda social y por su débil cuestionamiento al establishment en los últimos años.

También estuvieron representados en la convención movimientos no independentistas. Momentum (London), que surgió como muestra de apoyo a Jeremy Corbyn ha conseguido movilizar a una parte importante del Partido Laborista en sus aspiraciones de devolver al partido a una agenda por la desprivatización, la clase trabajadora y la democratización interna. Quizá, todo ello, con la esperanza de recuperar el apoyo perdido en los últimos años.

Cuestiones más marcadamente de clase fueron discutidas por Gordon Martin, del sindicato nacional de transportes (RNT), que aprovechó para criticar a una mayoría de políticos más preocupados por representar a los consejos de administración de las empresas que a los intereses de los trabajadores.

La iniciativa, haciéndose eco de múltiples problemáticas sociales estructurales y/o emergentes, reunió también a diferentes representantes de movimientos sociales europeos. Grainne Griffin, de Repeal the 8th, intervino para pedir apoyo en la campaña por la abolición de la octava enmienda de la Constitución de la República de Irlanda, que prohíbe el aborto. Malika Salaun, del PIR movement, trató el tema del racismo y la estigmatización que diversos colectivos inmigrantes sufren en Francia. También intervino Aamer Anwar, abogado pro derechos humanos, para explicar algunos casos de violencia policial y abuso de poder por parte de las instituciones.

La conferencia, primera desde que se produjera el referéndum británico por el Brexit, apela a la diversidad para construir un movimiento transformador que comparta de manera radical una agenda de justicia social para Escocia, en un contexto político marcado por la hegemonía del SNP, pero integrado por una enorme variedad de aspiraciones políticas en forma de partidos, coaliciones y movimientos sociales.


Fuente:  https://www.diagonalperiodico.net/global/31768-la-izquierda-escocesa-debate.html