El testimonio de los muertos

foto: Zahara Gómez Lucini

 ... A raíz de la guerra contra el narcotráfico, México camina sobre fosas comunes: se calculan más de 250.000 asesinatos y alrededor de 60.000 desaparecidos. En un contexto de violenca e impunidad extrema, la vieja exclusividad de la práctica e investigación forense ha sido expropiada al Estado y devenido en una forma de activismo legal. La imagen de la lucha contra la barbarie la forman esas madres y esos padres y antropólogos físicos que salen a explorar el desierto juntos, como improvisados peritos, durante extensísimas jornadas.

   Son cientos los familiares de víctimas que se han visto obligados a convertirse en forenses autodidactas para poder identificar los cuerpos de los sacrificados del siglo XXI. Colectivos de buscadores recorren con palas y picos los campos de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua o Coahuila ante la omisión o la complicidad del Estado con los perpetradores. Esas mujeres y hombres han aprendido a crear bases de datos para clasificar a los familiares desaparecidos; a dibujar en sus cuadernos tatuajes, vestimentas u otras señas particulares que faciliten la identificación. A usar "ante mortem",  "post mortem", "exhumación y una batería de tecnicismos propios del lenguaje forense que antropólogos han compartido con ellos.

   España está muy lejos de ser ejemplar en este terreno. A partir de la transición democrática, son numerosos los testimonios de víctimas y familiares que han permitido localizar los restos de miles de republicanos asesinados, "paseados" y desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Según datos del Ministerios de Justicia, se han hallado casi 2.600 fosas comunes y se ha exhumado alrededor de 120.000 restos de víctimas en todo el territorio español. Los cálculos de las asociaciones de Memoria Histórica apuntan que los restos sin identificar podrían ser el doble porque los datos no se ha actualizado desde el año 2011.

Fosas del franquismo https://desmemoria.eldiario.es/mapa-fosas/

    El informe de Francisco Etxeberria, un arqueólogo forense que desde hace algunos años encabeza una investigación sobre las fosas franquistas en colaboración con un grupo de expertos, es desolador. El mapeo de las fosas muestra la magnitud del número de víctimas y la dificultad de recuperar cientos de cuerpos no solo enterrados en montes, descampados o cunetas de difícil acceso, sino también bajo lugares que hoy se han convertido en carreteras o urbanizaciones. En casi veinte años, en España solo se han abierto 740 fosas de la Guerra Civil y la dictadura. Etxeberria calcula que, con algo de voluntad política, en los próximos años se podrían localizar hasta 25.000 cadáveres para identificarlos. 

   La política de olvido ha hecho mella en una sociedad a la que no parece importarle demasiado que las exhumaciones sean convenientemente lentas y se posterguen cada vez que la derecha vuelve al poder. En la que se alza a la vista de todos el Valle de los Caídos, un monumento que se sustenta -literalmente pisa encima- de cuerpos de hombres y mujeres sin reconocer....

Enrique Díaz Álvarez

La palabra que aparece

El testimonio como acto de supervivencia

La huida de Juan Carlos encadena tres generaciones seguidas de Borbones fuera de España

Lausanne (Suiza), Marzo 1969.- Juan de Borbón y Juan Carlos pasean por "Villa Fontaine", residencia de la reina Victoria Eugenia, que se encontraba enferma.

Nació en el exilio en la Italia fascista de Benito Mussolini. Y afronta el ocaso de su vida huyendo de la justicia española. El rey emérito, Juan Carlos I (Roma, 1938), es hijo y nieto de Borbones que vivieron fuera de España. Su abuelo, Alfonso XIII, abandonó España mientras se proclamaba la Segunda República, en abril de 1931, después de haber apadrinado, a la manera italiana –como hizo Víctor Manuel con Mussolini– la dictadura de Primo de Rivera –1923-1930–. Alfonso huyó en su coche hasta Cartagena en la noche del 14 al 15 de abril, y de allí partió hacia Marsella para concluir su huida en París.

De aquella época se atribuye al escritor Ramón María del Valle Inclán la siguiente frase: “Los españoles han echado al último Borbón, no por rey, sino por ladrón”.

Su padre, Alfonso XII, ya había accedido al trono a finales de 1874 proveniente del exilio al que recurrió su madre, la reina Isabel II, cuando estalló la Revolución Gloriosa de 1868 –que alumbró el Gobierno Provisional (1868-1871), la monarquía de Amadeo de Saboya (1871-1873) y la I República (1873-1874), liquidada por el golpe de estado del general Pavía–. Previamente, entre 1808 y 1814, otro Borbón, Fernando VII, abandonó España, en este caso a consecuencia de la invasión napoleónica.

Sin embargo, Alfonso XIII acabó sus últimos años de vida en Roma, donde su hijo Juan tuvo a Juan Carlos dos años después del inicio de la Guerra Civil española. Y fue así no sólo por la huida de Alfonso de una España que se había hecho republicana, sino porque Franco tampoco quiso la ayuda de los Borbones en la Guerra Civil: el 1 de agosto de 1936 el general Mola despachó a un Juan de Borbón, que había cruzado la frontera francesa con camisa azul para ponerse al servicio de los golpistas.

Pero no le querían: el futuro "caudillo de España por la gracia de Dios" no estaba dispuesto a compartir el poder con un linaje que llevaba ocupando la monarquía española desde la guerra de sucesión (1701-1713).

Alfonso XIII murió en Roma a principios de 1941, cuando su nieto Juan Carlos tenía tres años, y fue el momento en el que Juan se trasladó a Lausana, donde proclamó, después de que el final de la Guerra Civil desembocara en una dictadura en la que Franco no había reservado ningún papel para los Borbones, su aspiración de volver a España como rey, algo que nunca ocurrió: Franco logró que saltara el orden dinástico en favor el ahora huido Juan Carlos I. Las gestiones borbónicas con la Alemania nazi y la Italia fascista habían resultado estériles.

En 1944, como recordaba La Vanguardia, Francisco Franco le decía lo siguiente a Juan de Borbón, instalado en Lausana: "a) La Monarquía abandonó en 1931 el poder a la República. b) Nosotros nos levantamos contra una situación republicana. c) Nuestro Movimiento no tuvo significación monárquica, sino española y católica, d) Mola dejó claramente establecido que el Movimiento no era monárquico (...) Por lo tanto, el Régimen no derrocó a la Monarquía ni está obligado a su restablecimiento". Cuatro años después, en 1948, Juan de Borbón pactaba con Franco que su hijo Juan Carlos se instalara en España.

Lausana, Suiza, un paraíso fiscal: allí fue donde Juan de Borbón, quien posteriormente renunciaría a a sus derechos dinásticos, abrió una cuenta que legó a su hijo Juan Carlos con 375 millones de pesetas. Según reveló el diario El Mundo, el conde de Barcelona dejó a sus hijos bienes y fondos por un valor de 1.100 millones de pesetas tras su muerte, el 1 de abril de 1993. La mayor parte de ese patrimonio se encontraba en tres cuentas en Suiza, dos en Lausanne y una en Ginebra. En ellas había fondos depositados por un valor de 728,75 millones de pesetas, que al cambio actual, y aplicando el IPC de estos últimos 20 años, serían unos 7,85 millones de euros. A esa cantidad se sumaría un patrimonio inmobiliario cercano a los 350 millones de pesetas, entre el que destacan el chalet familiar de Puerta de Hierro en Madrid, un edificio en la Gran Vía de la capital y un apartamento en la ciudad portuguesa de Estoril.

Tal y como afirmaba El Mundo, el grueso de las cantidades depositados en las cuentas suizas de Juan de Borbón acabó en manos del rey. En concreto, unos 375 millones de pesetas. Juan Carlos de Borbón los recibió a través de tres cheques que fueron ingresados el 21 de octubre de 1993, momento en el que se procedió al reparto de la herencia, en la cuenta 10.031 de Sogenal –Société Générale Alsacienne de Banque–, de Ginebra.

Buena parte de los fondos que recibió el rey procedían de una de las cuentas de Lausanne denominada en el testamento "cuenta de usufructo". Esta cuenta, de la Société de Banques Suisse, fue parcialmente vaciada, pero siguió abierta con un saldo de 24 millones de pesetas. Los albaceas recomendaron al rey y sus hermanas, que recibieron 172 y 131 millones cada una, que no repatriaran la fortuna para no levantar sospechas sobre el patrimonio del conde de Barcelona, de quien siempre se dijo que no contaba con importantes bienes.

Unos dineros opacos en cuentas secretas en lugares donde casi no se pagan impuestos que son los que han terminado de acorralar al emérito: el anuncio de su marcha se produce, precisamente, en plena investigación judicial de las finanzas de Juan Carlos.

Si algo aprende un rey en el exilio es que sólo tiene una misión en la vida: conservar el trono. Juan de Borbón lo aprendió en Roma, en Lausana y en Estoril, donde instaló la corte con la que empezó a conspirar tras abandonar Lausana. Y, como lo aprendió, cedió los derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos, como lo había hecho Alfonso con él meses antes de morir. Está en el ADN de quien aspira a monarca.

Ahora, Juan Carlos sigue los pasos de su padre y de su abuelo. Al contrario que su padre, parece que consiguió amasar una fortuna para sufragar varios exilios. Como su padre, está tomando una decisión que pretende despegar su caso de la corona de su hijo para, así, preservar la primera misión de un rey: preservar el trono. Y, durante un tiempo, la jugada salió bien: el 23F le dio a Juan Carlos una legitimidad que no tenía después de haber jurado los principios fundamentales del régimen franquista en 1969; España parecía más juancarlista que monárquica, y los principales partidos del régimen del 78, PSOE y PP, apuntalaban a un jefe del Estado hasta el punto de acordar su abdicación en el verano de 2014 cuando su situación ya era insostenible.

Juan de Borbón regresó a España en 1963, después de 32 años. La huida de Juan Carlos seis años después de entregar la corona a su hijo encadena tres generaciones seguidas de Borbones fuera de España, con la incógnita de si, como su padre, volverá a pisar suelo español. O, como su abuelo, no llegará a hacerlo.

Felipe saluda al dictador en el pazo de Meirás, aún propiedad de la Fundación Francisco Franco, en julio de 1975, dos meses antes de que Franco firmara las últimas sentencias de muerte antes de fallecer. EFE

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/huida-juan-carlos-encadena-tres-generaciones-seguidas-borbones-fuera-espana_1_6145892.html

Los restos de Franco

El 10 de junio de 1971 el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón y el general Francisco Franco atendieron a una celebración en Madrid. Credit Dsk/Agence France-Presse — Getty Images

  Cuando murió, hace casi 43 años, el generalísimo Francisco Franco tenía a su lado la mano momificada de una monja. La monja —escritora y fundadora de conventos, mística exaltada— había muerto en 1582. Se llamaba Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada; después se bautizó como Teresa de Jesús, y así siguieron llamándola cuando la declararon santa. En estos cuatro siglos su mano incorrupta y adorada soportó variadas peripecias; ninguna tan dura como su requisa por los republicanos durante la Guerra Civil española; ninguna tan celebrada como su recuperación por la “Cruzada Nacional”. Tanto que Franco, su jefe, se la quedó y, muchos años después, le pidió su protección para morirse. Su muerte fue el principio de la España actual; ahora, esta España discute su cadáver.

Hay culturas donde ciertos muertos siguen muy vivos: la variante católica de eso que llamamos Occidente, con sus santos y sus reliquias y sus iglesias construidas para conservarlas, es un ejemplo claro. El cadáver de Francisco Franco se ha pasado estas décadas en un templo monstruoso que su régimen obligó a construir a sus prisioneros de guerra: la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid, es una gran fosa común donde yacen más de 33.000 cuerpos, tan mezclados en la construcción que no hay forma —dicen— de individualizarlos.

La tumba del dictador Francisco Franco está de momento en la basílica del Valle de los Caídos en el Escorial. Credit Andrea Comas/Associated Press

El cadáver de Franco no tuvo ese problema: lo hizo enterrar frente al altar su heredero, el entonces rey Juan Carlos, al día siguiente de su coronación, y ninguno de los presidentes democráticos osó o quiso moverlo. Hasta que, la semana pasada, este gobierno imprevisto del socialista Pedro Sánchez promulgó un decreto-ley para sacar sus restos de esa tumba de Estado. Y entonces la sombra del dictador volvió a ensañarse con España.

Su vida y su obra y sus asesinatos volvieron a la escena. Unos 700 militares —mayormente retirados— firmaron una carta defendiéndolo y un general Manuel Fernández-Monzón, exjefe de la policía municipal madrileña bajo el Partido Popular, recorrió las televisiones explicando que su sublevación de 1936 fue necesaria porque los rojos amenazaban con instalar el comunismo. Las asociaciones por la Memoria Histórica recordaron sus más de 100.000 víctimas. El Partido Popular dijo que “este asunto (la exhumación) no va con la España de 2018 ni con el Partido Popular”; el partido Ciudadanos, que “no es urgente”; la Iglesia católica, que “acatará el mandato legal”. Y Pedro Sánchez, este martes, en un avión entre Chile y Bolivia, que la cuestión está resultando “más compleja” que lo que había imaginado.

Se discute por qué el Partido Socialista (PSOE), tras gobernar España veinte años de los últimos cuarenta, se acuerda ahora de transplantar ese cadáver. Algunos dicen que quiere dar un golpe de efecto: que, con un apoyo parlamentario muy débil, no puede tomar medidas estructurales y debe intentar estas movidas. Otros suponen que está cumpliendo con un reclamo de otras fuerzas de izquierda, con las que ahora debe aliarse. No queda claro si, más allá del símbolo, tienen alguna intención de revisar lo simbolizado.

Los restos de Franco no son solo sus huesos en una tumba benedictina. Se ha hablado tanto de la transición hispana hacia la democracia como un éxito institucional modélico; se ha hablado muy poco del modelo económico y social que esa transición mantuvo y que fue el que Franco y los suyos organizaron durante sus cuarenta años de poder. Y muy poco, también, de la monarquía que Franco instaló para sucederlo. Un tuit que circula en estos días resulta, de puro impertinente, pertinente: sobre un retrato del rey actual, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, con ceño adusto y uniforme militar, el título dice “Exclusiva: fotografía de los restos de Franco”.

Pero la monarquía es un tabú: en todos estos años nadie se atrevió a debatirla. Últimamente se ha impuesto la política del avestruz: el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), encuestadora que depende de la Presidencia del Gobierno, lleva tres años sin hacer la pregunta con que medía la opinión de los ciudadanos sobre la monarquía y el monarca. Y los partidos evitan con esmero meterse con el tema.

Hasta que, hace unos días, la dirección de Unidos Podemos —el aliado que los socialistas necesitan para aprobar sus leyes en el Parlamento— hizo saber que pediría la comparecencia del “rey emérito” Juan Carlos para preguntarle por ciertos negocios oscuros que revelaron, antes del verano, unos audios de su “amiga especial”, la alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Sería absolutamente inédito que el rey o exrey o todavía algo rey y sin dudas padre del rey tuviera que dar explicaciones como cualquier ciudadano. Y que sus actos y su condición puedan ser revisados: solo la corrupción podía conseguirlo.

Que un señor haya sido nombrado por un dictador para ser jefe de Estado inamovible y hereditario, que un señor tenga todo tipo de privilegios de cuna en una sociedad donde nadie debería tenerlos es materia opinable. Algunos pueden estar en contra, otros a favor. Y, con gran coherencia, los que están en contra prefieren no discutirlo para no ponerse en contra a los que están a favor. En cambio, si ese señor cobró sobornos de un país o una corporación para favorecerlos, su infracción sería indiscutible.

El rey Felipe VI de España, junto a su padre, Juan Carlos, en febrero de 2018 Credit Emilio Naranjo/European Pressphoto Agency

Para eso sirve, entre otras cosas, la corrupción: frente a la desorientación política contemporánea, ofrece líneas claras, límites precisos. Ya no se trata de debatir si es justo que alguien sea jefe de un Estado porque es hijo de su papá, o si un punto menos en el presupuesto de salud deja a millones sin atención médica, o quién debe aportar esos dineros; los hechos de corrupción son delitos tipificados por la ley, que no dependen de las opiniones de cada quien, que producen —se supone— un acuerdo inmediato e incuestionable. Y, así, están sirviendo para encauzar la política en la mayoría de nuestros países.

Así fue como el PSOE accedió al gobierno en España; así, como el Partido de los Trabajadores lo perdió en Brasil y el PRI en México; así, como el kirchnerismo quedó groggy en la Argentina. La corrupción se ha transformado en el actor político decisivo: se reduce el debate a una cuestión policial, se insiste en que “no es de izquierda ni de derecha” y que “no tiene ideología”, como si lanzarse a ganar mucho dinero haciendo trampas no fuera una decisión ideológica profunda.

Pero su fuerza tiene un flanco débil: en las crisis económicas como la que —casi siempre— sacude a la Argentina, por ejemplo, muchos ciudadanos dejan de pensar que la corrupción es lo peor. Allí, en medio de las revelaciones más espectaculares de la corruptela kirchnerista, una encuesta lo planteó en los términos más crudos: “¿Preferiría que termine la corrupción o que mejore la situación económica?”. El 51 por ciento eligió el fin de la corrupción; el 46, la mejora económica. En general, preferían la mejora económica los votantes más pobres —los más afectados por la crisis—. Con lo cual la pelea contra la corrupción se transformaría, en ciertos casos, en otro privilegio de los prósperos.

Un grupo de protestantes marcharon en Buenos Aires el 21 de agosto contra la inmunidad a la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Credit Marcos Brindicci/Reuters

Es un problema. Para que la corrupción termine de ocupar el centro absoluto de la escena deben convencernos de que es la causa de esas dificultades económicas. Ya lo intentan. Empiezan a aparecer cifras, siempre muy hipotéticas, que tratan de mostrarlo. Y el presidente argentino, Mauricio Macri, lo dijo en Tucumán, con su oratoria escueta: “Toda la plata de la corrupción explica las cosas que nos faltan”. Si esa idea se impusiera, no solo podríamos prescindir de las opciones políticas; tampoco sería necesario discutir el orden económico, porque la corruptela también explicaría la pobreza y sus efectos.

A veces las causas más legítimas se usan para ocultar otras. A veces tratan de convencernos de que los restos de un dictador son solo un paquete de huesos. A veces, de que la razón del fracaso de un orden social son sus errores, sus excesos, sus delitos. En nuestras sociedades, injustas, desiguales, la corrupción es un problema grave; suponer que es el problema principal es la mejor manera de no solucionar los más estructurales.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2018/08/31/opinion-caparros-restos-franco/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=1&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage

¿Quién soy en realidad?

Decenas de miles de bebés en España fueron sustraídos furtivamente de las maternidades y entregados en adopción a familias acaudaladas. Ahora, muchas de estas personas exigen al Estado que tome medidas para descubrir la verdad

A la izquierda, Paloma Pérez Calleja, fue robada a su madre cuando nació.  A su lado, Marga Pérez, cuyo hijo fue robado, en 1981, por Sor María, en la Maternidad de Santa Cristina.
Manolo Finish

 No hay legado en España que encierre más sufrimiento y vergüenza que el de los niños robados. Algunas estimaciones calculan que hay decenas de miles de afectados, todos ellos arrebatados a sus madres entre 1936 y principios de la pasada década, y entregados a una red de potentados que revoloteaban con total impunidad por hospitales, cárceles y casas-cuna regentadas por religiosas sin que nadie moviera un dedo para evitarlo. Buscaban huérfanos, hijos de republicanas, niños de la diáspora que regresaban de una Europa en llamas, y también bebés de mujeres sin esperanza y de madres solteras durante los años de la Transición. Más de 30.000 bebés robados o adoptados de manera ilegal, según la Fundación pro Derechos Humanos (Figbar) que preside el exmagistrado Baltasar Garzón. Una cifra que, a juicio de la Plataforma Te Estamos Buscando y de otras organizaciones similares, se queda corta. Hay quien eleva el número a 100.000; otros, a 180.000; y la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares (Anadir), a 300.000. Un desastre que en España se consume entre la incredulidad y una ausencia institucional lacerante. Para el presidente de la Asociación Camino de la Justicia, Pedro Caraballo, se trata de “un naufragio moral de tal envergadura que requiere la creación urgente de un censo nacional”.

El sistema empezó a resquebrajarse en 2008, cuando las denuncias comenzaron a apilarse en los juzgados de España. En Madrid, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Valencia... Fue entonces cuando las autoridades, públicas y privadas, despertaron decididas a indagar en aquella tragedia. Porque el caso de los bebés robados, de los intercambios fortuitos y de las adopciones irregulares no es únicamente un asunto sórdido. “Se trató de un operativo de apropiación de menores tan bien organizado y despiadado que hasta puede parecer irreal”, añade Caraballo. Que el 95% de las demandas presentadas por este asunto hayan terminado archivadas por falta de pruebas no es un dato irrelevante. Las víctimas buscan por su cuenta alguna pista que les proporcione certezas o un casi imposible alivio en su empeño de saber cuál es su verdadera identidad. El Congreso trata ahora de encauzar el caos que se cuece en este delicado jeroglífico. Un desorden interior que el silencio azuza. “Una comisión de investigación permitiría acceder a pruebas documentales que determinen el destino de centenares de niños que fueron arrebatados a sus padres y puestos en manos de otras familias durante esos tiempos de impunidad”, dice Caraballo.

Ya en 2014, la ONU sugirió al Gobierno que facilitara el acceso “a archivos y a fondos acreditados oficiales y no oficiales de nacimientos” y estableció un plazo de 90 días para cumplirlo. Sin embargo, aquella invitación cayó en el olvido. Poco después, en 2015, intervino la Comisión Europea para recomendar a las víctimas que denunciaran sus casos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Los demandantes acusan al Estado español de crimen contra la humanidad”, escribió la presidenta de la comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

Entre las demandas europeas a España está la creación de un banco de ADN que permita cruzar los datos de las víctimas, la formación de una comisión de investigación parlamentaria y que la Iglesia reconozca su implicación en los robos. El pasado año, el Gobierno reservó una partida de 100.000 euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este fin, y el Congreso ha comenzado a escuchar los primeros testimonios de las víctimas. Es un pequeño paso. Pero de las más de 5.000 personas que desde 2011 han denunciado su situación, sólo 14 han encontrado lo que buscaban. Y lo consiguieron por su tenacidad, no tras la intervención de la justicia.

Una de ellas es Paloma Pérez Calleja. Tiene motivos para estar satisfecha del coraje que ha demostrado. Es de las pocas personas con dos partidas de nacimiento en su poder. La biológica, fechada el 4 de marzo de 1957, donde aparece registrada con el nombre de Agustina. Y la falsa, la que un equipo de religiosas, matronas y médicos manipularon para aplacar la angustia desconsolada de una mujer que acababa de parir (supuestamente) una niña muerta. La llamaron María de la Paloma y así se quedó. Hasta que hace 13 años, la trampa emergió de las profundidades abisales de su falsa madre. “El 11 de febrero de 2004, exactamente. Como puede imaginar es una fecha que tengo grabada a fuego”, explica. Todo se urdió en el viejo Instituto de Obstetricia y Ginecología de la calle O’Donnell de Madrid, uno de los centros fantasmagóricos que fundó la obra benefactora de Franco donde acudían muchas mujeres sin recursos. “Llegó un momento en el que las sospechas eran tan grandes que no pude aguantar más. Senté a mi madre adoptiva en una silla y le pregunté directamente: ¿Soy hija tuya?”, rememora Paloma estrangulando una lágrima que se le escapa por el rabillo del ojo. No por esperada, la respuesta resultó digerible. “Me dijo que había tenido tantos hijos que ya ni se acordaba. Pero insistí y entonces destapó la verdad”, añade con la voz entrecortada.

 A su lado, su marido le acaricia la espalda en medio del silencio sobrecogido de unos amigos que les acompañan. Paloma coge aire y levanta la mirada. Lo hace sin rencor: “Mi verdadera madre era una mujer humilde que trabajaba al servicio de un señorito que la dejó embarazada. Se vio obligada a deshacerse de mí. Por 500 pesetas”, sentencia, sin mostrar la más mínima compasión por el pasado.  

Detalle de la entrada de la antigua maternidad de la calle de O"Donnell, en Madrid.

 Sor María

Como Marga Pérez, de 58 años y una voluntad inquebrantable. El 5 de abril de 1981 dio a luz a su tercer hijo, un precioso varón, en la maternidad de Santa Cristina, en Madrid. Después de horas interminables de parto sintió que al fin el bebé braceaba y tomaba su primer soplo de aire. Sin apenas tiempo para rozar su diminuta cabeza con la mano, una monja lo colocó rápido sobre una cama contigua y acto seguido se lo llevaron. “Les dije que quería a mi hijo, que me lo devolvieran, que lo quería a mi lado”. Marga no volvió a verlo. Lo dice con una veladura de lágrimas en sus negros ojos. Baja la mirada y coge aliento. “Se lo llevó Sor María para hacerle unas pruebas y luego me dijo que había muerto”, remacha. Pero no era cierto. Jamás recibió su cuerpecito, ni siquiera una caricia de consuelo para paliar la ausencia. Aún peor: “Aquella monja me amenazaba con llevarse a mis otros hijos si seguía pidiendo que me devolvieran a mi bebé”. Pero no dejó que aquel capítulo horrendo de su vida se diluyera en el fondo de su memoria. “Cómo iba a hacerlo”, dice. Tan segura estaba de que no murió que siguió volviendo a la maternidad, día y noche, año tras año, hasta que al final coincidió con una asistenta social compasiva. Buscó su expediente y se lo entregó. “El niño no había muerto”, revela. Pese a todo, el caso de Marga es uno de las tantos que fue archivado por un juzgado de Madrid. Según la instrucción, las pruebas no eran concluyentes para abrir una investigación y depurar responsabilidades. Hay cientos de casos como el de Marga. 

Aquella monja que le separó de su bebé resultó ser pieza clave en la trama que durante décadas campó a sus anchas por hospitales públicos y clínicas privadas de todo el país. Se llamaba María Florencia Gómez Valbuena, pertenecía a la orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl y falleció el 22 de enero de 2013. Su nombre está ligado al de otro supuesto implicado, el doctor Eduardo Vela, exdirector de la clínica San Ramón de Madrid, que aparece en la mayoría de diligencias abiertas por estas causas en los tribunales. La firma de Sor María aparece en centenares de documentos de adopción hasta que la justicia no tuvo más remedio que imputarla por el robo de Pilar Alcalde en la Clínica Santa Cristina. Eso sucedió en 2012 pero no hubo tiempo para juzgarla. Falleció al año siguiente. O al menos eso declararon sus compañeras de orden, porque el enigma de Sor María continuó en su camino hacia el más allá: el número de su certificado médico de defunción y el que figura en el registro oficial no coinciden. Difieren en cuatro de los ocho números. Un error insólito. Pudo ser una simple confusión pero las suspicacias se desataron cuando se supo que Sor María había sido teóricamente enterrada días antes de anunciarse el deceso. El caso hubiera hecho las delicias de un detective. 

También Consuelo García del Cid conoció el inframundo que se construyó con el tráfico ilegal de niños. Siendo una adolescente, en la Barcelona de Salvador Puig Antich, fue detenida y trasladada a Madrid, al centro de la calle del Padre Damián que gestionaba una orden de monjas adoratrices. El panorama que se encontró fue el de un desgarro sin fin. “Fue terrible pero, sin duda, el centro de Peñagrande era aún peor. Era el único para menores embarazadas. Un día llegaron a mi centro dos jóvenes desde aquella maternidad. Acababan de dar a luz. Llegaron con el pecho vendado y lloraban porque decían que les habían quitado a sus hijos recién nacidos. Allí, el robo de bebés se asumía como algo normal”, desvela. 

¿Quién tejió la red que traficó con niños en España? Los testimonios de cientos de víctimas coinciden y Consuelo García lo ha investigado a fondo. “Desde el Patronato de Protección a la Mujer que presidía Carmen Polo de Franco. Esta institución dependía del ministerio de Justicia y operó de forma activa entre 1952 y 1978. En la Transición cambió el nombre por el de Instituto para la Promoción de la Mujer, pero no su manera de actuar. Controlaba decenas de centros de toda España, gestionados por órdenes religiosas. Allí llevaban a mujeres de bajo nivel económico, a jóvenes que consideraban inmorales, a niñas rebeldes de buenas familias”, detalla este mujer, que relata su experiencia como si le fuera la vida en ello. 

El pediatra Antonio Garrido Lestache, experto en identificación de los recién nacidos.

El imposible rompecabezas al que se enfrenta cualquier comisión que trate de identificar a los miles de posibles afectados se resolvería con un registro de huellas dactilares de los recién nacidos. Pero ni siquiera hoy se hace. El pediatra Antonio Garrido-Lestache creó hace años un método infalible de filiación, “un simple DNI en el momento del nacimiento”. Con una larguísima experiencia profesional en el cuidado y atención de niños, su fino olfato de investigador de tintas y gramajes le llevó a realizar un escrutinio de los procesos de identificación de bebés que le provocaron muchos encontronazos. Durante años visitó clínicas privadas, hospitales públicos, escribió a las autoridades alertando del caos, intimó con policías judiciales y hasta acudió a la sede de la Naciones Unidas en Nueva York para denunciar unas prácticas ominosas. “Lo que veía me producía una absoluta vergüenza. En lugares como la maternidad de la Paz, donde nacían 100 niños al día, llegué a detectar pulseritas de esas que les ponen a los recién nacidos desperdigadas por el suelo. Y lo peor era que a las asistentes que trabajaban allí les daba exactamente igual”, denuncia este doctor de mente inquieta, trato cálido y el carácter infatigable de alguien que a los 84 años sigue creyendo en la justicia universal. 

Hace unos años, escribió el libro La Identidad del Ser Humano. Errores, falsificaciones y garantías a lo largo de la historia. A lo largo de 688 páginas no sólo aporta información sobre el robo e intercambio de bebés en España, sino que desgrana con precisión detectivesca la mejor manera de acabar con la trata de personas y la suplantación de personalidades que practican los regímenes totalitarios. El pediatra se ha quemado muchas pestañas revisando y analizando patrones de filiación infalibles. Uno de ellos es el informe pericial sobre la identidad dactilar del recién nacido, una cartilla donde la madre y el bebé dejan la huella indeleble de las falanges de sus manos derechas en el mismo momento del parto. “Desde el año 2000 su registro es obligatorio en los hospitales españoles pero no se hace en casi ninguno y si se hace, se hace mal, porque no ha habido un plan específico de formación ni hay docencia en dactiloscopia”, denuncia. Hoy sólo se documenta la planta del pie del niño sobre una hoja amarilla. “Una prueba que no sirva para nada”, añade el pediatra.

Hace unos meses, escribió una carta de protesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La respuesta fue desoladora. “Me dijo que aquí todo se hacía correctamente y punto”, dice con un gesto de indignación. A Garrido-Lestache, la trama de bebés robados, de intercambios accidentales y de adopciones ilegales le parece un escándalo de proporciones superlativas. “Fue un negocio en el que participaron médicos, enfermeras y religiosas. Lo veía con mis propios ojos y lo denuncié durante el franquismo y también en la democracia”, revela. Para miles de personas es una catástrofe personal inexplicable. Por eso este pediatra mantiene su esfuerzo para que el DNI infantil que diseñó se convierta en una obligación en España, como lo es en casi todos los países firmantes de los derechos universales del niño. Y, por supuesto, también para las víctimas que se resisten a dejar de buscar, a dar con la prueba que les permita reescribir su propio relato. Quiénes son en realidad, y por qué ellos.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180131/Politica/17655/Espana-ninos-robados-franquismo-reparacion.htm

Entre hienas

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Contra la Impunidad del Franquismo

Los planes de guerra no estaban saliendo como Hitler había previsto al emprender la campaña contra Rusia. El otoño avanzaba, cubriendo de lodo las rutas por las que se adentraban las tropas alemanas, ralentizando su pesado desplazamiento. En cambio, los comunistas, liberados de las consignas impuestas por el pacto germano-soviético, aceleraban los preparativos para organizarse en grupos de resistencia contra el ocupante.
   En Francia, los atentados contra los oficiales alemanes eran cada vez más frecuentes y las principales vías de comunicación sufrían constantes sabotajes. En represalia, fusilaron a numerosos presos judíos o comunistas, pero ni siquiera las amenazas de ejecutar a doce presos por cada alemán atacado hacían disminuir el número de acciones del ocupante. Tampoco servían de nada los llamamientos al orden del mariscal Pétain, que, en su afán por demostrar su soberanía respecto al Tercer Reich, aplicaba medidas de represión aún más severas.

Lluís Companys cuando Pedro Urraca le entrega en Hendaya

   La labor de Pedro Urraca persiguiendo dirigentes republicanos era menos intensa tras la detención de muchos y la fuga de otros. Sin embargo, en la zona no ocupada quedaban miles de refugiados españoles, en su mayoría comunistas, que se iban integrando en los grupos de acción de los resistentes franceses. Eran una amenaza creciente para el régimen de Vichy, y el Gobierno de Franco reforzó la colaboración nombrando más agentes policiales en los consulados. Urraca contaba no solo con una red de soplones infiltrados entre los exiliados, sino con todo un sistema de vigilancia e información compuesto por policías profesionales que, como él, habían sido designados por la Jefatura. [...] Se había convertido en los ojos de Franco en Francia, en una figura invisible pero omnipresente y era el mayor temor de todos los españoles exiliados.
   La maquinaria de persecución ya estaba bien rodada en toda Francia y, a partir de noviembre de 1941, el Gobierno franquista quiso montar redes de vigilancia similares en los Países Bajos y en Bélgica, donde también se ocultaban numerosos españoles que habían huido de Francia, por lo que la colaboración con la Gestapo era imprescindible. El SS Sturmbannführer Karl Bömelburg, responsable de la Gestapo en París, consideró que las nuevas competencias del agente Pedro Urraca le ofrecían una buena oportunidad de obtener más información y le integró en el servicio del Ernst von Alisch. Para el nuevo agente E-8001, alias "Unamuno", todo eran ventajas, no solo en el aspecto laboral, puesto que podría cotejar sus fichas con las de la Gestapo, sino también desde el punto de vista personal.......



Entre hienas
Loreto Urraca Luque

Nos vamos al infierno

Campo Pop fue un insólito programa televisivo en pleno franquismo que buscó al mejor grupo yeyé rural. Los gallegos Cun-ters interpretaron «Nos vamos al infierno», mientras otros cantaron rodeados de vacas o a bordo de una barca

 No había existido nada parecido. El franquismo, poco a poco, comenzaba a reconocer eso que en Europa y medio mundo se conocía como el «fenómeno de la juventud». Pero lógicamente todo era precario. Muy precario. Los presentadores parecían funcionarios de Hacienda y el pop entraba a duras penas dentro de los concursos de talentos patrocinados por marcas y que se celebraban en medio de una correctísima puesta en escena. Todo ordenado, gris, extraño. Campo Pop fue el primer programa dedicado al pop, pero además lo hacía con un formato muy curioso, un tour por los pueblos de España en busca del mejor grupo. No había casi nada: pocas tiendas de instrumentos y casi ninguna discográfica dispuesta a editar ese tipo de música «moderna», pero menos aún videos musicales. Todo debía ser inventado, o casi. Las piezas en las que se veían actuando a los participantes eran montadas por los propios técnicos del programa, haciendo uso de los efectos visuales de entonces. El resultado era casi siempre un esperpento: chicos y chicas subidos a carrozas, paseando al lado del mar, saltando en medio de la calle, caracterizados como montañistas junto a manadas de vacas. O mejor aún: tocando mientras ¡pintaban de negro varios ataúdes!  Los Cun-ters, un grupo yeyé de Pontevedra, aparecían en un momento inenarrable de su precario video musical cantando mientras, brocha en mano, pintan de negro unos ataúdes. El título de su canción lo dice todo: «Nos vamos al infierno» (minuto 8:43).

El increíble momento de los Cun-tres pintando ataúdes mientras no paran de cantar

Al franquismo, a veces, se le colaba el humor macabro y lo noir, a veces sin saberlo, como algo surrealista, locuras de juventud. O los potentes Stu and Drak, un avanzado grupo de rock y psicodelia que llegó a protagonizar uno de los momentos más insólitos del pop en España: en un festival en Moya, Gran Canaria, durante su actuación, entre el público había varias personas mostrando brazaletes y gorras con esvásticas. Sobre ello ya hemos publicado un artículo en Agente Provocador, pero el dato que ahora nos interesa es este: estábamos en ¡1970!

 «La aparición del primer pop ibérico fue de la mano de otra creación de la época, los teleclubs»

  Pero la aparición del primer pop ibérico fue de la mano de otra creación de la época, los teleclubs, que aún existen en algunas ciudades, aunque ahora casi siempre como centros socioculturales. Inicialmente, eran locales frecuentados por la juventud. El Ministerio de Información y Turismo fue quien ideó una red de locales con aparato de TV en aldeas en las que la difusión televisiva era prácticamente nula. Había una tele encendida, pero también se podía charlar en una especie de isla de semilibertad, que igualmente despertó el recelo de la extrema izquierda y los grupos fascistas. Tanto unos como otros acudieron a los teleclubs dispuestos a «educar» a aquellos jóvenes que ya eran una nueva clase social. La extrema derecha, por ejemplo, a finales de los sesenta planeó infiltrarse en estos locales y adoctrinar a los futuros cuadros, a los nuevos camisas negras, al tiempo que se vigilaba a los izquierdistas.

Un teleclub cualquiera. Preside la cruz el retrato de Franco y José Antonio Primo de Rivera

 Campo Pop, en realidad, era una sección del espacio televisivo dedicado a los teleclubs. Su título era fantasmagórico, Tele-club: no estamos solos, pero también encerraba un guiño hacia el aislamiento del régimen, la invisibilidad a la que se estaba sometido. Estaba dirigido por Alfredo Amestoy y arrancó en octubre de 1968. Campo Pop llevaría la música y seleccionaría grupos musicales en aquellos pueblos de menos de 5000 habitantes. Durante nueve meses visibilizó el pop secreto de pequeñas poblaciones y documentó a bandas que desaparecieron sin que sepamos mucho de ellas, o dieron lugar a grupos más célebres. La final se celebró en un estudio con un jurado compuesto por supuestos expertos musicales que incluían a una jovencísima Pilar Miró. Amestoy siguió apostando por la modernidad y sus colaboraciones fueron variadas, algunas extrañas y otras no tanto. Colaboró con el legendario periódico de sucesos El Caso o la revista de humor La Codorniz.

 Así fue también España. Grupos yeyés presentados por Amestoy, que no dudaba en caer en topicazos y comentarios machistas como el que dedica a la chica que se sitúa junto al panel de finalistas: «Bien plantada esta chica, que podía ser la mejor moza de España, desde el tallo hasta la flor y el fruto». Hubo de todo. Mejores y peores, pero son las únicas imágenes de muchos de ellos, del pop más allá de las ciudades, del yeyé ya popularizado, de la España gris que poco a poco se agrietaba.


Fuente: http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/nada-mejor-que-cantar-mientras-pintas-tu-ataud

Torturada durante el franquismo por roja y por mujer: "La amenaza entre golpe y golpe era que me iban a violar"

Rosa María García fue detenida en 1975 y estuvo siete días sometida a palizas y amenazas en la Dirección General de Seguridad de la policía franquista
Su historia forma parte de la nueva campaña de Amnistía Internacional para pedir al Estado que investigue las violaciones de derechos humanos de la dictadura
"Me invalidaron más estas cosas que los golpes porque los insultos me afectaron de una forma especial. Sentías la humillación, la humillación como mujer"

Rosa María enseñando una foto suya a los 19 años, cuando fue detenida por la policía franquista

 Dejarlo apartado en un rincón de la memoria ha servido a Rosa María García de artimaña contra los vaivenes del pasado. Recuerda con absoluta claridad lo que ocurrió la noche del 24 de agosto de 1975, cuando, con 19 años y un futuro como médica por delante, le empezó a cambiar la vida. "Creo que es lo que solemos hacer todos, dejarlo aparcado. Contarlo es duro, pero también es como un peso que te quitas de encima y alguien tiene que hacerlo. Supongo que pasará el tiempo y volverá al lugar de la memoria en el que tiene que estar", cuenta su voz serena al otro lado del teléfono.

Rosa María García es una de las tantas víctimas del franquismo que todavía esperan justicia. Fue detenida y torturada por militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y pasó una semana en la Dirección General de Seguridad (DGS), el principal centro de detención de la policía franquista situado en la Puerta del Sol de Madrid. Nada más entrar a las dependencias de la DGS, Rosa María se dio de bruces con uno de los torturadores más conocidos,  Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño.  

 

Su historia forma parte de la campaña puesta en marcha por Amnistía Internacional #EstaNavidadToca, con la que la organización pide al Estado español que investigue y reconozca "las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". Rosa María no solo fue objeto de palizas, también tiene clavados en la memoria los insultos y las amenazas machistas que recibió durante los siete días de detención y que demuestran la doble represión de Franco sobre las mujeres:  ideológica y de género.

"Los insultos sexistas, como guarra y otros de ese estilo, eran constantes. La amenaza común entre golpe y golpe era que me iban a violar y a matar, que me iban a llevar a la Casa de Campo y nadie iba a saber dónde estaba...Ese día llevaba un vestido y, cuando me tiraban al suelo, gritaban burlándose 'mira qué guarra, que se le ven las bragas'", relata.

"Era muy común entre las mujeres. Todas las que nos juntamos después en la cárcel de Yeserías lo hablábamos y a todas nos había pasado. A mi me invalidaron más estas cosas que los golpes porque los insultos me afectaron de una forma especial. Sentías la humillación, la humillación como mujer", prosigue.

Para buscar justicia sobre la represión específica de las mujeres durante la dictadura  la organización Women's Link ha pedido a la jueza Servini que amplíe la querella argentina, la única causa que investiga los crímenes franquistas en el mundo, para que incluya estos delitos. "S e persiguió y castigó a las mujeres que se hubieran atrevido a salir del ámbito doméstico y especialmente a las que participaron en actividades políticas contrarias al régimen. Al no encajar en los valores e imagen de la mujer construida por el franquismo no había problema en detenerlas, encarcelarlas y violarlas", explica Teresa Fernández, abogada de la organización.

La detención y la cárcel

Eran aproximadamente las once de la noche y Rosa María volvía de estar con el que después se convertiría en su marido. En medio de la calle, varios agentes de la policía franquista vestidos de paisano le pidieron la identificación y la detuvieron. Poco después supo que casi al mismo tiempo detenían también a su novio y a otros tantos militantes del Frente. "A nuestros compañeros también les amenazaban con que nos iban a violar a nosotras", relata.

Recuerda que Billy el Niño la recibió con golpes e insultos y que en aquella época era muy conocido "por su sadismo" porque "disfrutaba torturando y eso te lo puede decir cualquiera que haya pasado por sus manos". Rosa María estuvo una semana en la DGS, un tiempo en el que la pasearon por Madrid en busca de lo que ellos llamaban pisos francos: "Nada más llegar me hicieron poner de rodillas y empezaron a darme golpes en las plantas de los pies con la porra. Luego me pasaban a otro y me pegaba, era muy caótico, pasando de agente en agente. Me amenazaban con matarme...y yo pensaba que casi lo de morir era un alivio".

Tras su estancia en el centro de detención la encarcelaron en la prisión madrileña de mujeres de Yeserías, donde después de estar cuatro días incomunicada en los calabozos, la pasaron a las celdas. "Allí era diferente, había una cama, un vaso de agua.. Además eramos muchas y nos apoyábamos unas otras. Los días que había comunicación nuestras madres –¡Qué hubiera sido de nosotras sin las madres!, exclama– nos traían comida y la compartíamos", esgrime.

Rosa María estuvo encerrada en el módulo de presas políticas, mujeres que para el régimen eran traidoras de su género. U na visión sostenida en las "investigaciones científicas" del psiquiatra y militar Antonio Vallejo-Nájera, que dirigió los Servicios Psiquiátricos del bando nacional y que ha pasado a la historia por sus "estudios" misóginos sobre la mujer republicana. Dijo cosas como que "el psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil y el animal" y fue un no de los impulsores de la segregación entre hijos y madres "rojas".

Luchar aunque no sea para ganar

Tres meses después Rosa María salió de la cárcel tras morir Franco y pagar sus padres una fianza de 30.000 pesetas que consiguieron gracias a la ayuda de familiares, amigos y vecinos. Pero tanto ella como su marido seguían teniendo juicio pendiente por asociación ilícita y propaganda ilegal. Por eso, se fueron a vivir a Valencia, donde estuvieron dos años antes de regresar a Madrid de nuevo. "Tuve que irme de casa de mis padres porque no podía dormir por miedo a que volvieran", explica.

Más de 40 años después ha decidido denunciar y ser rostro público de la campaña de Amnistía Internacional, que ha enviado al Congreso diez recomendaciones en aplicación de las indicaciones que varios organismos internacionales, como la ONU, han dado a España para lograr los derechos de verdad, justicia y reparación en relación con el franquismo y la Guerra Civil. Pero además, Rosa María está preparando  una denuncia conjunta con otras víctimas contra 'Billy el Niño'. 

Su objetivo es "que se abra camino" y se reconozca "a las personas que se vieron obligadas a enfrentarse a la represión. Habla de su origen, de su familia de republicanos y 'rojos' –"como nos llamaban en aquella época"–, de su barrio, Vallecas, y del miedo y la represión, pero también de la ilusión por el cambio. Recuerda a Concepción Tristán y María Jesús Dasca Penelas, dos mujeres con las que compartió cárcel y que fueron condenadas a muerte, aunque finalmente no fueron ejecutadas.

Ellas formaron parte del juicio en el que fueron condenados los últimos fusilados del franquismo, tres de ellos militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Rosa María asistió al homenaje por el 40º aniversario de las ejecuciones y se enteró de que las dos mujeres estaban ya fallecidas. "Me impresionó saber que las había conocido. Eran de mi edad, habían sufrido muchas torturas y pensé que ellas ya no podían hacer nada, así que casi por ellas decidí denunciar", cuenta.

Sobre si cree que ganarán con la denuncia, responde con un rotundo "no". Pero añade que eso no le echa para atrás: "A veces luchar no consiste en saber qué vas a conseguir. A veces consiste simplemente en plantar cara, aunque no vayas a ganar. En poner un granito de arena, en dar un pequeño paso. Aunque no vayas a conseguir nada, te queda la dignidad de no haberte agachado". 

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Torturada-franquismo-amenaza-golpes-violar_0_706229877.html

Así fue la mafia de los bebés robados en el franquismo

El viernes 7 de abril se estrena en los cines alemanes, con el título La herencia de Franco: los bebés robados en España (Francos Erbe - Spaniens geraubte Kinder, en alemán). "Lo que comenzó como una acción de limpieza política se convirtió en un lucrativo negocio", afirma la sinopsis de la película.

 

  "Es uno de los mayores escándalos de la historia moderna europea: durante la dictadura de Franco incontables bebés de los adversarios políticos fueron adoptados por la fuerza". Así de claro y directo se anuncia el documental producido por Soilfilms en cooperación con la televisión pública de Baviera (Bayerischer Rundfunk) y el canal franco-alemán ARTE.

La directora alemana Inga Bremer recoge los testimonios de dos afectadas por la mafia robabebés que actuó hasta bien entrados los 90. Bebés que las asociaciones de afectados calculan en más de 300.000, que habrían sido secuestrados, apartados de sus padres al nacer, a quienes aseguraban que había muerto para venderlos a continuación.

"Los maquinadores fueron médicos, monjas, curas, trabajadores sociales y notarios". La descripción del documental ofrece la oportunidad de apreciar cómo se ven desde fuera, desde Alemania en este caso, una serie de violaciones de los derechos humanos más básicos, que en el centro mismo de la sociedad española parecen en ocasiones no tener la importancia debida, casi comparables a otros vestigios de la dictadura sobre los que hay que pasar página sin plantearse mayores preguntas.

La película introduce un tema casi desconocido para la sociedad alemana a través de dos protagonistas que narran su calvario y con las que el espectador puede llegar a sentirse identificado con facilidad.

Clara Alfonsa tuvo una hija con 14 años. Le dijeron que estaba muerta y, 27 años después, se reencuentra con ella. Alicia, por su parte, busca a sus padres biológicos después de descubrir, tras el fallecimiento del que creía su padre, que él y su madre adoptiva habían pagado una buena suma por comprarla. El tercer protagonista es el abogado Enrique Vila Torres, que se ha especializado en filiaciones familiares después de que a los 23 años descubriese que él también era adoptado. Hasta hoy, sigue buscando a sus padres.

"Todos los que trabajaban en el hospital sabían lo que allí pasaba", explica una antigua enfermera de una clínica que relata a cara tapada cómo se llevaban a cabo los robos. Su imagen, sentada a contraluz frente a una ventana, es la que aparece en el cartel y uno de los momentos de mayor tensión del documental.

"Fue muy complicado realizar esa entrevista", explica a eldiario.es la directora Inga Bremer, sobre esta conversación, el momento en el que la película recuerda más a un documental de investigación sobre un tema que sigue estando de máxima actualidad.

Lo que el documental no cuenta

Habría sido un reto indagar en las historias de algunos de los secuestrados que fueron vendidos en el exterior, ya que el espectador alemán no llega a saber que se dio el caso. "Pero ello habría excedido nuestro proyecto", explica Bremer, "eran demasiadas historias y no habría podido hacerles honor como hubiese querido".

También, en especial para el público de Alemania, habría sido de gran interés contar los comienzos de dicha práctica, que hunde sus raíces en la eugenesia teutona, con el médico franquista Vallejo Nájera como máximo exponente de la idea del "gen rojo" que hay que extirpar.

"Podría haber utilizado mucho material de archivo, de Franco y Hitler, contando todas las implicaciones políticas, pero entonces habría hecho otra película", explica la directora. "Me he querido concentrar en destino personal de dos mujeres, en mostrar cómo una madre que ha encontrado a su hija y una hija que busca a sus padres biológicos se enfrentan a esa situación, y lo que esa búsqueda provoca en ellas".

En la película no aparece la Iglesia, que tal como denuncian las asociaciones de víctimas, se niega a abrir archivos necesarios para las investigaciones. Inga Bremer asegura que trató por todos los medios de que declarasen, pero se dio de frente contra un muro. "Noté muy rápido que es un tema que está muy reciente y que es casi tabú en la sociedad". Tampoco se apunta a responsables concretos algunos, ni siquiera se habla del famoso juicio en el que se comenzó a juzgar a la monja Sor María Valbuena, que no llegó a ser juzgada porque falleció antes. Ni se habla del auto del juez Garzón y de cómo éste fue apartado de sus funciones.

"Los alemanes no conocen a casi ningún político español, por eso hemos tratado simplemente de dejarlo abierto, y de mostrar, que de alguna forma, son las mismas personas las que siguen mandando y podrían tener relaciones con la mafia del robo de bebés", explica Bremer cuando le preguntamos por qué no habla con periodistas especializados como por ejemplo Maria José Poves, que hizo una serie de reportajes de investigación, que luego publicó en un libro y que apuntaba directamente a varios políticos del Partido Popular con relación familiar en la trama.

La película llega ahora a los cines alemanes y podrá verse en televisión después en el canal francoalemán ARTE y a finales de año en la televisión pública alemana BR. Vale la pena pararse a verla porque muestra dos historias concretas de una forma muy delicada. Incluso para el espectador español resultaría interesante el visionado, ya que algunas de las víctimas en España han pasado de plató de televisión en plató y se les ha dado un tratamiento amarillista, pero esta obra devuelve a los afectados una parte de su dignidad robada.

 

Fuente:  http://www.ecorepublicano.es/2017/04/asi-fue-la-mafia-de-los-bebes-robados.html

Cuarenta años sin Franco y mucha fragilidad democrática

La impronta en nuestra sociedad del Régimen anterior no ha sido puesta en claro pese a los discursos de reconciliación y superación

El dictador Francisco Franco y Juan Carlos de Borbón.

  La larga duración de la dictadura franquista conllevó una profunda colonización social de todos los resquicios en los que, tras la crisis de 1898, se habían creado los espacios liberales y progresistas que construyeron el contexto que en abril de 1931 facilitó el advenimiento de la Segunda República.

Cuando la victoria de las fuerzas fascistas puso fin al enfrentamiento bélico, el dictador Francisco Franco dictó una amnistía que liberaba de responsabilidades a quienes hubieran cometido delitos violentos contra la República a partir del 14 de abril de 1931 y que pudieran considerarse precedentes del glorioso movimiento nacional que salvaría España.

Una vez exonerados de cualquier responsabilidad los criminales franquistas, la dictadura comenzó a sacar de las instituciones a cualquier sospechoso que no celebrara el golpe de Estado del 18 de julio.

El Boletín Oficial del Estado está sembrado de decretos de depuración, persecución y limpieza política del funcionariado.

Al mismo tiempo, los familiares de los muertos por la violencia de "las hordas marxistas", los penados y mutilados, eran admitidos en la administración de forma directa, en un proceso en el que los adeptos al dictador fueron ocupando todos los poderes del Estado.

Algunos fueron apartados para comprobar su filiación y luego readmitidos, una vez que se comprobó que podían servir con fidelidad al nuevo Estado.

Fue el caso de Wenceslao Fernández de la Vega, inspector de trabajo que, después de haber sido apartado unos meses de su puesto de trabajo, fue readmitido y luego realizó una carrera que le llevó a ser jefe delegado del Ministerio de Trabajo (que era casi propiedad de Falange) en Valencia y Zaragoza. Su hija, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno de Zapatero y encargada de elaborar la Ley de la Memoria Histórica, se preocupó de que las políticas de memoria no supusieran en ningún caso una amenaza para los privilegios de los descendientes de los altos dirigentes civiles y militares del franquismo.
Entre el exilio, la represión y la enorme violencia de los franquistas, el número de funcionarios públicos se vio mermado, dejando paso a un enorme ejército de adeptos que fueron ocupando las administraciones públicas durante cuarenta años.

España quedó convertida en un apartheid durante la dictadura: vencedores con todo el poder y todas las oportunidades, y perdedores con la posibilidad de servir o emigrar.

Mientras las cárceles rebosaban de cientos de miles de presos, los franquistas ocupaban todos los espacios, convirtiendo la judicatura, la universidad o el periodismo en terreno abonado para trepas, oportunistas y mentes grises que en tiempos de meritocracia como los de la Segunda República no podían competir con las mentes brillantes de hombres y mujeres que huyeron de la España franquista.

Cuando llegó la Transición, la sociedad española contaba con una élite formada en las universidades a las que fundamentalmente asistían hijos de altos funcionarios del régimen, de oficiales del ejército y familiares de mutilados y muertos en la guerra.

La evolución social del régimen formó una élite, dividida ideológicamente, destinada a gestionar el tránsito a la democracia que determinaba para España el entorno europeo y las grandes tendencias de la guerra fría.
En los cuarenta años transcurridos tras la muerte del dictador Francisco Franco, hemos asistido a un proceso político en el que ninguno de los poderes del Estado (ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el educativo, ni el judicial) tomaba una sola medida que pudiera poner en riesgo los privilegios adquiridos por la élite franquista.

Operación blanqueoLa Ley de Amnistía y una Constitución en cuya elaboración no pudieron participar los partidos republicanos, porque fueron legalizados tras las elecciones de junio de 1977, sellaron el ingreso de las estructuras franquistas en la democracia.

Miles de biografías se blanquearon en los primeros años de la Transición, mientras el Estado convertía a millones de ciudadanos educados en democracia en ignorantes del pasado reciente, y el miedo, resucitado por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, sustentaba el muro invisible de la impunidad, contra el que apenas hubo quien chocara hasta la llegada del siglo XXI.

La gran estrategia del Estado fue fingir fuera de España que todo estaba resuelto dentro. El encuentro de Juan Carlos I con la viuda de Manuel Azaña, Dolores Rivas, apenas dos semanas antes del referéndum constitucional de 1978, inició una estrategia de marketing político con respecto al pasado.Fingir fuera de las fronteras españolas que todo estaba resuelto dentro.

Así, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González tuvieron un encuentro público con la viuda de Azaña; José María Aznar y Zapatero, como ella ya no vivía, se retrataron alegremente con exiliados en Moscú o en México D.F. Pero mientras llevaban a cabo esos encuentros fuera de territorio español, ninguno de esos presidentes llevó a cabo un acto público con las víctimas de la dictadura franquista en el Palacio de la Moncloa.

La pervivencia de una estructura social construida sobre la violencia de la dictadura y la impunidad de la democracia ha traído hasta el presente numerosas consecuencias del franquismo, incrustadas en una cultura política frágil, estrecha y superficial desde el punto de vista de los valores democráticos.

El franquismo, con su deterioro social y su inmadurez democrática, sigue institucionalizado en el presente. El miedo y la despolitización siguen formando parte de nuestra vida cotidiana, como una viga que sostiene la estructura de nuestra cultura política. En la pervivencia de un sistema educativo con un modelo de funcionamiento casi castrense, memorizar sin entender; en el funcionamiento feudal de una universidad pública en la que prima el factor reproductivo, pero no el productivo; en los bajos índices de lectura e incluso en la baja conflictividad social en un periodo de crisis que tiene a más del 50% de los jóvenes en paro y no manifiesta ningún enfado con esa realidad.

La monarquía y la iglesia católica siguen siendo estamentos privilegiados para el Estado. Los grandes medios de comunicación se mantienen en los márgenes de esa cultura de la Transición que selló la idea de que todos eran buenos y malos en la guerra y todos fueron generosos en la Transición.

La insignificancia con la que se ha tratado a los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura es otro ejemplo de cómo los nuevos demócratas de 1978 asaltaron un espacio simbólico que no sólo no habían construido, sino que habían perseguido.

Cuarenta años después de muerto el dictador, vivimos en la fragilidad democrática con la que se construyó la transición. La crisis económica ha mutado en crisis política y se abre una oportunidad para mejorar y fortalecer el escuálido esqueleto de nuestra democracia.

Es preciso que el proceso de politización que supuso el 15M se multiplique y construyamos unas nuevas reglas del juego que nazcan de la ciudadanía y no de unas élites cuyo objetivo era permitir elecciones democráticas conservando todos y cada uno de sus privilegios.


Fuente:  https://www.diagonalperiodico.net/saberes/28386-mucha-fragilidad-democratica.html

Berlín aún paga 100.000 euros anuales a exmiembros de la División Azul

Miembros de la División Azul, el batallón de voluntarios franquistas que colaboró con los nazis durante la II Guerra Mundial, llevan más de medio siglo cobrando pensiones de Alemania. Actualmente, el pago asciende a más de 100.000 euros que reciben 41 excombatientes, ocho viudas y un huérfano, según una respuesta de Berlín dirigida a Die Linke. La formación de izquierdas lo tilda de «escándalo» y EH Bildu anuncia acciones en el Europarlamento.

Son militares franquistas que combatieron como voluntarios junto al Ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Casi medio centenar de ellos, así como ocho viudas y un huérfano, siguen cobrando pensiones a cargo del Gobierno alemán por su participación en la confrontación apoyando al III Reich. Unos pagos que, a día de hoy, ascienden a 107.352 euros al año, según la respuesta remitida por Berlín a la pregunta formulada en el Bundestag por Andrej Hunko, diputado de Die Linke.

En concreto, se abonan pensiones a 41 «afectados», es decir, excolaboradores directos del Ejército de Adolf Hitler, además de las ocho viudas y el huérfano. En la respuesta no se facilitan sus identidades. No obstante, el Ejecutivo de Angela Merkel deja claro que no tiene intención de dejar de pagar estos salarios mensuales a excombatientes fascistas.

Los 107.352 euros anuales que Alemania abona a exmilitares y familiares se dividen mensualmente en 8.946 euros. De ellos 5.390 euros van para las 41 «personas dañadas», es decir, voluntarios del Ejército que sufrieron algún tipo de herida colaborando con los nazis; 3.336 euros, a las ocho viudas; y 220 euros, al único huérfano que se beneficia de esta pensión especial para la División Azul. Berlín no ofreció datos sobre la evolución histórica de los pagos ya que estos se encuentran en los archivos del Estado federal de Baden-Württemberg, uno de los 16 länder que componen Alemania.

El acuerdo entre el régimen franquista y la entonces conocida como República Federal Alemana data de 1962. Según aquel pacto, el Estado alemán se hizo cargo de las pensiones de excombatientes, viudas y huérfanos de quienes lucharon en la División Azul. Por su parte, Madrid abonaba una cantidad a las viudas de los alemanes que participaron en la Legión Cóndor, aliada de Franco durante la guerra civil española y responsable, entre otras matanzas, del bombardeo de Gernika.

Entre 1941 y 1944 alrededor de 47.000 ciudadanos españoles lucharon en la División Azul. Tras su disolución, un batallón quedaría en Ucrania luchando contra los partisanos y, finalmente, terminaría adhiriéndose a las SS para tomar parte en la batalla de Berlín. Unos 22.000 voluntarios entrarían en la categoría de «muertos, heridos, enfermos y desaparecidos». No hay datos sobre cuántos han cobrado históricamente.

Todavía quedan muchas incógnitas sobre estas pensiones. En la respuesta a Die Linke, el Ejecutivo alemán indica que solo podría facilitar datos completos desde 1991, dos años después de la caida del muro. Sí que indica que a partir de 1998 se revisaron todas las solicitudes de pago para verificar si los beneficiarios «violaron principos de humanidad o del Estado de derecho» durante su colaboración con el nazismo. Lo que no ofrece son los datos sobre a cuántas personas se les negó el pago por esta razón. De hecho, llega a argumentar que el Ejecutivo alemán no tiene información sobre crímenes de guerra practicados por la División Azul.

«Es un escándalo que, más de 70 años después de terminar la guerra, Alemania siga pagando más de 100.000 euros anuales a colaboradores de los nazis. Esas personas se unieron voluntariamente a los fascistas alemanes para luchar a su lado en la guerra de extinción en Europa del Este. Es incomprensible que el gobierno de Alemania se aferre a esos pagos mientras que tantas víctimas de la guerra están esperando hasta hoy su justa indemnización», denunció a GARA Andrej Hunko. EH Bildu también llevará el asunto, mañana mismo, al Parlamento Europeo.

Fuente:  http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20151104/berlin-aun-paga-100-000-euros-anuales-a-exmiembros-de-la-division-azul