martes, 30 de abril de 2013

El Consejo de Europa denuncia torturas por parte de las fuerzas de seguridad españolas

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El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), perteneciente al Consejo de Europa, ha hecho público hoy un contundente informe en el cual denuncia presuntos casos de malos tratos, torturas y vejaciones a detenidos e internos por parte de agentes de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil, funcionarios de prisiones o de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El documento no solo recoge numerosos casos de presuntos maltratos, sino también irregularidades en las investigaciones de estos casos, graves deficiencias en varios centros de detención, y una falta de voluntad por parte de las autoridades para corregir unos errores que ya fueron detectados en visitas anteriores.

La visita de una decena de miembros del Comité a España se llevó a cabo del 31 de mayo al 15 de junio de 2011, pocos días después del brutal desalojo de la acampada del 15-M en la plaza Cataluña de Barcelona. Durante aquellas dos semanas, recorrieron seis comisarías de la Policía Nacional, tres de la Guardia Civil, cinco de los Mossos d’Esquadra, una decena de cárceles y dos CIEs.

El informe destaca que la única falta de cooperación se produjo con la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil en Madrid, puesto que durante algo más de una hora, “oficiales de la Guardia Civil negaron a la delegación el acceso a la zona de detención”.

El CPT señala presuntas irregularidades en la comisaría de la Guardia Civil de Las Rozas (Madrid) y las comisarías de Policía de Cádiz y del Puerto de Santamaría. “La delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11 personas con las que mantuvo entrevistas, que habían estado detenidas en régimen de incomunicación en operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil durante los primeros meses de 2011”, asegura el Comité.

“Patadas y golpes con porras en la cabeza”

El informe sostiene que dichos malos tratos consistieron “fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo”. Los detenidos denunciaron, además, que durante el interrogatorio les colocaron una bolsa en la cabeza, “provocándoles sensación de asfixia”, y que les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados. Una de las personas aseguró a los delegados del Comité que, durante los interrogatorios, “los oficiales le propinaron bofetadas, puñetazos y patadas en la cabeza y en el cuerpo y que estuvo todo el tiempo encapuchada”.

Por casos como los descritos, el CPT concluye que “se debería prohibir expresamente vendar los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial”, así como “obligar a los detenidos a realizar ejercicios físicos o permanecer de pie durante períodos de tiempo prolongados”. Asimismo, pide que se amplíen las grabaciones de audio y vídeo en los centros de detención.

Continúan las denuncias de torturas por parte de Mossos

Precisamente, después que salieran a la luz varios casos de malos tratos en la comisaría de los Mossos d’Esquadra en el barrio de Les Corts de Barcelona, se instalaron varias cámaras de video vigilancia con el objetivo de que no se repitiesen. Sin embargo, señala el Comité en su informe, existen indicios de que los malos tratos por parte de la policía catalana se habrían continuado produciendo. “Es lamentable que, tras numerosas visitas a Cataluña, la delegación siga recibiendo muchas acusaciones de supuestos malos tratos”, mantiene.

En algunos de estos casos, la delegación reunió pruebas médicas y de otro tipo “que eran coherentes con las acusaciones de malos tratos”. El CPT critica la forma de investigar los presuntos malos tratos, debido a que en numerosos casos no se aceptó la declaración de la supuesta víctima ni de la organización que había presentado denuncia en representación suya, sino que solo se atendieron las declaraciones de la policía. “Esta forma de proceder no cumple con los requisitos de eficacia de la investigación”, recuerda. “Si los agentes que ordenan, autorizan, no castigan o perpetran malos tratos responden ante la justicia de sus actos u omisiones, se envía un mensaje inequívoco de que tales conductas no serán toleradas”, destaca el informe.

Tal como ya hicieron durante una visita en el 2007, los miembros del Comité detectaron de nuevo deficiencias en las condiciones de detención en la Comisaría de Les Corts (principal centro de detención de los Mossos en Barcelona). En este aspecto, apuntan a la falta de iluminación, a que el sistema de ventilación no funcionaba, ni tampoco el sistema de evacuación de los retretes, con el consecuente hedor que ello producía. Varios de estos fallos fueron detectados también en la comisaría de Granollers y en la de Hospitalet (Barcelona).

El documento hace referencia también a la falta de una identificación visible en los uniformes de los Mossos d’Esquadra, y cita como ejemplo la operación de desalojo en la plaza de Cataluña. Por otra parte, reclama que el uso de armas que disparan proyectiles, como las escopetas de balas de goma, debe ser “exhaustivamente regulado y controlado”.

Cárceles superpobladas y maltrato a los presos

El comité refleja en su escrito que las condiciones de detención de los presos en la cárcel Modelo de Barcelona no han mejorado desde su anterior visita, y el centro continúa estando “extremamente superpoblado”, ya que aloja a 1.850 presos cuando la capacidad oficial es para 1.100 personas.

Además, insta a las autoridades españolas a dejar de utilizar el módulo de hormigón de la cárcel “con el propósito de disciplinar a un interno”, y exige que se recuerde al personal de la prisión “que las esposas no deben utilizarse para sujetar a los reclusos a la cama”, lo que acabó con la muerte de uno de ellos en el 2011. La delegación también recibió quejas de maltratos físicos a los internos en las prisiones catalanas de Brians I, la prisión de Joves y el centro de Lledoners.

Agresiones a los internos en los CIE

La delegación visitó también los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) y de la Zona Franca (Barcelona), unos centros que, constatan, tienen una estructura “típica de un ambiente carcelario, con rejas en las ventanas, en los corredores y en las celdas”. “El ambiente seudo-carcelario, además, era acentuado por el régimen restrictivo y las restricciones en los contactos permitidos con el exterior”, refleja el informe.

En ambos centros, la delegación recibió numerosas quejas de malos tratos perpetrados por el personal. Comentarios racistas, bofetadas y porrazos en los brazos y la parte superior del cuerpo, golpes, torturas y vejaciones son algunas de las irregularidades recogidas durante las visitas a los CIE, cuyos internos están allí por no tener una situación administrativa regular en el país. El CPT reclama explicación acerca de por qué no se investigaron los disturbios producidos en el CIE de Aluche el 22 de mayo de 2011, cuando según la versión de varios internos, corroborada por los informes médicos, los funcionarios propinaron golpes “a cualquier detenido que estuviera a su alcance”.

Además, insta a las autoridades españolas a que equipen las celdas con mesa y sillas, y reduzca la tasa de ocupación “para garantizar un mínimo de 4m2 de espacio vital por interno”. En su visita a los centros, el comité constató que las visitas médicas de los internos no se hacían con la intimidad y confidencialidad exigible, sino con la presencia de los funcionarios, lo que puede coaccionar al interno a la hora de denunciar malos tratos. Por ello, reclama que las visitas médicas se lleven a cabo “lejos de la vista del personal no sanitario”.

La llegada de la primavera en el Mar


La primavera llega al golfo de Vizcaya. Esta imagen de la NASA, del 20 de abril, muestra el florecimiento de fitoplancton en el Mar Cantábrico

1º de Mayo


Homicidios y secuestros en protestas contra la empresa española Hidralia en Guatemala

El pasado 7 de abril el líder indígena Daniel Pedro Mateo de la comunidad de Santa Eulalia, fue secuestrado y posteriormente asesinado por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica de capital español de la transnacional Hidralia Energía en Santa Cruz de Barillas. No se trata de un caso aislado ya que en mayo de 2012 otro líder comunitario fue asesinado y hubo 11 detenidos, uno de los cuales, Rubén Herrera, todavía sigue encarcelado por ello. Ese mismo año, en 2012, en una represión contra una movilización de pueblos indígenas mayas en el departamento de Totonicapán, 7 indígenas fueron asesinados.Son algunos de los casos concretos que denuncian la Confluencia Nuevo Baqtun (en la que están representadas más de 50 organizaciones), Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala. Las líderes indígenas Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala, y Paula del Cid Vargas, de la Asociación Feminista La Cuerda, han exigido al Parlamento Europeo el cese de unas políticas devastadoras y responsabilidad ante las acciones de las empresas europeas en el país centroamericano.

Concentración en Santa Cruz de Barillas (Amigos de la Tierra / Flickr)
En junio de 2011, cuarenta Parlamentarios europeos de cinco grupos políticos, ya habían denunciado esta situación ante la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton. Hoy, dos años después, la Unión Europea sigue sin pronunciarse públicamente sobre estos hechos.

“Lo llaman conflicto cuando la verdad es que han sido las propias empresas quienes han creado esta situación al tratar de imponer sus megaproyectos sin tener en cuenta la opinión y las necesidades de las comunidades indígenas que habitan esas tierras”, comenta Natalia Atz Sunuc que está de visita por Europa -con una parada especial en España- para denunciar las consecuencias de las políticas de las empresas extractivas europeas establecidas en Guatemala. “Creemos que nuestros gobiernos tendrían que garantizar antes de que las empresas entren en Guatemala, el cumplimiento de los derechos humanos”, comenta. “En este marco de crisis europea nuestros países están siendo refugio de la introducción de megaproyectos que menoscaban la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y perjudican el medio ambiente”.

A pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) de Guatemala es uno de los más elevados de Centroamérica, este país ocupa el cuarto lugar en desnutrición mundial y el primero en América Latina. De acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas, un 14,5% de la población se encuentra en la pobreza extrema y un 51% en la pobreza.

El pasado febrero, el exgeneral y presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pronunció un discurso en el Foro Nueva Economía, en el que se centró en hablar sobre la inversión extranjera en su país y, en menor medida, sobre la posición del gobierno guatemalteco en cuanto a otros temas como el narcotráfico, la justicia, la seguridad y la paz. De aquella intervención salieron ideas como las siguientes: “la mejor política social es la inversión extranjera directa”; “La flexibilización del mercado laboral es básica para asegurar el crecimiento”; “Guatemala sigue creciendo económicamente y hoy podemos decir que es un país emergente”.

Además afirmó en aquella conferencia Otto Pérez Molina, que la inversión española en Guatemala era la primera del país y contaba con 80 empresas, que su gobierno les asegura seguridad jurídica, estabilidad fiscal e incentivos de inversión.

También señaló que Guatemala tiene abundantes recursos mineros e hidroeléctricos que necesitan la inversión extranjera directa (IED) para ser explotados y ello ha llevado algunos problemas en varias comunidades. A su parecer, el problema suscitado por la instalación de la empresa hidroeléctrica Hidralia Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz Barillas fue producido por un grupo minoritario de 200 comunitarios, malinformados por grupos ambientalistas. Ello llevó a declarar, por un mes, el Estado de excepción. “A día de hoy el problema está resuelto por un acuerdo entre la comunidad, representada en la alcaldía, y la empresa”, afirmaba.
Protesta contra el proyecto de Hidralia Santa Cruz de Barillas, Guatemala
El caso de la empresa española Hidralia S.A.
A finales de 2008 se establece en Barillas la empresa española Econer-Hidralia,convertida en Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto que denominan Cambalam, una hidroeléctrica a filo de agua con capacidad de generar 4.9 megavatios en cada una de sus fases.
Este proyecto se instala en un área rural utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial de las comunidades indígenas autóctonas, limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil de por sí por la cercanía de la cabecera municipal. Ninguna de las comunidades afectadas por el mencionado proyecto fueron consultadas, como establece la ley y los Convenios Internacionales como el Convenio 169, entre otros.

A raíz de informaciones sobre la concesión de licencias para explotación de recursos naturales renovables y no renovables en territorio Q’anjob’al, la población de Santa Cruz Barrillas se organiza para promover una Consulta Comunitaria. Ésta es aprobada mediante Acuerdo Municipal y fue de participación masiva. (Las Consultas Comunitarias de Buena Fe son un mecanismo ancestral de toma de decisión de los pueblos indígenas de forma participativa, abierta y transparente en la que las comunidades y pueblos indígenas pueden hacer ejercer sus derechos mediante la democracia directa. En el ámbito jurídico las Consulta Comunitarias están reconocidas en Guatemala en la Constitución Política de la República y en el Código Municipal, y a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).

En el año 2008 se consolidan organizativamente las comunidades cercanas al río, en el área de construcción de la hidroeléctrica, conformando el Comité de Defensa de los Recursos Naturales. Este comité es elegido en asamblea de comunidades activas en defensa del territorio y queda inscrito en la Municipalidad.
En el año 2009 miembros de la empresa presentan el proyecto de la hidroeléctrica en una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE. El COMUDE rechaza la construcción de este proyecto, constando este rechazo en el Acta de la reunión el 12 de abril de 2011. Esta resolución se mantiene vigente hasta la fecha, a pesar de que la empresa ha continuado construyendo.

Según un informe elaborado por Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, para llevar a cabo su proyecto, la empresa no dudará en contratar a exmilitares como encargados del área de promoción social ante la oposición de la población indígena. A algunos de ellos se les indica que amenacen a la población. “Son rutinarios los disparos al aire y la agresión sexual verbal a las mujeres. Continúa además la intimidación vía celular a los dirigentes y las personas opositoras al proyecto”, tal y como se lee en el informe de Hegoa.

En este contexto, el primero de mayo de 2012, asesinan a Andrés Francisco uno de los líderes opuestos a la venta de tierras. El asesinato del líder comunitario exacerba los ánimos y produce una respuesta de indignación. El gobierno decreta el Estado de Sitio y envía 400 policías y 500 militares a Barillas. “Los cateos, las listas negras y las detenciones arbitrarias que se sucederán los días posteriores a estos hechos recuerdan a los peores momentos del Estado contrainsurgente que debería haber desaparecido con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996″, según se lee en el informe de Hegoa.

Según dicho informe, el registro empresarial de Ecoener-Hidralia Energía -que en Guatemala se denomina Hidro Santa Cruz- y en general de las decenas de sociedades vinculadas a Luis y David Castro Valdivia, sus propietarios, está plagado de irregularidades. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Consello de Contas de Galicia documentan prácticas del grupo empresarial en el límite de lo legal o abiertamente ilegales. Organizaciones sociales y medios de comunicación visibilizan la denominada trama energética impulsada por Luis Castro.

Del informe de Hegoa se desprende también que la empresa es, así, tanto actor principal como instrumento favorecedor de agendas empresariales globales (por ejemplo, las vinculadas a la gestión/ privatización del agua), cuya dimensión excede el proyecto de Hidro Santa Cruz. “Esta segunda lectura justifica la presencia en Santa Cruz Barillas de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Bankia España, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo), que apoya con 10,7 millones de dólares el proyecto Cambalam (de los 30 millones de inversión estimada)”.
Vulneración sistemática de los derechos humanos entre las comunidades indígenas: las mujeres las peor paradas

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) ha observado que en los últimos cuatro años la conflictividad en el ámbito rural ha aumentado exponencialmente debido al aumento de la inserción de los llamados megaproyectos empresariales que se imponen sin respeto a las consultas populares y la ampliación del control territorial del crimen organizado. “Estos fenómenos que se combinan con la ausencia histórica de respuesta del Estado a demandas en materia de derechos económicos, sociales y culturales y de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno están generando un polvorín muy preocupante”, tal como señala UDEFEGUA.

Un estudio de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y El Observador denominado ‘Análisis Alternativo sobre Política y Economía’, alerta que la situación de los y las defensoras de derechos humanos que viven en el ámbito rural guatemalteco atraviesa por un momento histórico de alta vulnerabilidad debido a múltiples factores: ”La firma de los Acuerdos de Paz representó formalmente un parteaguas para el análisis de la conflictividad social, ya que si bien el cese al fuego se concretó después de diez años de negociaciones entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno-Ejército, los procesos y las condiciones históricas de exclusión, que de fondo originaron el conflicto armado, no están resueltas y tienden a agudizarse en la etapa postconflicto. Las agresiones y las violaciones a los defensores y defensoras de derechos humanos tienen relación, por una parte, con la operación de estructuras paramilitares o grupos armados que en la etapa post conflicto están reproduciendo viejas prácticas de acoso y represión contra actores sociales que están buscando justicia, esclarecimiento de la memoria histórica y resarcimiento de graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado”. Por otra parte, señala el estudio que las empresas que están poniendo en marcha estos megaproyectos se están apropiando del territorio de las comunidades y los pueblos indígenas que habitan en las regiones y zonas donde se concretan estas operaciones por parte de empresas nacionales y extranjeras.

Por otro lado, la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Según datos extraídos del INACIF por la Fundación Sobrevivientes, de enero a junio de 2012 el número de muertes violentas de mujeres han sido 313 y según la Procuraduría de Derechos Humanos, la tasa de violencia intrafamiliar en 2011 fue del 15%.
A su vez, Conaprevi, la Coordinadora Nacional para Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, ha sido debilitada y los Centros de Apoyo Integral para las mujeres conocidos como CAIMUS, ya no reciben los fondos estatales.
Cabe destacar además, los datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (OSSyR), que señalan que durante el 2012 hubo más de 3.000 niñas menores de 14 años violadas y embarazadas.

Algunas de las propuestas de la Confluencia Nuevo Baqtun, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala al respecto de todo lo que está sucediendo actualmente en Guatemala son: generación de redes de solidaridad que ofrezcan acciones de resguardo a la vida de defensoras y defensores de derechos humanos y recursos para continuar en la defensa de la vida; vigilancia permanente y activa sobre el respeto a los derechos humanos en Guatemala; denuncia de la violación de estos y de los retrocesos democráticos; apoyo a un desarrollo rural definido por las comunidades y que efectivamente se vincule a la voz de los pueblos y satisfaga las necesidades existentes; fiscalización de fondos públicos en inversión social y pública-privada; relación con partidos políticos y movimientos sociales que permitan generar acciones a favor de las comunidades y contra la acción irresponsable de compañías transnacionales; posibilidad de generar juicios nacionales por acciones irresponsables de compañías en otros países, que incluyen violación a derechos humanos, violación sexual y acciones violentas por parte de trabajadores de estas empresas.

lunes, 29 de abril de 2013

Residentes cercanos a plantas de gas natural achacan sus dolencias a las perforaciones

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Los residentes que viven en áreas cercanas a las operaciones de gas natural, también conocidas como fracturación hidráulica o 'fracking', creen que sus enfermedades pueden tener relación con las operaciones de perforación cercanas a su vivienda. En concreto, el 22 por ciento de los participantes en un pequeño estudio piloto conjeturan que esta práctica puede ser la causa de problemas de salud como sinusitis, dificultades para dormir y problemas gastrointestinales.

Los científicos recogieron respuestas de 72 adultos que visitaron el consultorio de un médico de atención primaria en el área de operaciones de gas natural pesado del Condado de Bradford, en Pennsylvania (Estados Unidos), que se ofreció a hacer rellenar a sus enfermos una cuesta para obtener esa información, que se presentará este domingo en la Conferencia Americana de Higiene del Trabajo, que se celebra en Orlando, Florida.

"Casi un cuarto de los participantes consideran que operaciones de gas natural contribuyen a sus problemas de salud, lo que indica que existe una clara preocupación entre los residentes que debe ser abordada", dice Poune Saberi, investigador principal del estudio en el Departamento de Medicina Ocupacional y Ambiental de la Escuela de Medicina de Perelman de la Universidad de Pennsylvania e investigadora en el Centro de Excelencia en Toxicología Ambiental (CEET), también en Pennsylvania.

Dentro de ese 22 por ciento de los encuestados, el 13 por ciento considera que la perforación gasística es la causa de sus problemas de salud actuales y el 9 por ciento cree que los problemas de salud en el futuro pueden ser causados ??por estas prácticas. "Lo significativo es que la prevalencia de impresiones sobre síntomas médicos que se atribuyen a las operaciones de gas natural no se había recogido anteriormente en Pennsylvania. Este estudio indica que hay un grupo más grande de personas con problemas de salud de lo que se suponía en un principio", explica Saberi .

La encuesta incluyó preguntas sobre 29 síntomas de salud, incluyendo los previamente reportados anecdóticamente por otros residentes y trabajadores de otras zonas donde se producen perforaciones. Algunos registros médicos de los pacientes también fueron examinados para comparar los síntomas de los que informaron con los que se habían documentado previamente.

"Los problemas de sinusitis, dificultades para dormir y alteraciones gastrointestinales fueron los síntomas más comunes reportados en la encuesta de Bradford", destaca Saberi. "No hubo correlaciones entre los síntomas reportados de los participantes en la encuesta y el síntoma de presentación al proveedor médico en los registros, lo que plantea la posibilidad de falta de comunicación entre los residentes con las preocupaciones y la comunidad médica , que requiere mayor análisis", añade.

"Esperamos que este estudio piloto guíe el desarrollo de futuros estudios epidemiológicos para determinar si los efectos sobre la salud en las comunidades en las que se producen operaciones de gas natural se asocian con la exposición el aire, el agua y los hangares de alimentos y servirá de base para la educación de los profesionales de la salud", dice el director de CEET, Trevor Penning. "El objetivo de la ciencia debe ser la protección de la población y el medio ambiente antes de que ocurran daños, no sólo el tratamiento posterior a los daños", apostilla.

Todo por la patria


domingo, 28 de abril de 2013

Detenciones y porrazos, otra vez, en El Aaiún

Ciudadanos saharauis se manifiestaban contra decisión tomada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de renovar MINURSO sin la capacidad para velar por los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. La manifestación fue disuelta por policías marroquíes a porrazos y las persecusiones se prolongaron durante la noche. Hay 40 heridos, según fuentes saharauis.

Centenares de ciudadanos saharauis salieron el viernes a las calles de El Aaiún para manifestarse contra la decisión tomada por Naciones Unidas de renovar el mandato de MINURSO, pero sin la capacidad de velar por los Derechos Humanos, tal y como había planteado en su resolución inicial Estados Unidos y también como sugirió el representante especial del Secretario General para el Sahara Occidental, Christopher Ross. 

La manifestación saharaui fue reprimida a porrazos por la policía marroquí. Para los saharauis este hecho es habitual. Los manifestantes habían ocupado la avenida Smara y también otras colindantes. Según asociaciones saharauis, los heridos ascenderían a una cuarentena.



La maldición de Bangladesh empieza en las tiendas de Europa y EEUU

Un documento con el nombre de El Corte Inglés encontrado en las ruinas del edificio derrumbado en Bangladesh. Foto: FT

Las imágenes de los informativos de televisión presentan el derrumbe del edificio de Bangladesh en el que ya se han encontrado 336 cadáveres casi como si fuera una catástrofe natural. Son las mismas imágenes habituales en los terremotos. Edificios convertidos en bloques amontonados de hormigón de los que los equipos de emergencia sacan a los supervivientes, y también los cuerpos sin vida.

Una tragedia del Tercer Mundo.

Los clientes de las empresas radicadas en ese edificio son más cercanas a nosotros. La imagen de arriba es un documento encontrado por un reportero del Financial Times entre los escombros de Rana Plaza. Aparece el nombre de El Corte Inglés y una serie de pedidos diarios de chaquetas. El edificio de ocho plantas albergaba empresas textiles que trabajan, como contratistas o subcontratistas, para varias marcas occidentales, Primark, The Children's Shop y Mango entre otras.

Rana Plaza violaba las normas de edificación de Bangladesh, lo que es terriblemente habitual en ese país. El dueño del edificio, en este momentos en paradero desconocido, era una persona bien conectada con el partido en el poder. Había ordenado construir tres plantas más sobre las cinco originales, lo que ponía en peligro su estabilidad. En cualquier caso, las inspecciones habituales son conocidas allí por ser inútiles.

Incluso así, no es una tragedia aislada. En noviembre de 2012, 112 trabajadores murieron en el incendio del edificio de la empresa Tazreen Fashions.

Hay un hecho que impide considerar lo ocurrido en Rana Plaza como una accidente imprevisible. El día anterior, el martes 23, habían aparecido grietas en el edificio. Al menos una compañía situada en la planta baja había ordenado a su personal que no se presentara a trabajar. Las demás obligaron a sus trabajadores a seguir con sus turnos. Sus contratos con las empresas extranjeras les obligan a entregar un número determinado de prendas cada día. No cumplirlo supone no ya perder dinero, sino arriesgarse a quedarse sin el contrato.

Las grietas eran visibles. La noticia había salido en los informativos del martes. La policía había ordenado al propietario del Rana Plaza que cerrara las puertas hasta que se realizara una inspección. Esas órdenes fueron desobedecidas.

"Ninguno de nosotros quería entrar"

A primera hora de la mañana del miércoles, los trabajadores no querían entrar y se congregaron frente al edificio. Su dueño no hacía más que recordarles que no era nada serio, que el edificio aguantaría "100 años más". Con megáfonos, los capataces les ordenaron que entraran y les recordaron, por si era necesario, que los que se quedaran fuera se quedarían sin paga.

"Ninguno de nosotros quería entrar. Los jefes llegaron con palos. Al final, nos obligaron a entrar", dijo después un superviviente.

El edificio se vino abajo a las nueve de la mañana.

Las grandes marcas de ropa europeas y norteamericanas alegan que tienen establecidos códigos éticos de buen gobierno en relación a las medidas de seguridad, condiciones de trabajo y remuneraciones. Al final, la prioridad reside en que se cumplan los contratos para que las estanterías de las tiendas siempre estén bien surtidas.

"En relación a la industria textil, estamos implicados como consumidores, y esa implicación exige responsabilidad", escribe Gareth Price Jones, director de la ONG británica Oxfam en Bangladesh. "Podemos tomar decisiones que marquen la diferencia. Ocurre los mismo con las empresas. Lo más fácil es decidir no fijarse en lo que hay detrás de esas marcas, pero podemos elegir comprar ropa que sea el producto de cadenas de suministro transparentes y no abusivas".

Por encima de la presión competitiva que tengan a la hora de reducir costes, dice un editorial del Financial Times, las grandes marcas "no pueden continuar vendiendo ropa que, según las campañas (en favor de condiciones laborales más justas), se produce con un coste de vidas inocentes". Deberían empezar a pensar en el coste que supondrá para su reputación. No pueden escudarse en la corrupción existente en Bangladesh.

Mano de obra muy barata

Los trabajadores no tienen elección. Reciben un salario mínimo equivalente a 37 dólares al mes, muy inferior al de industrias similares en China. Es por tanto una fuente de mano de obra barata perfecta para las grandes marcas. Además, algunas empresas de Bangladesh subcontratan parte de los encargos a compañías menores que pagan menos que el salario mínimo.

"Pagar a los proveedores el coste más bajo posible por unidad es lo que les lleva de un país de bajos salarios a otro y después mantienen esos salarios bajos en los países en los que se instalan", explicó a Business Insider Timothy Ryan, del Centro Americano por la Solidaridad Laboral Internacional, una organización dependiente de los sindicatos norteamericanos.

Bangladesh tiene 150 millones de habitantes. El empleo en la industria textil es la única esperanza de las miles de personas que llegan a la ciudades a la búsqueda de trabajo. Se calcula que tres millones de personas trabajan en estas empresas.

Un plan rechazado

Los sindicatos de Bangladesh, asesorados por sindicatos extranjeros, propusieron en 2011 el establecimiento de un sistema nacional de inspecciones, fuera del control del Gobierno, con poder para comprobar que todas las empresas del país cumplan las normas y para clausurar aquellas que no lo hagan. Cada una de las multinacionales extranjeras lo financiaría con una aportación de unos 500.000 dólares anuales. El plan se presentó en una reunión celebrada en Dacca a la que asistieron varias compañías, como Wal-Mart, Gap y H&M.

Lo rechazaron. Les parecía demasiado costoso y temían asumir responsabilidades legales por las consecuencias de ese control. No son responsabilidades muy diferentes a las que afrontan en sus propios países, pero precisamente buscan desplazar su producción a lugares como China o Bangladesh con la intención de reducir los costes al mínimo y olvidarse de las condiciones de los trabajadores.

El título de este artículo es inexacto. No existe tal maldición. Se trata de decisiones económicas en una cadena de producción que permite fabricar ropa a bajo coste y obtener grandes beneficios.

El (verdadero) negocio del aborto



Desde hace bastante tiempo, las organizaciones internacionales que se oponen al derecho al aborto por libre decisión de la mujer vienen insistiendo que detrás de los impulsos para que los Estados adopten legislaciones y políticas públicas favorables a este derecho se encuentran “grupos feministas radicales”, “promotores de la homosexualidad y el hedonismo” y, sobre todo, “multinacionales del aborto” que ven en este asunto un negocio multimillonario a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos y ciudadanas al Estado, es decir, el “negocio del aborto”.

Este mensaje, difundido sobre todo en tiempos de crisis, tiene su correspondiente repercusión en medios de comunicación afines a esta demagogia religiosa y neoliberal. Por un lado, sostiene la perversa idea de que todo lo relacionado con brindar un servicio de salud esencial, basado en un derecho humano y amparado por las leyes y políticas públicas, es una aberración moral y debería estar prohibido. Por otro lado, promueve la idea de que el aborto no debe ser financiado con fondos públicos (menos en tiempos de crisis, ya saben) y que ya que la ley permite esta aberración, al menos que aquella mujer que quiera un aborto, que lo pague de su bolsillo. Después de todo, siempre hay mejores cosas que hacer con el dinero público, no?

Aunque quienes promueven este mensaje ya han manejado varias cifras sobre lo que le cuesta al Estado financiar el acceso al aborto para las mujeres en España, la última cantidad la ha ofrecido el obispo de Segovia, Ángel Rubio, quien denunció el pasado 13 de abril que los abortos constituyen un «negocio» que, según sus datos, mueve alrededor de 50 millones de euros en España. No sabemos si este dato corresponde a lo que el Estado gasta directamente en atender la demanda de las más de 100.000 mujeres que deciden abortar en nuestro país, o también están incluidas las subvenciones públicas que se conceden a organizaciones de la sociedad civil para promover y defender los derechos humanos de las mujeres de manera amplia y que permanentemente son cuestionadas por los opositores al aborto. Está claro, para ellos, que se trata de todo un “negocio del aborto” en el que se lucran tanto los y las proveedores del servicio como esas “feministas radicales” que defienden esta práctica. ¿O no?



Pues no. El Observatorio de la Laicidad, en su último informe sobre la financiación de la iglesia católica en España de Abril 2013, confirma que esta confesión religiosa recibe del Estado más de 11.000 millones de euros anuales, equivalente a 260 euros por cada residente, católico o no.

Solo por precisar algunas de las cantidades en que se divide esta financiación pública de la iglesia católica, nos encontramos con que la Conferencia Episcopal se lleva 247,1 millones de euros y alrededor de cuarenta organizaciones de esta iglesia (ONG, fundaciones, etc.) se reparten 120 M€ provenientes de la asignación del 0,7% en la casilla de “fines sociales” del IRPF.

Este dinero público es empleado por la Conferencia Episcopal para pagar sueldos y gastos de religiosos/as y, también, para emprender campañas contra el derecho al aborto como la reciente: “Este soy yo. Humano desde el principio” en que los obispos han llamado a todas las personas, tanto anónimas como públicas, a cambiar su imagen de perfil de Facebook por una ecografía de cuando aún se encontraban en el vientre de sus madres, en el marco de la Campaña por la Vida 2013. Una campaña que ha tenido un coste de 150.000 euros.

Siguiendo con el desglose de la financiación pública a la iglesia católica, en 2012 el Estado destinó 610 M€ para el pago de los salarios y costos sociales de unas 19.000 personas que imparten religión católica (designadas por los obispados) en centros públicos y privados. Asimismo, unos 4.000 millones de euros públicos fueron concedidos a centros educativos con ideario propio (católico) por el Estado (central y autonómico).

Tal debe ser el éxito de convocatoria de la asignatura de religión que se imparte en centros públicos, que a comienzos de este mes de abril los obispos han lanzado un vídeo para vender la religión como "asignatura apasionante". La campaña promete a los alumnos que, gracias a la asignatura, aprenderán las claves para evitar la crisis y entender qué inspiró las grandes obras de la pintura, la arquitectura o la música. Y, por supuesto, aprenderán que la vida se inicia desde la concepción y que el aborto es un crimen abominable…. ¿Que no creen que se dediquen a esto con dinero público? En febrero de 2013, el Arzobispado de Madrid lanzó un “concurso” para escolares de centros concertados de la Comunidad con el expresivo título: "el embrión humano, el más pequeño de los hermanos". Ah! Y con el apoyo de El Corte Inglés!

Sobre cuánto han costado estas campañas para el erario público, sólo dios lo sabe… Lo que sí sabemos los ciudadanos y ciudadanas de este país, es que en 2012 la iglesia católica recibió 300 millones de euros para subvenciones y gastos en eventos religiosos diversos (¿manifestaciones y actos multitudinarios por la “vida y la familia”, tal vez?) Por ejemplo, aunque en el ejercicio presupuestario anterior, la visita de Ratzinger y la organización de la Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2011 significó el desembolso directo de 25 millones de euros por parte del Estado y de una cantidad considerablemente mayor en forma de cesiones gratuitas de espacios públicos y desgravaciones fiscales de hasta el 80% a las empresas que patrocinaron la visita (se calculan otros 25 M€ más). Es importante que todo esto lo pague el Estado con dinero de todos y todas, sobre todo si el máximo mandatario de otro país (lo que es) viene a criticar abiertamente las leyes españolas que protegen derechos humanos, ¿verdad? Aún recuerdo con nostalgia los 200 confesionarios instalados en el público Parque de El Retiro de Madrid en el que, entre otros pecados, los obispos cedieron graciosamente su competencia absolutoria a los curas para que estos pudieran perdonar el pecado del aborto

En fin, que son muchas las actividades que la iglesia católica española realiza cada año con esos 11.000 millones de euros de fondos públicos y quién sabe cuántos millones más de ingresos privados. Teniendo en cuenta que buena parte de este discreto presupuesto se destina a realizar oposición a leyes que protegen derechos humanos y, en especial, a advertir a los incautos de los peligros del aborto, no puedo dejar de pensar en ese concepto que manejan tan a la ligera sobre el “negocio del aborto”. ¿Cuántas decenas de miles de personas, entre religiosas y laicas, obtienen sus salarios de fuentes públicas para seguir haciendo oposición al derecho al aborto? ¿Cuánto dinero sin declarar recogen estos acólitos de la vida en las innumerables manifestaciones, celebraciones y campañas, que contribuyen a hinchar los bolsillos de aquellas personas que tienen como profesión trabajar para que los/as demás no puedan ejercer sus derechos humanos?

¿Quién hace del aborto un verdadero negocio?

Pero este negocio aún es más. En su día, el activista Shangay Lily a través de su columna en el diario Público calificó el Congreso Mundial de las Familias celebrado en Madrid en mayo de 2012 como el negocio del odio: “es un negocio, amigos. Un negocio multinacional que cuenta con numerosas franquicias que están haciendo muy ricos a los que se suman al negocio del odio”.

Conversaciones

sábado, 27 de abril de 2013

El viaje

I

Para el niño, enamorado de mapas y estampas,
El universo es igual a su vasto apetito.
¡Ah! ¡Cuan grande es el mundo a la claridad de las lámparas!
¡Para las miradas del recuerdo, el mundo qué pequeño!

Una mañana zarpamos, la mente inflamada,
El corazón desbordante de rencor y de amargos deseos,
Y nos marchamos, siguiendo el ritmo de la onda
Meciendo nuestro infinito sobre el confín de los mares.

Algunos, dichosos al huir de una patria infame;
Otros, del horror de sus orígenes, y unos contados,
Astrólogos sumergidos en los ojos de una mujer,
La Circe tiránica de los peligrosos perfumes.

Para no convertirse en bestias, se embriagan
De espacio y de luz, y de cielos incendiados;
El hielo que los muerde, los soles que los broncean,
Borran lentamente la huella de los besos.

Pero los verdaderos viajeros son los únicos que parten
Por partir; corazones ligeros, semejantes a los globos,
De su fatalidad jamás ellos se apartan,
Y, sin saber por qué, dicen siempre: ¡Vamos!

¡Son aquellos cuyos deseos tienen forma de nubes,
Y que como el conscripto, sueñan con el cañón,
En intensas voluptuosidades, mutables, desconocidas,
Y de las que el espíritu humano jamás ha conocido el nombre!
................


Las flores del mal
Charles Baudelaire

La revelación de archivos secretos de paraísos fiscales causa impacto mundial.

Se ha quebrado en pedazos como un piñata un caché de 2,5 millones de archivos con más de 120.000 empresas y trusts financieros extraterritoriales, dejando al descubierto las relaciones ocultas de altos cargos de la casta política, estafadores y mega-ricos de todo el mundo.

Los expedientes secretos obtenidos por el ICIJ, ponen al descubierto los nombres que se ocultan detrás de las empresas encubiertas y fideicomisos privados en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros escondites costa afuera.

Hay médicos y dentistas estadounidenses, griegos de clase media-alta, así como familiares y socios de déspotas de toda la vida, estafadores de Wall Street, multimillonarios indonesios y del Este de Europa, altos directivos de empresas rusas, traficantes internacionales de armas y hasta una empresa sin director al frente que la Unión Eropea ha etiquetado como una pieza más del desarrollo del programa nuclear de Irán.

Los archivos filtrados proporcionan datos y cifras – las transferencias en efectivo, las fechas de apertura de las cuentas, los vínculos entre las empresas y los individuos – que ilustran cómo el secreto financiero offshore se ha extendido agresivamente por todo el mundo, permitiendo a los ricos con buenas conexiones evadir impuestos y aumentando la corrupción y los problemas económicos de los países ricos y pobres. Los archivos detallan los holdings offshore de personas y empresas de más de 170 países y territorios.

El tesoro documental representa la mayor reserva de información oculta sobre el sistema de atesoramiento extraterritorial jamás obtenida por un medio de comunicación. El tamaño de los archivos en conjunto, medido en gigabytes es más de 160 veces superior al de los documentos del departamento de Estado de Estados Unidos filtrados por Wikileaks en 2010.

Para realizar el análisis de los documentos, ICIJ contó con la colaboración de reporteros de The Guardian y la BBC en el Reino Unido, de Le Monde en Francia, Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The Washington Post, Canadian Broadcastint Corporation (CBC) y otros 31 socios de los medios de todo el mundo.

Ochenta y seis periodistas de 46 países utilizando soportes de alta tecnología para extraer los datos. Se oye algo parecido al crujir de zapatos de cuero al ir cribando correos electrónicos, libros de contabilidad y demás archivos que abarcan un período superior a 30 años................

Más información:................http://www.attacmadrid.org/?p=9227

“Lo dejo: trabajar hoy como profesor ya no tiene sentido”

“Lo dejo: trabajar hoy como profesor ya no tiene sentido”

“Con un profundo pesar debo comunicarles que me retiraré cuando termine este curso escolar, lo que pondrá fin a mis 27 años de servicio en el instituto de Westhill (Nueva York)”. Así iniciaba el profesor de Historia y Humanidades Gerald Conti una dura carta de renuncia que dirigió al director y a los miembros de la junta educativa del centro. La pérdida de calidad del sistema educativo norteamericano, “que ha descendido al puesto número 17 del ranking mundial”, así como las “draconianas” reformas del Gobierno Obama, que mercantilizan la educación relegando a un segundo plano la enseñanza en humanidades, son los principales reformas por las que Conti justifica su decisión. “Para mí ya no tiene sentido seguir trabajando como profesor”.

La crítica de este firme opositor a la lógica utilitarista y económica de la enseñanza, que según él se está promoviendo en EEUU, comenzó a recibir cientos de adhesiones desde el mismo momento en el que hizo pública la carta de renuncia a través de su cuenta personal en Facebook. Y es que Conti ya no es el único objetor al mandato del presidente norteamericano, quien pidió en un discurso dirigido a los profesores que “preparen al alumnado atendiendo a las exigencias de la nueva economía”. Un cambio en el paradigma educativo en el que la enseñanza girará en torno a las cuatro materias denominadas STEM, por sus siglas en inglés (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El profesor Conti tiene 62 años y ha ejercido la enseñanza desde los 22. Durante este tiempo, dice, “las clases de historia han sido mucho más que un simple trabajo, pues lo han sido todo en mi vida”. Su filosofía siempre se resumió con la frase del pedagogo John Dewey que corona una de las paredes de su despacho: “La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma”.

La injerencia corporativa en la evaluación académica

Conti se vio obligado a traicionar sus principios desde que los legisladores “fallaron al vender a los alumnos a industrias privadas como Pearson Education”, en referencia a la empresa externa encargada de evaluar las pruebas académicas en varios centros públicos de la ciudad de Nueva York. Unas pruebas que no han estado exentas de críticas por parte del sindicato de profesores, que alegaban la presencia de numerosos errores de bulto que dificultaban a los maestros la realización de sus propios exámenes.


La “privatización de los exámenes”, que tiene como consecuencia la injerencia en los contenidos docentes, se ha experimentado en otros centros, como es el caso de algunos colegios de Seattle. Las llamadas MAP (Pruebas de Progreso Académico) se justificaron desde la administración como un método para evaluar el trabajo de los profesores. Sin embargo, el sindicato de maestros de Seattle las rechazó desde el primer momento y se negaron a realizarlas alegando “razones éticas y profesionales”.

La oposición a este tipo de pruebas tuvo su máxima expresión el pasado mes de febrero en Texas, donde unos 10.000 padres, profesores y estudiantes celebraron un congreso para posicionarse en su contra y exigir una mayor financiación para las escuelas públicas. Ahora, Conti se ha convertido en la primera “víctima” de la reforma que los sindicatos ya han convertido en mártir. Todo ello, a pesar de que el profesor tampoco ahorra críticas en su carta hacia los sindicatos: “Me han defraudado por no haber llevado a cabo una lucha mucho más eficaz y enérgica contra esta peligrosa y costosa debacle”.

Decadencia intelectual y moral

“La creatividad, la libertad de cátedra, la experimentación y la innovación en el aula están siendo sofocadas en un intento equivocado de arreglar algo que no está estropeado”, lamenta este profesor. Hasta ahora ha conseguido traicionarse lo menos posible a sí mismo compaginando sus clases de Historia en el instituto con la docencia en la facultad de Bellas Artes, donde huye de los encuadres utilitaristas. “Para mí la educación debe centrarse en lo cualitativo y no en lo cuantitativo. La docencia no deja de basarse en las relaciones personales y en fomentar la curiosidad de los estudiantes. Una visión que he tratado de llevar a la práctica durante toda mi carrera profesional”, apunta Conti.

La enseñanza en los institutos, añade resignado, “es más una cuestión de contabilidad económica que de cualquier otra cosa y me preocupa, por ejemplo, que en las clases de inglés no se vaya a estudiar literatura”. Los últimos pasos del sistema educativo norteamericano han dejado fuera de juego a este profesor que se niega a plegarse a los dictados del mercado laboral para preparar a sus estudiantes. El principal problema, según apuntaba el profesor a la prensa local, es que “las personas que están promoviendo las reformas docentes no saben nada sobre la educación”.

Sin esconder la tristeza por las causas que motivaron su decisión, Conti se despide alegando que “no dejo mi profesión, sino que ella me deja a mí porque ha dejado de existir”. Para luego vaticinar que, de seguir adelante con este tipo de reformas, se precipitará rápidamente una “decadencia intelectual y moral”.

viernes, 26 de abril de 2013

No Ordinary Love

Sáhara: prórroga sin Derechos Humanos

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El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves, por unanimidad de todos sus miembros, la prórroga por un año más del mandato de su misión en el Sáhara Occidental (Minurso), sin que se la dotara de prerrogativas para la vigilancia y monitarización de los Derechos Humanos como en días pasados había propuesto Estados Unidos.

Si bien el principal objetivo del establecimiento de esta misión en 1991 era y teóricamente sigue siendo la organización de un referendum de autodeterminación -y de ahí la "R" de sus siglas- los sucesivos impedimentos puestos por Marruecos a la celebración de la consulta han terminado a lo largo de 22 años por desvirtuarla, quedando en la práctica sus funciones reducidas a la vigilancia del alto el fuego en el conflicto que desde 1975 enfrenta a Marruecos y el Frente Polisario.

Dándose además la circunstancia de que la Minurso es la única misión de estas características que no cuenta con un mandato en materia de Derechos Humanos, y ante las reiteradas denuncias de distintas organizaciones internacionales sobre la violación de aquellos, la principal novedad en las negociaciones para su renovación este año la constituia la existencia de una propuesta firme de la administración Obama para que sus alrededor de 150 efectivos pudieran al menos llevar a cabo algún tipo de monitorización al respecto tanto en la parte administrada de facto por Marruecos como en la que controla el Frente Polisario y en los campamentos de Tinduf.

Pero Marruecos, que ocupa irregularmente la mayor parte del territorio desde 1975, y que, por esos caprichos de la política internacional ocupa temporalmente un puesto en el Consejo de Seguridad hasta finales de 2013, se empleó a fondo desde el momento en que la embajadora de Estados Unidos, Susan Rice, lo anunciase- para evitarlo.

Según han indicado fuentes marroquíes, una llamada del rey Mohammed VI a Barak Obama pocos días después de los atentados de Boston terminó por hacer desistir de su propósito al presidente norteamericano y, al final, ni siquiera la alternativa que también se barajó de que se encomendara a algún organismo especializado de la ONU la vigilancia efectiva de los derechos salió adelante.

España: "inviable"

Todo indica que, junto al tradicional apoyo de Francia -cuando en una pasada renovación de la misión, Sudáfrica planteó la cuestión, los galos amenazaron con ejercer el derecho de veto-, Marruecos ha contado en esta ocasión también con el apoyo de España en su negativa, ya que fuentes diplomáticas señalaron que la propuesta era "inviable" si Marruecos no estaba de acuerdo.

De hecho, según informa Efe citando a su embajador ante la ONU, Francia ni siquiera participó en la negociación final de la resolución ante el Consejo, aunque antes sí estuvo en los encuentros del llamado Grupo de Amigos que conforma junto a España, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.

Por lo demás, en la resolucion vuelve a exhortarse a Marruecos y al Frente Polisario a que se vuelvan a sentar a negociar "sin condiciones previas y de buena fe, una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable" que prevea la autodeterminación del territorio conforme a los principios de la ONU y, tal como ya se hiciera en 2008, se indica que "el realismo y el espíritu de compromiso" entre ellas es "esencial" para que pueda haber acuerdos.

Informes de Ban Ki Mun

En este sentido se pide al secretario general Ban Ki mun que informe al menos en dos ocasiones, hasta que se vuelva a renovar la Minurso, sobre el estado en que se encuentran las conversaciones y el Consejo reitera su apoyo a su enviado personal para el conflicto, el norteamericano Cristopher Ross.

Desde 2007, Marruecos y el Frente Polisario han mantenido nueve reuniones y cuatro rondas de negociaciones directas para intentar encontrar una salida para el futuro del territorio, que aunque está administrado en su mayor parte por Marruecos de facto sigue teniendo, según la ONU, como potencia aAdministradora de iure a España, aunque abandonase sus responsabilidades en 1975.

Rabat formuló ante la ONU una propuesta de autonomía bajo su sobeanía en 2007 y el Frente Polisario también presento entonces también otra propuesta reclamando el mantenimiento de los planes anteriores de la ONU y la celebración de un referendum de autodeterminación.

El Guernica

http://albertogranados.files.wordpress.com/2010/04/01-el-guernica-completo.jpg

  A pesar de sus considerables medidas, 351 x 782 cm, El Guernica de Pablo  Picasso fue terminado en aproximadamente un mes. Se cree que los primeros dibujos relacionados con el cuadro datan del 1 de mayo de 1937, mientras se fecha su conclusión el 4 de junio. La obra constituyó un encargo oficial del gobierno de la República española al artista con vistas  a ser exhibida como un gran mural que presidiera el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de dicho año de 1937, la cual tenía previsto abrir sus puertas al público en mayo. Picasso aceptó el encargo en los primeros días de 1937, pero tardó en decidirse en la elección del tema concreto y ello explica el vértigo creativo con que tuvo que solventarlo, prácticamente en apenas poco más de un mes. El móvil súbitamente inspirador fue el asolador bombardeo de la villa vasca de Guernica, llevado a cabo principalmente por la aviación alemana de la Legión Cóndor el 26 de Abril de 1937, durante la llamada campaña del Norte de la guerra civil española, iniciada el 18 de julio de 1936 con una sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República española.........

El Guernica
Francisco Calvo Serraller

Al menos 88.000 víctimas del franquismo continúan sepultadas en fosas comunes

En primer plano Abilio Mata. Pastor de profesión sus indicaciones permitieron localizar la 'fosa de los mineros' en Joarilla de las Matas

Alejandro Agón era jornalero. Fue fusilado por las tropas franquistas el 24 de septiembre de 1936. Nadie sabe donde está. Luciano Chamorro desapareció durante la guerra en la provincia de Badajoz. Tenía 37 años, era campesino y nunca se volvió a saber de él. Lisardo Gutierrez, minero de profesión, fue detenido y 'paseado' por las fuerzas franquistas en marzo del 38. Tras una breve estancia en la cárcel fue ejecutado. Se desconoce dónde descansan sus restos mortales. Como ellos, las asociaciones de memoria histórica estiman que hay cerca de 88.000 cuerpos enterrados en cualquier cuneta de España. Una cifra a la que se suman las cerca de 20.000 víctimas del franquismo que están enterrados junto a su verdugo en el Valle de los Caídos.

"Sólo el régimen de Pol Pot en Camboya supera a España en número de desaparecidos", señaló Miguel Ángel Rodríguez Arias, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este jueves se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y España tiene el dudoso honor de ser la única democracia mundial que no ha investigado el terrorismo de Estado una vez superada la dictadura, según Rodríguez Arias. De poco sirvieron las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008 o el informe de Amnistía Internacional Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, publicado el 9 de mayo de 2012, que insta a España a derogar la ley de amnistía, investigar los crímenes y exhumar las fosas comunes. El Estado español, más allá del tímido intento que supuso La Ley de Memoria Histórica de 2007, no ha hecho nada por sacar de las cunetas a sus desaparecidos.
Las cifras que se barajan son inexactas, se basan en teorías y en cálculos aproximativos y siempre hablan en términos mínimos, pero son escalofriantes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Emilio Silva calcula que 88.000 personas, aproximadamente, continúan enterradas en fosas comunes en cualquier rincón de España. “En casi todas las capitales de provincia hay una fosa. Pero el número de personas que hay dentro es difícil de calcular porque se ha destruido mucha documentación de la dictadura y porque hay casos de personas que no han sido reclamados por familiares”, relata a Público Emilio Silva.

La cifra inicial de la que se parte es que, en 1975 cuando Franco falleció y se inició el período de transición, las cunetas españolas albergaban alrededor de 93.000 muertos. A esa cifra total, Emilio Silva resta una cifra que oscila entre los 1.000 y 2.000 cuerpos que fueron exhumados desde la transición hasta el golpe de Estado de Tejero en 1981 y otros 6.000 que han sido recuperados desde el año 2000 hasta la actualidad.

“Las cifras que barajamos siempre se quedan cortas”, apunta José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que señala que siempre que se analiza a fondo cualquier provincia de España aparece al menos una fosa de la que no había ninguna prueba documental.

Está más claro el número de fosas comunes que se encuentran a lo largo y ancho del territorio español, en total, 2.246 señaladas en la Península, de las que prácticamente la mitad se encuentran repartidas entre Aragón (594) y Andalucía (492). Tras estas dos comunidades, están el Principado de Asturias (320), Castilla y León (187), Catalunya (151), Castilla-La Mancha (139), País Vasco (92), País Valencià (85), Madrid (51), Extremadura y Galicia (46 en cada una), Navarra (16), Cantabria (7), La Rioja y Murcia (6 en cada una), Balears (4), Canarias (2) y Ceuta y Melilla (una fosa en cada ciudad autónoma). 
 
Futuro incierto

El futuro de los miles de cuerpos de asesinados durante la Guerra Civil que continúan en las fosas comunes es aún hoy, 37 años después de la muerte de Franco, incierto. Las reticencias de algunos sectores de la sociedad para su apertura, el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica y la falta de fondos ha repercutido negativamente en las investigaciones y exhumaciones. Las asociaciones de memoria histórica siguen denunciando el “sin sentido” que supone que sean las familias de los desaparecidos las que tengan que promover las investigaciones y posteriores exhumaciones.

“Los familiares no sólo tuvieron la desgracia de haber sufrido la pérdida de un ser querido y su estigmatización, sino que aún hoy tienen que hacerso cargo de las exhumaciones. Es un sin sentido”, denuncia Emilio Silva, quien, no obstante, asegura que a pesar de las dificultades encontradas no tienen intención de cesar en este trabajo.

En este sentido, José María Pedreño asegura que el movimiento memorialista “no va a parar”. “No se trata sólo de la defensa a ultranza de los derechos humanos sino de luchar contra la impunidad. No se puede permitir que muchos herederos de los que declararon la guerra a un sistema democrático, eliminaron sistemáticamente a sus rivales políticos y gobernaron a base de Consejos de Guerra, hoy estén disfrutando de muchos privilegios económicos y políticos”,denuncia.


jueves, 25 de abril de 2013

De incidentes en la Universidad Complutense o de seis millones doscientos mil parados

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Cuando miras hacia atrás y contemplas el franquismo, no te mueres de vergüenza porque ves a mucha gente que se la jugó protestando contra la dictadura. Casi siempre estaban ahí estudiantes de la Universidad Complutense. Dejaron unos cuantos muertos camino de esta democracia. A uno lo asesinaron tirándolo por una ventana. Enrique Ruano. Estudiaba derecho. Su asesinato lo justificó Fraga, el que fundó el Partido Popular. A Mari Luz Nájera, de Sociología, la asesinaron en una manifestación a favor de nuestra democracia. O de una que, pensaban, iba a ser mejor. A otra, Yolanda González la asesinaron fascistas. A su asesino, Hellín, luego lo contrataron los cuerpos de seguridad del Estado, que se acostaron fuerzas del orden y se levantaron demócratas cuando murió Franco. Ahí tienen razón los neoliberales: lo que te regalan no lo aprecias.

Hoy, el mismo día que estamos esperando nuevos recortes anunciados por Rajoy, cuando la red corrupta Gürtel que llevó al gobierno al PP sigue impune, cuando el Banco Santander anuncia 12000 millones de beneficios, cuando vemos a Grecia morirse de hambre por seguir los dictados que aquí nos quieren dictar, cuando sabemos que ya son seis millones doscientos mil los parados y paradas en nuestro país, vuelven a detener a estudiantes. Qué cosas terribles habrán hecho. Seguro que mucho peores que Urdangarín, que Bárcenas, que tantos otros. Los estudiantes siempre son peligrosos. Siembran ejemplo. ¿Han impedido las clases? Otros están impidiendo que puedan estudiar, que tengan acceso a la salud, que tengan trabajo. Su Ministro, el de educación, les ha dicho que se vayan a estudiar fuera.Los profesores sólo nos indignamos cuando nos quitan la paga extra. Aunque ya ni siquiera. Hoy los que vaciaron los bancos almorzarán caro y cenarán caro. Hay estudiantes que lo van a hacer en los juzgados de Plaza Castilla.

La Universidad Complutense saca un comunicado: “Un grupo minoritario de personas ha ocupado de forma violenta las Facultades de Trabajo Social y Políticas y Sociología, ubicadas en el mismo edificio, impidiendo el acceso y el normal funcionamiento de ambos centros. Ante esta situación, se pondrán en marcha los medios necesarios para restablecer la actividad académica y administrativa habitual. Joaquín Goyache. Vicerrector de Organización”

http://tomalafacultad.files.wordpress.com/2013/04/somosaguas.jpgPobre Vicerrector. En qué papeles les mete a algunos nuestro sistema. Al final, aunque no quieras, te terminan poniendo del lado de tus verdugos. ¿O no es el PP el que está estrangulando a la Universidad pública? Cuando miremos para atrás, cada cual verá el reflejo que pueda.

En nuestra democracia, pasar por la cárcel ya parece ser una cuestión de decencia.




En España rezar sale más rentable que investigar el cáncer


European People Party (Flickr)

La Constitución de 1978 establece en su artículo 16.3 que España es un estado aconfesional, puesto que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Sin embargo, la asignación de casi 11.000 millones de euros a la Iglesia católica en los últimos presupuestos, en comparación con los 6.000 millones destinados a la ciencia, nos hace preguntarnos si rezar sale más rentable que investigar.
La financiación pública de la Iglesia es una de las polémicas más importantes de los últimos años. ¿Por qué sigue recibiendo dinero del Estado, si en teoría existe una separación, al menos aparente, entre la religión y el poder político? ¿Qué motivos hay para que un área tan importante, como es la investigación, reciba la mitad de dinero que la Conferencia Episcopal?

La financiación de la Iglesia católica en España

El dinero que las confesiones religiosas reciben por parte del Estado español merece, sin duda alguna, un capítulo aparte en la historia política del país. En particular, la financiación de la Iglesia católica se basa en el Acuerdo económico firmado en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Este documento sustituye a otros suscritos durante los años cincuenta, en los que España estaba obligada a pagar a la Iglesia una "compensación por las desamortizaciones del siglo XIX y las labores y obras de la Santa Sede a favor de la nación".

En el acuerdo de 1979, se establecían cuatro fases diferentes en la evolución de la financiación que la Iglesia recibiría del Estado:

En la primera etapa, se mantuvieron las directrices establecidas durante la dictadura de Franco, en otras palabras, España estaba obligada a aportar una partida presupuestaria directa a la Iglesia católica. Este hecho incumple claramente la Constitución, pero dada la "provisionalidad" aparente de esta fase, pudo ser justificada.

En segundo lugar, se acordó que durante los siguientes tres años, se pasaría de esta asignación económica directa a la cesión parcial del aparato recaudatorio del Estado. Es decir, la Iglesia podía recabar dinero de sus fieles por medio de la conocida casilla del IRPF, que en principio concedía un 0,4%, para luego terminar en un 0,5%. Esta etapa debía durar tres años solo, como decíamos, pero "misteriosamente" se alargó de 1988 a 2007. Para más inri, si la Iglesia obtenía menos dinero del que esperaba a través de dicha casilla, el Estado tenía que completar esa cantidad, por medio de la "dotación presupuestaria directa" de la primera etapa. No contentos con eso, si la Iglesia en algún ejercicio anual obtenía más dinero del esperado a través del IRPF, no se lo devolvía al Estado, sino que se quedaba con el excedente económico.

En la tercera etapa acordada en 1979, se contempla que la financiación de la Iglesia se realice únicamente a través de la recaudación tributaria del 0,5%. Aunque esta situación es jurídicamente más defendible, la asignación económica que se realiza a la Iglesia tiene como resultado un desequilibrio en las cuentas del Estado. En otras palabras, algunos pagan el 100% a Hacienda, mientras que otros solo el 99,5% (ya que la Iglesia católica es considerada como una institución religiosa privada). En algunos círculos, se apoya esta etapa defendiendo la "labor social que la Iglesia hace, dado que repercute en el bien común". Sin embargo, a pesar de la tarea extraordinaria que realizan las organizaciones sociales católicas, como Cáritas, esa afirmación no es cierta por dos razones. En primer lugar, la Iglesia no justificaba en qué empleaba la recaudación obtenida del 0,5%, y por otra parte, el dinero que reciben las entidades como Cáritas viene de la ayuda del 0,5% de la otra casilla del IRPF destinada a fines sociales.

En la última fase establecida en los Acuerdos de 1979 se preveía la autofinanciación por parte de la Iglesia católica. En este escenario (utópico), no se daría dinero ni de manera directa ni indirecta por parte del Estado, ya que la Iglesia recaudaría lo que necesitaría a través de sus fieles. La posibilidad de la autofinanciación desapareció cuando en 2006, la Comisión Europea multa a España por no haber obligado a la Iglesia a pagar el IVA. En 2006, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, España aún se mantenía en la segunda fase (a pesar de que esta etapa era provisional y debía durar solo tres años). Ante la sanción europea, España aceptó mediante un "canje de notas" (un tipo de documento jurídico) que la Iglesia católica pagara el IVA en sus actividades económicas, siempre y cuando esta pudiera recaudar un 0,7% a través de la casilla del IRPF (el famoso porcentaje que íbamos a destinar a la cooperación al desarrollo, ¿recuerdan?) Este principio de acuerdo supuso en la práctica que nos olvidáramos totalmente de aquella utopía llamada autofinanciación eclesiástica.

Se podría decir que la situación entre la Iglesia católica y otras religiones es parecida. Sin embargo, aunque existe el mandato constitucional, también a través del artículo 16.3, de cooperar con las confesiones religiosas, el desequilibrio existente es importante. Por una parte, la Iglesia y otras entidades confesionales no católicas están exentas de pagar determinados impuestos. Sin embargo, el Estado asigna una determinada partida económica a confesiones religiosas no católicas, pero sólo para proyectos con fines sociales y culturales justificados. En 2005, según el estudio de Isidoro Martín, la cantidad total no superaba los tres millones de euros.

Además, la Iglesia católica en España no solo recibe financiación a través del aparato recaudatorio estatal. España paga anualmente unos 600 millones de euros en concepto de salarios de los maestros y profesores de Religión católica (seleccionados por la Iglesia de forma directa). Además, el Estado también aporta 6.000 millones para los presupuestos educativos, sanitarios y sociales, debido a los conciertos que tiene con instituciones vinculadas a la Iglesia.

En total, lo que el Estado otorga a la Iglesia (bien de forma directa a través del IRPF, los salarios y los conciertos, bien de manera indirecta con la exención de impuestos) asciende, según datos de Europa Laica, a casi 11.000 millones de euros.

La (no) financiación de la ciencia en España

A pesar de que el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha reiterado varias veces que España debe pasar de la economía del ladrillo a la economía del conocimiento, la realidad presupuestaria parece no confirmar sus palabras.

Según el análisis realizado por la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), los presupuestos destinados a la ciencia cayeron en España un 7,21% respecto a las cifras de 2012, donde ya se había dado un tijeretazo del 25% a la financiación de la investigación.

Los niveles actuales de inversión (que no "gasto") en ciencia se reducen hasta alcanzar las cifras de 2005 (es decir, a algo menos de 6.000 millones de euros). Peor aún, el dinero que se destina a cada investigador en España cae a niveles anteriores a 2002. En otras palabras, la financiación de la ciencia se ve reducida por cuarto año consecutivo, dejando a instituciones tan emblemáticas como el CSIC en una situación muy preocupante. Sin contar, claro está, las deudas e impagos que acumula España con entidades extranjeras, tales como el CERN o la Fundación Europea de la Ciencia.

Pero no contentos con esto, el Estado ha ido reduciendo la partida destinada a subvenciones públicas para la investigación, sustituyéndolas por préstamos, difíciles de ejecutar por parte de los grupos de investigación, en su mayoría asociados a universidades y centros de I+D públicos.

El problema no solo reside en el apartado económico "puro y duro", sino también en los incontables retrasos en los programas de becas de investigación y programas de apoyo a la ciencia, motivados en parte por las dificultades que el Ministerio de Hacienda está poniendo, como ha denunciado hace unos días Nature.

¿Qué futuro nos espera?

Ante los datos expuestos, está claro que en España rezar sale más rentable que investigar. La financiación a la Iglesia católica supera con creces la inversión realizada en ciencia. En una época de crisis económica como la que vivimos, es normal que se establezcan recortes presupuestarios en todas las áreas, pero lo que no resulta tan lógico es que las tijeras siempre se apliquen del mismo lado.

Si de verdad queremos construir una economía basada en el conocimiento, España debería empezar a demostrarlo en la planificación de sus presupuestos generales. No vale presumir de "ciencia de excelencia", si los investigadores cada vez ven más viables otras salidas. Ya saben: por tierra, mar o aire.

25 de abril: Recordando una Revolución

Era madrugada, un 25 de Abril de 1975, en radio Renascensa, sonaba una preciosa canción (que después correría el mundo entero) "Grandola vila morena, terra da fraternidade..." en la voz del gran José Alfonso. Se iniciaba la Revolución de los claveles, no era un golpe militar en sí, era el producto de una situación insostenible de una dictadura que seguía en el poder desde 1926. Las guerras coloniales, hicieron que la mayor parte de los militares se dieran cuenta de la inutilidad por mantener el último imperio colonial de occidente, de su crueldad, cada familia portuguesa tenía uno o dos familiares combatiendo en Mozambique o Angola, también existía un sentimiento antibélico de los jóvenes portugueses que se movilizaron masivamente contra la guerra de Vietnam.

El poder económico lo ostentaban 100 familias, la desigualdad social era abismal, uno de cada siete portugueses trabajaba fuera de su país para poder sobrevivir. La miseria en el campo con una explotación latifundista, era escandalosa y las cárceles llenas de presos políticos, y al mismo tiempo Portugal era un paraíso para nazis huidos de sus juicios, para monarquías sin reino: Española, Italiana, dictadores como Fulgencio Batista...

Pero no fue solo un golpe militar, fue todo un movimiento obrero de huelgas y luchas obreras de años anteriores, fue la participación del pueblo que tomo las calles desde el principio, la autentica garantía de que se abría un nuevo horizonte.

Después vinieron muchas cosas, pero el primer año y medio, el protagonismo fue indiscutiblemente de los ciudadanos portugueses: la ocupación de los campesinos de los latifundios del Alentejo, nacionalización de la banca y gran parte de la industria, ocupación de fabricas por los trabajadores, en general una popularización de la economía, independencia colonial, autonomía nacional...

La sociedad portuguesa se organizo civilmente en barrios, fabricas, en el campo y supo reaccionar a los nuevos intentos fascistas por hundir la Revolución de los claveles.

Lo demás vino con el tiempo, los manejos de la socialdemocracia, los maniqueos democráticos occidentales...
España cerró sus fronteras, USA temió un nuevo Chile..., el mundo entero andaba luchando, como hoy, por la justicia, la igualdad, la libertad. Esa es nuestra herencia, que sigue viva hoy, podemos ser protagonistas directos de un mundo mejor.
Porque las REVOLUCIONES hay que celebrarlas, aunque la realidad de estos días intente aplastarnos.

"... o povo e quem mais ordena dentro de ti o ciudade".


miércoles, 24 de abril de 2013

Armenia recuerda hoy a las víctimas del genocidio

El mundo entero honra el 24 de abril a las víctimas del genocidio del pueblo armenio cometido por el Imperio Otomán. Miles de personas llevan flores este día al conjunto conmemorativo Tsitsernakaberd situado en Ereván.
El mundo entero honra el 24 de abril a las víctimas del genocidio del pueblo armenio cometido por el Imperio Otomán. Miles de personas llevan flores este día al conjunto conmemorativo Tsitsernakaberd situado en Ereván.

La masacre de armenios perpetrada por la Turquía Otomana en 1915 fue el primer genocidio del siglo XX. Para conmemorar esta tragedia fue elegido el 24 de abril, fecha en que en Constantinopla (Estambul) fueron arrestados y después asesinados cerca de un millar de científicos, escritores, médicos, sacerdotes y otros representantes de la cultura armenia.

Como segundo acto del genocidio, unos 300.000 jóvenes armenios fueron llamados a filas del Ejército de Turquía y después desarmados y matados por soldados turcos. El tercer acto consistió en “marchas de la muerte”, o la expulsión de mujeres, niños y ancianos al desierto, y numerosas matanzas. Decenas de miles de personas fueron convertidas al Islam por la fuerza.

Como segundo acto del genocidio, unos 300.000 jóvenes armenios fueron llamados a filas del Ejército de Turquía y después desarmados y matados por soldados turcos. El tercer acto consistió en “marchas de la muerte”, o la expulsión de mujeres, niños y ancianos al desierto, y numerosas matanzas. Decenas de miles de personas fueron convertidas al Islam por la fuerza.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Otomán vivían dos millones de armenios. De 1915 a 1923 fueron matados cerca de 1,5 millones. Los restantes 500 mil se dispersaron por todo el planeta.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Otomán vivían dos millones de armenios. De 1915 a 1923 fueron matados cerca de 1,5 millones. Los restantes 500 mil se dispersaron por todo el planeta.

Hacia 1912, el Imperio Otomán perdió casi todos sus dominios en Europa, menos Estambul y sus alrededores, y se planteó la tarea de asimilar por la fuerza o liquidar a la población de Armenia Occidental que obstaculizaba la realización de su plan de crear un Estado pantúrquico.

Hacia 1912, el Imperio Otomán perdió casi todos sus dominios en Europa, menos Estambul y sus alrededores, y se planteó la tarea de asimilar por la fuerza o liquidar a la población de Armenia Occidental que obstaculizaba la realización de su plan de crear un Estado pantúrquico.

La política de exterminio de los armenios en su patria histórica empezó a realizarse a partir de la década del 90 del siglo XIX y alcanzó su apogeo durante la Primera Guerra Mundial.

Los abogados europeos piden por carta al rey y a Rajoy que deroguen las tasas judiciales

Gallardón niega que legisle en favor de registradores como Rajoy y acusa al PSOE de cuestionar a quienes opositan

El presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa, Lutz Simon, ha enviado una carta al rey y a Mariano Rajoy para mostrar su "grave preocupación" ante las reformas que el Gobierno está impulsando en materia de Justicia. En la misiva, remitida también a Alberto Ruiz Gallardón y al presidente del Tribunal Constitucional, asegura que la ley de tasas socava "elementos fundamentales del Estado de derecho, particularmente el derecho de acceso a la Justicia".

Simon tacha de "injusticia flagrante" las tasas de Gallardón que, a su juicio, vulneran la Constitución al impedir el acceso a la tutela judicial efectiva. También considera que la tasa de 200 euros para los recursos de multas supone una "total impunidad del funcionario que pone la multa, ante cuyo eventual abuso de poder el ciudadano queda en la indefensión absoluta". El representante de los abogados europeos asegura que las tasas suponen una vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Además, recrimina la actitud del ministro porque "no se ha seguido ningún proceso negociador" y describe como "inconsistentes" los argumentos de Gallardón, que ha defendido siempre su medida como la única manera para salvar la justicia gratuita. Frente a las "tasas desorbitadas" que constituyen un "obstáculo insalvable al acceso a la justicia", la abogacía europea solicita la derogación de la ley o la reducción de las tasas hasta "límites razonables".

El rechazo de esta federación, que representa a 800.000 abogados en Europa, no es el único procedente del sector jurídico que han recibido las nuevas tasas judiciales. En España, partidos, asociaciones y sindicatos mostraron su oposición a la reforma y se han presentado 170.000 firmas en el Ministerio de Justicia contra la medida. Incluso el fiscal general del Estado, elegido por el Gobierno, también consideró "excesivas" las tasas y echó en cara a Gallardón que no contara con la opinión de la Fiscalía.

La normativa, que entró en vigor en diciembre, contempla las tasas para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencioso-administrativo que alcanzan hasta 1.200 euros en el caso de casación ante el Supremo. T ambién se aplican en los juzgados de lo social, aunque sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, mientras que queda excluido el orden penal. La regulación recoge los supuestos de bonificaciones de un 60% de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; de un 20% cuando se acumulen procedimientos; y un 10% para incentivar la utilización de medios telemáticos