La esencia de la democracia es “tomar en cuenta lo que el pueblo
quiere y no quiere”, decía Hobsbawm El incumplimiento del gobierno de su
programa electoral, aplicando medidas económicas y sociales contrarias
al mismo, y mayoritariamente rechazadas, implican la violación
gubernamental de dicha esencia. Los objetivos económicos oligárquicos
son cada vez más visibles gracias a la protesta social, forzando al
gobierno a exponer su antes velada violencia, en una deriva autoritaria
creciente. Para imponer sus normas apela cada vez más a la represión
policial, a la criminalización goebbeliana de quienes defienden los
derechos sociales y la democracia real (PAH, 15M, activistas sindicales,
de partidos de izquierda y del conjunto del movimiento social). También
pretende trasladar la regresión absolutista al plano jurídico,
imponiendo un modelo judicial del siglo XIX que para dar privilegios a
unos pocos, viola derechos de la mayoría, legitimando el expolio social y
convirtiendo en delito duramente castigado el simple ejercicio de
defensa de derechos.
En 2011 el bloque político neoliberal reformó la Constitución de
urgencia y con “agosticidad”, para dar privilegios a banqueros y
especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán
“prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las
pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la
gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes
empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública)
mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa
del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también
aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los
recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo
el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en
2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara
del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el
último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública son usados como
pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y
favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a
la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los
acreedores de la deuda son a costa de sanidad, educación y pensiones
públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta
financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero
nuestro que el gobierno les regala.
Con el mismo pretexto del déficit, la deuda y la estabilidad
financiera, el partido del gobierno aprobó el jueves en el Congreso el
proyecto de ley hipotecaria a pesar del rechazo de todos los grupos
parlamentarios. Esta ley deja de lado las principales demandas de los
afectados (dación en pago retroactiva, paralización de desahucios,
alquiler social) apoyadas masivamente por la sociedad. Nueva imposición
en favor de privilegios a banqueros y especuladores y en perjuicio de
cientos de miles de familias deudoras expulsadas de sus hogares y
empujadas a la marginación y muchas veces al suicidio. La injusticia de
estas medidas va más allá de la no concesión de esas demandas mínimas,
pues los desahucios forman parte inseparable del expolio social a favor
del capital financiero. La burbuja inmobiliaria fue creada por la
especulación con el suelo y la rebaja de tipos de interés, (por la
abundancia mundial de capital especulativo y la creación del euro), pero
también por la banca española, con la complicidad del Banco de España y
demás autoridades: se endeudó internamente colocando “preferentes” y
otros ‘productos tóxicos’ a ahorristas confiados y en el exterior con la
banca (particularmente alemana). Esto le permitió otorgar créditos
masivos al sector inmobiliario: con condiciones abusivas a familias
(cláusulas suelo, sobretasaciones, etc.) y con ligereza a empresas
promotoras obteniendo beneficios records: 23 mil millones solo en el año
2007. Pero el pinchazo de la burbuja en ese año dejó un millón de
viviendas sin compradores solventes y una deuda inmobiliaria de más de
un billón de euros (equivalente a todo el PIB de España).
Los sucesivos recortes de salarios, empleo, pensiones y demás gasto
social, realizados con el pretexto del déficit, han multiplicado el
desempleo, la morosidad general y la del crédito a promotoras
inmobiliarias en particular. La mora real de éstas ronda casi el 50%
(160.000 millones de euros, en torno al 15% del PIB) y representa el
75% de todos los créditos morosos de empresas. En cambio, la morosidad
del crédito a familias para compra de viviendas es de sólo el 2,8%, lo
que muestra la falacia de la propaganda oficial y la injusticia de su
política. Si el gobierno hubiese querido evitar el drama de los
desahucios bastaba una ínfima proporción del dinero regalado a la banca.
Unos 600 millones de euros en una año prestados a las familias para que
pagasen sus cuotas de la hipoteca, hubiesen evitado el crimen social
de dejar sin hogar y empujar a calle a casi 500.000 familias (incluyendo
niños y ancianos), mientras se acumulan tres millones y medio de viviendas vacías, y a la vez también hubiesen permitido cobrar a la banca. Esto
que se negó a las familias se dio generosamente a promotoras: la banca
refinancia los créditos que no pueden pagar y les permite la dación en
pago, a costa nuestra, pues el gobierno regala a la banca el dinero de
todos, convirtiendo deuda privada en deuda pública, que pretende que
paguemos a costa de nuestra miseria y la de generaciones futuras,
mediante una violencia económica descomunal que vulnera derechos
básicos.
Entre desahucios y daciones de empresas, la banca acumula casi un
millón de viviendas, que ofrece con incentivos en el mercado, hundiendo
más los precios. Esto perjudica aún más a las familias desahuciadas, ya
que el precio de subasta de sus pisos se aleja cada vez más del valor
al que compraron y por el que contrajeron deuda. De modo que después de
entregar la vivienda y haber pagado buena parte del crédito siguen
debiendo elevadas cantidades al banco. Estas viviendas pasarán al
Sareb, mal llamado “banco malo”, pues será muy bueno para la gran banca
privada que tendrá mayoría del capital y obtendrá elevados beneficios
gracias al despojo de hogares a las familias, ganando así también en la
crisis que provocó. Esto cierra el círculo de expolio
social mediante la violencia de instituciones “democráticas”,
convertidas en ‘brazo armado’ del poder financiero, intentando ocultar
el fin económico de dicha violencia. Pero digámoslo alto y claro: los
crímenes sociales no pueden quedar impunes. Es necesaria la verdad,
reparación y justicia. Y la deuda no la pagamos. Porque es imposible. Y
porque no es nuestra, es ilegítima.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6842/la-violencia-democratica-del-poder-financiero/
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