domingo, 28 de abril de 2013

El (verdadero) negocio del aborto



Desde hace bastante tiempo, las organizaciones internacionales que se oponen al derecho al aborto por libre decisión de la mujer vienen insistiendo que detrás de los impulsos para que los Estados adopten legislaciones y políticas públicas favorables a este derecho se encuentran “grupos feministas radicales”, “promotores de la homosexualidad y el hedonismo” y, sobre todo, “multinacionales del aborto” que ven en este asunto un negocio multimillonario a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos y ciudadanas al Estado, es decir, el “negocio del aborto”.

Este mensaje, difundido sobre todo en tiempos de crisis, tiene su correspondiente repercusión en medios de comunicación afines a esta demagogia religiosa y neoliberal. Por un lado, sostiene la perversa idea de que todo lo relacionado con brindar un servicio de salud esencial, basado en un derecho humano y amparado por las leyes y políticas públicas, es una aberración moral y debería estar prohibido. Por otro lado, promueve la idea de que el aborto no debe ser financiado con fondos públicos (menos en tiempos de crisis, ya saben) y que ya que la ley permite esta aberración, al menos que aquella mujer que quiera un aborto, que lo pague de su bolsillo. Después de todo, siempre hay mejores cosas que hacer con el dinero público, no?

Aunque quienes promueven este mensaje ya han manejado varias cifras sobre lo que le cuesta al Estado financiar el acceso al aborto para las mujeres en España, la última cantidad la ha ofrecido el obispo de Segovia, Ángel Rubio, quien denunció el pasado 13 de abril que los abortos constituyen un «negocio» que, según sus datos, mueve alrededor de 50 millones de euros en España. No sabemos si este dato corresponde a lo que el Estado gasta directamente en atender la demanda de las más de 100.000 mujeres que deciden abortar en nuestro país, o también están incluidas las subvenciones públicas que se conceden a organizaciones de la sociedad civil para promover y defender los derechos humanos de las mujeres de manera amplia y que permanentemente son cuestionadas por los opositores al aborto. Está claro, para ellos, que se trata de todo un “negocio del aborto” en el que se lucran tanto los y las proveedores del servicio como esas “feministas radicales” que defienden esta práctica. ¿O no?



Pues no. El Observatorio de la Laicidad, en su último informe sobre la financiación de la iglesia católica en España de Abril 2013, confirma que esta confesión religiosa recibe del Estado más de 11.000 millones de euros anuales, equivalente a 260 euros por cada residente, católico o no.

Solo por precisar algunas de las cantidades en que se divide esta financiación pública de la iglesia católica, nos encontramos con que la Conferencia Episcopal se lleva 247,1 millones de euros y alrededor de cuarenta organizaciones de esta iglesia (ONG, fundaciones, etc.) se reparten 120 M€ provenientes de la asignación del 0,7% en la casilla de “fines sociales” del IRPF.

Este dinero público es empleado por la Conferencia Episcopal para pagar sueldos y gastos de religiosos/as y, también, para emprender campañas contra el derecho al aborto como la reciente: “Este soy yo. Humano desde el principio” en que los obispos han llamado a todas las personas, tanto anónimas como públicas, a cambiar su imagen de perfil de Facebook por una ecografía de cuando aún se encontraban en el vientre de sus madres, en el marco de la Campaña por la Vida 2013. Una campaña que ha tenido un coste de 150.000 euros.

Siguiendo con el desglose de la financiación pública a la iglesia católica, en 2012 el Estado destinó 610 M€ para el pago de los salarios y costos sociales de unas 19.000 personas que imparten religión católica (designadas por los obispados) en centros públicos y privados. Asimismo, unos 4.000 millones de euros públicos fueron concedidos a centros educativos con ideario propio (católico) por el Estado (central y autonómico).

Tal debe ser el éxito de convocatoria de la asignatura de religión que se imparte en centros públicos, que a comienzos de este mes de abril los obispos han lanzado un vídeo para vender la religión como "asignatura apasionante". La campaña promete a los alumnos que, gracias a la asignatura, aprenderán las claves para evitar la crisis y entender qué inspiró las grandes obras de la pintura, la arquitectura o la música. Y, por supuesto, aprenderán que la vida se inicia desde la concepción y que el aborto es un crimen abominable…. ¿Que no creen que se dediquen a esto con dinero público? En febrero de 2013, el Arzobispado de Madrid lanzó un “concurso” para escolares de centros concertados de la Comunidad con el expresivo título: "el embrión humano, el más pequeño de los hermanos". Ah! Y con el apoyo de El Corte Inglés!

Sobre cuánto han costado estas campañas para el erario público, sólo dios lo sabe… Lo que sí sabemos los ciudadanos y ciudadanas de este país, es que en 2012 la iglesia católica recibió 300 millones de euros para subvenciones y gastos en eventos religiosos diversos (¿manifestaciones y actos multitudinarios por la “vida y la familia”, tal vez?) Por ejemplo, aunque en el ejercicio presupuestario anterior, la visita de Ratzinger y la organización de la Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2011 significó el desembolso directo de 25 millones de euros por parte del Estado y de una cantidad considerablemente mayor en forma de cesiones gratuitas de espacios públicos y desgravaciones fiscales de hasta el 80% a las empresas que patrocinaron la visita (se calculan otros 25 M€ más). Es importante que todo esto lo pague el Estado con dinero de todos y todas, sobre todo si el máximo mandatario de otro país (lo que es) viene a criticar abiertamente las leyes españolas que protegen derechos humanos, ¿verdad? Aún recuerdo con nostalgia los 200 confesionarios instalados en el público Parque de El Retiro de Madrid en el que, entre otros pecados, los obispos cedieron graciosamente su competencia absolutoria a los curas para que estos pudieran perdonar el pecado del aborto

En fin, que son muchas las actividades que la iglesia católica española realiza cada año con esos 11.000 millones de euros de fondos públicos y quién sabe cuántos millones más de ingresos privados. Teniendo en cuenta que buena parte de este discreto presupuesto se destina a realizar oposición a leyes que protegen derechos humanos y, en especial, a advertir a los incautos de los peligros del aborto, no puedo dejar de pensar en ese concepto que manejan tan a la ligera sobre el “negocio del aborto”. ¿Cuántas decenas de miles de personas, entre religiosas y laicas, obtienen sus salarios de fuentes públicas para seguir haciendo oposición al derecho al aborto? ¿Cuánto dinero sin declarar recogen estos acólitos de la vida en las innumerables manifestaciones, celebraciones y campañas, que contribuyen a hinchar los bolsillos de aquellas personas que tienen como profesión trabajar para que los/as demás no puedan ejercer sus derechos humanos?

¿Quién hace del aborto un verdadero negocio?

Pero este negocio aún es más. En su día, el activista Shangay Lily a través de su columna en el diario Público calificó el Congreso Mundial de las Familias celebrado en Madrid en mayo de 2012 como el negocio del odio: “es un negocio, amigos. Un negocio multinacional que cuenta con numerosas franquicias que están haciendo muy ricos a los que se suman al negocio del odio”.

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