Asesinados y disueltos en ácido los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco

Miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación confundieron a los alumnos con sus rivales en la región

Una protesta en Guadalajara por los estudiantes desaparecidos. En vídeo, declaraciones de Raúl Sánchez, fiscal general de Jalisco. Ulises Ruiz AFP

 La terrible historia de los desaparecidos en México ha vuelto a repetir desenlace este lunes en Jalisco. Los tres estudiantes de cine secuestrados en esa región hace un mes fueron asesinados y disueltos en ácido sulfúrico por el Cartel Jalisco Nueva Generación, según ha informado la Fiscalía. Algunos restos genéticos de los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales han sido hallados en las últimas semanas en una finca a donde los trasladaron después de que el 19 de marzo fueran secuestrados por un grupo armado en Tonalá, una localidad colindante con la ciudad de Guadalajara.

Salomón Aceves Gastélum, de 25 años y originario de Mexicali (Baja California); Jesús Daniel Díaz, de 20 años y de Los Cabos (Baja California Sur), y Marco Ávalos, de 20 años y de Tepic (Nayarit) se suman a la desbordante lista de 104.000 homicidios ocurridos desde que comenzó el Gobierno de Enrique Peña Nieto y a los más de 200.000 asesinatos relacionados con la guerra contra el narcotráfico, que ya dura 11 años. Los tres estudiantes fueron asesinados al más puro estilo del narco mexicano: con una violencia excesiva e intentando borrar cualquier evidencia con un químico corrosivo.

Ni Gastélum, ni Díaz, ni Ávalos sabían por qué la noche del 19 de marzo un grupo disfrazado de agentes de la Fiscalía los interceptó en una carretera cuando detuvieron su automóvil para arreglar una falla mecánica. Los tres estudiantes volvían con tres compañeros más de una larga jornada de rodaje para un trabajo escolar, que se había llevado a cabo en una cabaña en Tonalá. En la soledad de la autovía, seis hombres con armas de alto poder bajaron de dos camionetas y les ordenaron directamente a los tres alumnos que se subiesen a uno de los vehículos. Soltaron un disparo al aire antes de arrancar rápidamente, sin dejar más rastro que una polvareda.

La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que los jóvenes no tenían el más remoto vínculo con los narcotraficantes de la región y que solo estuvieron en el lugar y la hora equivocados. “No se encuentra acreditado que tengan algún vínculo con algún cartel delictivo”, ha explicado Ivette Torres, jefa de la investigación a la prensa mexicana. El único error de los aspirantes a cineastas fue montar durante dos días el rodaje escolar en una propiedad que en algún momento fue una casa de seguridad de un grupo criminal. La tía de uno de ellos —las autoridades no han revelado su identidad— les prestó la cabaña para su proyecto. Mientras trabajaban, al menos ocho miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación les vigilaban sin que ellos lo supieran.

Tras el secuestro, los tres estudiantes fueron llevados a una casa donde fueron torturados, interrogados y asesinados. Allí la Fiscalía ha encontrado rastros de la sangre de Jesús Daniel Díaz que reflejan el terror que pasaron los jóvenes en sus últimas horas de vida. Sus cuerpos, siempre según la versión de la Fiscalía, fueron llevados a otra vivienda en donde los criminales los sumergieron en ácido sulfúrico, comúnmente utilizado en fertilizantes, para disolver cualquier evidencia. Las autoridades se encuentran analizando el contenido de tres tinacos (depósitos utilizados para almacenar agua) y 46 bidones rellenos con el químico disolvente para conseguir más pruebas de que los estudiantes murieron allí.

Los narcotráficantes del Cartel Jalisco Nueva Generación habrían confundido a los alumnos con miembros del grupo rival Cartel Nueva Plaza, al verlos ocupar la cabaña que alguna vez sirvió como bodega de armamento y droga. La Fiscalía ha detenido a dos de los ocho hombres que participaron en el secuestro y asesinato de los jóvenes: Gerardo N. y Omar N. Ambos han confirmado el relato sobre el homicidio de los alumnos y que entre sus compañeros del cartel existió la creencia de que las víctimas eran criminales como ellos, y no un grupo de jóvenes cineastas con la creatividad y sus sueños en efervescencia.

Más información: https://elpais.com/internacional/2018/04/24/mexico/1524532515_935757.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Los desaparecidos del desierto: memoria histórica y fosas comunes en el Sáhara

Son crímenes impunes, cometidos la mayor parte entre 1975 y 1977 tras el abandono de España y la anexión por Marruecos con la Marcha Verde.
Los primeros restos fueron hallados en 2013: balas del Ejército marroquí junto a esqueletos con evidencias de muerte violenta.

Cientos de ciudadanos saharauis y españoles han sido víctimas de desaparición forzada en el Sáhara Occidental. JUAN MIGUEL BAQUERO

 Una fosa común en mitad del desierto. Un puñado de huesos apenas tapados por arena. La historia universal de las víctimas de desaparición forzada, así resumida. Y “la herida permanentemente abierta con la que viven” sus familias. Es la memoria histórica del Sáhara. Un relato que salpica a la España nacida en los estertores del franquismo. Ocho pastores beduinos, dos de ellos niños. Huesos con nombres como Salma, Sidahmed, Mohamed… y Bachir y Sidi, menores de edad. Los primeros desaparecidos del desierto localizados, en 2013. El hallazgo de un equipo científico de la Universidad del País Vasco (UPV) arrojaba un resultado contundente: balas del Ejército marroquí junto a esqueletos con evidencias de muerte violenta. El análisis genético puso rostro a “ciudadanos saharauis y españoles”.

Aquellas fosas en Fadret Leguiaa, próxima a la ciudad liberada de Amgala, certifican la historia silenciada. La cifra total acumula varios cientos de víctimas que asociaciones de derechos humanos elevan a varios miles, fruto de los bombardeos marroquíes. Crímenes impunes, cometidos la mayor parte entre 1975 y 1977 tras el abandono de España del Sáhara Occidental y la anexión por Marruecos con la Marcha Verde. Para Naciones Unidas, aquel desierto es territorio español pendiente de descolonización. Todavía.

“Mi padre fue secuestrado. No he vuelto a saber de él”

“Mi padre fue secuestrado en las cercanías de Amgala el 12 de febrero de 1976. No hemos vuelto a saber de él hasta el día en que fue exhumado junto con otras víctimas. Este proceso nos ayudó a conocer, por fin, donde estaban nuestros familiares”, cuenta Mohamed-Fadel Abdalahe. “Todas las matanzas ocurren cuando aún España estaba allí”, denuncia Abdeslam Omar Lehsen, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA).

“Lo reconoce el auto del juez Pablo Ruz (abril de 2015)”. Abdeslam Omar apunta al “procedimiento abierto” por la Audiencia Nacional (2006) para investigar delitos de tortura y genocidio en suelo saharaui entre 1975 y 1882. Más allá de esta querella “no hay vías jurídicas internacionales ante ningún tribunal para defender la causa de los desaparecidos”, explica el profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco y miembro de la Asociación Internacional de Observadores de Derechos Humanos (AIODH) Juan Soroeta.

“Hablamos de unas 4.500 personas que han conocido la desaparición forzosa, una cifra enorme en comparación con la población, unas 200.000 entonces”, relata el presidente del colectivo. Marruecos reconoció 207 casos, con 14 niños y 22 mujeres, en un informe fechado en 2010. Sumaba otros 144 individuos sin identificar. Nunca atribuyó las muertes a ejecuciones extrajudiciales, sino a las condiciones sufridas “durante el periodo de detención”.

Desaparecidos con “DNI español”

“Las víctimas llevaban la documentación encima, DNI español”, dice Abdeslam Omar sobre los huesos de Fadret Leguiaa. Ocho víctimas civiles. Pastores beduinos “que no participaban del conflicto armado”. Todos “españoles”, asesinados “extrajudicialmente” en febrero del 76 “por una patrulla del Ejército marroquí”, como confirmó el trabajo dirigido por el antropólogo forense de la UPV y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Francisco Etxeberría, y Carlos Martín Beristain, doctor en Psicología e investigador de las violaciones de derechos humanos.

“Y tenemos suerte por un testigo ocular de los hechos, un niño entonces que se salvó por los pelos”, narra Omar Lehsen. Él señaló el lugar. Allí estaban Salma, Sidahmed, Mohamed… y otros niños como Bachir y Sidi. Culminar el duelo, en palabras del presidente de AFAPREDESA: “Conocíamos de qué grupo se trababa, conseguimos las muestras de los posibles familiares y coincidieron al 100%. Tenemos una gran satisfacción. Cerrar página es muy importante y en este caso se ve claramente cómo la angustia de las familias pasa a ser una gran satisfacción cuando se comunican los resultados”.

Encontrar los restos, ponerles nombre y apellidos, resuelve “la incertidumbre sobre su destino”, en palabras del equipo arqueológico. “La emoción contenida y el profundo sentido humanitario de una acción” esperada por las familias “durante más de 37 años”, describen Etxeberría y Martín Beristain en sus informes. Los casos descubiertos revelan que los ejecutores “usaban métodos de violencia extrema calcados al de la Guerra Civil española, sobre todo en los primeros años de ocupación”, según Abdeslam Omar. “También hay testimonios de que algunos secuestrados fueron tirados desde helicópteros al mar, como en Argentina”.

El trabajo continúa. “Estamos hablando de unas 15 fosas descubiertas y hemos intervenido en cinco, con 14 personas rescatadas y diez identificadas”, describe el representante de las víctimas. Hay muchas más, sostiene. Un “duro trabajo” que Marruecos “complica” al negar “el acceso a los territorios ocupados, donde están la mayor parte”. “Una de ellas abarca al menos unas 60 personas que fueron enterradas vivas en 1976, cuando aún España estaba allí”, subraya.

Buscar ‘el oasis de la Memoria’

Negar una información relevante y veraz sobre el destino de una víctima es una forma de tortura, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y la práctica sistemática, y generalizada, está calificada como crimen de lesa humanidad. Imprescriptible, por tanto. El mismo año del informe humanitario de Marruecos, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada o Involuntaria visitaba la zona para analizar la “naturaleza sistemática” de una práctica usada por las autoridades marroquíes y que permanece en “situación de impunidad”.

La “problemática general” de las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental quedó radiografiada en un informe del Instituto Hegoa de la UPV titulado El oasis de la Memoria. Basado en 261 testimonios de testigos presenciales que reconstruyen y describen el suceso: detención ilegal, ejecución y enterramiento clandestino.

Aquellas exhumaciones “se hicieron en un contexto difícil y con escasos medios, en un lugar cercano al muro construido por Marruecos”, donde “existen todavía numerosas minas antipersonales”, relatan Etxeberría y Martín Beristain. Una zona bajo supervisión de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), el plan de paz firmado por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y el Río de Oro (Frente Polisario) en 1991.

Los procesos exhumatorios han servido para analizar “el fenómeno de la desaparición forzada y el impacto psicosocial que ésta ha tenido en los familiares de desaparecidos”, tanto los que viven en campamentos de refugiados, en Tinduf (Argelia), como en los territorios ocupados. Francisco Etxeberría y Carlos Martín Beristain, junto a un equipo multidisciplinar, legaron en sendas intervenciones arqueológicas el certificado de la memoria histórica del Sáhara.

Fuente: https://www.lamarea.com/2017/04/16/desaparecidos-desierto-memoria-historica-fosas-comunes-sahara/

“¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos encontrado al último desaparecido”

Facundo Trotta fue fiscal en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad más importantes de Argentina. Un año después de la sentencia (38 condenas, 28 de ellas a prisión perpetua), reivindica la lucha contra la impunidad

Grupos de activistas se manifiestan con retratos de los torturados y desaparecidos en La Perla, durante el juicio en 2016

 Lesa humanidad significa que existe “un plan sistemático y generalizado contra la población civil”. Contra los derechos humanos. Quien lo explica es Facundo Trotta (Villa María, Córdoba, 1976), que se convirtió en el fiscal revelación de una megacausa judicial contra los responsables de un campo de concentración, llamado La Perla, que funcionó a pleno rendimiento durante la dictadura argentina (1976-83). El Tribunal dictó sentencia hace un año, tras casi cuatro de audiencias, por las que pasaron 581 testigos para decir lo que sabían de 716 víctimas, en 27 causas y contra 45 acusados. Fue un juicio histórico que acabó con 38 condenas, 28 de ellas a prisión perpetua.

“Tenemos que darnos cuenta de que el proceso de memoria, verdad y justicia es un proceso que mira al pasado para determinar las responsabilidades en los crímenes, pero pensando en el presente y para el futuro”, relata el fiscal.

La causa se tituló Menéndez, Luciano Benjamín y otros, por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. Se calcula que unas 2.500 personas padecieron en la sala de torturas de ese centro de detención ilegal, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad argentina. La mayoría de esos detenidos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes; muchos de esos cuerpos aún no han sido hallados.

Hace pocas semanas, con ocasión de la presentación del documental La sentencia: crónica de un día de justicia, de Guillermo Iparraguirre, Trotta comentaba que le tocó asumir el rol del fiscal titular cuando el megajuicio ya tenía fecha de inicio y, entonces, leyó en un periódico que la causa le quedaba grande. Sonríe ahora, y agrega: “Por supuesto que me quedaba grande, a mí y a cualquiera”. “Ser fiscal de juicios de lesa humanidad implica un rol social; son causas complejas de trascendencia histórica”, añade.

Facundo Trotta acaba de llegar a su despacho después de una visita que él mismo ha guiado por el campo de concentración –hoy convertido en espacio de memoria– para alumnos de escuelas secundarias de la zona. El compromiso del fiscal se selló a lo largo de tres años y ocho meses de testimonios, burlas de los represores y detalles macabros sobre desapariciones, torturas y asesinatos que daban cuenta de un plan sistemático de represión, que incluyó vejámenes sexuales y robo de bebés nacidos en cautiverio.

Proveniente de una pequeña ciudad de la pampa húmeda, Trotta había nacido apenas un mes después de que Jorge Rafael Videla irrumpiera en escena con un Golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Hijo de un médico y una profesora de lenguas, asegura que en su infancia no tuvo noticias de aquel eufemismo llamado Proceso de Reorganización Nacional, que nombraba una de las dictaduras más comprimidas y sangrientas de la historia reciente de Occidente.

Trotta soñaba de chico con ser como Tony Petrocelli, heroico abogado defensor de los inocentes en la serie norteamericana. En la vida real, la primera sensación de que había algo malo en los gobiernos militares la tuvo cuando vio la preocupación en la cara de su padre en 1986. Fue en el momento en que el expresidente Raúl Alfonsín dijo aquello de “la casa está en orden”, tras una sublevación militar que dio paso a la sanción de leyes que ponían punto final a los juicios por la dictadura y disculpaban a los oficiales de menor rango por la obediencia debida. Por eso no le cuesta nada responderle a un adolescente que le pregunta cómo puede pedir condenas a los represores por lo que hicieron cuando él apenas estaba naciendo: “Justamente, un fiscal tiene que acusar en base a los testimonios y los elementos de prueba”.

El fiscal acompaña a los chicos al antiguo campo de exterminio porque cree que “transmitir este proceso de memoria, verdad y justicia es la manera en que la sociedad puede sanarse”. En este caso, se demostró que hubo un plan sistemático de represión, al punto que La Perla se construyó deliberadamente para ser un campo de concentración –aprovechando las obras de ampliación de autopistas que se hacían en vistas del Mundial de Fútbol del 78–, mientras otras cárceles o regimientos se utilizaron para fines diferentes.

El fiscal Facundo Trotta, en un momento del juicio. / Documental La Sentencia, crónica de un día de justicia.

 “Un campo de concentración se alimenta de personas, que tienen que dar información para que los represores puedan ir a capturar a otras personas. En un momento le quitaron las atribuciones a la Policía, porque se les iba la mano en las torturas y mataban. Hay que saber torturar, eso se aprende (el modelo es francés)”, desgrana Trotta. “Ya en octubre del 75 hay actividad en La Perla”, advierte, y añade que “en el caso de estos crímenes hay mucho contexto social, político e histórico en juego”. La fecha es apenas uno de los datos que indican que hubo un plan anterior al Golpe de Estado y en el que participaron también responsables civiles.

Antes de que comenzara el juicio, el joven fiscal llenó un pizarrón de su despacho intentando aprenderse los nombres y las historias de las víctimas. Eran más de 700 y él seguía memorizando, hilvanando, asociando. Tras cada una de las 352 audiencias, de vuelta al despacho, a repasar testimonios: “En un juicio tan largo no hay tiempo para recuperarse emocionalmente, cada día hay un nuevo golpe”.

Intentaba --confiesa-- no quebrarse nunca en la sala, para no desconcentrarse. Un testimonio lo conmovió particularmente: fue el de Tita, una mujer que cuidaba a un secuestrado con fallo renal tras los golpes y a punto de morir en la cuadra. “Tita contó que después de varios días de no dormir, atendiendo a su compañero en estado desesperante, se fue a descansar unas horas, y justo, ahí, él murió; ella sigue sintiendo cargo de conciencia por haberse ido ese rato a dormir”. Al día siguiente, pasaría otro carcelero despertándolos al grito de “Buenos días, muertos que caminan”.

“En la sala de audiencias, si estaba a punto de llorar pensaba en otra cosa para seguir con la potencia puesta en ese lugar. Al final, un sábado me quebré solo en mi despacho, repasando los testimonios de las víctimas para elaborar el alegato”, dice Trotta. También asegura que de allí se sale “siendo otra persona, si uno se atreve a sentir como el otro”.

¿Hasta cuándo? fue la pregunta retórica del alegato final, como respuesta a las voces que usan esta expresión en sentido peyorativo, que hablan de venganza o de para qué seguir removiendo viejos conflictos, y proclamando el cese de la acción judicial. “La respuesta es: hasta que no se determine la responsabilidad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado; hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la justicia; hasta que no ubiquemos a los nietos que las abuelas siguen buscando; hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos. Los conflictos del pasado hay que resolverlos porque es la única manera que podremos construir una sociedad sobre la base del respecto a las instituciones democráticas”.

Las desapariciones son delitos permanentes, aclara el juez Jaime Díaz Gavier. De hecho, en estos días, Facundo Trotta está colaborando con la Fiscalía en un juicio que ha sentado en el banquillo a magistrados que fueron cómplices o renegaron de su deber de ayuda durante la dictadura.“El Estado, en tanto garante del respeto a la Constitución y las leyes, no puede aceptar que sus funcionarios se aparten de ese marco. Por ello, si los funcionarios estatales, utilizando instrumentos del Estado, cometieron crímenes, deben ser juzgados”, insiste Trotta.

¿Y qué decirle a la gente que argumenta que aquello fue una guerra, que también había guerrilleros?. “Por suerte es bien minoritaria esta posición dentro de nuestra sociedad. Que en la actualidad se siga sosteniendo que el terrorismo de Estado que sufrió nuestro país fue una guerra significa desconocer todas y cada una de las sentencias dictadas en los juicios. Es como desconocer que en nuestro país existió un plan generalizado de violación a los derechos humanos. Por otra parte, debemos tener claro que frente al proceder ilícito de los ciudadanos, el Estado solo puede responder con la ley”, explica Trotta.

El fiscal concluye con una reflexión. “Creo que todo el equipo de la Fiscalía estuvo a la altura de las circunstancias. Creo que con la sentencia se reconoció, después de 40 años, a las víctimas y familiares de esta causa la calidad de víctimas del terrorismo de Estado, y el daño que sufrieron. Y con la condena, el Estado les está diciendo que ese daño no le es indiferente y que los responsables no quedan impunes en nuestro país”.

 Fuente: http://ctxt.es/es/20171101/Politica/15883/Argentina-desaparecidos-dictadura-La-Perla-fiscal-Facundo-Trotta-ctxt.htm#.Wf20cVQdH8s.twitter

El conflicto con los mapuches en Argentina se recrudece tras la desaparición de un manifestante

Una comunidad de aborígenes ocupa desde hace dos años una pequeña parte de las 900.000 hectáreas de una propiedad de Luciano Benetton en la Patagonia
El artesano Santiago Maldonado participaba de una protesta del grupo Resistencia Ancestral Mapuche y desapareció tras un operativo de la gendarmería el 1 de agosto  
El Gobierno ofrece una recompensa a quien pueda ofrecer datos, mientras organismos de derechos humanos convocan una protesta 48 horas antes de las primeras elecciones desde el triunfo de Macri.

Un manifestante sostiene la fotografía de Santiago Maldonado, el artesano desaparecido durante una protesta indígena en la Patagonia argentina. EFE/ Gabriel Sotelo

 La palabra desparecido tiene un peso particular en Argentina. Quizá porque resume el capítulo más negro y trágico de su historia; en el que una dictadura militar asesinó a miles de personas sin piedad y sin tumbas. Pero ahora, a más de tres décadas de aquel horror, esa palabra vuelve a los titulares de los periódicos. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha instado a las autoridades del país a adoptar "inmediatamente" las "medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar" a Santiago Maldonado, un hombre de 28 años del que no se sabe nada desde el 1 de agosto, tras un operativo de la gendarmería en un poblado indígena de la Patagonia.

Aquel día, efectivos de esta fuerza militar –que depende del Ministerio de Seguridad– entraron en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, que ocupa un sector de la inmensa Estancia Leleque, propiedad de la familia Benetton. Los mapuches están en conflicto con los Benetton porque reclaman su derecho ancestral sobre parte de esas 900.000 hectáreas de la provincia de Chubut que los italianos compraron en 1991 y en la que crían 100.000 ovejas. Desde 2015 un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se ha instalado allí en una precaria caseta de vigilancia y un puñado de tiendas de campaña.

La tensión que se vive en el paradisíaco y solitario paraje austral ha ido agravándose con el tiempo, incluyendo cortes de carreteras y el saboteo por parte de los aborígenes al tren turístico La Trochita –que atraviesa las tierras en disputa– y varias incursiones violentas de las fuerzas de seguridad. En enero, una de esas redadas acabó con 14 heridos. Los relatos de lo sucedido aquella mañana son casi idénticos a los del operativo del 1 de agosto: disparos, efectivos que irrumpen a golpes, que tratan con violencia a las mujeres delante de sus hijos, que destrozan y queman todas sus pertenencias. 

"Cuando empezó la represión con balas de plomo y balas de goma todos corrimos y cruzamos a nado el río Chubut", contó a los medios de comunicación Soraya Maicoño, portavoz de esta comunidad mapuche que vive allí sin electricidad y ataja el frío patagónico con fogatas. Fue la última vez que vieron a Maldonado, un artesano bonaerense que vivía en la Patagonia y se había acercado al campamento para mostrar su apoyo a la causa.

Poco antes, las fuerzas de seguridad habían reprimido una marcha en la ciudad de Bariloche por la liberación de Facundo Jones Huala, líder del RAM, detenido por un pedido de extradición de Chile, que lo acusa del incendio de una propiedad, y por el que ha levantado cargos de terrorismo que pueden suponerle hasta 18 años de prisión.

"Hemos planteado un diálogo tanto con Argentina como con Chile, pero no han bajado a dialogar porque defienden los intereses de las grandes empresas y los mapuches somos una molestia para ellos", ha afirmado esta semana Facundo Jones Huala desde su celda.

No todos los mapuches aprueban el accionar de la RAM, aunque sí defiendan en el derecho a reclamar las tierras de sus antepasados. Algunas comunidades de la zona y descendientes de mapuches se quejan de los actos de violencia y creen que perjudican a los pobladores de la zona y a la causa mapuche. 

Ruido político

"No vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino", soltó esta semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras descartar que la gendarmería hubiera detenido o estuviera implicada en la desaparición de Maldonado. Además, se quejó de que los mapuches no dejaran entrar días después a los efectivos y los drones para rastrillar la zona. El Defensor Público de la localidad chubutense de Esquel, Jorge Fernando Machado, matizó la resistencia de los aborígenes. "En esta región hay una relación muy tensa entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. Ellos interpretaron que los drones no eran necesarios y que lo que querían hacer eran tareas de inteligencia".

Por su parte, la familia Maldonado denuncia irregularidades en la investigación, que está a cargo del mismo juez que ordenó el operativo. Afirman que las camionetas de gendarmería fueron lavadas antes de hacer las pericias para averiguar si el artesano había sido introducido en ellas, tal como relatan los testigos. El Gobierno ha ofrecido públicamente una recompensa de 500.000 pesos (unos 24.000 euros) a quien pueda aportar datos sobre el paradero del joven.

El asunto se ha convertido en el centro del debate público en una semana clave para la política argentina: el domingo se votan las primarias que decidirán las listas para las elecciones legislativas de octubre. Esto supone una prueba de fuego para el Gobierno de Mauricio Macri y también la vuelta al ruedo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se presenta a senadora por la provincia de Buenos Aires y es la favorita en las encuestas. 

Fernández se sumó vía Twitter al reclamo por la aparición de Maldonado el 6 de agosto.  

 Un día después, cuando se cumplía una semana de la desaparición, agrupaciones kirchneristas, organizaciones sociales y otros manifestantes participaron de una marcha frente al Congreso de la Nación que acabó con incidentes: un grupo de  manifestantes lanzó cócteles molotov contra la policía y agredieron a un cámara de televisión. Representantes de las Madres de Plaza de Mayo también pidieron que se intensificara la búsqueda de Maldonado, y varios organismos de derechos humanos han anunciado otra movilización para el viernes frente a la casa Rosada, a pocas horas de las elecciones.

Fuente: http://www.eldiario.es/internacional/conflicto-Argentina-recrudece-desaparicion-manifestante_0_674033132.html

Piedras Negras: un campo de exterminio en el estado de Humberto Moreira

El cártel de los Zetas se apropió de una cárcel del estado que entonces presidía el arrestado Humberto Moreira.

 

Los narcos masacraron a más de 150 personas en una cárcel mientras Moreira era gobernador.

El sordomudo José Martín Morales dejó la ciudad de México para viajar a la ciudad fronteriza de Piedras Negras. Lo acompañaban José Antonio Ángeles, José Luis Vallejo, Jorge Espinoza y Manuel Adrián González. Los cinco vendían artilugios mientras exhibían unas etiquetas con esta frase: “Disculpe, soy sordomudo, vivo de la venta de este producto”.
Se comunicaban con su familia a través de unos mensajes de texto que se interrumpieron el 23 de febrero de 2012. Unos días después, las autoridades los agregaron a la lista oficial de más de 25.000 personas desaparecidas en México.

El caso de los cinco vendedores sordomudos lo investigó la subprocuraduría creada por el Gobierno de Coahuila para buscar a los desaparecidos. La investigación desembocó en una prisión estatal ubicada en la ciudad de Piedras Negras.

De acuerdo con los resultados de la investigación a los cuales tuve acceso, este centro estuvo bajo el control total del cártel de Los Zetas entre 2010 y 2012. Durante esos dos años, la cárcel se convirtió en un centro criminal en el que los internos fabricaban uniformes, fundas y chalecos antibalas para los miembros de la banda y alteraban vehículos para ocultar drogas, armas y dinero en su interior.

La cárcel de Piedras Negras era además un hotel donde los líderes del grupo criminal se escondían cuando las fuerzas federales montaban operativos de búsqueda en la ciudad.

El hallazgo más delicado de los investigadores es que Los Zetas torturaron, asesinaron e incineraron personas de manera sistemática en el interior de la prisión. Entre las víctimas se encuentran miembros de la banda o de sus adversarios. Pero también personas ajenas al mundo criminal como los vendedores sordos, a quienes se confundió con agentes encubiertos enviados por el Gobierno federal.

“150 víctimas”“Lo que tenemos en las investigaciones es que más de 150 personas fueron privadas de la libertad, llevadas a ese lugar y ahí dentro fueron… las mataron, las quemaron, para luego los restos ser tirados a un río”, explica Juan José Yáñez, titular de la subprocuraduría que lleva la investigación. Yáñez asegura que la instancia no volvió a estar bajo control del Gobierno hasta 2012.

“Lo que sucedió fue algo muy duro”, dice el investigador. “No me explico yo cómo pudo pasar esto sin que hubiera una reacción”.

La ciudad de Piedras Negras se ubica en el estado mexicano de Coahuila, cuyo presidente era entonces Humberto Moreira, arrestado este viernes en el aeropuerto de Barajas por orden de la Fiscalía Anticorrupción de España. El estado de Coahuila lo preside ahora su hermano Rubén.

Moreira en el día de su renuncia como presidente del PRI en 2011 Reuters

 En una entrevista celebrada antes del arresto de Moreira, el subprocurador que dirige la investigación de la masacre del Penal de Piedras Negras explica que Los Zetas tenían el control absoluto de la institución oficial. “Entraban y salían todos los días”, dice. “Uno de ellos comenta que él salía al Oxxo, compraba un café, leía el periódico, se iba a su casa a desayunar o a la casa de un amigo. Hacía una vida afuera y luego regresaba en la tarde”.

–¿También fabricaban chalecos y modificaban coches?

–Sí, era toda una base de operaciones. Yo estoy seguro de que en algunos ceresos [cárceles estatales] de la república pudiera estar pasando algo similar.

Los agentes de la subprocuraduría empezaron a investigar la cárcel de Piedras Negras a finales de 2014. A través de un testimonio supieron que habían llevado a dos personas desaparecidas cerca o dentro del centro penitenciario y que nunca más se había vuelto a saber nada de ellas.

“Investigando alrededor no vimos nada”, dice Yáñez. “Pero interrogando a algunos internos, nos dijeron: ‘Bueno, lo que ocurrió aquí es que no los van a encontrar’. Nosotros metíamos nuestros radares, metíamos perros y los internos nos decían: ‘Es que no los van a encontrar porque a ellos los quemaron’”.

Así fue como empezaron a documentarse otros crímenes ocurridos en el lugar, entre ellos el de los cinco vendedores sordos que llegaron de la capital a esta ciudad fronteriza para luego desaparecer.

Piedras Negras es una ciudad fronteriza del noreste de México.

 Un polvorín en la frontera

El estado de Coahuila se ubica en el noreste de México. Al igual que Nuevo León y Tamaulipas, limita con Texas y forma parte de la ruta de las drogas ilegales, que desde aquí viajan rumbo a Washington y Nueva York.

Durante los últimos años y ante el incremento de las disputas por el trasiego, la violencia se ha adueñado del estado. Pero el alto riesgo ha propiciado que esa realidad se haya documentado menos que en otros estados como Guerrero, Michoacán o Veracruz o en zonas fronterizas como las que están alrededor de Tijuana o Ciudad Juárez. Sólo ahora masacres como la ocurrida en la prisión de Piedras Negras, se están dando a conocer.

Las autoridades mexicanas nunca han investigado a los políticos que protegen a las organizaciones criminales que operan en la zona. Pero hay varios juicios abiertos al otro lado de la frontera. No sólo el proceso contra Humberto Moreira en un tribunal de San Antonio. También los que investigan a los exmandatarios de Tamaulipas y Nuevo León como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Natividad González Parás o Rodrigo Medina.

Desaparecidos por la fuerzaLa subprocuraduría que descubrió la masacre en la cárcel de Piedras Negras opera desde hace tres años y es la única especializada en la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.

Durante sus primeras semanas, la dependencia concentró denuncias por desaparición hasta entonces dispersas. La lista incluía hasta 3.800 personas.

“El problema de las desapariciones creció mucho durante los años de Felipe Calderón en el poder”, asegura el subprocurador Yáñez, que enumera cinco factores: la lucha frontal del Gobierno contra los grupos delincuentes, la lucha entre los cárteles, el reclutamiento de personas para estos cárteles, el asesinato de personas inocentes y la decisión de quienes, abusando de esta situación y por problemas familiares o económicos, aprovecharon para desaparecer.

 

La instancia tiene cerca de 50 empleados, entre los que se encuentran agentes del ministerio público, investigadores, peritos, secretarias y otros ayudantes.

Cuenta con un área de atención a víctimas que se dedica a las necesidades psicológicas, económicas y sociales de los familiares de las personas desaparecidas. También existe un pequeño equipo de mediación que busca combatir la estigmatización de los desaparecidos. El funcionario relata un ejemplo del tipo de trabajo que realiza esta área: “Hubo una familia en la que desapareció el papá y el hijo está en la escuela. 
Entonces los papás de sus compañeros no quieren que esté en esa escuela, no vayan a regresar y se vayan a confundir y se lleven junto con el niño al que esté jugando con él. Entonces piden la salida del niño de la escuela y que la señora se cambie de casa. Lo que hacemos nosotros ahí es una mediación comunitaria para explicar lo sucedido. Ahora el niño convive muy bien, tiene muy buen promedio y sigue con sus amigos. La esposa del desaparecido ya no tiene los problemas de rechazo de los vecinos”.

La principal dificultad que ha afrontado la dependencia es la poca atención judicial que recibieron las denuncias de desaparición forzada durante el Gobierno anterior.

“Había averiguaciones en las que no se habían hecho diligencias y eso hace más difícil la búsqueda de una persona”, dice Yáñez. “En ese tiempo no se interrogó, no se citó, no se hizo una prueba de criminalística en el lugar. Es imposible que ahorita, después de cierto tiempo, se pueda hacer una prueba criminalística con los resultados que uno espera. Otro problema es que muchas de las personas que participaron en una privación pues ya están muertas. El tiempo pasa y es más difícil aunque no imposible saber la verdad”.

Los métodos del horrorEn los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, se han encontrado unas 500 fosas comunes en los últimos años. Pero a partir de 2011 los grupos criminales empezaron a usar ranchos alejados como centros de incineración ilegal. Los narcos los llamaban “cocinas” y allí, con toneles, diésel y fuego, deshacían los cuerpos de sus víctimas.

“Ese es uno de los problemas con el que nos enfrentamos”, explica Yáñez. “La forma en que hacen desaparecer a alguien nos hace imposible entregar su cadáver a un familiar. La forma de actuar del grupo permite que no queden restos. Así dar un resultado es muy difícil”.

–¿Ya tienen ubicado el momento en que empezaron a incinerar a sus víctimas?

–Yo creo que fue algo propio de esta región. Hay restos que se pueden sacar de ciertos lugares y se están revisando. Pero hay otros sobre los que nos dicen los laboratorios que es imposible sacarles el ADN.

También hay grupos que arrojaban las cenizas a un río.

–Además de la cárcel de Piedras Negras, ¿en qué otros lugares específicos están haciendo investigaciones especiales?

–En muchos lugares. Por ejemplo, tenemos reportes que aún tenemos que corroborar sobre la Presa Don Martín [cercana a Piedras Negras]. Estamos trabajando con la Marina precisamente en ese tema. Es una presa muy grande. A pesar de que tenemos un dron acuático y un dron aéreo, es necesario hacer una búsqueda más completa. De hecho tenemos una unidad de la policía científica de la policía federal. Todo eso nos ha ayudado, pero falta mucho. Sin embargo, ya estamos resolviendo lo que sucedió en la cárcel de Piedras Negras.

–¿Ya saben quiénes fueron los funcionarios estatales que encubrieron estas masacres y se beneficiaron económicamente?

–Eso todavía no lo sabemos.



Fuente:  http://www.elespanol.com/mundo/20160116/94990523_0.html