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martes, 8 de febrero de 2022

Los talibanes han ejecutado a más de cien personas en seis meses incumpliendo sus promesas de amnistía

Las purgas realizadas por el emirato eclipsan sus promesas de perdón, denuncian Naciones Unidas 

Aunque las universidades han abierto con segregación por sexos, hay poca asistencia. Sobre estas líneas, Kandajar
Aunque las universidades han abierto con segregación por sexos, hay poca asistencia. Sobre estas líneas, Kandajar - EFE

Los talibanes prometieron amnistía general cuando se hicieron con el control de Kabul, pero en apenas seis meses de emirato se suceden las denuncias sobre las purgas contra antiguos funcionarios del Gobierno, miembros de las Fuerzas de Seguridad y ex colaboradores de las tropas internacionales. Un reciente informe de Naciones Unidas al que tuvo acceso la agencia Reuters reveló que los islamistas han llevado a cabo más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales.

«Unama (misión de la ONU en Afganistán) sigue recibiendo denuncias creíbles de asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones» contra antiguos funcionarios y ex colaboradores de las tropas internacionales, recoge el informe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció en su última comparecencia ante el Consejo de Seguridad que «más de dos tercios de estas víctimas fueron ejecutadas de forma extrajudicial».

Este informe del organismo internacional llega dos meses después de la denuncia de Human Rights Watch (HRW) sobre el asesinato y desaparición de un centenar de ex miembros de las fuerzas de seguridad en cuatro provincias afganas. La investigación de HRW alertaba también del creciente riesgo para «defensores de los derechos humanos y periodistas, cada día que pasa sometidos a una mayor intimidación y arrestos arbitrarios». El trabajo de los periodistas locales es cada vez más complicado y en los últimos días las autoridades han detenido a Abdul.

Estas denuncias documentadas sobre el terreno contrastan con el discurso de los talibanes de cara al exterior. Los islamistas tuvieron la oportunidad de viajar a Oslo hace dos semanas para mantener «conversaciones humanitarias» y trataron de descongelar la llegada de los fondos destinados a la ayuda humanitaria, el problema es la enorme desconfianza por parte de los donantes. La ONU ha logrado que llegue algo de ayuda a través de sus agencias, pero es solo una mínima parte del apoyo que llegaba antes del establecimiento del mirato y que era clave para el pago de salarios en sectores públicos como la educación o la sanidad.

Junto a la amnistía, los islamistas también prometieron un gobierno inclusivo y tolerante con las minorías y las mujeres, pero el ejecutivo está compuesto exclusivamente por hombres del movimiento talibán y en su mayoría de la etnia pastún.


Varias activistas en paradero desconocido

Las restricciones impuestas a las mujeres recuerdan cada vez más al primer emirato y preocupa la desaparición de activistas detenidas por las fuerzas islamistas y que permanecen en paradero desconocido. Mursal Ayar, miembro del grupo de derechos humanos Junbish-e-Zanan, fue la última en sumarse a la lista de detenidas en la que también figuran Tamana Paryani and Parwana Ibrahimkhil, tres de los rostros claves en las movilizaciones para reclamar los derechos de las mujeres. Cada vez que se pregunta a los talibanes sobre su situación dicen que no saben nada sobre ellas y que investigan lo sucedido.

En la última semana se han reabierto las universidades del país, pero muy pocas mujeres han regresado a las aulas y los colegios de e ducación secundaria siguen cerrados para las alumnas, pese a que los islamistas insisten en que reabrirán sus puertas «pronto». Las palabras y promesas de los actuales dirigentes no se corresponden con sus acciones. 

Fuente: https://www.abc.es/internacional/abci-talibanes-ejecutado-mas-cien-personas-seis-meses-incumpliendo-promesas-amnistia-202202071247_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-general&_tcode=dWsxbmcx

viernes, 27 de noviembre de 2020

Suelma Beiruk: “El resultado de esta guerra es existir libres o no existir”

Conversación con la ministra saharaui de Emancipación de la Mujer y Asuntos Sociales"Ya no queremos pasar por un referéndum, ahora vamos a por la independencia total"En aquella primera guerra, Beiruk perdió a su marido, a un hermano, a tíos y sobrinos y hoy, no le tiembla la voz al afirmar que “si tienen que morir muchos para que vivan libres unos pocos, que así sea”

Suelma Beiruk ya ha superado los 60 años y está viviendo su segunda guerra en el Sáhara Occidental. En 1975, con 16 años y un bebé, corrió entre los tanques marroquíes, huyendo al desierto bajo los bombardeos de fósforo blanco y napalm. Hoy, ese bebé se encuentra en el frente después de que el pasado viernes 13 de noviembre Marruecos rompiera el alto el fuego declarado en 1991.

“Los viernes son festivos para nosotros y cuando desperté a primera hora y me comunicaron que el Ejército marroquí había abierto una brecha en el Muro de la Vergüenza en El Guerguerat e intimidaba al campamento saharaui, salí nerviosa a la calle”. La escena que presenció entonces en el campamento de Bojador sobrecogió a Beiruk, describiéndola como “una mezcla de alegría y de dolor”. Visiblemente emocionada, la que hoy es ministra de Emancipación de la Mujer y Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) –la misma que el pasado mes de febrero se reunió con el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez- relata cómo “hombres y mujeres salían de las jaimas, de las casas por las puertas, por las ventanas, gritando, buscando cómo llegar a Rabuni, donde se encuentra el ministerio de Defensa, para apoyar la causa”.

Beiruk, en el centro, ataviada con ropa militar./ Cedida
Beiruk, en el centro, ataviada con ropa militar./ Cedida
La misma escena se replicó en cada uno de los cinco campamentos de población saharaui refugiada en el llamado desierto de los desiertos, el Sáhara. “La respuesta ha sido unánime, aquí en campamentos, en los territorios liberados, en los territorios ocupados donde nuestra población está siendo reprimida por Marruecos, o en la diáspora”. Beiruk explica: "Sabemos que podemos perder a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros hermanos… pero aunque sólo quedara un tercio de la población saharaui, si conseguimos que viva libre, habrá merecido la pena”.

Lucha por la independencia 

El pueblo saharaui lleva condenado al Sáhara hace 45 años–desde que Marruecos ocupó ilegalmente el territorio- y durante las casi tres décadas de alto el fuego no han sido pocas las veces que el Frente Polisario ha tenido que calmar a los más jóvenes, aquellos que únicamente han conocido las dunas como su hogar, para que no volvieran a escucharse tambores de guerra. Sin embargo, tras la ruptura del alto el fuego de hace una semana, la ministra saharaui admite que “es duro decirlo, pero la gente quiere guerra, está harta de 29 años engañándonos y pisoteándonos con promesas incumplidas”.

Beiruk aclara que no es una segunda guerra; en realidad es la misma que duró 16 años y que durante los último 29 ha vivido un paréntesis que, bajo el auspicio de la ONU, tendría que haber servido para la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, a la que Marruecos siempre ha puesto obstáculos. Este es el motivo por el que la ministra sostiene: "Ya no queremos pasar por un referéndum, ahora vamos a por la independencia total".

La fuerza de las mujeres

Escuchar a Beiruk es oír la fuerza de la determinación, la misma que años atrás le llevó a ser vicepresidenta del Parlamento Panafricano (PAP) y, en 2016, a ser expulsada de Marruecos cuando participaba junto a la delegación de la Unión Africana en la 22 sesión de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático (COP22) de Marrakech.

“Existir libres o no existir”, repite una y otra vez. La fuerza que desprende la representante saharaui se evidencia cuando dice no temer el mayor potencial militar que pudiera tener Marruecos. “En 1975, cuando nos invadieron, apenas teníamos material bélico ni estábamos organizados, mientras que Marruecos contaba con uno de los ejércitos más poderosos de África, apoyado por Francia, Kuwait, Arabia Saudí...”, explica.

 

Aquella guerra se prolongó durante 16 años y “sirvió para demostrar que no se puede con el pueblo saharaui”, afirma Beiruk, que recuerda que “creyeron que no aguantaríamos en el desierto más de dos o tres meses y llevamos 45 años resistiendo”. La ministra no puede ocultar su orgullo al confesar que “vivimos el alto el fuego como una victoria, porque fue Marruecos quien solicitó la tregua, porque la moral de su Ejército estaba por los suelos, con más de 7.000 prisioneros marroquíes frente a los 300 saharauis”.

Ahora, como entonces, las mujeres se han quedado solas en los campamentos de población refugiada. En 1975 fueron ellas quienes montaron la infraestructura física e institucional de lo que hoy es la RASD. Hace cuatro décadas y pese a que las mujeres contaban con instrucción militar, no fueron demasiadas –aunque las hubo- las que acudieron al frente a combatir. Hoy, en cambio, existe una Escuela Militar de Mujeres y el pueblo entero está dispuesto para luchar. En aquella primera guerra, Beiruk perdió a su marido, a un hermano, a tíos y sobrinos y hoy, no le tiembla la voz al afirmar que “si tienen que morir muchos para que vivan libres unos pocos, que así sea”.

Fuente: https://www.cuartopoder.es/internacional/2020/11/27/suelma-beiruk-el-resultado-de-esta-guerra-es-existir-libres-o-no-existir/

sábado, 21 de noviembre de 2020

Abeid Moulud: “Si no liberamos nuestro país no tendremos un futuro”

Tinduf
Dos hombres observan un campo de refugiados en Tinduf Edu León

 Abeid Moulud intenta volver a Sahara para sumarse a la lucha. Su hijo ya está en el frente. Gente de todas las edades se moviliza para apoyar en la guerra con Marruecos, Moulud desgrana los motivos en esta entrevista.

Abeid Moulud contesta al teléfono desde Bilbao, pero desería estar en el Sahara Occidental. A Euskal Herria le unen varias cosas: Bir-Lehru, la daira de la que fue alcalde entre 2010 y 2013, está hermanada con la localidad de Tolosa (Guipuzcoa). Su hijo, que hoy es uno de los jóvenes voluntarios que han acudido a la llamada a filas del Frente Polisario, pasó varios veranos aquí con el programa vacaciones solidarias. Lazos entre pueblos que no tienen su reflejo en la política estatal: solo un día después de conversar con Moulud, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska se reunía con su homólogo marroquí para hablar mucho de inmigración y nada del Sahara Occidental, disipando ante las autoridades de Rabat cualquier inquietud que pudieran tener después de que Unidas Podemos haya reclamado un referéndum.  

Han pasado ya varios días desde que el Frente Polisario declarase la Guerra a Marruecos, el pasado 15 de noviembre. Dos días después de que Marruecos atacara una manifestación pacífica en la brecha del Guerguerat. Moloud repasa los hechos con detalle, el suyo es un relato vehemente. Desde el otro lado del teléfono este veterano activista de la causa saharaui insiste en que su visión es personal. Y sin embargo su visión personal resuena a memoria y anhelos colectivos

¿Cómo se ha llegado de nuevo a la guerra?
Llevamos más de 29 años con un alto al fuego en espera de un referéndum que las Naciones Unidas debían organizar. Hay un actor designado para ello, la MINURSO, la primera que estaba ahí el 6 de septiembre de 1991 para firmar el cese al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. En todos estos años no hemos visto ningún avance: acordamos poner fin a la guerra y firmar el acuerdo del 91, pero con el objetivo de realizar un referéndum de autodeterminación donde todos los saharauis puedan definir su destino.

Sin embargo la MINURSO, en lugar de jugar su papel, su responsabilidad de velar por los derechos humanos en las zonas ocupadas, en lugar de evitar alienarse con ninguna de las partes, se convirtió en un soldado de guardia del ejército marroquí y funciona de acuerdo a sus intereses.

¿En qué sentido?
Para empezar, la brecha de Guerguerat no está incluida en el acuerdo militar número 1. En este acuerdo, firmado en 1991, solo se acordaron cuatro brechas para que la MINURSO pueda entrar y salir entre las zonas liberadas donde está el Polisario y las zonas ocupadas donde está Marruecos. La brecha del Guerguerat la hizo Marruecos, no tiene un mínimo de legalidad para que la MINURSO se presente y diga que este es un paso comercial ni nada por el estilo.

La población saharaui se ha visto obligada a decirle al mundo entero que ahí pasan todos los países. Que le están dando a Marruecos el derecho de saquear las riquezas de los saharauis en las zonas ocupadas, mientras que hay miles de jóvenes saharauis que están desempleados en las zonas ocupadas, mientras que hay familias en las zonas ocupadas que no tiene para comprar pan. Su pesca, su fosfato, todo se saca y se vende.

¿Cómo fue la escalada en Guerguerat? 
La población civil ha decidido decir alto: esto se tiene que parar. Los manifestantes son civiles. La MINURSO cuando se presentó a negociar con ellos hizo muchas concesiones a Marruecos. Los marroquíes pensaron que el Polisario no iba a responder. Cómo no vamos a responder si nuestros ciudadanos fueron solo con banderas del Frente Polisario y sus manos vacías. Cantando una serie de lemas que les dicen que dejen nuestra tierra, que dejen nuestras riquezas, que no las exploten más, que cierren esa brecha que es ilegal. Marruecos decide sacar al ejército para atacar a una población pacífica. Normal que el Polisario responda

Marruecos ha cometido un error grave, que lo van a pagar solo ellos, porque fue quien interrumpió el cese al fuego, no los saharauis. Hemos estado 29 años soportándolo, pero eso se ha acabado y no fue por nuestra parte, fue por la parte de Marruecos. Hemos vuelto a la guerra y estamos más listos que nunca. No es que nosotros seamos amantes de la guerra, que nos guste matar, que se pierdan vidas, las nuestras o las de los marroquíes. Hemos retornado a la guerra por la obligación de defender nuestros derechos, defender nuestra soberanía y por defender nuestra dignidad.

Entráis en guerra ahora pero no se puede decir que todos estos años hayáis vivido en paz 
Se ha hablado mucho de la brecha de Guerguerat pero la forma en la que se está planteando la cuestión no es justa. Porque si van a hablar de los derechos humanos, si van a hablar del desarrollo del mercado, de que mediante esta brecha se abastece a otros países. ¿Por qué no hablan de un pueblo que lleva más de 45 años en el exilio? Si existen los derechos humanos, ¿por qué no hablan de nuestros presos políticos? Los de Gdeim Izik, que están condenados a cadena perpetua o a 25 y 30 años de prisión solo porque han dicho que no son marroquíes, solo por haberle dicho a Marruecos que salga de su país. ¿Dónde están esos derechos humanos de los que habla todo el mundo?

¿Cómo se piensa en un futuro en este contexto? 
Nosotros el futuro que pensamos es que tengamos un país libre e independiente, damos y daremos todo por él. Si no liberamos nuestro país, estamos seguros de que no tendremos futuro ni lo tendrán nuestros hijos. El que no tiene país, no tiene nada.

Nuestros jóvenes que nacieron durante la etapa de la guerra, y los que nacieron después, fueron los primeros voluntarios en incorporarse al ejército. Y todos los saharauis —y esto no es propaganda— todos, empezando desde mí aquí en España, pero también en Francia, en Alemania, en todas partes del mundo, estamos bajo la dirección del Frente Polisario, cuando nos lo digan estaremos presentes y tomaremos las armas para luchar contra Marruecos.

Esta guerra no es como la otra. Si hay negociaciones las habrá bajo las armas, ya no hay alto al fuego, ya no hay más engaños de las Naciones Unidas, ni de la comunidad internacional porque apoyan y le dan los derechos al fuerte. No creo (y esta es una opinión muy personal) que los saharauis acepten otro alto al fuego si no es bajo condiciones muy rigurosas.

Pero Marruecos cuenta con un ejército fuerte, ¿no temen combatirlo?
No hay que creer su propaganda. Desde el primer día que abrió fuego el ejército saharaui en Guerguerat los marroquíes están en condiciones feísimas. Muchos se fueron de las trincheras en el muro según las informaciones que se recolectan desde los frentes. Nosotros somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo porque luchamos por una causa justa. No somos de los que piensan que van a morir y dejar riquezas, que van a morir y dejar algo, nosotros estamos dispuestos a morir por la patria, por nuestro territorio, lo defenderemos de cualquier manera.

Esta guerra no va a limitarse al muro, va a alcanzar a todas las zonas ocupadas, a las empresas que están en el mar...  los días próximos lo van a mostrar. Nosotros no le tenemos miedo a las armas de Marruecos porque están en manos injustas. Están en manos de soldados y oficiales que defienden la injusticia. Nosotros estamos muy convencidos de que estamos luchando por algo justo.

Todos estos años de espera y de persecución política, parece que les hayan preparado para este momento
Nosotros siempre hemos tenido en cuenta que algún día —visto el retraso en el que han incurrido las Naciones Unidas y por el no cumplimiento de sus promesas respecto al referéndum— volveríamos a las armas. Y hoy estamos más preparados que nunca. Tenemos miles de jóvenes de todas partes del mundo que se han incorporado o están dispuestos a incorporarse en el ejército. Nuestros estudiantes en Cuba están llamando a incorporarse, también nuestros estudiantes en Argelia, en España, en Francia. Toda nuestra juventud y nuestros ancianos combatientes con su experiencia, son los primeros que respondieron al llamamiento del Frente Polisario a incorporarse a las unidades avanzadas. Estamos convencidos todos, hombres, mujeres, niños y ancianos de 90 y 100 años, de que estamos defendiendo algo justo, algo nuestro, nuestro territorio.

Fuiste alcalde, ¿cómo se gobierna un ayuntamiento en este contexto?
Gestionamos de acuerdo a nuestras condiciones. Se sabe que un alcalde de un ayuntamiento cuenta con un presupuesto, aquí la cuestión es así. Pero nosotros tenemos a los alcaldes en condiciones de refugio, y gestionamos a nuestra manera dentro de estas condiciones, intentando hacer posible dar a la ciudadanía todo lo que se pueda, para fortalecerla y que pueda resistir en estas condiciones.

 ¿Cómo se siente el contraste entre la red de solidaridad en la población española y el abandono de los sucesivos gobiernos? Y, hablando de solidaridad: ¿Cómo se vive el programa Vacaciones Solidarias desde el lado de las familias que mandan a sus hijos?
A las familias españolas les agradecemos mucho siempre que cooperen y ayuden a nuestro hijos a poder salir y ver el mundo. Viajar desde una zona inhóspita donde hay condiciones muy duras es sinceramente muy fuerte, pero nosotros siempre hemos valorado esta oportunidad muy bien, estamos muy agradecidos a aquellas personas que colaboran con nosotros, aquellos que creen en la causa saharaui y la defienden.

En general, la población española siempre ha sido amable, siempre ha sido simpatizante de la causa del Sahara porque sabe que es una causa justa. Saben muy bien que los gobiernos españoles se echaron atrás, nos traicionaron —no hay otra expresión que se pueda utilizar— empezando por Felipe González y continuando por Aznar, Zapatero y actualmente Pedro Sánchez.

Lo que yo no entiendo, a lo que no le puedo encontrar una explicación, es que un país que ha colonizado a otro durante 100 años le dé la espalda. Tampoco entiendo cómo un pais democrático, que dice que respeta los derechos humanos, no ve lo que está pasando en nuestras zonas ocupadas. Son los intereses, es el saquear nuestras riqueza, muchas empresas españolas que están en Marruecos faenan en la pesca saharaui.

Entonces, además de la presión institucional sobre el gobierno español, ¿habría que boicotear a esas empresas?

El rol de poner a estas empresas sobre la mesa está en manos de la población española: no es algo secreto que España se está beneficiando de las riquezas del Sahara Occidental. Nosotros no podemos decirles qué es lo que tienen que hacer ustedes, pero está muy claro.

Ahora,  las aguas del Sahara Occidental, el espacio aéreo y el espacio terrestre no son seguros, son zonas de guerra. Lo quiero dejar claro para que no pase lo que pasó en los años 80. Algunos barcos, que no contaban con que el Polisario les podía atacar, fueron entonces atacados y se apresó a los marineros. Actualmente se está repitiendo la misma situación, todos aquellos que faenan en las aguas del Sahara Occidental tienen que estar bien informados de que es una zona de guerra.

Ahora hay muchas personas y medios pendientes de esta guerra. Pero sabemos que las cosas no duran mucho en la agenda mediática, y que habrá gente a la que esta cuestión le resulta ajena, o no entienden qué está pasando. ¿Qué le dirías a esa gente?
Les digo que no somos nosotros los culpables de que se vuelva a la guerra, nosotros hemos dado todo lo que podemos dar para que haya una solución al conflicto, para que no haya guerra. Les digo que esta guerra si continúa va a ser más fuerte que la otra, y que no habrá un alto al fuego sin armas, una solución sin armas.

No era nuestro objetivo llegar a una guerra, pero las Naciones Unidas, España, Marruecos y Francia son las que nos han hecho retomar esta guerra: No han cumplido con sus deberes. Porque si alguien está bien informado sabrá que desde el 21 de octubre, cuando llegaron los manifestantes a la brecha del Guerguerat, la MINURSO, que representa a las Naciones Unidas para velar por el alto al fuego y los derechos humanos en las zonas ocupadas, ha sido un soldado de guardia de los marroquíes que trabaja a su favor. Porque ellos saben que esa brecha no existía, y es ilegal. Esas son nuestras fronteras, nosotros tenemos que defender nuestras fronteras. 

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sahara-occidental/abeid-moulud-si-no-liberamos-nuestro-pais-no-tendremos-un-futuro

jueves, 23 de abril de 2020

BirdLife pide a la ONU que consagre como derecho un medio ambiente saludable



 La organización conservacionista BirdLife International ha pedido a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que incluya el derecho a un medio ambiente sano en el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En una carta abierta al secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo del 50 aniversario del Día Mundial de la Tierra, la principal asociación internacional de conservación de la naturaleza le insta a dar "un paso audaz y sin precedentes" y declare el medio ambiente saludable como un derecho humano fundamental.

BirdLife International pide que se consagre este derecho como el artículo 31 de la Declaración Universal y esté garantizado por políticas públicas y regido por la sostenibilidad, el conocimiento científico y la sabiduría tradicional.

La organización conservacionista recuerda que el tratado, que estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales para su salvaguarda a nivel mundial, no incluye ningún artículo sobre la conservación del medio ambiente, "del que depende la vida, la salud de las personas y su desarrollo social y económico".

Para Patricia Zurita, CEO de BirdLife International, "si bien la COVID-19 es devastadora, también ofrece a los líderes mundiales la oportunidad, y de hecho la obligación, de transformar la sociedad, para proteger aún más nuestro bienestar y el de las generaciones futuras".

"La salud de nuestro planeta es nuestra salud, los humanos dependemos de la naturaleza para nuestra supervivencia, pero nuestras acciones han alterado el equilibrio natural de la Tierra", subraya.

Por su parte, la directora de Ciencia y Política de BirdLife, Melanie Heath, recuerda los esfuerzos que se vienen haciendo desde que en 1948 fuera proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos para incluir el derecho a un medio ambiente saludable; "hoy, esperamos que la gravedad de la pandemia sea una llamada de atención lo suficientemente fuerte como para que la ONU y los ciudadanos del mundo se unan para restaurar la naturaleza y protegernos de crisis similares en el futuro", enfatiza.

Para Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife -filial en España de BirdLife International- "el artículo 31 sería un regalo para el mundo y las generaciones futuras y qué mejor momento para insistir en ello que el Día de la Tierra".

"Consagrar un medio ambiente natural sano como un derecho fundamental beneficiará a la humanidad y es el único camino para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", subraya.

BirdLife insta a que el Artículo 31 sobre el derecho a un medio ambiente natural saludable sea incluido en la agenda de la Cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Biodiversidad prevista para septiembre de este año, con objeto de su aprobación en diciembre de 2023, en que se cumplen 75 años de la adopción de la Declaración Universal. EFE

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20200422/48674907674/birdlife-pide-a-la-onu-que-consagre-como-derecho-un-medio-ambiente-saludable.html

martes, 24 de septiembre de 2019

Multinacionales y compromisos ecologistas, el lavado de cara casi perfecto

En el contexto de la cumbre contra el cambio climático de la ONU, cerca de 90 empresas se alinean con el Acuerdo de París de 2015 y prometen reducir a cero sus emisiones en 2050. ¿Hasta que punto podemos creernos esta suerte de compromis

Un sobre de Nescafé y restos de basura en una playa de Filipinas. REUTERS/Eloisa Lopez
Un sobre de Nescafé y restos de basura en una playa de Filipinas. REUTERS/Eloisa Lopez
 Las calles se han convertido en un hervidero de protestas. El planeta, agotado, dice basta a través de los labios de cientos de miles de jóvenes que se manifiestan en las grandes ciudades del planeta. Mientras tanto, mientras las calles se desbordan, las clases políticas se entremezclan en la sede de la ONU en Nueva York para tratar de poner en consenso una estrategia de mitigación que consiga atajar la crisis climática. Allí, en el costado este de la Gran Manzana, los ministros del ramo se reúnen de manera previa a la futura cumbre climática de Chile del mes de diciembre, posiblemente la última gran oportunidad para establecer objetivos y plazos concretos que combatan el cambio climático.

En este contexto de emergencia, entre las protestas y la búsqueda de estrategias climáticas, aparecen las voces de las grandes multinacionales. Tanto es así que, este domingo, 87 grandes empresas y entidades bancarias se arrancaban un compromiso para ligar sus actividades económicas a los compromisos materializados en 2015 en el Acuerdo de París. El compromiso de las empresas, aparentemente, es serio. De aquí a 2050, empresas como el Banco Santander, el BBVA, Nestlé, Ikea o Danone reducirán a cero sus emisiones y alinearan sus negocios “con lo que los científicos dicen que es necesario para limitar los peores impactos del cambio climático”.

"Todas las empresas tienen la responsabilidad de hacer frente a los desafíos globales actuales", comentaba Ana Botín, presidenta del Banco Santander en El País. Pero, ¿podemos creernos esta suerte de convenio?

No. Así lo ven ecologistas y expertos que tachan este tipo de acuerdos como un greenwashing o un mero lavado de cara corporativo. “Las grandes empresas llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo. Hacen falta mecanismos que obliguen a las multinacionales y a los bancos a cumplir con unos determinados estándares que no atenten contra los derechos humanos y contra el medio ambiente”, opina Yago Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción. El problema, explica el activista, tiene que ver con las características de estos tratados firmados por las multinacionales, que, más allá de las palabras y las rubricas, no son vinculantes y no ofrecen ningún tipo de garantías para con su cumplimiento.

“Los acuerdos voluntarios no vinculantes a los que se ha comprometido la Industria carecen de ninguna herramienta de seguimiento y reporte. Para saber si, por ejemplo, Nestlé o el Banco Santander están cumpliendo los objetivos tendríamos que poder evaluar los impactos de sus actuaciones de alguna manera”, añade Miguel Ángel Soto, responsable de campañas en Greenpeace. La realidad es que los compromisos como el anunciado a bombo y platillo este domingo, apenas ofrecen mecanismos de control para conocer en qué punto están sus promesas medioambientales.
Buen ejemplo de ello es el caso de Unilever, una empresa británico-holandesa con una producción diversificada que incumplió su promesa de limpiar sus cadenas de suministro de cualquier producto procedente de la deforestación. “Todas las grandes empresas consumidoras de materias primas como soja, palma o cacao se comprometieron hace diez años a limpiar sus cadenas de suministro en un plazo de una década. Ahora, después de estar ardiendo el Amazonas, diez años después, estas empresas reconocen que no han cumplido sus promesas”, comenta Soto, citando a Néstle o Burger King, cuyas inversiones en empresas cárnicas están manchadas por el fuego de la selva.

En cierta medida, estos compromisos vacíos tienen que ver con unas simples “estrategias publicitarias para cooptar consumidores procedentes de los movimientos sociales”, opinan desde Ecologistas en Acción. Es una práctica que se hace común en todos los sectores. Se podría decir que las marcas tejen sus redes y les da igual en qué mar pescar con tal de hacerlo. Tanto es así, que echando un vistazo al pasado, tras el 15M, algunas compañías de telefonía trataron de presentarse como empresas regidas por valores asamblearios donde la horizontalidad marcaba el ritmo de las ganancias.

“La juventud está en las calles súper concienciada y las marcas no pueden quedar expuestas a la ira de los jóvenes, que son los futuros consumidores. Por eso las empresas firman donde sea”, valora Soto.

Dejar de crece
Que casi noventa multinacionales se liguen a los principios básicos del Tratado de París de reducir las emisiones de manera radical puede resultar contradictorio. Sobre todo si se tiene en cuenta que el crecimiento económico de estos gigantes se sustenta en gran medida en la extracción de recursos naturales (además de la huella de carbono que hay detrás del transporte global de sus productos).

“La clave es preguntarle a las empresas cómo piensan llevar a cabo esa supuesta descarbonización. Si no te dicen el plan exacto que piensan seguir, si simplemente confían que siguiendo las sinergias habituales y hablando de tecnologías de reemplazo lo van a conseguir, están equivocados”, expone Antonio Turiel, científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. “Sin poner un plan sobre la mesa, en el fondo son palabras huecas”.

"Estas empresas dependen del crecimiento continuo y de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué actividad van a tener si reducen las emisiones?", se pregunta Martínez, que considera que el historial de las grandes corporaciones para con el medio ambiente y los derechos humanos es demasiado grande como para dar por bueno unos compromisos que no se sustentan en ningún tipo de base legal.

"Tiene que haber planes nacionales de reducciones de emisiones y de adaptación al cambio climático que se traduzca en medidas. Esto no lo van a hacer ni las entidades bancarias, ni el presidente del Real Madrid", ironiza Soto. El papel de los gobiernos y las instituciones gubernamentales, opinan desde Greenpeace y desde Ecologistas en Acción, debería estar más definido y obligar a las empresas con legislación vinculante a cumplir con sus compromisos.

Unos compromisos que hasta ahora son insuficientes y que, según Turiel, fían todo el éxito de la lucha contra el cambio climático a "un cambio tecnológico" que se presenta pobre e incierto. La salida de este embrollo, quizá, se encuentra apagando los motores del sistema y planteando una alternativa productiva diferente que no esté asociada al crecimiento económico indiscriminado. Así lo evidencia el último informe de la Oficina Europea del Medio Ambiente, que apuesta por un decrecimiento económico orquestado en los países más ricos. Aún con ello, el debate sigue abierto.
 
Fuente: https://www.publico.es/sociedad/multinacionales-compromisos-ecologistas-lavado-cara-perfecto.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico

jueves, 5 de septiembre de 2019

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusa a EEUU, Francia y Reino Unido de ser cómplices de crímenes de guerra en Yemen

Fátima y su esposo, un pescador, huyeron de los bombardeos en julio de 2018 y encontraron refugio en el campo de Dahad. Fátima todavía recuerda la odisea: 12 horas interminables recorriendo 300 kilómetros y el miedo que sintió cuando escuchó el ruido de los combates.
 Estados Unidos, el Reino Unido y Francia han sido acusados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cómplices de presuntos crímenes de guerra en Yemen por parte Arabia Saudita y sus aliados.

Desde la primavera pasada, Amad vive con su esposa y sus tres hijos en las ruinas de una antigua casa cerca de la Mezquita Khamer. Proceden de Hajja, de donde huyeron en abril. Antiguo comerciante, Ahmad perdió todo en los combates y bombardeos que afectaron a Kuchar.
 Según publica ‘institutodeestrategia.com’, el ente internacional ha advertido que vender armas a la coalición liderada por Arabia Saudita es alentar tales crímenes y que cualquier otro tipo de ayuda es ilegal.

Desde finales de marzo, los combates en Hajja se han intensificado. El conflicto ha causado miles de desplazados: nuevas familias se han unido en el exilio a otras muchas. Viven en el campo de Dahad en condiciones precarias.
 “Declara que a sabiendas ayuda o ayuda a las partes en conflicto en Yemen en la comisión de violaciones sería responsable de la complicidad en las violaciones relevantes del derecho internacional humanitario”, ha declarado en un extenso informe publicado el martes el Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales del ACNUR sobre Yemen.

Debido a los numerosos informes públicos que advierten de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, ningún Gobierno puede escudarse en desconocimiento de que dichas violaciones se están cometiendo en el país árabe.

2 de cada 3 desplazados llegaron en 2015, al inicio de la guerra. Huían del bombardeo aéreo masivo por parte de Coalición sobre la gobernación de Saada, un bastión de Ansar Allah.
 Los redactores del informe aseveran haber enviado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los nombres de los principales individuos militares y políticos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen y el movimiento Houthi para una mayor investigación y posible juicio posterior.

Este es el campo de Dahad.Fotos: Agnes Varraine-Leca/MSF
 Francia y el Reino Unido y Francia están bajo un escrutinio especial al haber firmado el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la venta de armas si un país cree que se utilizarán para cometer “atrocidades masivas”.

Además indican que incluso los que no son signatarios del TCA pueden ser responsables de delitos al ayudar e incitar crímenes de guerra “ya que después de cinco años de lucha” no puede haber excusas para no tomar acciones determinantes para abordar “la crisis humanitaria y las violaciones del derecho internacional que tienen lugar en Yemen”.

Mohamed Hamud toca el oud (laúd árabe). Vive en el campo de Dahad que se levanta a un kilómetro de la ciudad de Khamer, cerca del mercado de qat, un estimulante vegetal que se consume en Yemen, Etiopía, Somalia y otros países árabes vecinos del Cuerno de África.
 En junio, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido dictaminó que el gobierno británico “no había hecho ningún intento” de averiguar si Arabia Saudita estaba usando sus armas para violar el derecho internacional, y aunque el Secretario de Estado Liam Fox afirmó que se suspenderían las licencias para la exportación de armas a la coalición saudí, el Departamento de Comercio Internacional dijo que apelaría el fallo.

Por su parte, Donald Trump, en julio, vetó un raro proyecto de ley apoyado por republicanos y demócratas para poner término a la venta de armas a Arabia Saudita por parte de Estados Unidos.
El presidente se quejó de que “debilitaría la competitividad global de Estados Unidos” y dañaría las relaciones con los aliados.

Francia, ocultó sus ventas de armas a su población y posteriormente, según detalla el diario, amenazó con arrestar a los periodistas que desvelaran las ventas por publicar información confidencial.

El informe de UNHRC ha proporcionado a su vez datos de la tremenda crisis humanitaria en Yemen, donde casi un 25% de la población del país estaba desnutrida a principios de 2019.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, hay 230 de 333 distritos en riesgo de hambre y 24,1 millones de personas que necesitan ayuda para poder sobrevivir.

Fuente: https://digitalsevilla.com/2019/09/05/el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-acusa-a-eeuu-francia-y-reino-unido-de-ser-complices-de-crimenes-de-guerra-en-yemen/

martes, 25 de junio de 2019

La ONU señala el sindicalismo como “fundamental” para la salud mental

El último informe del relator especial para la salud de la ONU afirma que las medidas para combatir la desigualdad son más efectivas para promover la salud mental que las terapias medicinales. 

1º de mayo Madrid CGT
Manifestación del 1º de mayo en Madrid. David F. Sabadell
 La historia lo demuestra: las relaciones de solidaridad, y en particular la sindicación para garantizar mejoras de salarios y condiciones en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud mental. Así lo afirma el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU, que fue ayer, 24 de junio, enviado a Ginebra. “El modo en que se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y psicológicas”, explica el informe, que señala cómo la configuración del mercado de trabajo afecta a las relaciones personales, tanto en el ámbito familiar como en el cuidado de niños y mayores.

El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, apunta la preocupación general en cuanto a que la mala salud mental se considere “una amenaza para la productividad económica” y que las soluciones consistan en recuperar fuerza de trabajo. “El hincapié que se hace en los problemas de salud mental, considerados una carga a nivel mundial, y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y a lograr que las personas afectadas por esos problemas regresen al trabajo se mencionan cada vez más al justificar desde el punto de vista económico la necesidad de dar prioridad a los problemas de salud mental en todo el mundo”, señala el informe, que alerta de que las prioridades se centren en recuperar la fuerza de trabajo en vez de en garantizar la atención de calidad.

Y es que, desde principios del milenio, la prescripción de antidepresivos ha aumentado a nivel general en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por The Guardian, entre el año 2000 y 2016 en Estados Unidos se han pasado de las 75 dosis diarias por cada mil personas a las 125 —un 66,66% más—, en Reino Unido de las 37,6 a las 101 —aumento del 168,6%— y en España se han pasado de las 28,2 dosis diarias por cada mil personas a 75,5 —un 167,7% más—.

Entre las medidas aconsejadas para combatir las enfermedades mentales, el Relator Especial subraya aquellas que vayan encaminadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, ha afirmado a The Guardian el relator especial Dainius Pūras, que ha señalado también las políticas que siguieron a la crisis financiera de 2008, que han acentuado la desigualdad, como perjudiciales para la salud mental. “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a la salud mental”, explica el relator. “La gente se siente insegura, con ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de inseguridad”, continúa.

Un enfoque de derechos para garantizar la salud mental
El informe del relator especial destaca la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e individuales para la prevención de los problemas de salud mental.

“Todavía hay una tendencia a utilizar modelos individualizados y causales para identificar determinantes de la salud mental como la violencia juvenil y las autolesiones. Esa tendencia da lugar a intervenciones centradas en factores de comportamiento inmediatos e individuales, en lugar de abordar adecuadamente las condiciones estructurales, que son las causas fundamentales”, explica el informe del relator especial de la ONU. “La explicación de las desigualdades en materia de salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual y se extiende a lo social, lo económico y lo político. La vida de las personas se ve a menudo limitada por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas, así como por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas actúan a lo largo de sus vidas”, continúa.

El informe recuerda que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2020 incluía entre sus cinco objetivos clave la promoción de la salud mental a través de la actuación sobre los determinantes sociales, pero esto no se tradujo en medidas en la práctica. También señala que, 70 años después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha conseguido una reducción general del número de suicidios, se ha avanzado en la reducción de la pobreza extrema y en los problemas de violencia interpersonal, se ha conseguido una mayor igualdad de género y se han reducido los regímenes totalitarios. “Esa tendencia induce a pensar que han tenido un efecto positivo las políticas y prácticas de las sociedades de todo el mundo basadas en los derechos humanos”, señala el informe, que también alerta de que “esos avances se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés mundiales que se oponen a los principios universales de derechos humanos y sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra”.

El relator apunta como ejemplos de cómo los gobiernos pueden socavar la promoción de la salud los recortes en protección social, las políticas que restringen el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, la penalización de la posesión y cultivo de drogas para uso personal o las leyes que reducen el espacio de la sociedad civil, así como los castigos corporales a niños y adultos. También destaca como “prácticas nocivas” las “terapias de conversión” para personas LGTBI o las terapias que usan la religión para el tratamiento de drogodependencias o de problemas de salud mental, así como la corrupción farmacéutica, a la que dedicó otro informe en 2017.

El informe alerta también del sobrediagnóstico de enfermedades mentales, que ha llevado a la medicalización de “reacciones normales a las múltiples presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar o comportamiento antisocial”, así como de las prácticas en la atención a personas con enfermedades mentales en las que no se cuenta con su consentimiento. “La coacción se utiliza profusamente en los servicios de salud mental, y hay pruebas de que cada vez es mayor la prevalencia de las medidas coactivas en esos servicios”, lamenta el relator especial.

Otro de los temas tratados en el informe son la estigmatización de la persona con enfermedad mental como amenaza para la sociedad, o el acogimiento de menores a instituciones, que el relator señala que debe ser sustituido progresivamente con miras a su total eliminación. “Con respecto a los niños menores de cinco años, el acogimiento en instituciones debería considerarse una forma de violencia y de práctica nociva y, por lo tanto, debería prohibirse”, apunta el informe.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/salud-mental/onu-senala-sindicalismo-fundamental-salud-mental

lunes, 12 de noviembre de 2018

“Yemen ya no existe”, su población se muere


La guerra llevada a cabo por Arabia Saudita [el reino dirigido por la familia-dinastía Saud desde 1932; hoy en manos del clan del príncipe heredero Mohammed ben Salman, llamado MBS] contra Yemen ha devastado un país ya paralizado por una pobreza generalizada y un abandono sistemático.

El 25 de marzo de 2015 [con una preparación desde 2014], Arabia Saudita y sus aliados [en parte para dar cuerpo a la apariencia política de una coalición: Egipto, Jordania, Sudán, Marruecos y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, con excepción de Omán] lanzaron lo que se ha convertido en un asalto atroz e implacable- bautizado en el estilo de marketing del Pentágono Tempestad decisiva y renombrado rápidamente como Restaurar la Esperanza (sic)- contra una población indefensa. [Los Estados Unidos juegan un papel decisivo también en los servicios de información, la gestión de los bombardeos, la venta de armas y el aprendizaje de su utilización. Sobre la venta de armas españolas, ver https://vientosur.info/spip.php?article14162 ndt]. Su objetivo es vencer a la rebelión huthi, que se ha negado a apoyar al gobierno fantoche instalado por Arabia Saudita en 2011-2012 [Abdrabbo Mansur Hadi, antiguo mariscal y vicepresidente de 1995 a 2012, fue formalmente elegido como nuevo presidente de la República del Yemen, mediante “sufragio universal” como único candidato el 21 de febrero de 2012; con el acuerdo de Arabia Saudita y las “monarquías del Golfo”, de los Estados familiares patrimoniales].

A pesar de las decenas de miles de ataques aéreos y un bloqueo aéreo y naval agotador, no han logrado desalojar a los rebeldes de la capital Sanaa. En efecto, la rebelión huthi siguen controlando una parte significativa del país [ver el mapa de las zonas controladas en septiembre de 2018 por las diferentes fuerzas].

A menudo presentado cínicamente como marioneta iraní, el movimiento huthi recibe mucho menos apoyo de lo que se piensa generalmente. Y su movimiento está menos motivado por el amor a los ayatolás que por los agravios socioeconómicos recibidos durante mucho tiempo de los sucesivos dictadores apoyados por Arabia Saudita, y su exclusión de un gobierno de transición establecido tras la revolución de 2011.

Esta verdad molesta ha sido ignorada por el régimen saudita, que ha exagerado el riesgo planteado por un pretendido mandatario iraní a su puerta para justificar una intervención militar masiva. En consecuencia, Yemen se ve hoy confrontado a la mayor urgencia humanitaria del planeta[1].

Según un informe del Programa Alimentario Mundial, unos 14 millones de personas corren el riesgo de morir de hambre. Es la hambruna más grave que ha habido en el mundo desde hace más de 100 años. Diez y seis millones de personas no tienen acceso al agua potable y 22 millones de personas, es decir el 75% de la población, dependen de la ayuda.

Yemenis present documents in order to receive food rations provided by a local charity, in Sanaa, Yemen.
Yemenis present documents in order to receive food rations provided by a local charity, in Sanaa, Yemen
 Las Naciones Unidas estiman que más de 3 millones de yemeníes han huido de sus hogares, buscando desesperadamente la seguridad y la protección. Muchas de esas personas viven hoy en campos de fortuna para personas refugiadas, con sus tiendas desgastadas como únicos signos de vida en un paisaje tremendamente inhospitalario.

Para forzar al movimiento huthi a rendirse, Arabia Saudita ha atacado y cerrado en varias ocasiones el puerto de Hodeida, que gestionaba el 70% de las importaciones de alimentos antes de la guerra. Han intentado intimidar a las ONG para que pongan fin a los programas de ayuda en las regiones controladas por la rebelión. Cuando la persuasión ha fracasado, ha recurrido a la violencia. Hospitales gestionados por Médicos sin Fronteras (MSF) han sido bombardeados en varias ocasiones.

Save the Children, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, estima que 50.000 niños y niñas han muerto por causas ligadas a la pobreza el año pasado. Son 137 “pares de ojos sonrientes” los que se apagan todos los días, con un último abrazo familiar cada 10 minutos.

Resultado de imagen de yemen
NBC News
 Las divisiones sociales del país -étnicas, culturales y religiosas- se transforman en abismos con la segmentación geográfica. La gente huthi controla las regiones del norte y del centro; Al Qaeda en la Península Arábiga controla el sureste y las fuerzas leales a los Emiratos Árabes Unidos controlan la zona que rodea el puerto estratégicamente vital de Aden, contemplando una secesión unilateral del norte.

En realidad, “Yemen” no existe ya. “Demacrado” por decenios de subinversión, de corrupción de la clase dirigente y de ataques neoliberales, el país ha recibido un golpe muy duro de Arabia Saudita y sus aliados.
Esta calamidad es una acusación al autodenominado orden mundial. Se trata en particular de una acusación a los gobiernos americano y británico, que han extendido sus ventas militares a Arabia Saudita, así como a Francia[2] /2: un ejemplo de la barbarie bipartidista a menudo mostrada en las cuestiones de la política exterior imperial por los demócratas y republicanos y por la socialdemocracia y los partidos conservadores.

La bomba que ha matado a 40 niños y niñas en un autobús escolar en agosto de 2018 ha sido casi con seguridad fabricada en Texas por Lockheed Martin. No contentándose con facilitar así los asesinatos ciegos, Occidente ha proporcionado un apoyo secundario, en particular informaciones sobre posibles objetivos, reavituallamiento en vuelo para las campañas de bombardeo y un flujo sin fin de material militar de alta gama.

Un informe del personal de investigación de la ONU ha encontrado pruebas de masacres, de torturas y de violaciones de civiles. Sin embargo, confrontado a los hechos, el secretario americano de Defensa, Jim Mattis, ha insistido en que el asesinato de miles de personas yemeníes no armadas era un acto de autodefensa de las monarquías saudí y emiratí. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha sido más honrado en una nota del Congreso que justificaba la intervención de Arabia Saudita en términos de reducción de la influencia iraní.

El gobierno australiano ha sido también cómplice. Este año la página independiente New Matilda ha informado de que las licencias para la venta de material militar a Arabia Saudita se han cuadruplicado recientemente. Christopher Pyne, ministro de industria de la defensa desde 2016 y ahora ministro de Defensa y otros ministros del gobierno han emprendido conversaciones de alto nivel sobre la expansión de la Royal Saudi Navy.

Además, se ha revelado que el año pasado navíos de guerra australianos llevaban a cabo ejercicios conjuntos con los Sauditas, es decir con la marina que bloquea la ayuda desesperadamente necesaria a 22 millones de civiles. Para coronar todo esto, un antiguo general del ejército australiano, Mike Hindmarsh, ha dirigido las fuerzas combatientes de los Emiratos. Su recompensa sería un salario anual de 500.000 dólares australianos. Es imaginable la histeria que se produciría si Irán pagara tal salario. Pero, en este caso no ha habido ninguna crítica o censura por parte del gobierno o de los grandes medios de Australia.

Cerca de 30 millones de yemeníes sufren un asedio militar brutal. Ya es hora de que Australia y otros países pongan fin a sus relaciones con el despreciable régimen saudita y a su implicación en los crímenes de guerra.

 Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14351&fbclid=IwAR0Ixst69SPqta8BL1InpsoiWozZAvJt16oQWxRSkv16aP_cGafKENMXexc

miércoles, 24 de octubre de 2018

La plutocracia contra el pueblo

El pueblo de los países pobres se mata trabajando para financiar el desarrollo de los países ricos. El Sur financia al Norte, y especialmente a las clases dominantes de los países del Norte. El medio de dominación más poderoso es actualmente la deuda.

La sede de Naciones Unidas en Ginebra Nathalie Rengifo Álvarez
  Warren Buffet, considerado por la revista estadounidense Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, hace algunos años declaró a la CNN: "There's a class warfare, all right , but it's my class that's making war, and we're winning". O sea: "De acuerdo, existe una guerra de clases, pero es mi clase la que la hace y la está ganando".

El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas comienza con estas palabras: "Nosotros, el pueblo de las Naciones Unidas". Por lo tanto, la tarea de proteger y garantizar los intereses colectivos de los pueblos, el bienestar universal, corresponde a la ONU —y más exactamente a los Estados aliados que firmaron esa carta el 20 de junio de 1945, en San Francisco—. Pero, actualmente, esos intereses se ven atacados por doquier por la clase de los plutócratas, la de los Warren Buffet. A los Estados les quitaron su capacidad normativa y su eficacia. De alguna manera lograron que los tenedores del capital financiero mundializado los hayan derrotado.

Mi más reciente combate, el que llevé contra los fondos buitre en el seno de las Naciones Unidas, ilustra esta realidad de forma paradigmática. Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2008, confieso no ser, ni por un instante, neutro en mi trabajo. Los derechos humanos son un arma formidable en manos de aquellos que quieren cambiar el mundo, aliviar los sufrimientos del otro, vencer a los depredadores. Y progresar en ese combate supone formar alianzas.

 El pueblo de los países pobres se mata trabajando para financiar el desarrollo de los países ricos. El Sur financia al Norte, y especialmente, a las clases dominantes de los países del Norte. El medio de dominación más poderoso es actualmente el servicio de la deuda. Los flujos de capitales Sur-Norte tienen excedentes en relación a los flujos Norte-Sur. Los llamados países "pobres" pagan anualmente a las clases dirigentes de los países ricos mucho más dinero del que reciben de ellas, ya sea como inversiones, préstamos, ayuda humanitaria o la llamada ayuda al "desarrollo". El servicio de la deuda mantiene a los pueblos en la esclavitud y saquea sus recursos.

 Este expolio aún se vio agravado, durante estas últimas décadas, con la aparición de los fondos buitre, llamados así por su característica de rapaces y carroñeros. Son fondos de inversiones especulativas, registrados en los paraísos fiscales, y que están especializados en la compra de deudas, que desde hace largo tiempo se venden por debajo de su valor nominal, con el fin de obtener máximos beneficios. Estos fondos especulativos son propiedad de individuos extremadamente adinerados, que se cuentan entre los más terribles depredadores del sistema capitalista. Logran disponer de botines de guerra de miles de millones de dólares. Comandan batallones de abogados capaces de abrir procedimientos en los cinco continentes, durante diez o quince años, si fuese necesario.

 Los fondos buitre matan. Os damos un ejemplo: en 2002, y debido a una sequía espantosa, el hambre provocó la muerte de decenas de miles de seres humanos en Malawi. De los 11 millones de habitantes de ese país del sudeste de África, 7 millones se encontraban gravemente subalimentados. El gobierno era incapaz de ayudar a las víctimas porque algunos meses antes había tenido que vender en el mercado los stocks de reserva de maíz (¡40.000 toneladas!) para pagar a un fondo buitre. Ese fondo había obtenido de un tribunal británico la condena de Malawi a pagar varias decenas de millones de dólares.

 El editorialista del Financial Times, Martin Wolf, quien no es realmente lo que se puede llamar un revolucionario; sin embargo, escribió: "It is unfair to the real vultures to name the holdouts such since at least the real vultures perform a valuable task", o sea: "Dar el nombre de buitres a esos fondos es un insulto para los buitres, ya que éstos desempeñan una valiosa tarea". Y tiene razón: los buitres limpian los esqueletos de los animales muertos en las sabanas y evitan de ese modo la difusión de epidemias…

 Bajo el impulso de Argentina, una de las víctimas de los fondos buitre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Comité Asesor, por su resolución 27/30 del 26 de septiembre de 2014, un informe que responde a esta doble pregunta: "¿En qué medida y de qué manera las actividades de los fondos buitre violan los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos agredidos? Llegado el caso, ¿qué nueva norma del derecho internacional habría que crear para acabar con esas actividades?".

 Fui nombrado relator del Comité para responder a esa doble interrogación. Raramente en mi vida trabajé tanto como durante esos dos años: 2014 y 2015. Entregué mi informe el 15 de febrero de 2016. En el mismo explicaba que las actividades de los fondos buitre contravienen por definición la regla de la buena fe presente prácticamente en las legislaciones de los Estados de todo el mundo.
Como testimonio, el ejemplo del código civil suizo: "Todas las personas tienen el deber de ejercer sus derechos y de ejecutar sus obligaciones según las normas de la buena fe. El abuso manifiesto no está protegido por la ley".

El Palacio de las Naciones en Ginebra, y la ONU en general, están plagados de espías. Todos los servicios secretos del mundo, sobre todo aquellos ligados a las grandes potencias, escuchan las conversaciones mejor protegidas, fotocopian documentos, pagan a funcionarios y actúan bajo la máscara de la diplomacia acreditada. Nada más normal, por lo tanto, que los agentes de los servicios occidentales (y otros) hayan estado informados de la más breve de mis conversaciones y del desarrollo de todas mis sesiones de trabajo.

La votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaba prevista para la sesión de septiembre de 2016. En la fortaleza de la embajada estadounidense de Pregny [cantón de Ginebra], a algunos centenares de metros del Palacio de las Naciones, sonó la alarma. Nuestros enemigos eran perfectamente conscientes de que se arriesgaban a una derrota. Conocían mis recomendaciones. Sabían que, muy probablemente, éstas serían aprobadas por el Consejo.

Entonces, nuestros enemigos cambiaron de táctica, abandonaron el terreno de las Naciones Unidas, y se replegaron en otra, ancestral, menos complicada y bien comprobada: la corrupción. Las elecciones tuvieron lugar en diciembre de 2015. El candidato designado por la coalición de izquierda, que debía proseguir el combate contra los fondos buitre, era el favorito según todas las encuestas. Pero finalmente fue derrotado por un político local de derecha. Éste había gastado sumas astronómicas para ganar la elección. Ni bien asumió su cargo, el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri declaraba querer pagar sin retardo todas las demandas provenientes de los fondos buitre. ¡Y eso fue lo que hizo!

La prosperidad de los fondos buitre ilustra de manera caricaturesca el poder de la plutocracia. La acumulación de las mayores riquezas entre las manos de unos pocos, y por consiguiente la desigualdad que deriva, es posible gracias a la eliminación de la normativa estatal, la abolición del control a los bancos, la institución de monopolios privados, la proliferación de paraísos fiscales, etc. Dicha desigualdad conduce inexorablemente a la destrucción de la relación de confianza entre los ciudadanos y sus dirigentes. Cuando los Estados se debilitan y los oligarcas sin fe ni ley gobiernan el planeta, cuando un orden criminal sustituye al estado de derecho, ¿Quién podría tener todavía la pretensión de proteger el bien público y el interés general?

Como lo escribe el sociólogo alemán Jürgen Habermas: "El desalojo de la política por el mercado se traduce en el hecho de que el Estado nacional pierde progresivamente su capacidad de recaudar impuestos, estimular el crecimiento y garantizar mediante esas medidas las bases esenciales de su legitimidad, no obstante esa pérdida no está compensada por ningún equivalente funcional […]. Afrontados al riesgo de ver fugarse los capitales, los gobiernos nacionales se comprometen en una carrera loca hacia la desregulación para la disminución de costes, de donde resultan beneficios obscenos y diferencias inéditas entre los salarios, el crecimiento del desempleo y la marginación social de una población pobre siempre en aumento. A medida que las condiciones sociales de una amplia participación política son destruidas, las decisiones democráticas, aun adaptadas de un modo formalmente correcto, pierden su credibilidad".

Habermas plantea, siguiendo su razonamiento, la cuestión de transferencia de la soberanía: ¿Existen instituciones interestatales, capaces de tomar el relevo a los Estados debilitados y asumir la protección del bien público? Habermas piensa sobre todo en Europa. No estoy de acuerdo con él. Me parece evidente que la Unión Europea (UE) no puede aspirar al título de "democracia continental".

 Tal como está organizada actualmente —y cualesquiera que hayan sido las ambiciones de sus fundadores— la UE es esencialmente un organismo de clearing, de coordinación y de potenciación de los intereses de las compañías transnacionales privadas. Numerosos signos lo acreditan, comenzando por el hecho de que la Comisión Europea esté, en la actualidad, presidida por Jean-Claude Junker, que asume hasta la caricatura su papel de buen servidor del capital transnacional. De 2002 a 2010, el hombre fue al mismo tiempo Primer ministro de Luxemburgo, su ministro de Finanzas y presidente del Eurogrupo. En sus funciones, negoció 548 acuerdos fiscales secretos, llamados tax rulings, con numerosas sociedades multinacionales bancarias, comerciales, industriales y de servicios. Esos tax rulings, como se les llama púdicamente, apuntan a favorecer la evasión fiscal.

 Escribo estas líneas mientras centenares de miles de refugiados huyen de las carnicerías de las guerras de Siria, Iraq y Afganistán. El 28 de julio de 1951, los Estados del mundo ratificaron la convención relativa al estatuto de los refugiados, llamada Convención de Ginebra, con la que se creó un nuevo derecho humano universal: el derecho de asilo. Quienquiera que esté perseguido en su país de origen por razones políticas, religiosas o raciales tiene el derecho inalienable de atravesar las fronteras y de presentar una demanda de protección y de asilo en un Estado extranjero. Pero, en estos momentos la Unión Europea está liquidando ese derecho. Se erigen muros, se impide que hombres, mujeres y niños que huyen de la tortura, la mutilación y la muerte puedan presentar una demanda de asilo. Habermas está equivocado. Evidentemente, la UE no cumple con la función de guardiana transestatal del bien público.

Para abordar esas cuestiones, quiero colocarme bajo la autoridad de Antonio Gramsci y de su "optimismo de la voluntad". Ciertamente, la ONU no va bien. También es cierto, que uno se cruza en su sede con personajes infernales, detestables o malhechores. Y, luego, está esa legión de taciturnos burócratas, parásitos con salarios más que generosos. Toda esa gente, en la sombra, timorata, eternamente indecisa. Sin embargo, en su seno también se activan numerosas mujeres y hombres respetables, valientes y obstinados.

La ONU se mantiene potencialmente como la única fuente viva de la normalidad internacional. En sus predicaciones, a Lacordaire le gustaba citar esa evidencia, enunciada en El Contrato social de Jean-Jacques Rousseau: "Entre el débil y el fuerte, es la libertad que oprime y la ley la que libera". Sí, los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración universal de los derechos humanos siempre serán el horizonte de nuestra historia, la utopía que guía nuestros pasos.
Unas últimas palabras sobre los fondos buitre. José Martí hacía esta constatación: "La verdad, una vez despierta, no vuelve a dormirse jamás". Paul Singer, a la cabeza de varios fondos buitre, ganó ciertamente contra el pueblo argentino y contra muchos otros pueblos de África, Asia y el Caribe. Pero él y sus semejantes fueron sacados de las sombras, puestos en evidencia. Se creó conciencia. Bajo las brasas acecha el fuego. Un día, otros llevarán el combate más lejos.

sociólogo y miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

jueves, 15 de marzo de 2018

La ONU documenta 34 casos de tortura en la investigación del ‘caso Ayotzinapa’

La Oficina del Alto Comisionado recopila en un informe graves violaciones de derechos humanos tras la desaparición de los 43 jóvenes de Iguala

Una manifestación en memoria de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Una manifestación en memoria de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. GettyImages
  La madrugada del 27 de octubre de 2014 la Armada de México hizo un operativo sorpresa en Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Los marinos buscaban a integrantes del cártel Guerreros Unidos que pudieran dar información sobre la desaparición de 43 jóvenes en Iguala (Guerrero), la noche del 26 de septiembre. Los militares sorprendieron a tres presuntos narcotraficantes e iniciaron una persecución. El resultado fue dos detenidos y un muerto. Las autoridades informaron de que el fallecido había caído del techo de un edificio mientras huía. La realidad era otra. El hombre, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, conocido como El Chiquis, habría muerto mientras era torturado por los marinos. “Estaba como unos cinco o diez metros se encontraba el Chiquis, igual lo estaban torturando con la bolsa… hasta que escuché ‘ya valió madre, ya valió madre, este no aguantó, se me ahogó’”, refirió Eury Flores López, uno de los detenidos, en su declaración del 31 de octubre de 2015.

Esta es solo una gota dentro del mar de irregularidades que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) ha expuesto en lo que el Gobierno mexicano llama con orgullo la verdad histórica, la investigación judicial realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Ayotzinapa, dirigida por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam. Los expertos del organismo internacional han publicado Doble injusticia, un informe de 65 páginas que recopila, verifica y analiza las violaciones a derechos humanos cometidas en la gran etapa de la pesquisa, de septiembre de 2014 a enero de 2016. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, será presentado este jueves en la Ciudad de México. “El informe contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en dicho caso y más ampliamente a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, dicen sus autores.

Los expertos de la ONU-DH revisaron los expedientes judiciales y se entrevistaron con detenidos, testigos, abogados y las autoridades relevantes que investigaron los hechos ocurridos hace casi cuatro años. Lo que hallaron fue un “patrón consistente de violaciones de derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que comenzaba con detenciones arbitrarias de personas, pasaba por demoras significativas en su presentación ante las autoridades, tortura y la posterior transferencia al Ministerio Público. Algunas de las conclusiones pretenden “arrojar más luz” a las advertencias vertidas por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI).

Buena parte de Doble injusticia se dedica a documentar la tortura a la que fueron sometidos muchos de los detenidos. La ONU examinó la información de 63 de los 129 detenidos a lo largo de la investigación que dijeron haber sido maltratados. En 51 casos halló posibles actos de tortura. El informe se basa en el análisis de 34 de ellos, 33 hombres y una mujer. “La ONU tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, dice el texto.

Los presuntos actos de tortura fueron cometidos en los vehículos de traslado de los detenidos, en casas de seguridad, en terrenos baldíos y en las oficinas de la PGR y su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Todos los casos analizados tienen una cosa en común. “Tuvieron lugar a partir de que la PGR atrajo el caso”, esto es después del 5 de octubre de 2014 y cuando aumentaba la presión internacional por esclarecer los hechos. La ONU-DH no conoció ningún caso de tortura mientas las investigaciones estuvieron a cargo de las autoridades del Estado de Guerrero o de autoridades penitenciarias.

Entre las prácticas documentadas están los toques eléctricos en varias partes del cuerpo incluyendo los genitales, los pezones y el ano; la penetración anal a tres hombres detenidos; amenazas de violación sexual a las familiares de los detenidos; golpes; asfixia con bolsas de plástico y ahogamiento con trapos húmedos, una forma conocida como waterboarding que fue utilizada por los soldados estadounidenses en Irak. Los detenidos responsabilizaron de la tortura a elementos de la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial, los marinos. El organismo internacional subraya que estos delitos no han sido atendidos a pesar de haber sido cometidos hace tres años. “La ONU-DH no ha conocido de ninguna acusación en contra de los posibles responsables de dichas violaciones”, asegura el informe.

Al revisar los exámenes médicos practicados a los detenidos, la ONU-DH halló hematomas, equimosis, costras hemáticas y excoriaciones. “De acuerdo al Protocolo de Estambul pueden correlacionarse con actos de tortura”. En dos casos, los médicos pidieron a la Fiscalía trasladar a sus detenidos a un hospital. Uno de ellos fue Raúl Núñez Salgado, un supuesto operador financiero de Guerreros Unidos, a quien le contabilizaron más de 30 lesiones externas que le dejaron problemas para caminar.

En al menos 23 casos los procesados señalaron directamente a los ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, en ese entonces bajo la dirección de Tomás Zerón. “Esa era la orden que traían los federales, de que nosotros teníamos que mencionar lo que sabíamos y si no matarían a mis hijas y a mi esposa ya que había sido orden presidencial”, declaró Julio César Mateos Rosales, policía ministerial de Cocula, el 17 de diciembre de 2014.

La ONU-DH también documentó tortura psicológica. Osvaldo Ríos Sánchez, quien según las autoridades es uno de los autores materiales del asesinato y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, dijo en su declaración que fue transportado fuera de las oficinas de la Fiscalía y llevado a Iguala. “Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar un pozo diciéndonos que esa era nuestra tumba. Me empezaron a golpear y me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado. Un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que me iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”. La ONU también dice que Ríos fue inmovilizado con una sábana y asfixiado con una bolsa de plástico. Cuando perdió el conocimiento fue reanimado con choques eléctricos.

Las afirmaciones documentadas por el Alto Comisionado ponen en duda las declaraciones con las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha construido uno de sus casos más relevantes. Los dichos autoinculpatorios, espontáneos y las evidencias, obtenidas bajo tortura, "no han sido excluidas como pruebas por parte de las autoridades judiciales". La ONU arroja luz sobre la noche de Iguala, que casi cuatro años después, no termina de clarear. 


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