Aunque Dinamarca copa los estándares de desarrollo y calidad
democrática, la reciente prohibición del velo islámico en sitios
públicos, la ley que castiga con la cárcel a los indigentes o el rechazo
a acoger migrantes reflejan la deriva xenófoba que ha adquirido el
país.
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| Foto: Yezdk (Instalación sobre refugiados en Copenhague) |
A pesar de que los datos respaldan la imagen de Dinamarca como el epítome del desarrollo, la calidad de vida y la eficacia democrática; en los últimos años, y en gran parte motivadas por un gobierno de corte liberal-conservador salido de las generales de 2015, en el país escandinavo se están aprobando medidas que castigan la pobreza y fomentan la exclusión por la procedencia.
Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Dinamarca está entre los países del mundo con mayor calidad de vida, es la nación donde hay menos pobreza relativa (porcentaje de la población con ingresos inferiores al 50% de la media del país) y su Coeficiente Gini, donde 1 es la total desigualdad y 0 es la perfecta igualdad, es de 0.26. Además, un informe de la revista The Economist de 2017 le otorga una nota de 9,22 sobre 10 en calidad democrática. Pero detrás de unas cifras envidiables dormita una realidad que no parece guardar correlación con los números.
El pasado 1 de agosto entró en vigor una ley que sanciona el uso de cualquier elemento que oculte la cara en lugares públicos, con multas que van desde los 130 a los 1.000 euros —y que pueden derivar en proceso judicial—. Aunque la normativa no hace mención expresa a los velos islámicos integrales, como el burka o el nicab, también considera punible llevar barbas postizas y ha generado malestar entre la comunidad musulmana de Dinamarca.
El Gobierno del país justifica la medida arguyendo que el uso de estas prendas en sitios públicos perjudica los valores daneses y supone una falta de respeto a la comunidad, y añade que prohibir llevar velo islámico favorece la integración de los musulmanes en la sociedad. Las consecuencias de su implantación solo han tardado dos días en materializarse, cuando las autoridades penalizaron con 1.000 coronas (en torno a 134 euros) a una mujer de 28 años por cubrir su rostro con un niqab en un centro comercial a las afueras de Copenhague.
Diversas asociaciones pro derechos, partidos de centroizquierda y oenegés como Human Right Watch, han tildado la ley de “discriminatoria” y hablan de que normas como esta suponen una “peligrosa tendencia” que ya está implantada en otros países europeos como Francia u Holanda. Desde Interfolk, un instituto que centra su actividad en la investigación de la sociedad civil danesa, una de las responsables asegura que esta prohibición “va en contra de las libertades de expresión y culto” ya que, dice, a pesar de que el Ejecutivo ha alegado razones de seguridad, “es innecesario” que se apliquen este tipo de leyes.
El instituto defiende que cualquier persona, en especial las mujeres musulmanas que suelen llevar el rostro cubierto, “vista como más se sienta representada, independientemente de sus creencias”. Además, dicen, “se están perjudicando los derechos de las mujeres, que ni suponen una amenaza ni un problema para la convivencia, porque se las penaliza por llevar según qué ropa”.
La tesis de los “valores daneses” ha servido también para que el Ejecutivo del país nórdico, con el aval de los socialdemócratas, anuncie la próxima instauración en los ayuntamientos de una ceremonia de integración para todos aquellos extranjeros que adquieran la nacionalidad. Se pretende que este ritual consista en que, una vez que firmen un documento donde muestran el respeto a la Constitución —implementado hace unos meses—, los solicitantes estrechen la mano de algún representante municipal.
Este cambio legal está motivado por lo que ocurrió en Suiza este mes de agosto, cuando las autoridades denegaron la nacionalidad a una pareja musulmana por negarse a darle la mano a funcionarios del sexo contrario. En una reciente entrevista para un medio local, la ministra de Integración danesa, Inger Støjberg, defendió la necesidad de dicha ceremonia ya que, según ella, el apretón de manos indica que una persona “ha tomado los valores daneses”. Y añade: “No creo que esto sea ridículo, se trata de reforzar las bases de las libertades incluyendo la igualdad”. En cualquier caso, la decisión no se ha librado de la polémica y algunos alcaldes, de variada adscripción política, han hecho público su rechazo a seguir la norma.
No obstante la ley que prohíbe cubrirse la cara en sitios públicos no es la única que ha suscitado recelos en Dinamarca por xenófoba y excluyente. En 2016, cuando se debatían las cuotas de refugiados que cada país debía acoger, el gobierno danés amenazó con denegaciones masivas de solicitudes de asilo, devoluciones en caliente y prisión incondicional para aquellos que quisieran asilarse en el país. Al final, y para desincentivar la llegada de personas que huían de la guerra en Siria, el Parlamento aprobó por mayoría, a finales de enero, una ley por la que los refugiados que llevasen encima una cantidad superior a 1.250 euros debían dar ese dinero o, en su defecto, joyas y otros objetos de valor —quedaban excluidos bienes con valor sentimental como anillos de matrimonio— para poder quedarse en Dinamarca y costear así su estancia allí.
La medida de las joyas fue duramente criticada y se la comparó con el expolio que los responsables de los campos de concentración nazis infligían sobre los judíos que recluían en ellos. Además, el Gobierno danés concretó que los migrantes que finalmente se quedasen, y que serían automáticamente redistribuidos por todo el país, debían esperar hasta tres años para pedir que se los reuniese con el resto de sus familias.
La proliferación de estas políticas tiene como origen el ascenso al poder, en las elecciones de 2015, de la coalición integrada por Venstre (una formación liberal-conservadora de corte agrario dirigida a la aristocracia terrateniente), el Partido Popular Danés, Alianza Liberal y el Partido Popular Conservador. Aunque en esos comicios los socialdemócratas ganaron las elecciones con más votos que en la anterior cita, la confluencia de estas cuatro fuerzas derechistas permitió que se pudiese formar un gobierno estable.
Desde entonces, en Dinamarca se ha iniciado una agenda programática basada en el nacionalismo excluyente, que avanza en consonancia con la postura en asuntos migratorios que el país defiende en el Parlamento Europeo. Si Dinamarca —muy alejada de las fronteras y las áreas periféricas de la Unión Europea— ya se mostraba reticente ante la llegada y acogida de inmigrantes, y defendía como principal remedio la negociación en los países de origen —a menudo con financiación que evitara el éxodo—; desde 2016 su discurso se ha endurecido llegando a proponer, en junio de este año y junto a países como Austria u Holanda —ambos con gobiernos de ultraderecha—, la creación de un macrocampo de refugiados en un país no perteneciente a la Unión, que se haga cargo de las personas cuya solicitud de regulación se haya rechazado. Una idea que no ha rechazado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al entender que los Estados miembro tienen autonomía para decidir sobre la cuestión de los refugiados.
Meses antes el vicepresidente del Partido Popular Danés, Anders Vistisen, ya se había pronunciado acerca de la decisión europea de reubicar refugiados por cuotas, blandiendo en realidad la visión del conjunto de socios de gobierno: “Dinamarca no debería aceptar refugiados obligatorios de la UE”; una postura que han manifestado compartir otros países como Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. La idea del macrocampo, que estaría financiada por los Estados miembro, ha sido vista con buenos ojos por el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini que, con argumentos parecidos a los expuestos por daneses, austríacos y holandeses, habla de protección de las fronteras exteriores y se erige en contra de que Italia sea “el campo de refugiados de la UE”.
En contraste, el Parlamento Europeo acaba de imponer por un amplio quorum (448 diputados a favor, 197 en contra y 48 abstenciones) sanciones a Hungría, que puede perder el derecho a voto en el Consejo de la UE, siendo irrelevante en las instituciones de la Unión. El castigo del organismo está motivado, además de por los obstáculos que su primer ministro, Viktor Orbán, ha venido emplazando contra la libertad de prensa en el país, por la política migratoria del gobierno húngaro, que se ha negado sistemáticamente a acoger refugiados desde que se acordaran las cuotas.
Danish Refugee Council (DRC) es una ONG que trabaja tanto con los refugiados que llegan a Dinamarca como con las personas desplazadas en sus países de origen. Desde la organización ven escandaloso “que se trate así a esta gente”. “Lo que dicen algunos políticos sobre ‘los valores daneses’ es una excusa para restringirles los derechos a los inmigrantes”, asegura un miembro de la plataforma. “Ha quedado claro que este Gobierno va en contra de los extranjeros desde el primer momento, y lo único que está haciendo es fomentar la xenofobia entre una sociedad que siempre ha destacado por su tolerancia”, explica.
Preguntado por la proliferación de los partidos de ultraderecha en numerosos países del continente, el integrante de DRC expone su preocupación: “Parece que la ultraderecha ha estado dormida durante décadas y ahora, cuando la economía decae, culpan de todo lo malo a los inmigrantes […] y lo peor es que hay millones de personas que se lo creen y votan a estos partidos”, se lamenta. Dinamarca, dice, “ni siquiera está en contacto directo con los que llegan de África o de Oriente Próximo […] Otros países como España, cuyas fronteras limitan con otro continente no tienen este problema [el del ascenso de partidos de corte ultraconservador]”.
Este verano ha cumplido su primer aniversario en Dinamarca otra disposición que pena hasta con dos semanas de cárcel ejercer la mendicidad en determinados sitios públicos como parques, estaciones, calles peatonales o supermercados. Mediante procedimiento de urgencia y bajo el pretexto de evitar situaciones que generen “inseguridad” en la población, el Folketing (Parlamento danés) modificó el Código Penal para que los sintecho tengan que pasar obligatoriamente por prisión, anulándose la advertencia previa que, antes de la nueva norma, les hacían las autoridades a quienes vivían en la calle. Aunque en esa sesión, donde se pretendía ir mucho más lejos, fue rechazada la propuesta de expulsar del país a los indigentes que fuesen encarcelados, debido a que hubiera supuesto violar la legislación de la Unión Europea.
Entonces, el ministro de Justicia, Søren Pape Poulsen, declaró que esperaba que la ley afectase “a muchos criminales extranjeros ambulantes que tienen mucha presencia, piden y roban en las calles de Copenhague […] Dinamarca no puede ser la oficina social de la UE”. Un año después la realidad de la ley antimendigos, en efecto, demuestra su propósito intolerante, ya que de los 52 indigentes encarcelados ninguno es danés.
Este tipo de actuaciones vuelven a chocar con los datos, que dicen que Dinamarca es el quinto país de la OCDE que más porcentaje de su PIB invierte en gasto social público (el 28,7%) y el cuarto que más destina en ayudas oficiales al desarrollo (0,72% de su PIB). Según datos del Banco Mundial la renta per cápita danesa superó los 55.000 euros en 2017 (en España apenas llegó a 25.000), el país roza el pleno empleo y las prestaciones que ofrece su Estado de bienestar son amplísimas; pero los extranjeros sin recursos —sin permiso de residencia y que, por tanto, no pueden ser beneficiarios de ayudas sociales— además se enfrentan a 14 días de cárcel si se los descubre viviendo o pidiendo en la calle.
En mayo del año pasado en una columna de opinión en el diario danés Berlingske, el diputado ultraconservador, Marcus Knuth, mostró su preocupación por “la plaga de gitanos” que, desde su punto de vista, “nos explotan, nos hostigan [a los daneses] y destruyen las calles con basura y excrementos”. Lo que dejaba claro que la diana de la ley antimendigos eran únicamente los extranjeros sin permiso de residencia, algo que ha quedado ratificado al conocerse que todas las personas sin recursos detenidas son foráneas (la mayoría procedentes de Rumanía) aunque, lógicamente, también haya gente sin hogar nacida en Dinamarca.
Las alternativas para los sintecho que se encuentran en el país escandinavo de manera irregular, por tanto, son exiguas mientras se apliquen leyes tan restrictivas como esta, que tendrá una vigencia de tres años si en 2020 no se consigue que el Parlamento ratifique su continuidad. “Los mendigos extranjeros están condenados, la ley está pensada para que nunca puedan salir de esa situación, porque ellos llegan sin nada y se ven obligados a pedir. Ni siquiera tienen derecho a las prestaciones que podrían ayudarlos a salir adelante. Así que piden, pero se los arresta por ello”, exponen desde Interfolk.
Por su enclave geopolítico, Europa siempre ha tenido que lidiar con un casi constante desafío migratorio que la guerra de Siria y los miles de refugiados que huyen de ese país ha agravado en los últimos años. La crisis económica, y la decadencia de las socialdemocracias que defendían políticas inclusivas —sobre todo en los países nórdicos, con largas tradiciones democráticas— en favor del neoliberalismo, está cambiando ese paradigma.
Fuente:
https://www.elsaltodiario.com/racismo/valores-daneses-xenofobia-cierre-fronteras-refugiados-dinamarca
