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martes, 12 de febrero de 2019

“¿Quién puede conocer el vicio? Pues alguien que lo ha visto de cerca”

<p>Hervé Falciani.</p>
Hervé Falciani.
LUIS GRAÑENA
Hervé Falciani, ya saben, es el señor de la lista, esa relación interminable de más de 100.000 evasores fiscales a los que daba amparo el HSBC, y de los que 1.500 eran patriotas españoles con unos ahorrillos en Suiza y otros paraísos fiscales. No voy a contarles ahora las peripecias del informático más famoso del mundo, un ciberdelincuente para algunos banqueros como los Botín, a los que su osadía les costó retratarse ante Hacienda y soltar un mondongo de 200 millones de euros, y un héroe para los damnificados del sistema financiero, es decir, para el resto. Como se trata de una entrevista telefónica, tampoco me pidan que les dé detalles sobre el color de su jersey, su marca de ordenador o las vistas que se ven desde su ventana, lo que además sería imprudente porque Falciani sigue moderadamente escondido por esa aversión que tienen algunos a morir jóvenes y dejar un bonito cadáver. Sólo puedo dar fe de una cosa: quienes afirman que habla un castellano fluido están exagerando.

¿En qué situación legal se encuentra tras su última detención? ¿Está protegido, vigilado o ambas cosas a la vez?
En mi caso nunca ha habido muchas diferencias entre ambas cosas. Sigo como testigo protegido.

Pero no puede abandonar el país…
Sí, puedo salir, aunque esté en un ámbito legal muy específico, como es el de Interpol. Pueden detenerme no dos sino quince o veinte veces. En países totalitarios sería más frecuente que me detuvieran por el mismo motivo. Interpol interpreta que Suiza me persigue por un delito político, dentro del que se encuadraría el espionaje económico que se me atribuye.

¿Cansa ser una garganta profunda durante tanto tiempo?
Cuando confronto mi caso con otros semejantes distingo dos categorías. De un lado están los que entienden, como me ha ocurrido a mí, que la situación requiere una intervención judicial y que el alcance es internacional. Aquí no es posible limitarse a dar una voz de alarma, a decir oye no me gusta lo que estoy viendo. Si me hubiera limitado a eso me habrían matado. Yo estaba preparado para adaptarme a lo que se me venía encima. En la segunda categoría están aquellos a los que el problema les ha pillado por sorpresa y no lo habían anticipado o no tenían recursos para externalizarlo.

¿No es frustrante que de los defraudadores españoles de su lista sólo  dos hayan sido condenados y además se hayan dado a la fuga?
No para mí. No tenía ninguna duda, por ejemplo, de que no iba a haber condenas contra el HSBC, más allá de la sanción que han tenido que pagar en EE.UU.. Hasta en los negocios más sucios los directivos salen indemnes. No era mi objetivo y no me supone un problema.

Si sólo hubiera castigo para un porcentaje ínfimo de los 100.000 evasores que usted ha denunciado, ¿no tendría la sensación de que su acción no ha valido para nada?
No me lo planteo así. Sinceramente, me interesa más el daño, esto es que se robe dinero, que se desvíe, que se fomente la corrupción. No me importa tanto quién se aprovecha sino cómo lo hacen, el sistema que usan, la operativa. Tengo claro lo que puedo hacer y no tengo otras pretensiones.

¿A medida que pasa el tiempo aumenta su esperanza de vida?
No lo sé. Las cosas pueden cambiar. Si entrara en política puede que tuviera un descenso significativo de mi esperanza de vida.

¿El fraude tiene ideología?
Veo el fraude como una enfermedad y también como un vector de cambio. Si uno no está nunca enfermo jamás trabaja su sistema inmunitario, y eso al final puede matarte.

¿Y la lucha contra el fraude la tiene? ¿Quiénes lo combaten mejor, los gobiernos de derecha o los de izquierda?
La política se puede hacer con o sin ideología. La ideología está muy lejos del pragmatismo. Para mí representa un riesgo. Mejor quedarse fuera. Prefiero lo que se pueda argumentar; huyo del dogmatismo.

¿Tuvo algún contacto con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro?
No. En realidad, para que no me pregunte más por otras personas tengo que decirle que los encuentros que tengo implican una confidencialidad que debo respetar. Siempre contestaré con una negativa.

De haber dependido del Gobierno de Rajoy, ¿hubiera sido extraditado a Suiza?
Sí, totalmente. Usted hablaba de ideología y yo de egos. Que un chiquito como yo haya podido refutar el prestigio de banqueros muy influyentes les duele en el ego. Las esferas de poder se resienten con casos como el mío. Ese dolor dura años y años y nunca se cura. Para estas esferas de poder yo he sido un golpe en su estrategia personal, en su imagen, en su propaganda.

Usted ha sido cabeza de lista del Partido X a unas elecciones europeas y ha colaborado con Podemos y con el Movimiento 5 Estrellas en Italia. ¿Lo haría con el PP para desarrollar un programa contra el fraude?
Totalmente. He colaborado también con el Partido Socialista francés y varios gobiernos. Mi posicionamiento no tiene ideología sino sentido común, que es la única bandera que me gusta llevar. Con el PP colaboraría para combatir el fraude como he hecho con Podemos. Luego, si eso condiciona o no mi longevidad sería otra historia. Tengo amigos muy comprometidos con el antifraude que son del PP. El fracaso en los cambios políticos suele producirse porque, a veces, los que han ocupado cargos sin experiencia previa se han rodeado de gente menos preparada que ellos o más tontos para que no se noten sus carencias. Es el principio de Peter.

¿Me quiere decir que eso le ha pasado al PP, que se han rodeado de tontos?
A nivel político lo creo de verdad. Los experimentados, los que saben, no tienen como único recorrido la política. No siempre fueron políticos. Pero vemos que la mayoría de los que ocupan el espacio público sólo se han dedicado a la política. Por eso yo me encuentro muy a gusto entre funcionarios, fiscales, jueces o interventores, técnicos en definitiva. Porque son pragmáticos y saben cuáles son los objetivos, el plazo y los recursos con los que cuentan. No necesitamos votos para comprobar la validez de lo que hacemos.

Transparencia Internacional ha criticado al nuevo Ejecutivo por su pasividad en adoptar más medidas contra la corrupción, especialmente una que le afecta directamente: seguimos sin un sistema de protección para los denunciantes.
España no está en peor posición que muchos otros países. Aquí se habla de la corrupción. Actuar es el paso siguiente. Y si se habla es porque algo se está haciendo. En Francia no se hace ni una mínima parte de lo que se hace en España. Estoy aquí por esto. El fraude es un vicio. ¿Quién puede conocer el vicio? Pues alguien que lo ha visto de cerca. Quizás por las raíces cristianas aquí se reconoce la existencia del vicio. Poco a poco con iniciativas personales y proyectos concretos se puede ir trabajando contra la corrupción en ámbitos locales –que es a lo que me dedico– o en las empresas, que son las más ágiles. Los de arriba se darán cuenta más tarde.

Pero seguimos sin proteger a los denunciantes. Cuando era fiscal, Dolores Delgado defendía esa protección. Ahora que es ministra parece que lo ha olvidado. ¿Lo ve usted así?
Parece raro, pero no lo veo así. En la política real hay que ver no sólo la ley sino las consecuencias de su aplicación. Si no hay ni recursos para comprar folios de papel… Lo que faltan son recursos. Menos del 1% de las personas que conocen el asunto de la lista Falciani saben lo que de verdad se ha hecho en investigación y en mecanismos antifraude, que no sólo se usan en el ámbito público sino también en el privado, en las empresas.
   
Perdone que insista. ¿Sigue pensando que habría que imitar a EE.UU. y compensar a los denunciantes con el 10% del dinero defraudado y recuperado? A estas alturas seria usted un hombre bastante rico…
Nunca he hablado de porcentajes. Sí veo que ha de existir un mecanismo de motivar y proteger, y el dinero es la protección. Personalmente, lo que yo necesito sólo son recursos para continuar en el proyecto de detectar los fallos del sistema y los vacíos jurídicos de los que se aprovechan los defraudadores. En temas de ciberseguridad, por ejemplo, empresas como Apple ofrecen un millón de dólares por encontrar un fallo en su sistema. ¿Qué significa eso? Trabajo. Mejorar un sistema es trabajo. ¿Este trabajo ha de ser un oligopolio? Hay que abrir el ‘mercado del antifraude’. Si los que aprovechan el fraude controlan cómo se desarrolla la lucha contra el fraude estaremos en las mismas. La lucha contra el fraude es una medicina para la sociedad y debe ser la sociedad la que desarrolle las curas. Yo pretendo que sea más abierto y de ahí la necesidad de los incentivos.

¿Le ha supuesto algún problema que Baltasar Garzón coordine a sus abogados?
Algunas relaciones te pueden estigmatizar, por supuesto. Pero en este caso ha sido una elección que repetiría. Se trata de una persona con experiencia y mi elección representa lo que opino de su participación en la guerra contra el fraude. Y sé que puede ser polémico.

Transparencia Internacional vinculaba también la pasividad contra la corrupción con la irrupción de partidos de ultraderecha como Vox. ¿Está de acuerdo?
El desequilibrio es consecuencia de una inacción. Puede haber incluso motivos geopolíticos. El populismo es un tema muy preocupante porque se nutre del miedo y el miedo es muy poderoso. Vox es un ejemplo.

¿Es posible que los financiadores iraníes de Vox se encuentren en su lista?
La lista ilustra los mecanismos que se usan. En realidad, no son 100.000 evasores sino millones las entidades implicadas. No puedo decirle si los financiadores de Vox están la lista pero es evidente que los mecanismos de financiación de los partidos presentan problemas. Aceptar que su financiación pueda proceder de poderes extranjeros es un riesgo y no tendría que permitirse porque condiciona su discurso y el debate político. Estamos ante el mismo ámbito que el de las fake news.

¿La banca es una mafia?
Son los jueces los que tendrán que decidir si es una organización criminal. Hace unos días hababa con un catedrático de Derecho Mercantil y sobre el Derecho Comparado me decía que es el estudio de todo lo que no se puede hacer aquí y se puede hacer allá. O nos protegemos desde la base o no tiene sentido hablar de mafia porque es global, y dentro de una cadena multinacional se encontrará siempre un elemento que falla.

Ha trabajado con agencias tributarias de varios países, desde Italia a Argentina, pasando por India. También con la CIA. ¿Todas estas colaboraciones han sido altruistas?
Si tenemos que hacer un relato contable de mi participación, la verdad es que ha sido muy altruista. Lo puedo defender al detalle. Otra cosa es que haya habido personas que me buscaban y me pagaban el viaje y el alojamiento. Nunca hice un negocio de mis colaboraciones. En España he renunciado a mi remuneración cuando he colaborado con la Fiscalía Anticorrupción. Tampoco es que quiera hacer bandera de ello. Ahora, si me tocan las narices y cara a cara respondería “yo no, ¿y tú?”. También existe un ámbito en el que tienes que llevarte un porcentaje porque está así establecido, pero nunca he pedido una cantidad por lo que he hecho. Varias veces me ha pasado que un país se ha dirigido a mí y me ha explicado que  no tenía recursos y siempre he respondido que no era un problema.

De su colaboración con varias agencias antifraude españolas ha parido usted un proyecto, Aletheia, para vigilar el gasto en los contratos públicos…
Trata de evitar que el gasto público se desvíe y entra de lleno en una parcela que no está regulada. Es aplicable no sólo a las Administraciones sino también a las corporaciones. Inicialmente, fue un proyecto para luchar contra el fraude del IVA y en los últimos meses  se ha particularizado el tema del gasto público, que a nivel europeo representa entre el 20 y el 25% del PIB.

¿No viene a ser un especie de Gran Hermano para los altos cargos, sobre cuyo patrimonio, relaciones e intereses se pone la lupa?
Es al revés. Hablamos del gasto eléctrico o de las concesiones de agua. Consiste en establecer sistemas de colaboración para que los miembros de una cadena de suministro no estén expuestos a la presión de ningún cártel. La condición del éxito del proyecto es que se respeta el secreto comercial. Basta con usar un registro público –que certifica la identidad y protege la privacidad– y donde se acredita la entrega de facturas. Se acabaría con las facturas falsas que representan cerca de un 90% del fraude.

Se ha montado usted también una criptomoneda, Tabu, y una plataforma que viene a funcionar como una agencia de calificación de activos y agentes económicos…
La criptomoneda es una experiencia didáctica. Quería demostrar que es posible hacer una criptomoneda que no lleve aparejada toda la maldad a la que se asocian.

Un bitcoin bueno, para entendernos.
Sí, aunque la idea no es sustituirlo. Quería hacer ver que la misma tecnología puede ser socialmente útil. La calificación tiene que ver con la consistencia de la información blockchain. La capacidad de sincronizar su contabilidad con la mía cuando tenemos una relación comercial permite extraer conclusiones de auditoria y elimina la maldición de los malos datos.

¿Serviría por ejemplo para conocer el origen de algunos fondos y saber si su procedencia es ilícita?
Sí, y más todavía. Permite comprobar que una empresa cumple con los requisitos de sostenibilidad y que es fiable financieramente. También haría posible abaratar la financiación de algunas empresas mientras esperan recibir el pago de alguna administración pública.

Volviendo a su criptomoneda… ¿se podría especular con ella?
No. Es una criptomoneda de utilidad. No permite especular porque su precio es siempre el mismo.

¿Cuánta gente trabaja con usted en todos estos proyectos?
En la asociación Tactical Whistleblower alrededor de 100 personas. Nos relacionamos también con varios centros de emprendedores y varios institutos universitarios. Tenemos varios proyectos en marcha de análisis de datos con sistemas de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Y otro de accesibilidad, para proteger del fraude a los discapacitados y a personas mayores.  

domingo, 6 de mayo de 2018

Hervé Falciani: "¿Va Rajoy a entregar a un testigo protegido?"

El activista Hervé Falciani, que accedió a 120.000 cuentas relacionadas con la evasión fiscal del banco HSBC, se muestra confiado en una entrevista con Ernesto Ekaizer que España no accederá a su extradición a Suiza. Aunque la duda es si el gobierno español quiere canjearlo por Marta Rovira

Hervé Falciani, informático franco-italiano reclamado por Suiza. / Daniel García-Sala
Hervé Falciani, informático franco-italiano reclamado por Suiza. / Daniel García-Sala
 Hervé Falciani (Montecarlo, 1972) fue detenido en Madrid el 4 de abril de 2018 y está en libertad provisional a la espera de una solicitud de extradición de Suiza. Este informático de nacionalidad franco-italiana logró acceder en 2006-2008 a unas 120.000 cuentas relacionadas con evasión fiscal en el banco para el cual trabajaba, el HSBC de Ginebra, y aportó la información a la justicia de varios países europeos y de Estados Unidos. En España se convirtió en testigo protegido en 2013  y los datos que aportó a la Fiscalía Anticorrupción permitieron al Ministerio de Hacienda a través de una “regularización espontánea” recaudar, en 2010, unos 260 millones de euros. De esa cantidad, la mayor tajada, 211 millones,  correspondió a la regularización de 2.000 millones de euros por parte de la familia del extinto banquero Emilio Botín.

En 2012, Suiza solicitó la extradición de Falciani para juzgarle por espionaje económico y otros delitos. El Gobierno de Rajoy, al recibir la petición, dio paso, el 3 de agosto de 2012, al procedimiento judicial. La Audiencia Nacional denegó la extradición en mayo de 2013. Falciani fue juzgado en Suiza, en ausencia, en noviembre de 2015 y condenado por delito de espionaje a 5 años de cárcel. Las autoridades suizas solicitaron a España la detención de Falciani en mayo de 2017 para cumplir dicha condena. Pero curiosamente la Policía no ejecutó dicha orden de detención internacional hasta el pasado 4 de abril en lo que parece un guiño a la justicia helvética: el canje de Falciani por la dirigente independentista Marta Rovira. Aunque según ha declarado a ARA Jean-Marc Carnicé, abogado de Rovira, no existen todavía diligencias relacionadas con la extradición de Rovira en la Oficina Federal de la Justicia (OFJ), la Policía española y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han movido pieza con la detención de Falciani para mostrar “reciprocidad” –ofreciendo el caramelo de la entrega del exinformático del HSBC- con vistas a la solicitud de extradición de Rovira.
Las autoridades helvéticas han afirmado públicamente que no habrá moneda de cambio. “En 2012 cuando el Gobierno de Rajoy abrió el procedimiento de extradición yo no era testigo protegido. Pero ahora lo soy y, además, la Audiencia Nacional rechazó en 2013 la extradición por espionaje económico", dice. ¿El Gobierno español quiere canjearlo por Marta Rovira? Falciani se inclina más por la idea que “el Gobierno de Rajoy puede pensar que con su abstención política legitima lo que  ha dicho la ministra de Justicia de Alemania en el sentido de que no iba a intervenir en el caso de Carles Puigdemont y dejar el asunto en manos de la Justicia”.

He aquí los tramos esenciales de la entrevista que mantuvo Falciani con ARA el pasado miércoles, día 2 de de mayo, en Valencia.

El Hong Kong and Shangai Banking Corporation Privat Bank de Suiza (HSBC) ha pagado 40 millones de francos suizos al Estado helvético para evitar sentarse en el banquillo por blanqueo de dinero. Ha abonado 1.900 millones de dólares en Estados Unidos para evitar el juicio. Y en Francia el pacto para eludir una condena le ha costado 300 millones de euros. Y usted ha sido condenado a cinco años en noviembre de 2015 y ahora está en libertad provisional a la espera de extradición. Los que han contribuido a la evasión y al blanqueo de capitales han eludido, pagando, la acción de la justicia, y usted que les ha denunciado corre el riesgo de ir a prisión. ¿Perversión del sistema?
Este es el aspecto más pintoresco de la nueva petición de mi extradición. La primera vez, en 2012, la solicitud pretendía sentarme en el banquillo en Suiza. La Audiencia Nacional denegó la solicitud por espionaje y otros delitos. El juicio se celebró. Yo no me presenté. Fui condenado a cinco años por un delito: espionaje.  Y se pide mi detención y entrega para cumplir esa condena. En rigor, es como si mi extradición la estuviese pidiendo no un Estado –la Confederación Helvética- sino un banco, el HSBC de Ginebra. Han pagado miles de millones de dólares, francos suizos y euros para eludir juicios en varios países.La conclusión es totalmente perversa. El banco viene a decir: nuestra institución no ha hecho nada malo, es él, Falciani, quien debe ser entregado a Suiza para cumplir la condena.

No es, con todo, el único aspecto pintoresco o perverso. Las autoridades suizas cursan una orden de detención internacional contra usted en mayo de 2017 y la Policía española la ejecuta casi un año después, en abril de 2018. ¿Cualquier relación con la decisión de Marta Rovira de no presentarse a declarar ante el Tribunal Supremo e instalarse en Ginebra es pura c coincidencia?
Sabía que iban a pedir mi detención en algún momento. Pero ignoraba cuando: pensé que entraría en prisión al menos durante algunas semanas, simplemente como resultado del procedimiento administrativo. Todos sabemos que la política opera en la justicia. La responsabilidad del político es la primera en un caso de extradición. La pelota va al consejo de ministros. Y este no debería olvidar su deber. Yo no olvido mi responsabilidad en la denuncia de determinados intereses financieros. El ejemplo de la sentencia de la Manada es preocupante. Me refiero a la intervención del ministro de Justicia. Pero volvamos al tema personal. Mi caso irá al consejo de ministros. Y creo que el interés nacional de España pasa por rechazar la solicitud de extradición en ese primer filtro que es el consejo de ministros.

Pero es que hay dos diferencias muy grandes respecto a 2012, se realiza  el primer filtro, es decir, cuando el gobierno de Rajoy cursa a la justicia española la petición helvética. La primera es que la Audiencia Nacional ya ha rechazado la extradición por espionaje económico en mayo de 2013; la segunda es que usted ha sido declarado testigo protegido en 2013 por parte del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Así es. ¿Va Rajoy a entregar a Suiza a un testigo protegido?. Porque mi situación procesal en ese aspecto no ha variado. Pero, como usted señala, en el juicio de extradición de la Audiencia Nacional, en 2013, se ha denegado la extradición por los mismos motivos por los que ahora se ha solicitado mi detención. Ahora el consejo de ministros cuenta con una resolución. Y espero que la tenga en cuenta cuando las autoridades helvéticas envíen los documentos y el consejo de ministros reciba el informe del ministro de Justicia.

En realidad, el Gobierno tiene la primera palabra, pero no la última. Será la Audiencia Nacional la que tendrá que resolver. Y ya está vinculada por la resolución de 2013. En esa resolución se rechaza de plano, de entrada, la existencia del principio de doble incriminación para el delito de espionaje económico, el 273 del Código Penal suizo.
En efecto. Pero querría insistir en mi responsabilidad. Yo estoy comprometido en la lucha contra la evasión fiscal. Es un tema de interés nacional de España. Y este conflicto que se está planteando ahora con la nueva solicitud de extradición me permite aclarar mi posición y mis compromisos. Los políticos tienen que tener en cuenta lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo. ¿Mis aportaciones han sido verdaderas o falsas? ¿Se pueden y deben aprovechar? ¿Se debe proteger los canales que han permitido y permiten recoger información relevante? ¿Hay que proteger a las personas que tienen una relevancia en obtener esta información económica y financiera? He sido condenado en Suiza por espionaje económico, pero en el fondo se trata de una condena política.

Porque el espionaje industrial o económico es una calificación que en el código penal suizo se sitúa en el capítulo de delitos contra el Estado helvético…
Sí, eso es. Y creo que eso va a estar claro. Por eso mi percepción es: la justicia española, que ya captó en 2013 esta situación, al rechazar la extradición, será fiel a su decisión de principios. Hay otro aspecto que me lleva a tener esa confianza. Y es que en mis contactos con la Fiscalía Anticorrupción española durante más de diez años he podido comparar con la conducta de la justicia en otros países. En Francia, el poder político ha podido frenar la investigación de evasión fiscal unos cuatro años. ¡Durante cuatro años no se nombró un juez instructor! ¡Hubo que esperar a nuevas elecciones presidenciales! Tengo, pues, experiencia con las instituciones judiciales de varios países. Aun recuerdo mis reuniones en la Fiscalía Anticorrupción con el entonces fiscal jefe Antonio Salinas y su equipo… Y,  por supuesto, no ignoro que la situación política en España es hoy diferente con estas extradiciones de dirigentes independentistas en Alemania, Reino Unido, Bélgica y Suiza...Pero no corresponde a los políticos intervenir o interferir en la cuestión judicial. Su deber es velar por los intereses nacionales.

  ¿Qué espera, por tanto, del consejo de ministros al llegar la solicitud de extradición de Suiza?
No espero del gobierno un análisis, por así decir, judicial. No es su función. Deben pronunciarse políticamente. Y, para mi, el interés nacional español pasa por rechazar lo que quieren las autoridades suizas. Y ¿qué defiende la justicia? ¿Por qué se insiste en mi entrega? ¿Para ver si hay reciprocidad ¿Reciprocidad en relación a qué? ¿Rajoy me quiere cambiar por Marta Rovira? No lo creo. Más bien pienso que el gobierno puede pensar que gracias a su abstención política da legitimidad a lo que hizo la ministra alemana de Justicia cuando declaró que no iba a intervenir en el caso de Carles Puigdemont y que quedaría exclusivamente en manos de la justicia.

Pero si uno se guía por la conducta de la Policía y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el cuadro que sale es diferente. El teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, decidió asumir un caso que no conocía y dejar al margen a  la fiscal Dolores Delgado, quien por antecedentes debía estar presente cuando el 5 de abril pasado usted compareció ante el juez Diego de Egea. Y aun sin conocimiento del caso, Carballo pidió prisión incondicional, una solicitud que el juez desestimó.
Pero el juez De Egea no hizo caso. Recordó, según dice el auto, que precisamente hay una resolución de la Audiencia Nacional de mayo de 2013. Yo sigo en el combate. Mire, cada vez que paso por la frontera entre Francia y España, uno de los miembros de la policía de fronteras, al ver la señal de alerta relativa a mi persona, la estudia y me dice: “Vamos a ver si le dejamos entrar en España”. Y entonces el superior mira y ordena: “Nosotros no extraditamos a los ciudadanos nacionales, franceses, déjelo pasar a España, es su problema”. Siempre ocurre lo mismo. No olvide mi recorrido. He venido para luchar.,,

Según la sentencia del Tribunal Penal Federal suizo usted no tuvo en el radar a España al comienzo, en 2008, cuando empezó su campaña tras ofrecer los datos, sin éxito, a un banco de Beirut a cambio de dinero. Más bien empezó por Alemania siguió en el Reino Unido y finalmente tocó la puerta de la justicia de Francia. España no estaba en la agenda.
No es así. Esa cronología es falsa. Todo comenzó en Francia. Una semana antes de viajar a Beirut en 2008  me puse en contacto con la Policía francesa. El objetivo fue el tribunal de Nanterre de delitos financieros. Mi nacionalidad franco-italiana implicaba a la vez una protección. Ni Francia ni Italia extraditan a sus nacionales. Empiezo a trabajar, pues, sin arriesgarme a que me extraditen. Y a partir de ese momento empiezo a aportar información que afecta a todos los países.  Necesitaba una situación de máxima seguridad para poder actuar. Ahora bien, al ver que en cuatro años no había manera, según ya apuntamos, de abrir la acción judicial en Franciam me muevo en otras direcciones. Luego empecé a trabajar con el organismo de lucha antimafia en Italia. España, ¿por qué? Porque había un organismo, la Fiscalía Anticorrupción, que ofrecía esa posibilidad. Cuando empieza la actividad judicial en España, los franceses reaccionan y nombran finalmente a un juez. Mire, recuerdo que el nombramiento del juez francés tuvo lugar poco antes de la resolución de la Audiencia Nacional de mayo de 2013. Yo asumí antes riesgos en España. Pero este trabajo va sobre personas. Y fue evidente al comenzar los contactos, en 2010 y 2011, que progresaríamos.  Podía ser encarcelado.  Viajé a Barcelona en julio 2012 y, en efecto, fui detenido y encarcelado durante varios meses. Y hoy ya no estoy solo como lo estaba entonces.

Este paralelismo entre 2012 y 2018 le llevó a pensar que podía ingresar en prisión durante algún tiempo el pasado 4 y 5 de abril.
Pensé que se repetía la situación, sí.

Su situación procesal es actualmente la misma. Testigo protegido.
Sí, no ha variado. En el marco de las diligencias previas 63/2013 del juzgado central de instrucción número 5 me concedieron el status de testigo protegido…

Aparte de la perversión de la que hablábamos hay un componente surrealista. Usted es un testigo protegido de la justicia española. No es la situación de 2012.
Absolutamente. Todo es surrealista. Hemos visto al ministro de Justicia español interferir en el poder judicial usando mecanismos emocionales contra un juez, intentado conectar con el rechazo de la población. Es la vida. Como espectador, es muy interesante. Cuando oyes al ministro de Economía suizo decir que de aquí a unos años Suiza debe convertirse en una “cripto-nación”, es decir, debe estar a la vanguardia de la negociación con cripto-monedas, sobre las cuales sabemos que, tal como se desarrollan en la actualidad, no dejan rastros de origen, no hay rastros del origen del dinero. Y por eso digo que en la situación política española actual hay quien quiere o desea obtener réditos y puede pensar que mi caso puede ser utilizado.

Se refiere a Cataluña y a los efectos de la crisis en la política española.
Sí. Una mera descripción señala que al perseguir varios procesos de extradición en Europa, la situación del gobierno español es débil, o más débil. Pero esto es admitir lo que está pasando. No tengo legitimidad alguna para opinar o defender alguna posición en relación al proceso independentista. Con todo, pienso que la justicia española tiene una posición que será difícil de modificar. El 1 de julio de 2012 nada más llegar en barco a Barcelona fui detenido y recobré la libertad cinco meses y dieciséis después, el 17 de diciembre de 2012. El 4 de abril de 2018 fui detenido y el 5 de abril quedé en libertad provisional.