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| Hervé Falciani, informático franco-italiano reclamado por Suiza. / Daniel García-Sala | 
 En 2012, Suiza 
solicitó la extradición de Falciani para juzgarle por espionaje 
económico y otros delitos. El Gobierno de Rajoy, al recibir la petición,
 dio paso, el 3 de agosto de 2012, al procedimiento judicial. La 
Audiencia Nacional denegó la extradición en mayo de 2013. Falciani fue 
juzgado en Suiza, en ausencia, en noviembre de 2015 y condenado por 
delito de espionaje a 5 años de cárcel. Las autoridades suizas 
solicitaron a España la detención de Falciani en mayo de 2017 para 
cumplir dicha condena. Pero curiosamente la Policía no ejecutó dicha 
orden de detención internacional hasta el pasado 4 de abril en lo que 
parece un guiño a la justicia helvética: el canje de Falciani por la 
dirigente independentista Marta Rovira. Aunque según ha declarado a ARA 
Jean-Marc Carnicé, abogado de Rovira, no existen todavía diligencias 
relacionadas con la extradición de Rovira en la Oficina Federal de la 
Justicia (OFJ), la Policía española y la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional han movido pieza con la detención de Falciani para mostrar 
“reciprocidad” –ofreciendo el caramelo de la entrega del exinformático 
del HSBC- con vistas a la solicitud de extradición de Rovira.
 Las autoridades helvéticas han afirmado públicamente que no habrá 
moneda de cambio. “En 2012 cuando el Gobierno de Rajoy abrió el 
procedimiento de extradición yo no era testigo protegido. Pero ahora lo 
soy y, además, la Audiencia Nacional rechazó en 2013 la extradición por 
espionaje económico", dice. ¿El Gobierno español quiere canjearlo por 
Marta Rovira? Falciani se inclina más por la idea que “el Gobierno de 
Rajoy puede pensar que con su abstención política legitima lo que  ha 
dicho la ministra de Justicia de Alemania en el sentido de que no iba a 
intervenir en el caso de Carles Puigdemont y dejar el asunto en manos de
 la Justicia”.
 He aquí los tramos esenciales de la entrevista que mantuvo Falciani con ARA el pasado miércoles, día 2 de de mayo, en Valencia.
 
 El Hong Kong and Shangai Banking Corporation Privat Bank de Suiza 
(HSBC) ha pagado 40 millones de francos suizos al Estado helvético para 
evitar sentarse en el banquillo por blanqueo de dinero. Ha abonado 1.900
 millones de dólares en Estados Unidos para evitar el juicio. Y en 
Francia el pacto para eludir una condena le ha costado 300 millones de 
euros. Y usted ha sido condenado a cinco años en noviembre de 2015 y 
ahora está en libertad provisional a la espera de extradición. Los que 
han contribuido a la evasión y al blanqueo de capitales han eludido, 
pagando, la acción de la justicia, y usted que les ha denunciado corre 
el riesgo de ir a prisión. ¿Perversión del sistema?
 Este es el aspecto más pintoresco de la nueva petición de mi 
extradición. La primera vez, en 2012, la solicitud pretendía sentarme en
 el banquillo en Suiza. La Audiencia Nacional denegó la solicitud por 
espionaje y otros delitos. El juicio se celebró. Yo no me presenté. Fui 
condenado a cinco años por un delito: espionaje.  Y se pide mi detención
 y entrega para cumplir esa condena. En rigor, es como si mi extradición
 la estuviese pidiendo no un Estado –la Confederación Helvética- sino un
 banco, el HSBC de Ginebra. Han pagado miles de millones de dólares, 
francos suizos y euros para eludir juicios en varios países.La 
conclusión es totalmente perversa. El banco viene a decir: nuestra 
institución no ha hecho nada malo, es él, Falciani, quien debe ser 
entregado a Suiza para cumplir la condena.
 
 No es, con todo, el único aspecto pintoresco o perverso. Las 
autoridades suizas cursan una orden de detención internacional contra 
usted en mayo de 2017 y la Policía española la ejecuta casi un año 
después, en abril de 2018. ¿Cualquier relación con la decisión de Marta 
Rovira de no presentarse a declarar ante el Tribunal Supremo e 
instalarse en Ginebra es pura c coincidencia?
 Sabía que iban a pedir mi detención en algún momento. Pero ignoraba 
cuando: pensé que entraría en prisión al menos durante algunas semanas, 
simplemente como resultado del procedimiento administrativo. Todos 
sabemos que la política opera en la justicia. La responsabilidad del 
político es la primera en un caso de extradición. La pelota va al 
consejo de ministros. Y este no debería olvidar su deber. Yo no olvido 
mi responsabilidad en la denuncia de determinados intereses financieros.
 El ejemplo de la sentencia de la Manada es preocupante. Me refiero a la
 intervención del ministro de Justicia. Pero volvamos al tema personal. 
Mi caso irá al consejo de ministros. Y creo que el interés nacional de 
España pasa por rechazar la solicitud de extradición en ese primer 
filtro que es el consejo de ministros.
 
 Pero es que hay dos diferencias muy grandes respecto a 2012, se realiza
  el primer filtro, es decir, cuando el gobierno de Rajoy cursa a la 
justicia española la petición helvética. La primera es que la Audiencia 
Nacional ya ha rechazado la extradición por espionaje económico
  en mayo de 2013; la segunda es que usted ha sido declarado testigo 
protegido en 2013 por parte del juzgado central de instrucción número 5 
de la Audiencia Nacional.
 Así es. ¿Va Rajoy a
 entregar a Suiza a un testigo protegido?. Porque mi situación procesal 
en ese aspecto no ha variado. Pero, como usted señala, en el juicio de 
extradición de la Audiencia Nacional, en 2013, se ha denegado la 
extradición por los mismos motivos por los que ahora se ha solicitado mi
 detención. Ahora el consejo de ministros cuenta con una resolución. Y 
espero que la tenga en cuenta cuando las autoridades helvéticas envíen 
los documentos y el consejo de ministros reciba el informe del ministro 
de Justicia.
  En realidad, el 
Gobierno tiene la primera palabra, pero no la última. Será la Audiencia 
Nacional la que tendrá que resolver. Y ya está vinculada por la 
resolución de 2013. En esa resolución se rechaza de plano, de entrada, 
la existencia del principio de doble incriminación para el delito de 
espionaje económico, el 273 del Código Penal suizo.
 En efecto. Pero querría insistir en mi responsabilidad. Yo estoy 
comprometido en la lucha contra la evasión fiscal. Es un tema de interés
 nacional de España. Y este conflicto que se está planteando ahora con 
la nueva solicitud de extradición me permite aclarar mi posición y mis 
compromisos. Los políticos tienen que tener en cuenta lo que yo he hecho
 y lo que estoy haciendo. ¿Mis aportaciones han sido verdaderas o 
falsas? ¿Se pueden y deben aprovechar? ¿Se debe proteger los canales que
 han permitido y permiten recoger información relevante? ¿Hay que 
proteger a las personas que tienen una relevancia en obtener esta 
información económica y financiera? He sido condenado en Suiza por 
espionaje económico, pero en el fondo se trata de una condena política.
 
 Porque el espionaje industrial o económico es una calificación que en 
el código penal suizo se sitúa en el capítulo de delitos contra el 
Estado helvético…
 Sí, eso es. Y creo que eso
 va a estar claro. Por eso mi percepción es: la justicia española, que 
ya captó en 2013 esta situación, al rechazar la extradición, será fiel a
 su decisión de principios. Hay otro aspecto que me lleva a tener esa 
confianza. Y es que en mis contactos con la Fiscalía Anticorrupción 
española durante más de diez años he podido comparar con la conducta de 
la justicia en otros países. En Francia, el poder político ha podido 
frenar la investigación de evasión fiscal unos cuatro años. ¡Durante 
cuatro años no se nombró un juez instructor! ¡Hubo que esperar a nuevas 
elecciones presidenciales! Tengo, pues, experiencia con las 
instituciones judiciales de varios países. Aun recuerdo mis reuniones en
 la Fiscalía Anticorrupción con el entonces fiscal jefe Antonio Salinas y
 su equipo… Y,  por supuesto, no ignoro que la situación política en 
España es hoy diferente con estas extradiciones de dirigentes 
independentistas en Alemania, Reino Unido, Bélgica y Suiza...Pero no 
corresponde a los políticos intervenir o interferir en la cuestión 
judicial. Su deber es velar por los intereses nacionales.
   ¿Qué espera, por tanto, del consejo de ministros al llegar la solicitud de extradición de Suiza?
 No espero del gobierno un análisis, por así decir, judicial. No es su 
función. Deben pronunciarse políticamente. Y, para mi, el interés 
nacional español pasa por rechazar lo que quieren las autoridades 
suizas. Y ¿qué defiende la justicia? ¿Por qué se insiste en mi entrega? 
¿Para ver si hay reciprocidad ¿Reciprocidad en relación a qué? ¿Rajoy me
 quiere cambiar por Marta Rovira? No lo creo. Más bien pienso que el 
gobierno puede pensar que gracias a su abstención política da 
legitimidad a lo que hizo la ministra alemana de Justicia cuando declaró
 que no iba a intervenir en el caso de Carles Puigdemont y que quedaría 
exclusivamente en manos de la justicia.
 
 Pero si uno se guía por la conducta de la Policía y de la Fiscalía de 
la Audiencia Nacional el cuadro que sale es diferente. El teniente 
fiscal, Miguel Ángel Carballo, decidió asumir un caso que no conocía y 
dejar al margen a  la fiscal Dolores Delgado, quien por antecedentes 
debía estar presente cuando el 5 de abril pasado usted compareció ante 
el juez Diego de Egea. Y aun sin conocimiento del caso, Carballo pidió 
prisión incondicional, una solicitud que el juez desestimó.
 Pero el juez De Egea no hizo caso. Recordó, según dice el auto, que 
precisamente hay una resolución de la Audiencia Nacional de mayo de 
2013. Yo sigo en el combate. Mire, cada vez que paso por la frontera 
entre Francia y España, uno de los miembros de la policía de fronteras, 
al ver la señal de alerta relativa a mi persona, la estudia y me dice: 
“Vamos a ver si le dejamos entrar en España”. Y entonces el superior 
mira y ordena: “Nosotros no extraditamos a los ciudadanos nacionales, 
franceses, déjelo pasar a España, es su problema”. Siempre ocurre lo 
mismo. No olvide mi recorrido. He venido para luchar.,,
 
 Según la sentencia del Tribunal Penal Federal suizo usted no tuvo en el
 radar a España al comienzo, en 2008, cuando empezó su campaña tras 
ofrecer los datos, sin éxito, a un banco de Beirut a cambio de dinero. 
Más bien empezó por Alemania siguió en el Reino Unido y finalmente tocó 
la puerta de la justicia de Francia. España no estaba en la agenda.
 No es así. Esa cronología es falsa. Todo comenzó en Francia. Una semana
 antes de viajar a Beirut en 2008  me puse en contacto con la Policía 
francesa. El objetivo fue el tribunal de Nanterre de delitos 
financieros. Mi nacionalidad franco-italiana implicaba a la vez una 
protección. Ni Francia ni Italia extraditan a sus nacionales. Empiezo a 
trabajar, pues, sin arriesgarme a que me extraditen. Y a partir de ese 
momento empiezo a aportar información que afecta a todos los países.  
Necesitaba una situación de máxima seguridad para poder actuar. Ahora 
bien, al ver que en cuatro años no había manera, según ya apuntamos, de 
abrir la acción judicial en Franciam me muevo en otras direcciones. 
Luego empecé a trabajar con el organismo de lucha antimafia en Italia. 
España, ¿por qué? Porque había un organismo, la Fiscalía Anticorrupción,
 que ofrecía esa posibilidad. Cuando empieza la actividad judicial en 
España, los franceses reaccionan y nombran finalmente a un juez. Mire, 
recuerdo que el nombramiento del juez francés tuvo lugar poco antes de 
la resolución de la Audiencia Nacional de mayo de 2013. Yo asumí antes 
riesgos en España. Pero este trabajo va sobre personas. Y fue evidente 
al comenzar los contactos, en 2010 y 2011, que progresaríamos.  Podía 
ser encarcelado.  Viajé a Barcelona en julio 2012 y, en efecto, fui 
detenido y encarcelado durante varios meses. Y hoy ya no estoy solo como
 lo estaba entonces.
  Este 
paralelismo entre 2012 y 2018 le llevó a pensar que podía ingresar en 
prisión durante algún tiempo el pasado 4 y 5 de abril.
 Pensé que se repetía la situación, sí.
  Su situación procesal es actualmente la misma. Testigo protegido.
 Sí, no ha variado. En el marco de las diligencias previas 63/2013 del 
juzgado central de instrucción número 5 me concedieron el status de 
testigo protegido…
  Aparte de la 
perversión de la que hablábamos hay un componente surrealista. Usted es 
un testigo protegido de la justicia española. No es la situación de 
2012.
 Absolutamente. Todo es surrealista. 
Hemos visto al ministro de Justicia español interferir en el poder 
judicial usando mecanismos emocionales contra un juez, intentado 
conectar con el rechazo de la población. Es la vida. Como espectador, es
 muy interesante. Cuando oyes al ministro de Economía suizo decir que de
 aquí a unos años Suiza debe convertirse en una “cripto-nación”, es 
decir, debe estar a la vanguardia de la negociación con cripto-monedas, 
sobre las cuales sabemos que, tal como se desarrollan en la actualidad, 
no dejan rastros de origen, no hay rastros del origen del dinero. Y por 
eso digo que en la situación política española actual hay quien quiere o
 desea obtener réditos y puede pensar que mi caso puede ser utilizado.
  Se refiere a Cataluña y a los efectos de la crisis en la política española.
 Sí. Una mera descripción señala que al perseguir varios procesos de 
extradición en Europa, la situación del gobierno español es débil, o más
 débil. Pero esto es admitir lo que está pasando. No tengo legitimidad 
alguna para opinar o defender alguna posición en relación al proceso 
independentista. Con todo, pienso que la justicia española tiene una 
posición que será difícil de modificar. El 1 de julio de 2012 nada más 
llegar en barco a Barcelona fui detenido y recobré la libertad cinco 
meses y dieciséis después, el 17 de diciembre de 2012. El 4 de abril de 
2018 fui detenido y el 5 de abril quedé en libertad provisional.

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