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| Varios jornaleros vendimian en Almendralejo / JCD Almendralejo |
La agricultura española ha sido señalada desde Alemania
como ejemplo de un sector donde se atenta los estándares socio-laborales
europeos. La consultora berlinesa Löning, especializada en derechos
humanos y negocios responsables, analiza el caso en una nota titulada
“Cómo las compañías pueden lidiar con la explotación laboral en el
sector de la agricultura”. España e Italia aparecen como países donde la
actividad agrícola presenta claros casos de condiciones laborales, como
mínimo, indignas de Europa.
No es casualidad que su firma se haya fijado en las
grandes economías del sur de Europa. A finales del año pasado, sin ir
más lejos, Alemania había adquirido una cantidad récord de casi 2.000
millones de kilos de frutas procedentes de España. Ese montante,
registrado entre septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017,
representa unos 8,3 millones de euros, una cifra histórica para el
sector.
“Alemania es el principal mercado de destino para las
exportaciones de España e Italia en el mercado de comida procesada,
especialmente en lo que respecta a frutas y verduras”, escriben la
asesoras Cecilia Barral y Lisa Szeponik, quienes firman el articulo de
la organización que dirige Löning. Ambas ponen a España, junto a Italia,
de contra-ejemplo en materia de respeto de derechos laborales.
Aluden, por ejemplo, a casos de explotación como los denunciados por
organizaciones sindicales como el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) o
a ese reportaje del diario británico The Guardian sobre el trabajo en el campo andaluz que hace unos años señalaba que, en España, “los cosechadores de ensaladas son los nuevos esclavos modernos”.
También figuran en las referencias de Barral y Szeponik al caso de los
59 inmigrantes a los que se daba trabajo el año pasado en los campos de
ajo de Cuenca en condiciones laborales deplorables, con largas jornadas
de sol a sol y salarios y alojamientos de miseria. Puso fin a este caso
una operación de la Guardia Civil llevada a cabo junto a las autoridades
rumanas – había nacionales de ese país entre víctimas y responsables de
esos abusos. Sin embargo, este tipo de situaciones no son
excepcionales, ni en España ni en Italia.
Barral y
Szeponik dan cuenta de casos con salarios de 6 euros al día, o de 25
euros al mes. También aluden a condiciones de vida que imponen algunos
responsables de explotaciones agrícolas, metiendo “hasta 20 personas en
apartamentos insalubres”, se lee en el informe de Löning.
En Italia, ha llegado a registrarse el caso de un grupo de mujeres
rumanas a las que se daba trabajo en los campos de Sicilia bajo
degradantes condiciones. A las “doce horas de jornada laboral sin agua
pese al calor extremo” pagados con salarios que podían terminar no
llegando había que sumar abusos sexuales, según Barral y Szeponik.
Medidas que deben tomar los empresarios
Este tipo de casos dan cuenta de la existencia de un colectivo, en
buena medida formado por inmigrantes y otras personas en situación de
especial vulnerabilidad, que lucha por sobrevivir trabajando en el viejo
continente. A ellos, el semanario de izquierdas alemán Der Freitag los
llama “los nuevos esclavos de Europa”. “Los políticos y las empresas
tienen que saber que este problema existe y tomar las medidas que hagan
falta para combatirlo. Algunas empresas lo hacen, y otras no tanto. Pero
para nosotros es importante que las empresas sepan que tienen que hacer
algo”, según Löning.
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| Markus Löning, director de la consultora berlinesa Löning. Löning |
Él sabe, como señalan desde la
Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que “la
explotación no es un fenómeno marginal” y que “los consumidores pueden
entrar en contacto con los resultados de explotación severa cuando
compran patatas o carne en el supermercado, cuando se quedan en un hotel
o comen en un restaurante o pasan junto a unas obras”.
Desde esa agencia europea, allá en 2015, incidían en la relevancia que
tiene para las víctimas de estas formas de explotación el acceder a la
justicia, a la regularización de la residencia y al mercado de trabajo.
Para Löning, sin embargo, su foco está puesto en el otro extremo de la
cadena. El último trabajo de Barral y Szeponik, presentado la semana
pasada, está destinado a interpelar a las empresas y consumidores
germanos que se exponen a productos surgidos de la explotación de los
“nuevos esclavos”.
“En cualquier supermercado o
empresa alemana, uno encuentra muchos productos españoles e Italianos,
aunque el artículo que hemos escrito también se podría haber dedicado al
fenómeno [de la explotación, ndlr.] en otro país Europeo”, conviene en
afirmar Löning. “Porque, en general, en Europa, con la llegada de los
refugiados en los últimos dos o tres años, la tendencia es que el
fenómeno de la explotación se ha agravado. Ahora hay más trabajo
ilegal”, abunda Löning.
Interés, tecnología e implicación
Para luchar contra la explotación laboral en el campo, Löning invita a
los consumidores a “preguntar” sobre el modo de producción de los
productos que se les presentan. También invita a hacer lo mismo a los
comerciantes, incluidas las grandes empresas.
“La
solución pasa porque las empresas se aseguren de que los acuerdos en sus
cadenas de distribución son respetuosos con los estándares europeos e
internacionales”, sostiene Löning.
Para luchar contra
la explotación, también puede resultar crucial el mapeo de las cadenas
de distribución de los productos. Pero esto ha de tener lugar desde el
primer proveedor, “y especialmente y antes que nada, haciendo crecer la
visibilidad del productor agrícola”, pues “es ahí donde tienen lugar la
mayoría de las violaciones de derechos humanos”, escriben Barral y
Szeponik. Las expertas de la consultora berlinesa también recomiendan,
junto a Löning, la implicación de las empresas con sus distribuidores,
“requiriendo el respeto de estándares sociales y medioambientales”.
El uso de nuevas tecnologías, como el blockchain, también pueden
contribuir a la trazabilidad de los productos. De ahí que Löning y
compañía no lo pasen por alto, como tampoco se olvidan de la necesaria
mayor atención de las empresas compradoras de productos agrícolas en los
procesos de contratación de empleados en las explotaciones del campo.
“Casos como los de Italia o España muestran que el trato de explotación
laboral tiene lugar desde el momento de la contratación, operada por
intermediarios que se aprovechan de trabajadores en una situación
vulnerable”, según Barral y Szeponik.
La búsqueda de
“partenariados” con actores locales, como pueden ser sindicatos,
asociaciones y ONG's dedicadas a la defensa de trabajadores también
constituye una idea a considerar. Barral y Szeponik subrayan, por
ejemplo, el caso de SOS Rosarno, una organización de representación de
inmigrantes surgida en 2010 en el marco de unas protestas en Italia
donde se reivindicaba la mejora de las condiciones laborales de este
colectivo.
En último término, desde Löning, apuntan
incluso a la necesidad de las empresas de replantearse su modelo de
negocio. “Las empresas tienen que tener en mente que ejerciendo su poder
comercial y negociación precios y términos comerciales con sus
proveedores, tal vez – o tal vez no – están generando las condiciones en
las que emerge – o permanece – la explotación laboral”, se lee en el
artículo de Barral y Szeponik.
En su despache
berlinés, Löning, por su parte, prefiere insistir en una idea básica,
pero no por ello menos necesaria: “lo fundamental es que las empresas
sepan que el problema de la explotación laboral existe o puede existir”.
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