El Estado de Florida no da tregua a los inmigrantes. Una nueva ley
convierte a las autoridades locales en una extensión de facto de la
policía migratoria
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Agentes de la policía migratoria escoltan a un grupo de detenidos en el sur de Florida.
ICE
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Dentro de su Hyundai, Melvin espera inquieto la llegada de
su amigo mecánico. Ha amainado la lluvia, y empiezan a volverse a ver
coches circulando por la carretera. “Debe estar de camino”, susurra,
ajustando el cargador de su teléfono en el enchufe sobre del mechero.
Vuelve a consultar la hora y niega con la cabeza. No va a llegar a la
reunión del incipiente sindicato.
“Ahora tenemos un nuevo tipo de trabajador”, arenga a los asistentes
el cabecilla sindical Saket Soni. El menudo indio hace una pausa
efectista e interpela a su audiencia con la mirada. En la trastienda del
café reina la curiosidad, que se abre paso entre los bostezos de un
colectivo agotado tras otro día en el tajo. “El trabajador que
reconstruye ciudades después de los desastres naturales. Esa nueva
fuerza de trabajo necesita una voz. Y estamos aquí para ayudarles a
encontrar esa voz, para que se haga oír alta y clara”.
El líder sindical cede la palabra a sus lugartenientes Cynthia
Hernández y Daniel Castellanos. Este, siempre fulgurante, abunda en el
alegato de su jefe antes de abordar el asunto que le tocaba, la
logística de la entrega de las credenciales con los que la organización
pretende proteger a sus miembros de las andanadas policiales. “Estamos
aquí precisamente para informarles de que sí tienen derechos, tengan o
no documentos tienen derechos acá. Que sepan que al final de la reunión
vamos a repartir los carnets. A los que ya les tomamos fotos los tendrán
hoy. El resto, quédense para que se las saquemos y podamos
entregárselos pronto”.
“¿Para qué nos van a servir esos carnets si nosotros somos
ilegales?”, interrumpe un joven salvadoreño impaciente, entre los gestos
de aprobación del resto de asistentes. “Eso les vamos a explicar”,
tercia Cynthia Hernández, que había tomado el micrófono de su compañero.
Hernández, que apenas supera el metro sesenta de altura, tiene una
mirada diáfana y penetrante y se comporta con una seguridad que le ha
hecho ganarse el respeto del hipermasculinizado colectivo de
trabajadores migrantes. Antes de apearse, presenta a Omán Matutes, el
chopo hondureño que cayó en una trampa policial hace medio año, y que
ahora, libre pero herido en el alma, con una espada de Damocles colgada
en forma orden de deportación, exorciza sus demonios repitiendo una y
otra vez el relato de lo que le pasó ante decenas de camaradas en
potencia. “Su historia les va ayudar a entender por qué es bueno que
tengan los carnets”.
“No hice daño a nadie”. Nadie Osmán cuenta cómo, en el otoño de 2018,
recién llegado a Panamá City en busca de trabajo en la reconstrucción
posterior al huracán, recibió una llamada que le cambiaría la vida. “No
sé quién les dio mi teléfono. Pero yo atendí y me dijeron que buscaban
alguien para hacer
roofing. Yo le dije que sí sé de
roofing
y accedí a ir al lugar”. Osmán anotó la dirección y se puso en camino
hacia una casa a escasos veinte minutos del aparcamiento de encuentro de
los temporeros. Claro que sabía reponer tejados. Para eso había viajado
a Florida desde Nueva Orleans. “Cuando yo llegué se pararon unos
hombres ahí detrás y me dijeron: ‘¿Tienes licencia?’ Pero, ¿de qué están
hablando? Yo no tengo licencia. Soy un trabajador. Y entonces me
dijeron: ‘Quedas arrestado’. Yo les dije: ‘Bueno, si ustedes piensan que
están haciendo lo correcto’. Ya de ahí llamaron a la migra”.
En Panamá City la policía le hace el trabajo sucio a las autoridades
migratorias. Para que una agencia que, como Immigration and Customs
Enforcement (ICE en sus siglas en inglés), cuenta con apenas veinte mil
empleados pueda acercarse remotamente a su mandato de deportar a once
millones de personas, necesita colaborar con otras fuerzas armadas. En
Estados Unidos, con excepciones contadas como el FBI y la CIA, no hay
cuerpos de seguridad federales. De modo que el eslabón que une a las
policías local y los estados federados con las autoridades que se deben a
Washington resulta fundamental. Para deportar a un indocumentado es
preciso arrestarlo primero. ICE no cuenta con los recursos suficientes
para determinar dónde vive todos y cada uno de los indocumentados. Es
ahí donde entra en juego la policía: si cada día, en cada uno de los
cincuenta y un estados de la unión, cada vez que se detiene a alguien
con la piel oscura por girar con su coche sin usar el intermitente o por
beber en la calle se le piden los papeles y se alerta a ICE en caso de
que no los tenga, de pronto 20.000 contra once millones no parece una
quimera.
Pero ese engarce no resulta fácil. Dentro de la tradición
estadounidense, la descentralización (para bien y para mal) del poder
tiende a redundar en la reticencia de los cuerpos policiales regionales o
municipales a colaborar con sus homólogos federales. Y en un clima de
resistencia civil masiva a la acción de ICE, los cuerpos de policía de
todo el país han ido deshaciendo sus lazos con
la migra, que el gobierno de Obama había fortalecido mediante un sinfín de programas de colaboración. (Las
grandes empresas tecnológicas,
como Dell, Microsoft, HP, Thompson Reuters, Amazon o Motorola cubren de
una manera cada más sustantiva ese hueco al nutrir a ICE de datos
obtenidos mediante la vigilancia de sus usuarios, y venderle
software
para que localice a sus objetivos. No en vano las campañas de presión
–desde afuera– y la organización sindical –desde adentro– para
frenar dichas colaboraciones han cobrado fuerza en los últimos meses como punta de lanza de la defensa de los derechos de los inmigrantes).
No así en Panamá City, donde el sheriff Tommy Ford, quizá para
abundar en la larga historia de homólogos suyos que, desde los tiempos
del apogeo del Ku Klux Klan se empeña en demostrar que tienen la bandera
supremacista más blanca y más gorda, se apresuró en alistarse, en enero
de 2018, en un programa piloto que fortalecía aún más el nexo entre ICE
y la policía de su condado. Desde entonces, ICE toma custodia de
cualquier detenido del que se sospeche –sin necesidad de pruebas– que no
tiene papeles durante hasta cuarenta y ocho horas, para facilitar así
su detención y ulterior deportación.
La veda se abrió pues en enero, pero la temporada de caza despegó,
cómo si no, con el Huracán Michael. Muy lejos de estar solo, Osmán fue
uno de los cientos de trabajadores inmigrantes que cayeron en las
sucesivas trampas que les tendía la policía para servírselos en bandeja a
las autoridades migratorias. El mismo día que Osmán, respondiendo al
mismo señuelo policial, acudieron a la misma casa dispuestos a trabajar
una veintena de trabajadores. Todos fueron arrestados. Todos puestos a
disposición de las autoridades migratorias, para regocijos de policías y
agentes de ICE, que celebraban el trasvase en emails cruzados. Desde
que el huracán azotó la ciudad, el número de inmigrantes detenidos y
automáticamente entregados a ICE se ha disparado en Panama City un 700%.
Son datos –emails incriminatorios incluidos– que han llegado al
sindicato en ciernes Resilience Force mediante el concienzudo uso de las
leyes de transparencia del Estado de Florida. Un rato antes de la
reunión, Saket Soni y sus compañeros mostraban a Osmán la montaña de
papeles que habían sonsacado a la policía del condado. “Esto sucede en
un momento en el que el condado y esta parte del país necesita a los
inmigrantes más que nunca”, le explicaba Soni a él y a media docena de
trabajadores atónitos. Meticulosamente, repasaban junto a él las
estadísticas de detenciones, los emails que celebraban su captura y la
de cientos de trabajadores. Emergía pues un patrón. “Así que no fui yo
sólo”, mascullaba Osmán.
En esos documentos se va a basar la defensa legal que Resilience
Force prepara para Osmán. El joven hondureño se enfrenta a una orden de
deportación inminente después de que, para poder salir del centro de
detención en el que pasó cuatro meses tras estar en la cárcel otros dos,
firmara una declaración de no impugnación a los cargos de operar sin
licencia. (Osmán y el sindicato disputan dicho cargo, que da por hecho
que el trabajador se hacía pasar por un contratista o pequeño
empresario, en cuyo caso sí hubiera requerido licencia para trabajar.
Osmán es un obrero raso). La defensa alegará, pues, discriminación
racial e inducción dolosa por parte de la policía y de coacción por
parte de los agentes migratorios que le hicieron firmar la declaración
en la que se declaraba culpable e, implícitamente, deportable. Por mucho
que les asista la razón moral, y salvo milagro judicial, las horas de
Osmán en el país en el que ha pasado toda su vida adulta están contadas.
De las asambleas de la Fuerza Resiliente surge algo más que
soluciones audaces a problemas concretos: la puesta en común de las
experiencias de trabajo y explotación tiene un efecto de catarsis en los
asistentes, que se sienten valorados por primera vez en su trabajo. Sus
vivencias, su orgullo y problemas se colectivizan y, por tanto, se
politizan: haberse lesionado al caer de un andamio deja de ser motivo de
vergüenza al conocer que hay un problema extendido de inseguridad
laboral. Uno deja de verse como un apestado por dormir en su coche
cuando comprende que se puede interpelar al ayuntamiento para que ataje
el problema de la falta de vivienda de los trabajadores de la
reconstrucción. No haber cobrado por el trabajo hecho pasa de ser una
fuente de frustración por haber pecado de pardillo o, como mucho, una
cuita del David proletario contra el Goliat patrón para convertirse en
un asunto de enjundia política.
Esos tres –la falta de vivienda, la ausencia de condiciones mínimas
de seguridad en la obra y el robo de salarios– son junto con la presión
policial y las deportaciones los problemas endémicos que devastan a los
trabajadores migrantes de Panama City. Estremece lo extendida que es la
práctica del robo de salarios, un problema tan ubicuo como difícil de
medir, y sin duda acuciado por la desprotección legal y el creciente
miedo a denunciar de los trabajadores migrantes. En 2017, un
estudio
del Economic Policy Insititue cifraba el volumen de salarios no pagados
en Estados Unidos en quince mil millones de dólares anuales. En Panama
City es difícil encontrar un solo trabajador que no haya sufrido este
abuso varias veces. Muchos muestran mensajes de texto con chantajes de
los contratistas, que les amenazan con acudir a la policía migratoria a
delatarles si se les ocurre abrir la boca.
Terminado el relato de Osmán, un silencio pesado y sombrío se ha
apoderado de la trastienda del café. “¿Qué podría haber ayudado a Osmán
en una situación así?”, tercia el delegado sindical Daniel Castellanos.
Ante la falta de respuestas, prosigue: “Le perjudicó mucho no haber
llevado encima ningún documento. Como saben, en Estados Unidos no hay un
documento nacional, o DNI, como en muchos de sus países. En los carnets
que les vamos a entregar aparecer su foto, un sello distintivo de
nuestra organización y el teléfono de nuestros abogados”.
Antes de que terminar su intervención, Castellanos observa
contrariado cómo arrecian los murmullos en la sala. Alza la voz para
abrirse paso entre ellos. Proliferan los gestos de desaprobación.
“Además”, continúa, “en la parte de atrás, tendrán una breve declaración
explicándole al guardia que no tienen nada que decir y relatando sus
derechos”.
“Qué derechos ni qué derechos”, espeta un mulato fornido. “Aquí lo que pasa es que son unos racistas y vienen a por nosotros”.
“¡Calla! Que esta gente nos quiere ayudar”, reclama otro trabajador.
“Así que, si les paran”, termina apresurado Castellanos,
“entréguenles eso. Puede que aún así les detengan, pero tienen la
obligación de llamar al número de nuestros abogados”.
En la orilla de un aparcamiento a escasos seis kilómetros de
distancia, Melvin se llena la boca oxígeno, límpido tras la tormenta. De
reojo, observa cómo su compatriota se pelea con la bujía de su
desvencijado Hyundai. De pronto, el mecánico se yergue y niega con la
cabeza. “Esto no da más, Melvin. Te voy a tener que cambiar la biela”.
“Pero, ¿dónde la tienes?”, pregunta inquieto Melvin. “Si tú aquí no tienes un taller como en Honduras”.
“Voy a ver si encuentro algo al Home Depot”, responde el mecánico.
“Pero tienes que cambiar de carro. Este trasto te va a dejar tirado
cualquier día de estos”.
Melvin asiente, con su media sonrisa enigmática de sufridor empedernido.
En el café, Osmán y Mario, el obrero mexicano con la pierna rota,
lideran la siguiente sección de la reunión fundacional del sindicato. En
ella, simulan una conversación entre un policía y un trabajador
inmigrante, convenientemente provisto del carnet del sindicato. “¿Qué
hace usted aquí?”, prorrumpe . “Nada. Yo no tengo nada que decirle,
agente. Aquí tiene mi documentación”. Los líderes del sindicato
corrigen los
tics de la interacción. “No te tienes que
adelantar y ofrecerle el documento”, indica uno de ellos. “Dáselo sólo
si te lo pide”. El juego de roles se sucede, invitándose a participar a
todos los asistentes.
“Esto no es así”, se le oye terciar a uno. “A nosotros nos
discriminan. No podemos andar dándole un papelito a la policía. Si nos
paran, ya nos van a llevar presos”.
“Lo importante es que entiendan de qué trata esta nueva ley”,
interrumpe la cabecilla Cynthia Hernández. “Ahora que la aprobaron, todo
se va a poner aún más feo”.
El Estado de Florida no da tregua a los inmigrantes. Por si tener un
sheriff más papista que el Papa Trump fuera poco, los legisladores
estatales han dado en los últimos meses otra vuelta de tuerca a su
codificación legal de la guerra contra el migrante. Bien pudiera ser la
definitiva. Al fin y al cabo, programas como el que engrasan la
colaboración entre la policía de Panama City y ICE funcionan por
invitación. No dejan de estar sujetos a la connivencia de las
autoridades locales y, en último término, a la voluntad popular. Basta
con elegir a un sheriff que no esté por la labor de servir en bandeja
deportaciones masivas, como viene ocurriendo por todo el país, y se
acabó el problema.
Quizá por eso en Tallahassee, la capital de Florida, quieren curarse
en salud, dejarlo todo atado y bien atado, a prueba de bombas
democráticas. La nueva ley, de inocuo nombre SB 168, obliga a todos los
municipios y condados a colaborar con ICE. Pero no se detiene ahí. La
norma convierte a las autoridades locales en una extensión de facto de
la policía migratoria. La ley, el sueño húmedo de los nativistas más
rábidos, destila los postulados que teorizó en los años noventa Kris
Kobach, figura pretrumpiana donde las haya. Kobach es un fascista con
mansión y corbata. Educado en Harvard y Yale, navega en política a
trompicones, de fracaso electoral a nombramiento a dedo y tiro porque me
toca. Cuando todavía podía engañar a alguien con credenciales de élite
académica, puso negro sobre blanco una teoría legal según la cual los
gobiernos locales y regionales podían ser mucho más efectivos a la hora
de reducir la inmigración de manera duradera que la Administración
Central. ¿La fórmula? Apretarles las clavijas a los inmigrantes en todas
las esferas de la vida, desde las más mundanas a las más esenciales.
Los inmigrantes, teorizó Kobach, terminarían “autodeportándose” ante el
clima de hostilidad para su existencia.
La SB 168 obliga a cualquier funcionario que se encuentre en el
desempeño de sus funciones públicas a delatar a las autoridades a los
inmigrantes simpapeles. No se trata ya de la policía, que tendrá que
ocuparse de detener a trabajadoras del hogar mexicanas o cocineros
somalíes en lugar (no hay tiempo ni recursos para todo) de hacer frente a
asesinos o violadores. La norma obliga también a los servicios de
emergencia, los profesores de los colegios, los trabajadores sociales,
el personal de los hospitales o los psicólogos de las universidades a
entregar a ICE a cualquier inmigrante del que sospechen que no tiene
papeles. Si la maestra de una escuela tiene indicios de que los padres
de uno de sus alumnos no tienen papeles, cometerá un delito si no llama a
la migra. Cuando una funcionaria se entreviste con una mujer
maltratada y esta le cuente que no denuncia a su marido por miedo a que
la deporten, estará obligada a ser ella quien la delate a ICE. Si el
conductor de una ambulancia sospecha del estado irregular de la víctima
de un accidente, deberá descolgar el teléfono de la
American Gestapo. Primero vinieron a por los inmigrantes…
En la trastienda del café devenida en zulo de conspiración sindical para indocumentados, va apagándose la
performance
tragicómica, en la que los desencuentros han dejado paso a la risa
terapéutica. Disipada la algarabía, vuelve a reinar el silencio. Lo
interrumpe, solemne, una madre guatemalteca, con su bebé recién nacido
en brazos: “Todo esto de los abogados y la policía está muy bien. Pero
aquí el problema es que no nos pagan”.
Fuente:
https://ctxt.es/es/20191023/Politica/29128/Hasta-el-cuello-Alvaro-Guzman-Bastida-Florida-policia-migratoria.htm
