Sara Rogel pasó casi 10 años en una cárcel tras tener un aborto.
Sara Rogel estaba a punto de terminar el bachillerato cuando fue sentenciada a 30 años de cárcel
En
octubre de 2012, la joven salvadoreña, entonces de 18 años, fue
arrestada y condenada por "homicidio agravado" luego de un aborto que
asegura se debió a una caída.
"Fue
un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi bebé y por una
caída terminé en la cárcel", dijo este martes en una conferencia de
prensa tras su liberación.
Tras
cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El
Salvador decidió conmutar la pena de Rogel en enero pasado y, tras
varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de
mayo su libertad condicional.
"Fue
muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me
robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta
terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había
separado de ellos, ni de mis hermanos…", dijo.
Su caso no es el único.
Según
Agrupación Ciudadana, una ONG que aboga por la despenalización del
aborto en El Salvador, otras 16 mujeres se encuentran actualmente en las
cárceles del país por casos similares.
La
nación centroamericana, una sociedad conservadora y mayoritariamente
católica, no contempla excepciones para la interrupción del embarazo,
incluso cuando ocurre una violación o cuando la vida de la madre está en
riesgo.
Esto
ha llevado a que decenas de mujeres, principalmente de zonas pobres,
hayan sido encarceladas a lo largo de los años por la muerte de sus
fetos en casos en los que aseguran haber sufrido abortos espontáneos.
Para
muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del
presidente Nayib Bukele, quien prometió reformar las estructuras más
anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también
podrían cambiar en esta área.
Pero
cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el
Congreso, que no ha contemplado su discusión luego de que Bukele
alcanzara una mayoría absoluta.
El caso de Sara Rogel
Rogel dice que nunca esperó que su embarazo la fuera a llevar a la peor pesadilla de su vida.
"Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme", dice.
Sin
embargo, asegura que un día, ya con ocho meses de embarazo, resbaló
mientras caminaba por su casa, ubicada en un área rural del departamento
de Cuscatlán, en el centro del país.
"Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo", recuerda.
Rogel fue liberada el lunes de la cárcel para mujeres donde se encontraba.
Cuenta
que por un par de días vivió en la incertidumbre: los médicos solo le
decían que no se debía mover porque había perdido mucha sangre.
Según
denuncian colectivos feministas, cuando las mujeres llegan a los
hospitales de El Salvador con síntomas de haber perdido un embarazo, los
médicos en muchas ocasiones llaman a la policía incluso antes de
iniciar un tratamiento.
"Cuando
reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis
papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)", rememora.
El tiempo perdido
Ahora,
tras casi una década en una cárcel de mujeres, la joven mira hacia
atrás y cree que lo sucedido acabó con las aspiraciones de su juventud.
"Estaba
al terminar mis estudios. Quería hacer una licenciatura en enfermería
y, lamentablemente, me pasó este accidente", se lamenta.
Dice que el periodo en la cárcel fue muy difícil: "anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mis familia".
Rogel busca ahora visibilizar la situación de otras mujeres que siguen cumpliendo prisión El Salvador por tener un aborto. Foto AFP
A pesar de todo, piensa que logró salir adelante, pero reconoce que el dolor de lo que le sucedió la sigue persiguiendo.
"Fue
algo muy doloroso para mí porque nunca pensé que de un golpe iba a
perder a mi hija y, lo peor, que estuviera tras las rejas tantos años
cuando no tuve nada que ver", cuenta.
Para
ella, su misión ahora es visibilizar la situación de las mujeres que
continúan en las cárceles de El Salvador por motivos semejantes al suyo.
"Hoy
aquí estoy pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras que
se han quedado presas. Porque así como yo sufrí ese daño hay mucha gente
detrás de esas rejas con muchos años. Y yo quiero que se haga justicia
con ellas también", dijo.
Agrupaciones
feministas de El Salvador denuncian que la penalización total del
aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables del
país, que luego deben enfrentar procesos judiciales en los que,
aseguran, se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido
proceso.
En
los últimos años, acciones de grupos de defensa de la mujer en El
Salvador han logrado la liberación de al menos 50 mujeres condenadas por
haber tenido un aborto.
En
2020, Cindy Erazo fue liberada después de seis años en la cárcel tras
ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de
que una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo.
Y
en 2019, Evelyn Hernández, quien también había sido sentenciada a 30
años de cárcel luego de que su bebé fuera encontrado muerto en el baño
donde dio a luz antes de desmayarse, fue liberada luego de casi tres
años en prisión.
Maria Teresa Rivera ha pasado 4 años y medio en la cárcel
por un aborto espontáneo. Fue condenada a 40 años de prisión en El
Salvador en 2012 y es la primera mujer que consigue asilo por un tema de aborto.
Ahora, se ha convertido en activista por la legalización del aborto en
su país y luchando por las compañeras que aún siguen en la cárcel.
Tras
su liberación, gracias al apoyo de organizaciones como Amnistía
Internacional, se ha sentido perseguida y discriminada. Ha sufrido
amenazas y violencia, viéndose obligada a salir de su país en 2016.
Suecia le ha dado asilo político. Desde allí lucha por los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres de El Salvador, donde en 2007 el aborto fue prohibido y criminalizado en todas las circunstancias. “No importa si está en riesgo la vida de la madre o si es producto de una violación, está totalmente prohibido”, explica.
También está prohibido el aborto en el caso de las menores de edad.
Maria Teresa cuenta que siente rabia cuando ve a las mujeres que están
condenadas por estos casos porque “el Estado protege al violador y no a
la víctima”. “Yo recuerdo mi niñez, yo fui violada a los 8 años. ¿Qué habría hecho yo si hubiera quedado embarazada a los 8 años?”. Para María Teresa el Estado salvadoreño está “torturando esas niñas porque es una doble tortura”.
María Teresa denuncia que hoy los cuerpos de las mujeres son
propiedad del Estado, y que esto tiene que cambiar. Cree que en los
últimos años está cambiando la mentalidad en El Salvador gracias al
apoyo internacional “porque nosotros no tenemos apoyo nacional”,
lamenta. Para ella la actitud del Estado es “hipócrita, porque no hay
ayudas para tantos niños” que se encuentran en la calle. Y considera que
esta actitud conservadora se debe a la religiosidad.
“Lamentablemente aún hay mujeres dentro de la cárcel pagando por un
delito que no cometieron, aún se siguen persiguiendo mujeres que después
de ser liberadas como en mi caso están siendo perseguidas por la
fiscalía”, denuncia. “Nos están persiguiendo por el hecho de ser mujeres
y por ser pobres”, asegura, porque en las cárceles no se encuentran mujeres ricas, ellas sí pueden salir del país y abortar sin que nada les ocurra.
En la cárcel, cuenta María Teresa, se vive “otra tortura”. “Tienes
que aguantar que te digan asesina, la come niños, mala madre… te tratan
mal las otras internas e incluso a algunas las han golpeado”, por eso es
difícil que las condenadas compartan sus historias. Una de esas
historias es la de Evelin Beatriz, violada por un pandillero a los 17
años y que tampoco quiere denunciar a su violador por miedo, porque está amenazada.
En el caso de Mayra Verónica, condenada a 30 años de cárcel de los
que cumplió 15, fue violada por un sobrino de la casa en la que
trabajaba limpiando. “Estuvo nueve meses de embarazo secuestrada dentro
de la casa y al punto de dar a luz no tuvo ayuda. Cuando lo encontraron
estaba desmayada y dice que no recordaba nada. La llevaron al hospital y
queda libre en la primera audiencia, pero en la última la condenaron
sin que hubiera cuerpo ni evidencia de que ella había matado su hijo”,
relata la activista.
Dentro de la cárcel, María Teresa vivió un infierno. “No había suficiente agua. Había un dormitorio para 100 mujeres, Los custodios entran a tirarte todo lo que encuentran y a meterte las manos en sus partes íntimas”. Cuenta que muchas veces la comida llegaba con gusanos, y la respuesta era que siendo presas no tenían derecho a nada.
La salvadoreña fue puesta en libertad el 15 de febrero cuando la
justicia conmutó su pena de 30 años de cárcel. Sin embargo, no se ha
declarado su inocencia. La mujer le contó a BBC Mundo su calvario.
Teodora Vásquez. AFP
Teodora Vásquez salió de prisión el jueves pasado tras
permanecer 11 años privada de su libertad. La mujer fue acusada por la
justicia salvadoreña de homicidio agravado y fue condenada a 30 años. (Lea: Liberan a mujer condenada por aborto en El Salvador)
La historia se remonta a 2007, cuando Vásquez tenía 24 años y nueve
meses de su segundo embarazo. Ella creía que los dolores que estaba
sintiendo se debían a que su bebé venía en camino. Llamó a la ambulancia
varias veces desde la escuela donde trabajaba, pero no llegaron a
tiempo.
Luego sintió el deseo de ir al baño. "Noté algo que se desprendió dentro de mí", le contó la mujer a BBC Mundo.
Luego se desmayó. Al despertar, la policía estaba a su alrededor. Había
sangre y le preguntaban que qué era lo que había hecho y la acusaban de
cometer un aborto inducido. Ella solo negaba las afirmaciones. Ese día,
Vásquez perdió a su bebé, el ver crecer a su primer hijo y su libertad. "Yo me había construido una vida, y lastimosamente no salió como la había proyectado".
El calvario comenzó. Los policías le decían que "era una mala madre y
una perra". La explicación que le dieron para arrestarla era que había
matado a su hijo. El Salvador es un país en el que abortar es un delito y
en donde se criminaliza sin excepciones. En 2008, Vásquez fue condenada a 30 años de cárcel.
La salvadoreña pasó 11 años detenida en el Centro de Readaptación de
Mujeres de Llopango, en San Salvador. Y en prisión tuvo que vivir en
malas condiciones: comida en estado de descomposición, sin medicamentos y sin suficiente agua.
El lugar en el que dormía estaba limpio porque ella y otras reclusas limpiaban una vez a la semana. No tenían suficiente agua. "Te daban solo dos botellas de plástico rellenas. Con una tenías que lavar la ropa y los cacharros, y con la otra bañarte.
Y a veces no alcanzaban las botellas en el reparto. Había que esperar
una cola y muchas veces se acababa el agua cuando te iba a tocar a ti",
contó Vásquéz a BBC Mundo.
También mencionó que no tenían medicamentos. "No teníamos derecho a
enfermarnos más que cada seis meses, que era cuando te pasaban consulta.
Si enfermabas antes, te quedabas sin medicinas".
Todos los días se levantaba a las cinco de la mañana, se bañaba, "comía un poco". La comida que le daban la define como "Horrible. Estaba cruda, a veces podrida. Muchas veces había gusanos". Después se iba a la escuela y en la tarde llegaba a unos talleres y a las seis se acostaba a dormir.
Su fortaleza eran su hijo y su familia, quienes la iban a visitar una vez al mes. (Lea: La pesadilla por la que puede pasar si aborta en El Salvador)
El 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Segundo de Sentencia de San
Salvador confirmó su pena. Este año su vida volvió a dar un giro.
El 15 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública conmutaron la
pena de Teodora Vásquez. Sin embargo, no se ha declarado su inocencia.
Su familia, su hijo, que ahora tiene 14 años, y varios miembros de
organizaciones y colectivos celebraron su libertad. "Está libre,
Teodora está libre, feliz de recuperar su libertad después de pasar por
todo un calvario. Ella ya se reunió con su familia y regresa a su
hogar", dijo a la AFP Jorge Menjívar, portavoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Vásquez insiste en su inocencia y tras su libertad quiere compartir con
su familia, trabajar y estudiar. Además, dijo en diálogo con BBC Mundo,
que quiere que su hijo y ella puedan ir a la universidad.
Pero el caso de Teodora Vásquez no es el único. En El Salvador hay más
de 20 mujeres que pagan penas por casos similares. La ley salvadoreña
castiga hasta con 40 años de cárcel a mujeres que aborten, incluso cuando lo hacen por complicaciones en sus embarazos.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos luchan para que El
Salvador anule la prohibición absoluta del aborto. Al salir de prisión,
Teodora aseguró que "voy a trabajar, a luchar por que otras
mujeres que han sido condenadas injustamente por casos como el mío,
puedan un día recobrar su libertad".
Al menos 31 mujeres están en prisión en El Salvador por “homicidio
agravado”, acusadas de acabar con la vida de sus hijos tras el parto. El
país centroamericano es uno de los seis en el mundo que prohíbe el
aborto bajo cualquier circunstancia.
Teodora Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña. / Fotografía Aministía Internacional
Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña, de 34
años, cumplió diez de prisión el pasado 13 de julio. Una década entre
rejas acusada de haber matado a su hija recién nacida. Esta mujer lleva
casi 3,650 días encerrada por un delito que siempre ha negado. Su parto,
dice, fueespontáneo y el feto nació muerto. Teodora
cuenta con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional o
Human Rights Watch, que han lanzado campañas exigiendo su libertad.
El próximo 8 de diciembre, esta mujer humilde,
que trabajó desde muy niña, madre de otro hijo al que apenas ve porque
desplazarse hasta la cárcel es muy costoso, tiene otra oportunidad. El
Tribunal de Segunda Sentencia del Centro Integrado de Justicia Penal
Doctor Isidro Menéndez, de San Salvador, El Salvador, revisará su causa.
Una última opción de abandonar la prisión de Ilopango antes de los 30
años a los que fue sentenciada. Una oportunidad para eludir la pena ya
escrita que dice que recuperará la libertad cuando cumpla 54 años.
Vásquez forma parte del grupo de “las 17”,
como han dado en llamar en El Salvador a las mujeres sentenciadas por
“homicidio agravado”, que es como se tipifica la acusación de,
supuestamente, acabar con la vida de sus hijos al momento del
nacimiento. Sin embargo, ellas alegan haber sufrido complicaciones
obstétricas, problemas médicos al dar a luz. Se les conoce como “Las 17”
porque esos eran los casos de los que se tenían constancia al momento
de comenzar la campaña en 2014, cuando se presentaron otras tantas
solicitudes de indulto al Congreso.
En realidad, son al menos al menos 31 mujeres
las que guardan prisión por casos similares, según datos de La Colectiva
Feminista, una agrupación salvadoreña que defiende los derechos de la
mujer. En las últimas dos décadas, más de un centenar de mujeres fueron
procesadas en El Salvador, uno de los seis países del mundo en los que
el aborto está completamente prohibido bajo cualquier
circunstancia. Aunque la mujer haya sido violada o su vida corra
peligro. Los otros son Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Malta y
El Vaticano.
“Mi bebé ahora tendría diez años, pero las
cosas no siempre salen como una espera”, reflexiona Vásquez desde la
cárcel de Ilopango, a 12 kilómetros de San Salvador, la única prisión
exclusiva para mujeres en ese país. Es jueves por la mañana, falta un
día para que cumpla una década entre rejas, y toca talleres. Reclusas de
diversos módulos se reúnen en un patio para preparar la escenificación
del musical “Mamma mía” y elaborar el decorado. Colabora con ellas la
oenegé Tiempos Nuevos Teatro (TNT), que desarrolla diversos programas en
prisión. La estancia es colorida, tiene plantas y una sensación
diáfana, todo lo contrario a las celdas superpobladas en las que se
hacinan diariamente. La cárcel tiene capacidad para albergar a 800 privadas de libertad, pero su población real es de 2,800.
Se trata del centro penitenciario más hacinado de El Salvador. Cuando
pase la mañana, regresarán a ese entorno hacinado y hostil en el que
permanecen la mayor parte del tiempo. No, las cosas no siempre salen
como una espera.
Vásquez vuelve a recordar aquel 13 de julio
de 2007, una historia que ha relatado infinidad de veces a periodistas,
jueces, policías, abogados, activistas. Se encontraba trabajando como
limpiadora en el Liceo Canadiense. Estaba embarazada de nueve meses. A
las 14:00 horas no sentía dolor alguno. Sabía que le tocaría dar a luz
en cualquier momento; estaba pendiente. Una hora después, su jefe la
envió al mercado a hacer unos mandados. Iba con varias compañeras. Fue
entonces cuando comenzaron los dolores.
“Regresé sobre las 18:00 Me dolía la
espalda. No podía enderezarme. Pensé que ya iba a nacer”, explica. Se
sentó en una silla, solicitó un celular y llamó al 911 en varias
ocasiones. Al menos, cinco o seis veces. No llegó nadie. Empezó a
llover. “Me sentía frustrada porque no llegaba nadie”, afirma.
Pidió dinero a su jefe para ir al hospital;
este le entregó US$20. Sola, sentada en una grada, con la bolsa
preparada para ir al centro médico, esperaba que llegaran por ella. Y
nada.
A las 20:00 horas, sintió ganas de orinar,
fue al servicio -en el que no había luz-, se bajó los pantalones y los
calzones y sintió que “algo cayó”. Se desmayó. Tambaleándose, regresó a
la grada, dejando un resto de sangre del que ni siquiera era consciente.
Un empleado del lugar, ya fallecido y que se convirtió en principal
testigo en su contra, encontró el feto y llamó a la policía.
—¿Por qué lo hiciste? —le preguntó uno de los agentes que la rodeaban.
—Has matado a tu bebé. —Le sentenció
—No lo he hecho, —respondió ella.
—Me desmayaba a cada rato. Me subieron al carro y me esposaron, —recuerda.
Un país jurídicamente conservador
El Salvador es un país profundamente
conservador en términos jurídicos. La reforma de su Constitución de
1999, promovida por el partido derechista Arena, “reconoce como persona
humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Este es el
punto de vista en el que se apoyan los sectores más conservadores y religiosos,
que son muchos, para exigir que se persiga cualquier tipo de
interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Es un argumento que
puede escucharse igual en Centroamérica, Europa o Estados Unidos. Da
igual que esta posición no esté ni siquiera compartida por la comunidad
científica y que tenga más de debate filosófico. Se trata de uno de los
mantras de los grupos que se llaman a sí mismos “pro vida”. La
Constitución Política de Guatemala hace la misma referencia al igual que
la de Alemania. Lo que diferencia al caso salvadoreño es la aplicación de estas tesis en el Código Penal.
En 1998, la Asamblea Legislativa de El
Salvador reformó este código, para eliminar las causales (malformaciones
graves, violación, peligro de muerte para la madre) que desde 1974
regulaban la interrupción voluntaria del embarazo, e incrementar las
penas. Desde entonces en ese país se persigue a la mujer que aborte, con
penas de entre dos y ocho años de cárcel. Se persigue al personal
sanitario que colabore, con hasta cinco años de prisión. Se persigue a
quien no denuncie a un tercero. También se incluyó el delito de
“homicidio agravado”, que es el que se aplica a mujeres que aseguran
haber sufrido complicaciones en el parto, y que tiene penas de hasta 40
años. Como explica Dennis Muñoz, abogado de la plataforma por la
despenalización del aborto: “es una guerra contra las mujeres”.
Actualmente sólo existe una mujer condenada
por aborto, aunque se encuentra en libertad condicional. La acusación
contra las que ahora están en prisión es de “homicidio agravado”. El
abogado de Teodora denuncia que son estigmatizadas. Que se les
juzga como si fuesen culpables antes incluso de presentar pruebas. Según
Muñoz, “existe una presunción de culpabilidad” y no de inocencia, como
dicta la doctrina jurídica. Víctor Hugo Mata, abogado defensor de
Teodora Velásquez, añade el elemento de clase. “El derecho penal agarra
más a la gente pobre que a la clase media o la rica”, dice. Ninguna de
las mujeres en prisión por problemas obstétricos tenía una posición
económica acomodada.
Teodora Vásquez, dicen sus abogados, es un ejemplo de esta condena previa.
“En el hospital pasé una noche. Estaba
esposada por un pie. Un policía me llamaba ‘perro’ y me insultaba. Me
trató muy feo. Yo me sentía impotente”, cuenta Teodora. Del hospital fue
trasladada a las bartolinas del juzgado, donde permaneció 12 horas.
Antes, los agentes habían avisado a la prensa. La grabaron. La
expusieron. Mientras otras reclusas se preparaban para darle una paliza,
porque ya habían sido advertidas por la televisión, su familia (padre,
madre, hijo), se enteraba de que estaba detenida y que le acusaban de
matar a su recién nacido. Ella apenas había tenido tiempo para darse
cuenta de la situación en la que se encontraba. De estar esperando su
segundo hijo pasaba a encontrarse a las puertas del penal.
Dos versiones, un prejuicio y una autopsia contradictoria “Me hicieron una audiencia. Me pedían 75 años de cárcel”, recuerda Vásquez.
En este punto, una mujer que acaba de perder a un hijo, confusa y débil, con problemas de salud (nunca se
determinó cuánta sangre había perdido), se encuentra sentada ante el
juez que, en un primer momento, decidirá si la envía o no a prisión. La
fiscalía la acusaba de la muerte de su hija recién nacida. Necesita un
abogado. Consigue a uno por US$400, pero no le sirve de mucho ya que le
envían a la cárcel a la espera de juicio. “En la audiencia estuvo
presente (el abogado), pero me dijo que si no le daba más dinero, no regresaría”,
recuerda. El letrado le preguntó si tenía un carro o terrenos con los
que pagarle. Ante la negativa, desapareció y nunca más supo de él.
Siete meses después tuvo lugar la audiencia
pública. Como Vásquez no tenía abogado ni podía pagárselo (su padre es
agricultor y su madre ama de casa, por lo que apenas disponen de
recursos), le asignaron uno de oficio. Este dispuso de once horas para
prepararse el caso. Apenas la conoció un día antes. Poco margen para
afrontar un caso en el que la acusada se juega media vida.
Los magistrados José Luis Giammattei
Castellanos, María del Pilar Abrego Archila y Alejandro Guevara Fuentes,
condenaron a Teodora Vásquez a 30 años de cárcel por homicidio
agravado. La acusaban de haber dado a luz a una niña, dejarla en el
retrete y tirar de la cadena.
Los jueces dieron crédito a la versión de
sus acusadores. No creyeron la de la mujer penada que asegura que ella
quería tener al bebé, que se trató de un problema obstétrico, que no
tuvo ayuda para dar a luz, que se desmayó y perdió la conciencia.
La autopsia es la clave para determinar la
causa de un fallecimiento, especialmente si no existen testigos directos
de lo sucedido que puedan aportar en el juicio. En este caso, hay
diferencias entre lo que se firmó en un primer momento y lo que se
afirmó en el proceso legal, ocho meses después. En su primer estudio, el
doctor Alfredo Adolfo Romero Díaz, aseguró que la causa de la muerte de
la bebé era la “asfixia perinatal”. Es decir, un accidente por el cual
la recién nacida deja de recibir aire antes, durante o después
del parto. Luego, prosigue: “El estudio microscópico del tejido pulmonar
reporta los espacios alveolares hay retención de líquidos, los vasos
sanguíneos se encuentran congestionados. Condiciones que son sugestivas
de que el recién nacido nació vivo y posteriormente fallece por una
asfixia perinatal”.
Según esta autopsia, la madre quedaría exonerada del delito.
A pesar de ello, durante el juicio
celebrado en 2008, Romero añadió elementos a su declaración. Ante la
sala, ratificó lo recogido en la autopsia pero añadió que, a su parecer,
“se demuestra que el bebé respiró al nacer, que en el presente caso se
trata de una asfixia mecánica y se encontraron signos de asfixia por
sumersión”.
El abogado Víctor Hugo Mata, que representa
a Vásquez en la vista de revisión, cree que existe una “contradicción”
que no puede utilizarse para condenar a su cliente. “Le ha agregado otro
elemento que no sustenta científicamente. Hay un mal
procedimiento. Ella no fue de ninguna manera, no hubo dolo homicida”,
argumenta. Aprovecha para explicar que este es un caso que, por
desgracia, se repite. “Este es un cuadro típico. Hay un 15 por mil de
partos intempestivos, partos abruptos, no son abortos. Se trata de
partos en una forma involuntaria. Las mujeres, al ir al baño, cuando
están allí, les sale en bloque todo. Y ella en este momento, por el
desgarro, cae desmayada”, dice.
Este es uno de los argumentos que el
letrado utilizará en la vista del 8 de diciembre. Según explica, uno de
los comunes denominadores en estos casos es que, a pesar de no existir
pruebas concluyentes, bastan los indicios para imponer altísimas penas
de prisión.
Que los magistrados hayan aceptado revisar
el caso ya es una pequeña victoria, indica Mata. Su defensa está basada
en siete puntos, los mismos que presentaron ante el Congreso salvadoreño
para reclamar el indulto. Entre sus argumentos, poner en cuestión las
“contradicciones” de la autopsia y denunciar que Vásquez no tuvo
presunción de inocencia, que venía con la sentencia escrita de antemano.
Sobre la posición que pueden tomar los jueces, el abogado explica que
existen tres opciones: que se ratifiquen en su sentencia previa, que
duden y cedan la decisión a otro tribunal o que sean ellos mismos los
que enmienden su propio fallo.
La penalización en El Salvador data de 1997 y, desde entonces, más de
150 mujeres han sido procesadas y 24 están actualmente en prisión
Imagen de las movilizaciones en favor de legalizar el aborto en El Salvador. / Reuters
Beatriz tenía 22 años cuando fue ingresada;
estaba embarazada y enferma de lupus. Las pruebas médicas demostraron
que el feto sufría anencefalia: carecía de cerebro y de cráneo, sin los
que es imposible vivir. La unidad jurídica del hospital solicitó el
aborto para evitar la muerte de la joven, que ya tenía un hijo.
“Sabiendo que el niño no va a vivir al nacer, creo que sería mejor que
me lo hicieran por salvar mi vida. No tiene sentido continuar con mi
embarazo, que no va a vivir… Yo quiero vivir”, pidió al entonces
presidente de El Salvador, Mauricio Funes, del FMLN (Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional, que continúa gobernando el país
centroamericano). El equipo médico, que apostaba por el aborto para
salvar la vida, no quería realizar la intervención porque podían ir a
prisión.
Ante la lentitud e inacción judicial, se lanzó
una campaña mediática e internacional para salvar a Beatriz e incluso
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado
que actuara. 81 días tuvo esperar para que la interrumpieran el
embarazo. En la calle, en los parlamentos, con miles de reuniones, con
encuestas, con visitas, en los tribunales… La meta es una: despenalizar
el aborto en El Salvador en cuatro causas. Los caminos para lograrlos
son variados y muchos discurren fuera de las fronteras salvadoreñas.
Hace unos días, Morena Herrera, tal vez el
rostro más reconocible en esta lucha, estuvo en las Juntas Generales de
Bizkaia reclamando el apoyo de este órgano provincial legislativo para
lograr un cambio normativo en su país: “El caso de Beatriz fue un
parteaguas”, recuerda Herrera. Meses antes, una de sus compañeras en la
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Sara García, también
visitó el País Vasco para denunciar la situación de su tierra, donde una
mujer puede ir a prisión por sufrir un aborto espontáneo.
El aborto está penado en El Salvador desde
1997; anteriormente se permitía en determinadas causas. Alrededor de 150
mujeres han sido procesadas por aborto, según las cifras que maneja
Morena Herrera, aunque reconoce que no son exactas y que arrancan en el
año 2000. “Más de 35 mujeres han sido condenadas a más de 30 años de
prisión por homicidio agravado. Hemos logrado sacar de la cárcel a 16.
Ahora hay 23 en prisión; bueno, 24 porque ayer me comunicaron un nuevo
caso”, cuenta la activista a este medio. Son cifras que señalan a El
Salvador con un rojo aún más sangriento: aunque en otros países de la
región también existe penalización (Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Haití y Surinam; en Chile se acaba de despenalizar en tres
causales), la cárcel en éstos no es el destino habitual de las mujeres.
De momento, existen dos propuestas
legislativas en la Asamblea para cambiar la ley: la que fue presentada
hace un año por la entonces presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, con
la firma de otros 12 diputados de su partido, el FMLN, pide la
despenalización en cuatro causales. Y la presentada hace un mes por
Johnny Wright, diputado del partido más contrario al cambio, ARENA
(Alianza Republicana Nacionalista), que habla sólo de dos causas.
“Esta iniciativa es muy importante porque
viene de ARENA y necesitamos los votos de la derecha para cambiar la
ley”, reconoce Herrera. El intento de movimiento legislativo esconde
otras sorpresas: hace más de un año, otro miembro de ARENA solicitó que
las penas por aborto, catalogadas como homicidio agravado, se eleven de
los 30 años actuales a 50. Ninguna de las iniciativas ha llegado aún al
Pleno para ser votadas. Y el tiempo, en este caso, es importante.
Globos con mesaje de "my body" y "my rights" ("mi cuerpo" y "mis
derechos") durante las movilizaciones en defensa de la legalización del
aborto en El Salvador. / Amnistía Internacional
Batallas jurídicas Las cuatro causales que están sobre la mesa recogen el caso de Beatriz: riesgo de vida o salud de la madre. Se suman el embarazo en caso de violación, tanto a mujeres como a niñas, y la inviabilidad de la vida extrauterina para el feto. Porque hablar de salud sexual y reproductiva de las mujeres salvadoreñas es hablar de niñas: el 30 por ciento de embarazadas en 2015 tenían entre 10 y 19 años, según los datos que manejan las oenegés.
Además de las acciones de incidencia
política y lucha en los tribunales para evitar que más mujeres vayan a
prisión y sacar de allí a las condenadas, Morena Herrera relata otras de
sus líneas fundamentales de trabajo: “Explicar a los médicos la
legislación que les asiste para mantenerse en el secreto profesional y
no denunciar a las mujeres. Y, por otro lado, intentar que en el ámbito
institucional haya mecanismos que hagan que las denuncias en los
hospitales sean más responsables, porque la mayor parte provienen de los
hospitales públicos”.
Poco después de su intervención en la
Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, Herrera aclara
que “hay una dinámica de clase y de injusticia social: no hay una sola
demanda a una mujer de un hospital privado. Todas son de mujeres pobres
que van a los hospitales públicos”, denuncia con rabia. Y añade: “Muchas
llegan a los hospitales desangrándose y son esposadas a la camilla y
acusadas de haberse provocado un aborto. En el proceso judicial se ve
que no es aborto y se las condena por homicidio agravado”.
La última ha sido Evelyn, que en julio fue
condenada a 30 años de cárcel. Según recoge la Agrupación Ciudadana por
la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, tuvo un
parto extrahospitalario; incluso ella no sabía que no estaba embarazada
porque menstruó regularmente. Los casos no cesan, Morena Herrera da
nombres, recuerda conversaciones, relata anécdotas dolorosas casi
todas.
Fotografía de la manifestación en favor de legalizar el aborto en el Salvador. / Reuters
El tiempo apremia. En 2018 hay elecciones y
no está claro que la modificación del Código Penal pueda ser una baza
electoral para los partidos políticos: “Nosotras estamos transmitiendo
el mensaje de que favorecía a los políticos legislar a favor de los
derechos de las mujeres, sin embargo, hay grupos que nos hacen campañas a
nosotras y a algunos diputados con un claro chantaje electoral”,
explica Herrera, activista y exguerrillera.
Organismos tan dispares como el Congreso de
Estados Unidos, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Amnistía
Internacional o Ayuntamientos como el de San Sebastián o Vitoria han
manifestado su crítica a la criminalización que viven las mujeres
salvadoreñas y a la violación que sufren de sus derechos fundamentales.
“Estamos internacionalizando la situación para lograr un cambio
legislativo”, arrancó Herrera la semana pasada en la institución
vizcaína, donde acudió acompañada por siete oenegés de cooperación
internacional, entre ellas Mugarik Gabe y la Asamblea de Cooperación por
la Paz, cuyos representantes también tomaron la palabra. También
organizaciones nacionales como la Comisión de Bioética, algunos
colectivos médicos y universitarios e incluso la ministra de Salud,
Violeta Menjívar, están a favor del cambio legislativo del Código Penal.
Las últimas encuestas realizadas entre la ciudadanía demuestran el
apoyo a la despenalización del aborto.
Las personas de Nejapa en El Salvador denuncian el peligro que corren
los acuíferos de la zona como consecuencia de la mala gestión de
proyectos industriales llevados a cabo por las transnacionales Coca
Cola, Jumex y Agua Cristal.
Nejapa, es un municipio
ubicado al norte de San Salvador, que no tiene acceso a agua potable
pese a que por allí pasa el rio San Antonio, el cual es la única fuente
de abastecimiento para miles de salvadoreños.
Si embargo varias
transnacionales entre las cuales destaca Coca-Cola extraen el agua de
este rio y contaminan otros rios de la zona según denuncias las
organizaciones de vecinos.
Roxana Brizuela, promotora de salud de
Pro Vida y habitante de Nejapa, manifestó que las personas que hacen uso
del Río San Antonio para sus actividades diarias como lavar ropa,
platos y bañarse, empiezan a sufrir la carencia de agua que, hasta hace
diez años disfrutaban plenamente, ya que las empresas de la zona no
tenían la cantidad de pozos industriales que ahora absorben la mayor
parte del agua del río, “siendo un municipio rico hídricamente,
lamentamos que todavía hay comunidades enteras que carecen el vital
líquido”.
Asimismo, señaló que otro de los problemas a los que se
enfrentan, es la contaminación del agua, que antes era de consumo
humano, ahora les genera enfermedades estomacales y la muerte a sus
animales, “las vacas abortan porque toman agua del río y va
extremadamente contaminada porque tenemos el botadero de basura de dónde
bajan los lixiviados y van a dar al río”.
“Además tenemos esas empresas que nos contaminan el agua”, agregó Brizuela.
La
habitante recuerda cómo hace varios años ella llegaba al río, el cual
se mantenía con un caudal considerablemente mayor al de hoy en día, “yo
venía hace años a lavar y tuve la dicha de meterme donde salía el caudal
fuerte y ahora baja mucho menos”.
En ese sentido reiteró que,
para evitar que estas situaciones continúen, es importante aprobar, lo
antes posible, la Ley General de Agua, “así estas empresas ya no
vendrían a sacar nuestra agua sin que nadie les diga nada, porque
solamente les interesa vender el agua pero no les importa la gente que
de verdad necesitamos”.
Carlos Flores, del Foro del Agua, señaló
que una considerable parte de responsabilidad en este escenario, recae
sobre el gobierno local, por tanto es necesario fortalecer la capacidad
de la municipalidad para argumentar de manera técnica las razones por
las que ya no se debe continuar cambiando el uso del suelo, realizando
proyectos de urbanización y, por el contrario, reducir el uso del agua
en el territorio.
Flores, asegura que en este momento trabajan
conjuntamente para diseñar un plan de acción que ayude a visualizar todo
lo que se necesita realizar.
Aseguró que la problemática es el
resultado de las trabas que ponen los diputados de derecha en la
Asamblea Legislativa para evitar que se apruebe la Ley de Agua, “no les
conviene que la ley esté, porque significa que, lo que pasa aquí, ya no
va pasar porque habrá alguien que piense en agua, con enfoque de cuenca y
va a impedir que pase este tipo de cosas”.
El tema es muy
peliagudo ampliaciones sin permiso de la planta, efluentes sin
tratamiento previo en una planta que produce para toda centro América,
eso sumado a poco control gubernamental, tala de árboles, contaminación y
mal manejo de los recursos naturales esta haciendo peligrar el acuífero
mas grande del país.
Manifestación a favor del aborto en El Salvador. Foto Getty Images
Ocurrió el 24 de octubre de 2004, en
San Salvador. Cristina Quintanilla tenía siete meses de embarazo y lo
que debía ser un gran momento de felicidad en su corta vida -tenía 18
años- se convirtió en una pesadilla.
A la medianoche se sintió mal
y se desmayó en el baño. "Cuando yo me desperté estaba en el quirófano
del hospital", recuerda en una entrevista con el programa Outlook de la BBC.
Además
del dolor físico que sentía, recuerda también lo extraño que le pareció
que dentro del quirófano hubiera varios policías los cuales empezaron a
hacerle preguntas apenas despertó.
"Entonces me dijeron que estaba detenida porque había matado a mi bebé".
Así fue como se enteró de que había perdido a la criatura.
Lo
que siguió fue una verdadera ordalía para Cristina, debido a las
estrictas leyes contra el aborto que existen en su país desde 1998.
En
un reporte que divulgó este jueves, la organización defensora de los
derechos humanos Amnistía Internacional dice, que cada año, la vida de
miles de salvadoreñas como Cristina es afectada, ya sea por abortos
clandestinos, las penas draconianas o la falta de una educación sexual
adecuada.
Según Amnistía, muchas mujeres tratan de provocar
abortos bebiendo raticidas o introduciendo agujas de tejer o trozos de
madera en su cuello uterino. Treinta años de cárcelAntes
de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el
resultado de una violación, si el bebé tenía malformaciones o las madres
estaban bajo riesgo de muerte.
Un nuevo código penal y la
posterior reforma a la Constitución convirtió a El Salvador en uno de
los cinco países del mundo -incluido El Vaticano- que prohíbe el aborto
bajo cualquier circunstancia.
La legislación estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a uno, pueden ser encarcelados hasta por 50 años.
Después
de tres días en el hospital, bajo el cuidado de dos guardas de
seguridad que no le quitaban la mirada de encima ni para ir al baño,
Cristina fue llevada a una celda.
En su primera audiencia ante un tribunal, el juez desechó el caso en su contra por falta de evidencia.
Sin
embargo, el padre de su hijo, que vivía y trabajaba en Estados Unidos,
rompió la relación al leer por internet lo que había ocurrido y de lo
que se la acusaba.
La fiscalía apeló la decisión. En 2005 un juez
cambió la decisión original y acusó a Cristina de homicidio agravado. La
sentencia fue de 30 años de prisión. ¿Igual?De acuerdo com Amnistía Internacional, exactamente una década después, la situación no ha cambiado.
Según
el sitio Salvadoreño El Faro, en el país, en los ocho años comprendidos
entre 2002 y 2009, hubo 56.000 abortos registrados -7.000 por año; 19
por día- según un estudio del Instituto Nacional para el Desarrollo de
la Mujer, Isdemu, basado en cifras del sistema público.
En el informe, titulado "Al borde de la muerte: violencia contra la
mujer y prohibición del aborto en El Salvador", Amnistía Internacional
también se hace un vínculo entre la legislación y los suicidios entre
adolescentes.
Citan al Ministerio de Salud salvadoreño, que sitúa
al suicidio como la segunda causa de muerte de jóvenes entre 10 y 19
años de edad. "Lo que es más: el suicidio es la causa del 57% de muertes
de jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad".
El Salvador tiene una de las mayores tasas de embarazo entre adolescentes en la región.
En
el informe de AI se incluyen además casos de criminalización de mujeres
que sufren abortos espontáneos, como el de Cristina Quintanilla. En la
actualidad, 29 mujeres en prisión cumpliendo penas de entre 30 y 50 años
por homicidio u homicidio agravado. Existen serias sospechas de que, en
varias de ellas, el aborto fue espontáneo. DebateEn
2013, el caso de Beatriz (nombre supuesto) de 22 años de edad, le dio
la vuelta al mundo. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña le negó su
solicitud de realizar un aborto terapéutico, pues por diversas
enfermedades -entre ellas lupus- tenía serio riesgo de morir durante el
parto. El bebé no tenía cerebro, por lo que moriría poco después de
nacer.
Lea: "Yo quiero vivir, por mi otro hijo"
Finalmente el gobierno permitió que a Beatriz se le realizara un "parto inducido" a través de cesárea. El bebé murió a las cinco horas de nacido.
Luego de este desenlace, el movimiento salvadoreño Vida SV divulgó un
comunicado en el que decía "la vida le ganó a la muerte aún por unas
horas. Nos manifestamos alegres de que la sentencia dada por la Corte
Suprema de Justicia buscó y logró proteger ambas vidas".
Otras
organizaciones -salvadoreñas y foráneas- que se oponen al aborto
aplaudieron la decisión de la Corte y dijeron que la información sobre
el caso había sido manipulada y que la vida de la joven no corría
riesgo.
Después del caso, la Organización de Naciones Unidas pidió a El Salvador que reconsiderara su legislación sobre el aborto.
"Una
absoluta prohibición del aborto, cuando el resultado es un grave riesgo
a la vida y a la salud de las mujeres, constituye una violación de las
obligaciones estatales de prevenir la tortura, y el trato inhumano,
degradante o cruel" expresó un grupo de expertos de la ONU en un
comunicado.
En
2007, el caso de Cristina Quintanilla fue tomado por el abogado Dennis
Muñoz Estanley quien, en 2009, consiguió que la sentencia fuera reducida
a tres años.
Sin embargo, la acusación por homicidio agravado nunca se cambió.
Cristina
cree que la ley antiaborto "discrimina a las mujeres con poca
educación, como yo, que no entienden sus derechos o el sistema. Creo que
es inconstitucional porque según nuestra Constitución todos tenemos
derecho a la vida, pero la ley contra el aborto le niega ese derecho a
las mujeres embarazadas".
Después de ser puesta en libertad,
Cristina soñaba con ser abogada "y ayudar a tras mujeres. Pero mis
antecedentes criminales me han cerrado muchas puertas. Nadie me da
empleo".
Por eso decidió abandonar su país. Ahora vive como indocumentada en Estados Unidos.
Nueva ciberacción a favor de los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y niñas y de la despenalización del aborto en
El Salvador
Graffiti en una calle de San Salvador.
San Salvador.- La represiva y desfasada prohibición total del aborto por parte del gobierno destroza las vidas de mujeres y niñas en El Salvador, empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a término peligrosos embarazos, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las que ponen fin a sus embarazos, además, se arriesgan a pasar años en la cárcel.
El reciente informe de Amnistía Internacional titulado Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador describe cómo la restrictiva ley del país tiene como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos. La criminalización de esta práctica también ha provocado que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se enfrenten a largas penas de cárcel.
"La terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo", ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en el lanzamiento del informe hoy en San Salvador.
Amnistía Internacional documenta cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas. Según las leyes sobre homicidio, pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel.
Así le ocurrió a María Teresa Rivera, que cumple 40 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo. María Teresa Rivera, madre de un niño de 5 años, no sabía que había vuelto a quedarse embarazada hasta que la sacaron en ambulancia de la fábrica de prendas de vestir donde trabajaba y la ingresaron en un hospital. Su suegra la había encontrado sangrando tendida en el suelo del aseo de la fábrica. Un miembro del personal del hospital informó a la policía sobre el caso. Ésta llegó y empezó a interrogar a María Teresa sin la presencia de un abogado.
En julio de 2012 la juzgaron y declararon culpable de homicidio agravado, a pesar de existir graves deficiencias en las pruebas presentadas contra ella. Su hijo tendrá 45 años cuando ella salga de la cárcel.
María Teresa Rivera es una de tantas mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo, incluidos abortos inducidos y espontáneos. Algunas ya han pasado más de 10 años en prisión. Ella, como la mayoría de las mujeres del informe de Amnistía Internacional, proceden de los sectores más pobres de la sociedad.
La prohibición del aborto incluso se extiende a niñas que han sido violadas. La ley obliga a todas las mujeres a llevar a término el embarazo, aunque esto pueda tener efectos devastadores sobre ellas, tanto física como psíquicamente.
Un médico que trató a una niña de 10 años que había sido violada contó a Amnistía Internacional: "Fue un caso bien difícil […] porque ella no entendía lo que le estaba pasando […] Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí se nos partió el alma a todos [...] [d]ijimos: ‘¡Si es una niña! Es una niña'. Y ella al final no entendía que estaba esperando.” A esta niña la obligaron a continuar con su embarazo.
La represiva legislación contra el aborto en El Salvador es reveladora de una discriminación mucho más amplia contra las mujeres y las niñas en el país. Los estereotipos de género llegan incluso a las decisiones judiciales, y los jueces en ocasiones cuestionan la credibilidad de las mujeres. Las actitudes discriminatorias contra las mujeres y las niñas significan también que el acceso a la educación sexual y los métodos anticonceptivos es casi imposible.
“La inacción del gobierno salvadoreño a la hora de abordar la discriminación contra las mujeres limita gravemente las vidas de las mujeres y las niñas. Al negarse a resolver adecuadamente las infranqueables barreras existentes para acceder a métodos anticonceptivos y a una verdadera educación sexual, condenan a generaciones de mujeres jóvenes a un futuro determinado por la desigualdad, la discriminación, la limitación de sus opciones y la restricción de sus libertades", ha dicho Salil Shetty.
“El mundo no puede permanecer pasivo observando cómo las mujeres y las niñas de El Salvador sufren y mueren. Amnistía Internacional pide al gobierno de El Salvador que despenalice el aborto a todos los efectos. El gobierno debe proporcionar a las mujeres y las niñas acceso a servicios de aborto seguros y legales cuando el embarazo represente un riesgo para su vida o su salud, cuando sea resultado de una violación o en casos grave malformación del feto."
Para apoyar esta petición, la organización ha puesto en marcha una ciberacción a través de su centro de activismo en Internet: www.actuaconamnistia.org que busca la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas de El Salvador. Esta acción se enmcarca en la campaña global de Amnistía Internacional: #MiCuerpoMisDerechos lanzada en marzo pasado.
Información complementaria El Salvador es uno de los siete países de América Latina donde el aborto está totalmente prohibido por ley, junto con Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Algunos de estos países, como es el caso de Chile, ya están tomando medidas para modificar sus leyes.
El caso de Beatriz, una joven de 22 años procedente de una zona rural de El Salvador, tuvo gran difusión el año pasado. Beatriz padecía lupus y otros problemas graves de salud. Se quedó embarazada, pero quedó patente que el feto era anencefálico (carecía de una gran parte del cerebro y del cráneo), una malformación mortal que no le permitiría sobrevivir más que unas horas o días tras el nacimiento. Se le negó la posibilidad de abortar a pesar de que el caso llegó hasta la Corte Suprema. El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la difusión del caso por la prensa internacional, el gobierno de El Salvador autorizó finalmente que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana. El recién nacido murió horas después.
Fuente: https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-prohibicion-del-aborto-mata-a-mujeres-y-ninas-o-las-condena-a-decenas-de-anos-de-carcel/?linkId=9755847&pk_kwd=fbk&pk_campaign=comp
