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| Concentración en Santa Cruz de Barillas (Amigos de la Tierra / Flickr) |
“Lo llaman conflicto cuando la verdad es que han sido las propias empresas quienes han creado esta situación al tratar de imponer sus megaproyectos sin tener en cuenta la opinión y las necesidades de las comunidades indígenas que habitan esas tierras”, comenta Natalia Atz Sunuc que está de visita por Europa -con una parada especial en España- para denunciar las consecuencias de las políticas de las empresas extractivas europeas establecidas en Guatemala. “Creemos que nuestros gobiernos tendrían que garantizar antes de que las empresas entren en Guatemala, el cumplimiento de los derechos humanos”, comenta. “En este marco de crisis europea nuestros países están siendo refugio de la introducción de megaproyectos que menoscaban la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y perjudican el medio ambiente”.
A pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) de Guatemala es uno de los más elevados de Centroamérica, este país ocupa el cuarto lugar en desnutrición mundial y el primero en América Latina. De acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas, un 14,5% de la población se encuentra en la pobreza extrema y un 51% en la pobreza.
El pasado febrero, el exgeneral y presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pronunció un discurso en el Foro Nueva Economía, en el que se centró en hablar sobre la inversión extranjera en su país y, en menor medida, sobre la posición del gobierno guatemalteco en cuanto a otros temas como el narcotráfico, la justicia, la seguridad y la paz. De aquella intervención salieron ideas como las siguientes: “la mejor política social es la inversión extranjera directa”; “La flexibilización del mercado laboral es básica para asegurar el crecimiento”; “Guatemala sigue creciendo económicamente y hoy podemos decir que es un país emergente”.
Además afirmó en aquella conferencia Otto Pérez Molina, que la inversión española en Guatemala era la primera del país y contaba con 80 empresas, que su gobierno les asegura seguridad jurídica, estabilidad fiscal e incentivos de inversión.
También señaló que Guatemala tiene abundantes recursos mineros e hidroeléctricos que necesitan la inversión extranjera directa (IED) para ser explotados y ello ha llevado algunos problemas en varias comunidades. A su parecer, el problema suscitado por la instalación de la empresa hidroeléctrica Hidralia Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz Barillas fue producido por un grupo minoritario de 200 comunitarios, malinformados por grupos ambientalistas. Ello llevó a declarar, por un mes, el Estado de excepción. “A día de hoy el problema está resuelto por un acuerdo entre la comunidad, representada en la alcaldía, y la empresa”, afirmaba.
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| Protesta contra el proyecto de Hidralia Santa Cruz de Barillas, Guatemala |
A finales de 2008 se establece en Barillas la empresa española Econer-Hidralia,convertida en Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto que denominan Cambalam, una hidroeléctrica a filo de agua con capacidad de generar 4.9 megavatios en cada una de sus fases.
Este proyecto se instala en un área rural utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial de las comunidades indígenas autóctonas, limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil de por sí por la cercanía de la cabecera municipal. Ninguna de las comunidades afectadas por el mencionado proyecto fueron consultadas, como establece la ley y los Convenios Internacionales como el Convenio 169, entre otros.
A raíz de informaciones sobre la concesión de licencias para explotación de recursos naturales renovables y no renovables en territorio Q’anjob’al, la población de Santa Cruz Barrillas se organiza para promover una Consulta Comunitaria. Ésta es aprobada mediante Acuerdo Municipal y fue de participación masiva. (Las Consultas Comunitarias de Buena Fe son un mecanismo ancestral de toma de decisión de los pueblos indígenas de forma participativa, abierta y transparente en la que las comunidades y pueblos indígenas pueden hacer ejercer sus derechos mediante la democracia directa. En el ámbito jurídico las Consulta Comunitarias están reconocidas en Guatemala en la Constitución Política de la República y en el Código Municipal, y a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).
En el año 2008 se consolidan organizativamente las comunidades cercanas al río, en el área de construcción de la hidroeléctrica, conformando el Comité de Defensa de los Recursos Naturales. Este comité es elegido en asamblea de comunidades activas en defensa del territorio y queda inscrito en la Municipalidad.
En el año 2009 miembros de la empresa presentan el proyecto de la hidroeléctrica en una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE. El COMUDE rechaza la construcción de este proyecto, constando este rechazo en el Acta de la reunión el 12 de abril de 2011. Esta resolución se mantiene vigente hasta la fecha, a pesar de que la empresa ha continuado construyendo.
Según un informe elaborado por Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, para llevar a cabo su proyecto, la empresa no dudará en contratar a exmilitares como encargados del área de promoción social ante la oposición de la población indígena. A algunos de ellos se les indica que amenacen a la población. “Son rutinarios los disparos al aire y la agresión sexual verbal a las mujeres. Continúa además la intimidación vía celular a los dirigentes y las personas opositoras al proyecto”, tal y como se lee en el informe de Hegoa.
En este contexto, el primero de mayo de 2012, asesinan a Andrés Francisco uno de los líderes opuestos a la venta de tierras. El asesinato del líder comunitario exacerba los ánimos y produce una respuesta de indignación. El gobierno decreta el Estado de Sitio y envía 400 policías y 500 militares a Barillas. “Los cateos, las listas negras y las detenciones arbitrarias que se sucederán los días posteriores a estos hechos recuerdan a los peores momentos del Estado contrainsurgente que debería haber desaparecido con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996″, según se lee en el informe de Hegoa.
Según dicho informe, el registro empresarial de Ecoener-Hidralia Energía -que en Guatemala se denomina Hidro Santa Cruz- y en general de las decenas de sociedades vinculadas a Luis y David Castro Valdivia, sus propietarios, está plagado de irregularidades. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Consello de Contas de Galicia documentan prácticas del grupo empresarial en el límite de lo legal o abiertamente ilegales. Organizaciones sociales y medios de comunicación visibilizan la denominada trama energética impulsada por Luis Castro.
Del informe de Hegoa se desprende también que la empresa es, así, tanto actor principal como instrumento favorecedor de agendas empresariales globales (por ejemplo, las vinculadas a la gestión/ privatización del agua), cuya dimensión excede el proyecto de Hidro Santa Cruz. “Esta segunda lectura justifica la presencia en Santa Cruz Barillas de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Bankia España, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo), que apoya con 10,7 millones de dólares el proyecto Cambalam (de los 30 millones de inversión estimada)”.
Vulneración sistemática de los derechos humanos entre las comunidades indígenas: las mujeres las peor paradas
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) ha observado que en los últimos cuatro años la conflictividad en el ámbito rural ha aumentado exponencialmente debido al aumento de la inserción de los llamados megaproyectos empresariales que se imponen sin respeto a las consultas populares y la ampliación del control territorial del crimen organizado. “Estos fenómenos que se combinan con la ausencia histórica de respuesta del Estado a demandas en materia de derechos económicos, sociales y culturales y de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno están generando un polvorín muy preocupante”, tal como señala UDEFEGUA.
Un estudio de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y El Observador denominado ‘Análisis Alternativo sobre Política y Economía’, alerta que la situación de los y las defensoras de derechos humanos que viven en el ámbito rural guatemalteco atraviesa por un momento histórico de alta vulnerabilidad debido a múltiples factores: ”La firma de los Acuerdos de Paz representó formalmente un parteaguas para el análisis de la conflictividad social, ya que si bien el cese al fuego se concretó después de diez años de negociaciones entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno-Ejército, los procesos y las condiciones históricas de exclusión, que de fondo originaron el conflicto armado, no están resueltas y tienden a agudizarse en la etapa postconflicto. Las agresiones y las violaciones a los defensores y defensoras de derechos humanos tienen relación, por una parte, con la operación de estructuras paramilitares o grupos armados que en la etapa post conflicto están reproduciendo viejas prácticas de acoso y represión contra actores sociales que están buscando justicia, esclarecimiento de la memoria histórica y resarcimiento de graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado”. Por otra parte, señala el estudio que las empresas que están poniendo en marcha estos megaproyectos se están apropiando del territorio de las comunidades y los pueblos indígenas que habitan en las regiones y zonas donde se concretan estas operaciones por parte de empresas nacionales y extranjeras.
Por otro lado, la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Según datos extraídos del INACIF por la Fundación Sobrevivientes, de enero a junio de 2012 el número de muertes violentas de mujeres han sido 313 y según la Procuraduría de Derechos Humanos, la tasa de violencia intrafamiliar en 2011 fue del 15%.
A su vez, Conaprevi, la Coordinadora Nacional para Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, ha sido debilitada y los Centros de Apoyo Integral para las mujeres conocidos como CAIMUS, ya no reciben los fondos estatales.
Cabe destacar además, los datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (OSSyR), que señalan que durante el 2012 hubo más de 3.000 niñas menores de 14 años violadas y embarazadas.
Algunas de las propuestas de la Confluencia Nuevo Baqtun, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala al respecto de todo lo que está sucediendo actualmente en Guatemala son: generación de redes de solidaridad que ofrezcan acciones de resguardo a la vida de defensoras y defensores de derechos humanos y recursos para continuar en la defensa de la vida; vigilancia permanente y activa sobre el respeto a los derechos humanos en Guatemala; denuncia de la violación de estos y de los retrocesos democráticos; apoyo a un desarrollo rural definido por las comunidades y que efectivamente se vincule a la voz de los pueblos y satisfaga las necesidades existentes; fiscalización de fondos públicos en inversión social y pública-privada; relación con partidos políticos y movimientos sociales que permitan generar acciones a favor de las comunidades y contra la acción irresponsable de compañías transnacionales; posibilidad de generar juicios nacionales por acciones irresponsables de compañías en otros países, que incluyen violación a derechos humanos, violación sexual y acciones violentas por parte de trabajadores de estas empresas.
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