La Seguridad social en España se
financia a través de un fondo (caja única) que si bien se integra en el
presupuesto, dispone de su propio mecanismo de financiación.
Los beneficiarios de este fondo, son,
mayoritariamente, las personas que cotizaron a lo largo de su vida
laboral contribuyendo en su momento a financiar las prestaciones que la
seguridad social ha pagando en el pasado. Estas cotizaciones, son,
precisamente, las que dan derecho a acceder a una pensión, cuando a
causa de la edad o por situación de invalidez, alguien queda fuera del
mercado laboral.
Es evidente que atender a estas personas
y garantizarles una pensión digna, es una responsabilidad del Estado.
Lo que ocurre es que esta responsabilidad ahora no se quiere asumir y
por esto se buscan excusas de todo tipo.
Durante años, los ingresos de la
Seguridad Social han sido suficientes para atender sus obligaciones con
los pensionistas e incluso se ha acumulado un excedente, que
mayoritariamente ha sido invertido en deuda pública. La Seguridad
social, por lo tanto, no sólo no ha generado el déficit presupuestario
sino que ha ayudado a financiarlo.
Es cierto que en determinadas
situaciones, los ingresos recaudados con las cotizaciones pueden ser
insuficientes. Pero llegado a este extremo, el gobierno siempre puede
aprobar una transferencia de dinero hacia la caja única con lo que se
crearían las condiciones necesaria para pagar todas las pensiones. De
hecho, resulta difícil imaginar que esta transferencia superara, en
ningún caso, a las astronómicas cantidades en concepto de intereses, que
el Estado está pagando ahora por su deuda pública.
La riqueza material de un país, depende,
en último extremo, de la cantidad de bienes y servicios que es capaz de
producir. Con el tiempo, el crecimiento de la productividad proporciona
los medios necesarios para mejorar el nivel de vida, ya que permite que
la población pueda acceder a más recursos trabajando el mismo número de
personas con el mismas número de horas o incluso menos.
Por otra parte, si analizamos la
situación demográfica a nivel internacional descubriremos que nunca en
la historia de la humanidad la población había sido tan numerosa y nunca
fue tan fácil desplazar a las personas de un lugar a otro. Desde este
punto de vista, el llamado problema intergeneracional no existe.
Pero si tenemos en cuenta que la nuestra es una economía capitalista, entonces las cosas se complican.
Bajo este sistema los patronos usan
todos los métodos a su alcance para reducir los salarios, incluso en los
llamados buenos tiempos.
De hecho, no existe, como algunos dicen,
falta de mano de obra joven para sustituir a los trabajadores que se
jubilan y financiar sus jubilaciones. Existe justamente lo contrario: un
gran ejercito industrial de reserva compuesto por personas de todas las
edades, sexos y profesiones.
El problema no proviene del
envejecimiento de la población en los países del centro. El problema
está en que los empresarios han utilizado y utilizan la deslocalización
junto con la tecnología y la explotación de los trabajadores inmigrantes
para promover un empeoramiento de las condiciones laborales y un
recorte de los derechos adquiridos, incluyendo el derecho a una pensión
digna.
Existe aún otro elemento a tener en
cuenta: el capitalismo tiende a mercantilizar todo aquello que las
personas necesitan y que pueda reportar un beneficio. Esto forma parte
de su ADN. Las pensiones y la atención sanitaria, pueden reunir estos
requisitos. Por esto se busca eliminar su actual contenido público para
convertirlas en mercancías.
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