Unos cuarenta profesores se encerraron en el Ministerio de Educación esperando ser atendidos. /J. Marcos
El mayor grupo profesional del Estado son los profesores, afectados desde hace tiempo por la reducción de plazas y recortes de sueldo, y de nuevo uno de los sectores más golpeados por las nuevas cuentas públicas: los funcionarios con sueldos de más de 600 euros sufrirán recortes de entre el 2,5 y el 12 por ciento.
Un mes después de aquel encierro, cuatro profesores lograron reunirse con otros tantos representantes ministeriales. El elevado número de alumnos por clase, la implantación de una prueba de acceso a la carrera docente, los procesos “arbitrarios e injustos” de colocación de profesores en las escuelas, y la financiación de colegios privados cuando existe suficiente oferta pública en la misma zona fueron los temas anotados en la pizarra.
“Está por probar que las aulas con treinta alumnos sean peores que las de veinte” fue la respuesta gubernamental a la primera de sus reivindicaciones. “Ni desmentimos ni confirmamos”, contestaron sobre la financiación a la educación privada. Son las nuevas respuestas oficiales. “No nos satisfacen y sólo confirman el rumbo de las políticas de destrucción de la escuela pública de este Gobierno”, afirmaron los docentes al finalizar la reunión. Los profesores anuncian nuevas acciones de lucha. Son las renovadas réplicas sociales.
No están solos. Un grupo de alumnos de la enseñanza superior les acompañó durante las horas de encierro. La situación en las universidades lusas también es de lucha: los ‘jueves negros’ proliferaron durante el mes de octubre, como protesta para que nadie abandone sus estudios por incapacidad financiera. Y es que, las familias portuguesas destinan el 22 por ciento de su presupuesto a afrontar los estudios superiores, según el reciente estudio ‘Costo de los estudiantes de Enseñanza Superior portuguesa’, mientras que sólo el 15 por ciento de los alumnos de enseñanza superior reciben becas de acción social, cuando hace un año el porcentaje era del 26 por ciento. Mientras, las cifras de inscritos en la universidad bajan cada año.
El Parlamento inaccesible
Las redes sociales replicaron el encierro de los profesores y, al unísono, trabajadores de la sanidad pública marcharon a las puertas de su Ministerio correspondiente. El inicio del otoño ha traído huelgas repetidas de metro, en la administración pública y en los trenes, así como tres sábados continuados de protestas en las calles, incluido un pacífico intento fallido de ocupar el mítico puente 25 de Abril.
“Todos los sacrificios que aplastaron a la población del país en el último año, que forzaron la emigración de cientos de miles de personas, no han tenido impacto en el déficit. Los datos del Boletín Estadístico del Banco de Portugal revelaron que la deuda pública ha alcanzado el 131,4 por ciento del PIB. Cuando la troika llegó a Portugal, la deuda era del 97 por ciento y se consideraba ‘insostenible’. Las conclusiones son evidentes: la intervención de la troika y las acciones del Gobierno no tienen nada que ver con la deuda y el déficit, sino con la destrucción del modelo social, de los salarios y de las pensiones, de los sistemas de apoyo para las personas y, finalmente, la democracia”, afirman desde el colectivo ‘Que se Lixe a Troika!’, instigador de una de las manifestaciones más multitudinarias, que reunió a unas cinco mil personas el pasado 26 de octubre. “La troika ha traído la deuda y el chantaje, perfecta excusa para acelerar la destrucción de los derechos en el trabajo y la aplicación de todas las medidas de austeridad.”, apunta Sara Simões, del colectivo Combate a la Precaridedad – Precarios Inflexibles.
Con la llegada del otoño, la ciudadanía portuguesa ha vuelto a salir a la calle. El 26 octubre se celebró la manifestación más concurrida. / J. Marcos
El desempleo ronda el 16 por ciento, el doble que en los niveles pre-crisis. La estabilidad del Ejecutivo sigue incólume aunque calada por las críticas. “Este Gobierno sufre un problema de legitimidad profundo”, indica el profesor del ISCTE Business School Francisco Madelino. La investigadora de la Universidad de Lisboa Cátia Miriam Costa completa el análisis: “La caída del Gobierno es muy difícil en un cuadro de estabilidad parlamentaria. Pero si se persiste en la austeridad sin resultados positivos y visibles para la economía y para la sociedad, el Gobierno podría quedar en cuestionamiento. Aunque ahora mismo no es el escenario inmediato más probable”.
El palacio de Sao Bento, sede del Parlamento portugués, recibió a los miles de manifestantes con un cordón policial. Días antes, frente a las inmensas escaleras que conducen al edifico de estilo neoclásico que rompe la estética lisboeta, se concentraron varias personas dependientes. La imagen era simbólica: sillas de ruedas frente unas escaleras que conducían a los despachos de gobierno y en las que estaba prohibido sentarse: si alguien lo intentaba, un policía invitaba a levantarse. “Curioso que en la casa del pueblo no podemos ni sentarnos”, comentaba una de las presentes.
La mitad de los hogares en los que vive una persona con discapacidad no llega a los 600 euros mensuales de ingresos. Su supervivencia depende el entorno familiar. Las pensiones para este colectivo apenas superan, en su gran mayoría, los 212 euros al mes, aunque pierden su derecho si tienen cualquier otro ingreso superior a 178 euros y también en caso de contraer matrimonio con una pareja que tenga ingresos superiores a 250 euros mensuales, según los datos del colectivo (d)Eficientes Indignados. “Tenemos el derecho a vivir. Y la vida no es sólo respirar”, rezaba alguna de sus pancartas con las que habrían la manifestación más masiva del otoño.
Incluso el 1 de noviembre, día de Todos los Santos y otrora festivo, Sao Bento volvió a congregar una manifestación en protesta por los nuevos presupuestos, pendientes de ratificar por el Gobierno del socialdemócrata Pedro Passos Coelho, quien cuenta con la tranquilidad de la mayoría parlamentaria para sacarlos adelante.
Varias de las protestas han sido frente a un acordonado palacio de Sao Bento, sede del Parlamento portugués y retratado junto a una horca. / J. Marcos
La revolución gris
El atropello social está uniendo a la población portuguesa. “Pero todavía hay una inercia y por eso no se produce un rechazo mayor. Necesitamos una contestación más fuerte, manifestaciones permanentes, movilización social, artículos académicos,…”, explica a Periodismo Humano uno de los rostros más visibles de la indignación portuguesa.
Es Rosario Gama. Tiene 64 años y hace dos que se jubiló, después de ser directora de la escuela de secundaria Infanta Doña María de Coimbra. Entonces descubrió que su pensión de jubilación iba a ser amputada por lo que se ha llamado ‘contribución extraordinaria de solidaridad’. Ahí empezó su lucha y el germen de Apre! (Aposentados Pensionistas Reformados). No entendía la pérdida de algo que había pagado toda la vida. “Hemos sido engañados, ha sido una violación del contrato que teníamos con Estado”, apunta Gama. “Hay que hacer una reflexión profunda sobre las diferentes medidas que pueden ser aplicadas; lo que el Gobierne pretende es beneficiar a los intereses privados, mientras que nosotros seguimos confiando en el Estado social”, explica.
Su voz ha repicado con fuerza, con exclamación. Como la que hay al final de Apre!, colocada a propósito, a modo de alzar la voz. En apenas un año de vida, esta asociación ha reuniodo a más de medio millón de socios que no paran de crecer diariamente. Ni de actuar.
Acaban de celebrar un coloquio internacional con el cartel de no hay billetes colgado desde días antes y con ponentes llegados de Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia, cuyos resultados se enviarán al Parlamento Europeo. La revolución gris (por las canas) pretende conformar una lucha europea, incluso están estudiando demandar, ante estancias judiciales de ámbito europeo, las medidas tomadas por los Gobiernos contra los pensionistas y jubilados.
Los mayores van muy en serio: “Las pensiones son los resultados de los descuentos efectuados a los ciudadanos durante su vida activa. Los ciudadanos se constituían en acreedores del Estado. Los fondos de pensiones así acumulados no son propiedad del Estado y éste no puede disponer de ello sin el consentimiento de los ciudadanos, y mucho menos para fines distintos para los que fueron constituidos. Por tanto, cualquier recorte en las pensiones constituye una grave violación del contrato entre los ciudadanos y el Estado, una quiebra del principio de confianza constitucionalmente consagrado y una falta de respeto a los derechos humanos. Tales recortes constituyen un ataque al derecho de propiedad, consagrado en la Constitución de la República Portuguesa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por lo que los ciudadanos tienen derecho a demandar judicialmente a los Gobiernos que los lleven a efecto”, reza una de las conclusiones del congreso.
El pueblo portugués se une contra la troika. / J. Marcos |
Cual guerra psicológica de la troika ejecutada por el brazo del Gobierno contra la ciudadanía, la crisis ha abierto muchos frentes. La insatisfacción ha regresado a la calle, es palpable y muy visible. Lo intuyen incluso esos estudios de centenares de páginas redactados en oficinas a miles de kilómetros de Lisboa: hay que invertir más en medidas de carácter humano para mejorar los niveles de satisfacción, ya que es posible notar una discrepancia en este indicador, apunta por ejemplo la OCDE.
Los nuevos presupuestos son el penúltimo frente en el que la voz de la ciudadanía se ha colado. Mientras las concentraciones, las manifestaciones, las protestas, las recogidas de firmas (como la promovida por la Iniciativa por una Auditoría Ciudadana a la Deuda, que pretende incentivar el debate y movilizar en torno a la exigencia de una renegociación con todos los acreedores) y las vigilias brotan, las noticias de la prensa están ensimismadas en ofrecer cifras y gráficos, en muchos casos ilegibles y en otros, grotescos: ‘Tres de cada diez portugueses dejarán de consumir alimentos esenciales por falta de dinero’, rezaba un titular recientemente.
“La propuesta del presupuesto 2014 introduce nuevos recortes al gasto en sectores clave para el Estado social como la salud, la educación y la seguridad social, con repercusiones obvias en la calidad de la prestación de estos servicios y en la garantía del carácter universal de los mismos”, apunta el Grupo Economía y Sociedad, quien añade que estas medidas van en contra de “una concepción de la sociedad realizada después del 25 de Abril [sinécdoque para apuntar al fin de la dictadura de Salazar en 1974], las cuáles no pueden ser alteradas legítimamente sin un amplio debate colectivo y alargado consenso”.
Los envites son muchos pero, de momento, los diálogos reales del Gobierno y de la troika con la sociedad civil son escasos. Las pruebas de validación de conocimientos y capacidades para los profesores, una especie de ITV para los docentes públicos, es el último órdago lanzado por el Gobierno al colectivo de la enseñanza, ampliamente azotado. Y la respuesta no se ha demorado: una cadena humana, tejida en las redes sociales, buscará sellar el acceso al lugar del examen que se realizará en diciembre.
El ministro de Educación, Nuno Castro, no estuvo en la reunión entre los profesores y los representantes ministeriales. Pero tuvo su ‘regalo’: “Una prueba de acceso a la carrera de Ministro de Educación que podrá hacer gratuitamente. Por las respuestas dadas por sus representantes en la reunión tenemos dudas de que consiga aprobar”. Cinco preguntas tenía el examen para el ministro, entre ellas, “¿cuál es el número ideal de alumnos por aula?”. Su respuesta no se sabe o no se contesta, pero sí la de la sociedad portuguesa.
Fuente: http://periodismohumano.com/destacado/portugal-en-las-calles-contra-la-troika.html
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