Doscientos treinta y cinco años más tarde, el 30 de julio de 2013, Bradley Manning fue hallado culpable en 20 de los 22 cargos por los cuales fue procesado: específicamente por “espionaje” y por los videos de las atrocidades de guerra que difundió, pero no por “ayudar al enemigo”.
Días después del veredicto, con las audiencias para sentencia en las que Manning podría recibir 136 años de prisión en marcha, los comentaristas han tenido su oportunidad de hablar. El problema es que han olvidado el aspecto más aterrador del caso Manning: el modo en que nos conduce, casi inadvertidos, hacia una Norteamérica Posconstitucional.
Incluso antes de que comenzara el juicio contra Manning, el aspecto de esa nueva Norteamérica estaba asomando. En años recientes, armas, tácticas y técnicas desarrolladas en Irak y Afganistán, así como en la guerra contra el terror, han comenzado a llegar a “la patria”.
Consideren, por ejemplo, el surgimiento del policía guerrero, departamentos de policía crecientemente artillados a lo largo del país, a menudo llenos de ex personal militar alentado a utilizar toda clase de tácticas duras como las que alguna vez implementaron en zonas de combate. Para apoyaron hay toda clase de armas que alguna vez hubiera sido inconcebibles en departamentos de policía, incluyendo vehículos blindados –típicamente comprados con fondos del Departamento de Seguridad Interior. Recientemente, el director del FBI informó a un comité del Senado que el Bureau estaba desplegando sus primeros drones sobre los Estados Unidos. Mientras tantos, Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras), parte del Departamento de Seguridad Interior y con ya una expansiva flota de drones Predator en el aire, exactamente los mismos que se utilizan en zonas de guerra, está ansioso por armarlos con armamento “no letal” para “inmovilizar objetivos de interés”.
Sobre todo, la tecnología de vigilancia ha llegado a casa desde nuestras lejanas zonas de guerra. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), por ejemplo, fue pionera en el uso de teléfonos celulares para rastrear los movimientos de potenciales enemigos en Irak y Afganistán. La NSA hizo esto de varios modos. Con el objetivo de encender los celulares en forma remota como monitores de audio o como aparatos GPS, se podían enviar señales clandestinas a través de una red ya existente o se podía implantar un programa de la NSA bajo el disfraz de una descarga de porno o de juegos.
Utilizando falsas torres de señal de celular que en verdad las interceptaban en su ruta hacia las torres reales, los Estados Unidos podían cosechar información dura en Irak y Afganistán que etiquetarían por siempre un teléfono y permitirían a la NSA identificarlo en forma distintiva por siempre, incluso si se cambiarse la SIM card. Las falsas torres de señales también permitían a la NSA recolectar información sobre la ubicación precisa del teléfono, aspirar los metadatos y monitorear lo que se decía.
En cierto momento, más de 100 equipos de la NSA barrían Irak en busca de trocitos de información electrónica que pudiera ser útil a los planificadores militares. El director de la agencia, General Keith Alexander, cambió todo eso: ideó una estrategia llamada Real Time Regional Gateway para capturar todo mensaje de texto, llamada de teléfono, mensaje de correo e interacción en redes sociales en Irak. “En lugar de buscar una sola aguja en el pajar, su enfoque fue: ‘Juntemos todo el pajar’”, contó un ex alto oficial de inteligencia norteamericana. “Recolecten todo, etiquétenlo, almacénenlo y, lo que sea que quieran, búsquenlo”.
¿Suena familiar, Mr. Snowden?
Gracias a Edward Snowden, sabemos ahora que la técnica de “recoléctenlo todo” empleada por la NSA en Irak serían muy pronto utilizada para recoger los metadatos y otra información electrónica disponible en los Estados Unidos, incluyendo transacciones con tarjeta de crédito, compras de pasajes aéreos y registros financieros. En el vasto y nuevo centro de información que está construyendo en Bluffdale, Utah, por dos mil millones de dólares, y en otros sitios, la NSA sigue su guión de grabarlo todo, de modo que, si un norteamericano se vuelve un objetivo, su historia pueda ser peinada. Tales búsquedas no requieren aprobación de un juez o siquiera de un supervisor de la NSA. Según resultó, el trabajo fue más fácil de realizar en los Estados Unidos que en Irak, ya que las compañías de Internet y los proveedores de servicios telefónicos están obligadas por una ley secreta a entregar la información requerida, formateada prolijamente, sin necesidad de un complicado espionaje.
Cuando los Estados Unidos querían algo en Irak o Afganistán, enviaran gente a patear puertas y tomarlo. Esto, también puede estar comenzando a ocurrir en casa. Recientemente, pese a que había otros objetos valiosos y fácilmente portables cerca, computadoras y sólo computadoras fueron robadas de las oficinas legales que representan a la whistleblower del Departamento de Estado Aurelia Fedenisn. En forma similar, un estudio de Washington que representa al whistleblower de la NSA, Tom Drake, sufrió el robo de computadoras, y sólo computadoras, de su oficina.
En estos años, el FBI ha traído otras dos herramientas de guerra de la NSA a casa. El Bureau utiliza ahora un aparato llamado Stingray para recrear esas falsas torres de señal de cellular y rastrear personas en los Estados Unidos sin su conocimiento. Stingray ofrece algunas ventajas únicas: elude completamente a la compañía telefónica, lo que, por supuesto, es útil en una zona de guerra en la que puede estar controlada por tipos poco cooperativos, o si no cooperan más con el gobierno, o simplemente si uno no quiere que la compañía o alguien más sepa que uno está espiando. Las compañías telefónicas norteamericanas parecen haber sido bastante cooperativas. Verizon, por ejemplo, admite haber infiltrado sus propios módems de celularse (“air cards”) para facilitar la intrusión del FBI.
El FBI también sigue el ejemplo de la NSA en implantar programas espías y otros similares desarrollados para nuestras zonas de guerra, de forma secreta y remota en computadoras y celulares norteamericanos. El Bureau puede encender en forma remota los micrófonos de teléfonos y laptops, incluso las webcams, para monitorear a los ciudadanos, y se puede extraer o implantar archivos en una computadora.
Entre los últimos ejemplos de tecnología de guerra que hacen el viaje de regreso a la patria está el aerostat, un dirigible amarrado de tamaño mediano. Cualquiera que haya servido en Irak o Afganistán lo reconocerá, ya que uno o más de ellos volaban sobre casi toda base militar de cierto tamaño o importancia. El Ejército anunció recientemente planes para operar dos dirigibles de este tipo sobre Washington, D.C., a partir de 2014. En teoría sólo estarán allí como defensas antimisilísticas, aunque en nuestras zonas de guerra son utilizados como plataformas masivas de vigilancia. Como muestra de la clase de sistemas de vigilancia con que están equipados estos dirigibles en el exterior –pero que el Ejército dice que no tendrán en casa–, vean el Gorgon Stare, un sistema que puede transmitir imágenes en vivo de una ciudad entera. Y, a diferencia de los drones, un dirigible jamás necesita aterrizar. Jamás.
Entonces: de nuevo a Bradley Manning.
A medida que el armamento y la tecnología de guerra llegó a casa, también lo hizo una nueva definición de justicia, cada vez mas Guantanamizada. Esto es algo que dejó en claro el caso Manning.
Para empezar, Manning fue tratado de modo similar a los prisioneros de la guerra contra el terror de los Estados Unidos en Guantánamo y los sitios clandestinos que la administración Bush montó en todo el mundo. Levantado en el “campo de batalla”, Manning fue mantenido incomunicado en una jaula en Kuwait durante dos meses sin acceso a un abogado. Luego, pese a ser un miembro activo del Ejército, fue entregado a los Marines, que también custodian Guanánamo, para ser retenido en una prisión militar en Quantico, Virginia.
Siguieron tres años de detención cruel, en los que, como bien podría haber ocurrido en Gitmo, Manning, mantenido en aislamiento, fue privado de ropa, comunicaciones, consejo legal y sueño. El régimen de privación el sueño que le fue impuesto ciertamente cumple con todos los estándares –excepto los de Washington y, posiblemente, Pyongyang— que califican para la tortura. A cambio de este abuso, incluso después de que un juez sentenciara formalmente que había sido sujeto a un tratamiento excesivamente duro, Manning sólo obtendrá una reducción de 112 días de su eventual condena.
La administración Obama decidió que Manning sería procesado como soldado ante una corte militar. En la sala de audiencias, ubicada en el interior de una instalación militar que también alberga los cuarteles de la NSA, había una atmósfera impactantemente similar a un gulag. Su juicio fue montado en base a evidencias y testigos secretos; se implantaron restricciones severas a la prensa –el Ejército negó pases de prensa a 270 de 350 medios que los solicitaron; y hubo una clara apariencia de injusticia. Entre otras cosas, el juez dictaminó contra casi todas las mociones de la defensa.
Durante los meses del juicio, las Fuerzas Armadas norteamericanas rehusaron difundir las transcripciones oficiales de las audiencias. Incluso a un dibujante privado de tribunales le fue prohibida la entrada. La periodista independiente y activista Alexa O’Brien tomó para sí la tarea de asistir diariamente al juicio, desafiar al Ejército y realizar un registro no oficial de las audiencias a mano. Posteriormente, policías militares armados fueron ubicados detrás de los reporteros que escuchaban los testimonios. Sobre todo, la sensación de que el destino de Manning estaba ya determinado difícilmente podía ser eludida. Después de todo, el presidente Obama, ex profesor de Derecho Constitucional, lo proclamó, en esencia, culpable ya en 2011, y el Departamento de Defensa no hesitó en declarar en términos más generales que “filtrar información es equivalente a ayudar a los enemigos de los Estados Unidos”.
Como en Guantánamo, reglas sobre la evidencia que se remontan incluso hasta la temprana ley común inglesa fueron revertidas. En el caso de Manning, fue condenado por espionaje, aunque la fiscalía no tuvo que probar siquiera su intento de ayudar a otro gobierno o que haya causado daño alguno: una corte civil ya había abierto el camino para este tipo de sentencia en otro caso de un whistleblower. Además, se permitió al gobierno calificar a Manning de “traidor” y “anarquista” en la corte, aunque no estaba en juicio ni traición ni por anarquía. A su supervisor en los Estados Unidos e Irak se le permitió testificar en su contra a pesar a haber realizado declaraciones prejuiciadas y homofóbicas en su contra en una película montada para retratar a Manning como un joven triste, confuso sexualmente, en busca de atención, fascinado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Finalmente, la misma jueza que en esencia acosó a la prensa a lo largo del juicio a Manning emitió con 24 horas de antelación su veredicto para asegurar una máxima cobertura sólo del desenlace, no del proceso.
En vista de todo ello, es poco consuelo saber que Manning, apresado por la Ley de Espionaje después de múltiples fracasos de la administración Obama en otros casos, no fue condenado por la extrema acusación de “ayudar al enemigo”.
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| Thomas Jefferson High School ROTC Students San Antonio Texas 1938 |
Jose Padilla, un ciudadano norteamericano que complotó torpemente para detonar una inexistente “bomba sucia”, fue mantenido incomunicado durante más de tres años, más de uno de ellos en una celda militar en Carolina del sur. Fue arrestado sólo como testigo material y no fue acusado formalmente de crimen alguno hasta años después. O se le dio medio alguno de apelar su detención mediante un habeas corpus, dado que el presidente Bush lo designó “combatiente enemigo”. Fotos de Padilla siendo trasladado embutido en un equipo a prueba de sonido y de luz sugiere con fuerza que fue sometido a la misma privación sensorial, inducidora de psicosis, que es utilizada como “tortura blanca” contra los enemigos extranjeros en Guantánamo.
Ciertamente, el más egregio caso de justicia pos-constitucional antes de Manning fue la ejecución del ciudadano norteamericano Anwar al-Awlaki por un drone en Yemen, sin el juicio debido, por ser un propagandista de Al Qaeda. En ello, el presidente Obama y sus altos consejeros de contraterrorismo se apropiaron literalmente de los roles de juez, jurado y verdugo. De un modo similar, de nuevo en Yemen, los Estados Unidos mataron al hijo adolescente y norteamericano de al-Awlaki, un muchacho que nadie afirmó que estuviera conectado con el terrorismo. Los abogados de la administración Obama sostuvieron el derecho legal a ejecutar a ciudadanos norteamericanos sin juicio y han admitido que se mató a cuatro norteamericanos. El Fiscal General Eric Holder declaró que la “ciudadanía de los Estados Unidos por sí misma no vuelve a tales individuos inmunes a ser tomados como blanco”.
Preguntado en una audiencia en el Congreso si su organización podía asesinar a un ciudadano norteamericano en los Estados Unidos, el entonces director del FBI, Robert Mueller, replicó que simplemente no sabía. “Tengo que revisar. Eh, no estoy seguro de si esto fue atendido o no”. Añadió: “voy a trasladar esto a otros en el Departamento de Justicia”. Como si compitiera por un premio Orwelliano, un funcionario anónimo de la administración Obama dijo al Washington Post: “Lo que constituye el debido proceso en este caso es un debido proceso en guerra”.
Así que: bienvenidos a la Norteamérica posconstitucional. Sus características, de modo bastante ominoso, están comenzando a tomar forma.
La famosa novela distópica de Orwell, 1984, no pretendía ser un manual de instrucciones, pero apenas días antes del veredicto contra Manning, la administración Obama esencialmente enterró su no irónica promesa de campaña de proteger a los whistleblowers, lanzando la versión de Washington del agujero en la memoria (NdT: en la novela de Orwell, se refiere a la alteración de los registros del pasado para ajustarlos a la nueva versión que se trata de imponer en el presente). Después del 11 de septiembre de 2001, la tortura dejó de ser tortura si la practicaba un norteamericano y quienes la utilizaban ya no eran pasibles de ser procesados por el Departamento de Justicia.
En forma similar, no se considera ya que el espionaje de amplio espectro viole la Cuarta Enmienda y no requiere una causa probable. Analistas de bajo nivel de la NSA tienen acceso en su escritorio a los emails y llamados telefónicos privados de los norteamericanos. La oficina de Coreos fotografía los sobres de cada una de las 160.000 millones de piezas de correo que maneja, recolectando los metadatos de las direcciones de “A:” y “De:”. Un Insider Threat Program (Programa de Amenaza Interna) de la administración Obama exige a los empleados federales (incluyendo a los Cuerpos de Paz) que informen sobre comportamiento sospechoso de sus compañeros de trabajo.
Funcionarios de gobierno preocupados por posibles irregularidades en sus departamentos o agencias que “van por los canales apropiados” son despedidos o sometidos a juicio. A los whistleblowers del gobierno se les ordena regresar para enfrentar la justicia, mientras que a los delincuentes al servicio del gobierno se les permite huir de ella. Los funcionarios de la CIA que destruyen envidencias de tortura salen libres, mientras que un agente de la CIA que sopla el silbato sobre la tortura en encerrado.
Leyes y tribunales secretos pueden crear otras leyes secretas de los que no sabemos para “crímenes” que no sabíamos que existían. No obstante nuestra ignorancia, podemos ser arrestados por cometerlos. Gracias a la Ley Patriótica, ciudadanos, incluso bibliotecarios, pueden recibir una National Security Letter (Carta de Seguridad Nacional) del FBI (sin necesidad de orden judicial) que les exige registros y otra información, y los amordaza y les prohíbe revelar a nadie que es información ha sido requerida o que esa carta fue entregada. Los ciudadanos pueden ser encarcelados sin juicio –y les pueden ser negados sus derechos constitucionales tan pronto sean calificados como “terroristas.” Los abogados y habeas corpus solo están disponibles cuando el gobierno lo permite.
En la última década, 10 veces más empleadores recurrieron a las bases de datos criminals del FBI para investigar a solicitantes de trabajo. La prensa está restringida en lo que se refiere a cubrir “juicios abiertos”. La guerra contra los whistleblowers se está ramificando en una guerra contra la Primera Enmienda. Las personas pueden ser condenadas ahora en base a testimonios secretos de personas innominadas. Las cortes y cárceles militares pueden reemplazar a las civiles. La justicia puede ser retorcida y enmarañada hasta adquirir una forma casi irreconocible y luego utilizada para enviar a un joven a prisión por décadas. Afirmando que sus acciones son legales a la vez que se oculta las opiniones “legales” citadas –a menudo, incluso del Congreso–, el gobierno puede enviar sus drones a asesinar a sus propios ciudadanos.
Una por una, las herramientas y actitudes de la guerra contra el terror, de un mundo en el que los “guantes” se han sacado para siempre, han llegado a casa. La clásica advertencia de Pogo, el personaje de historieta –“Hemos encontrado al enemigo y somos nosotros”—parece cada vez menos una metáfora. De acuerdo con el gobierno, ahora somos de verdad el enemigo.
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