“Nos agarramos a un clavo ardiendo, pero necesito saber si mi hermano está vivo”, asegura Micaela Alcántara mientras repasa la documentación que conserva relacionada con su hermano pequeño, que nació el 12 de octubre del año 1964. Esta mujer, de 50 años y natural de Antequera (Málaga), lleva media vida pensando que su familiar no murió, y casi un lustro pidiendo en los juzgados que se investigue este asunto.
Seis meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara su caso —el primero sobre bebés robados que llegó a esta instancia judicial—, la familia ha decidido dar el siguiente paso y denunciar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el respaldo de su abogado y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila.
La mujer recurrió ante el TC después de que la Audiencia Provincial de Málaga archivase su denuncia al considerar prescritos los hechos; sin embargo, el Constitucional tampoco admitió su recurso de amparo agarrándose a un formalismo. La resolución judicial explicaba que la demanda no cumplía con la “ineludible” exigencia de justificar expresamente la especial trascendencia constitucional del asunto. De este modo, no se llegó a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, que es la prescripción que motivó el archivo de la investigación.
Para Micaela Alcántara “la única esperanza que nos queda ya es que él —su hermano, que ahora tendría 48 años— se identifique con su defecto de salud y nos encuentre a nosotros”. Se refiere a la enfermedad congénita denominada labio leporino con la que nació su hermano y que consiste en que el labio queda abierto.
El hermano pequeño de Micaela nació en 1964 en el Hospital Civil de la capital malagueña. Pasados cuatro días, el personal sanitario se lo llevó con la excusa de que iban a bañarle y vestirle. Horas más tarde le dijeron a su madre que el pequeño había muerto. La hermana mayor relata cómo “no se lo quisieron enseñar y le dijeron que ellos se ocupaban de todo”.
En el parte de defunción del centro figuraba como causa de la muerte “debilidad congénita”. Sin embargo, las supuestas irregularidades en el papeleo posterior provocaron las sospechas de los padres. Micaela asegura que en el registro del hospital se señala que su madre ingresó y salió de alta el mismo día “cuando, en realidad, estuvo cuatro ingresada”, y que en el Registro Civil figura que la defunción fue inscrita como “conocido de la familia” un empleado de una funeraria. “Ni mis padres tenían seguro de deceso ni tenían ningún conocido en una funeraria”, recalca Micaela. A esto se añade que su enterramiento no figura en los libros de registros del cementerio de San Rafael de Málaga, donde supuestamente fueron inhumados los restos del bebé.
El letrado de la familia, Enrique Vila, asegura que ningún tribunal, tampoco el Constitucional, ha entrado en el fondo del asunto. "Por eso alegamos ante el Europeo de Derechos Humanos la falta de recursos efectivos, la nula protección jurisdiccional de mi cliente y la falta de tutela judicial efectiva", añade el abogado. En su opinión, el Estado español "debe actuar en un asunto tan grave como el de los bebés robados, y tiene que hacerlo a través de los tribunales para defender el derecho que tienen estas personas a unirse a sus familiares". La denuncia —presentada a finales de la semana pasada— reclama al Estado el pago de una indemnización a su cliente de 15.000 euros anuales y otros mil euros diarios mientras los tribunales españoles no reabran el caso.
Seis meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara su caso —el primero sobre bebés robados que llegó a esta instancia judicial—, la familia ha decidido dar el siguiente paso y denunciar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el respaldo de su abogado y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila.
La mujer recurrió ante el TC después de que la Audiencia Provincial de Málaga archivase su denuncia al considerar prescritos los hechos; sin embargo, el Constitucional tampoco admitió su recurso de amparo agarrándose a un formalismo. La resolución judicial explicaba que la demanda no cumplía con la “ineludible” exigencia de justificar expresamente la especial trascendencia constitucional del asunto. De este modo, no se llegó a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, que es la prescripción que motivó el archivo de la investigación.
Para Micaela Alcántara “la única esperanza que nos queda ya es que él —su hermano, que ahora tendría 48 años— se identifique con su defecto de salud y nos encuentre a nosotros”. Se refiere a la enfermedad congénita denominada labio leporino con la que nació su hermano y que consiste en que el labio queda abierto.
El hermano pequeño de Micaela nació en 1964 en el Hospital Civil de la capital malagueña. Pasados cuatro días, el personal sanitario se lo llevó con la excusa de que iban a bañarle y vestirle. Horas más tarde le dijeron a su madre que el pequeño había muerto. La hermana mayor relata cómo “no se lo quisieron enseñar y le dijeron que ellos se ocupaban de todo”.
En el parte de defunción del centro figuraba como causa de la muerte “debilidad congénita”. Sin embargo, las supuestas irregularidades en el papeleo posterior provocaron las sospechas de los padres. Micaela asegura que en el registro del hospital se señala que su madre ingresó y salió de alta el mismo día “cuando, en realidad, estuvo cuatro ingresada”, y que en el Registro Civil figura que la defunción fue inscrita como “conocido de la familia” un empleado de una funeraria. “Ni mis padres tenían seguro de deceso ni tenían ningún conocido en una funeraria”, recalca Micaela. A esto se añade que su enterramiento no figura en los libros de registros del cementerio de San Rafael de Málaga, donde supuestamente fueron inhumados los restos del bebé.
El letrado de la familia, Enrique Vila, asegura que ningún tribunal, tampoco el Constitucional, ha entrado en el fondo del asunto. "Por eso alegamos ante el Europeo de Derechos Humanos la falta de recursos efectivos, la nula protección jurisdiccional de mi cliente y la falta de tutela judicial efectiva", añade el abogado. En su opinión, el Estado español "debe actuar en un asunto tan grave como el de los bebés robados, y tiene que hacerlo a través de los tribunales para defender el derecho que tienen estas personas a unirse a sus familiares". La denuncia —presentada a finales de la semana pasada— reclama al Estado el pago de una indemnización a su cliente de 15.000 euros anuales y otros mil euros diarios mientras los tribunales españoles no reabran el caso.
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