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| Manifestación saharaui por la liberación de los presos políticos. |
Durante el mes de agosto han trascendido
en algunos medios de prensa informaciones sobre Marruecos, siendo
noticia por ser un país “poco democrático” que vulnera los Derechos
Humanos, y de la complicidad que el Estado Español está teniendo ante
ello.
Entre tanta noticia al respecto se ha echado de menos que no haya habido apenas menciones a la situación del Sáhara Occidental.
Más de 40 años lleva el pueblo saharaui
sufriendo graves y reiteradas vulneraciones de los derechos humanos
desde que Marruecos ocupase militarmente el territorio en 1975, en forma
entre otras de desapariciones forzosas, asesinatos (con especial
incidencia entre los años 1975 y 1992), y torturas, lo que ha llevado al
procesamiento por genocidio en la Audiencia Nacional española de doce
miembros de las fuerzas armadas y policiales de ese país (Sumario
1/2015, Juzgado Central de Instrucción núm. 5). La ausencia de
cooperación de las autoridades marroquíes con el juzgado español a la
hora de perseguir tales crímenes -los más abominables que se hayan
podido cometer y tipificar- negándose a dar cumplimiento a los
requerimientos judiciales de referencia, y la falta de exigencia a este
respecto por parte del gobierno español pueden dar una medida de la
voluntad política actual en la defensa de los derechos humanos.
Por parte del Relator Especial contra la
tortura y del Comité contra la Tortura (ambos en el ámbito de la ONU)
se ha venido denunciando en los últimos tiempos como uno de los
problemas más graves y recurrentes en este terreno la vulneración del
derecho a no ser sometido a torturas, -o tratos y penas crueles,
inhumanas o degradantes-; en el mismo sentido se han pronunciado
diversas organizaciones (Human Rights Watch en su informe “Just sign
here”/”Tan solo firme aquí”, Juicios injustos basados en confesiones a
la policía en Marruecos, Amnistía Internacional), o incluso el propio
Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, en cuyo informe “La
crisis de las cárceles: una responsabilidad compartida” (diciembre 2012)
se denuncian, entre otras, prácticas del personal penitenciario
consistentes en: "Los porrazos utilizando palos o trozos de mangueras,
la suspensión en las puertas de las celdas mediante el uso de esposas,
golpes en las plantías de los pies inmovilizados (Falaqa), pinchazos con
agujas, bofetadas, quemaduras, las patadas, el desnudo forzado de los
reclusos ante la mirada del resto de los prisioneros, además de los
insultos y de agresiones verbales contra la dignidad humana de los
presos”.
Asumiendo el deber que tenemos como
juristas de luchar por el respeto y el cumplimiento de los derechos
humanos, muy especialmente dentro del ámbito del derecho penal como
máxima expresión del poder punitivo institucional, decidimos unirnos las
diferentes compañeras que llevan desempeñando la labor de observación
jurídica internacional desde hace años y comenzar a viajar a Marruecos y
al Sáhara Occidental para acudir a diferentes juicios que se celebran
contra personas saharauis activistas en la defensa de los derechos de su
pueblo, acusadas de haber cometido algún delito tipificado en el Código
Penal Marroquí.
Es el caso de El Fak Khalihenna,
detenido el pasado 16 de agosto cuando volvía de participar en
actividades organizadas en la Universidad de Verano de Argel, a quien
hoy viernes 31 de agosto se ha juzgado en el Tribunal de Primera
Instancia de El Aaiún.
Lamentablemente, las Fuerzas de
Seguridad marroquíes han impedido nuestra asistencia a este juicio al
que acudíamos como observadoras internacionales, interceptándonos en el
vuelo que nos conducía a la mencionada ciudad ocupada, conduciéndonos
hasta Casablanca y procediendo finalmente a expulsarnos del territorio
marroquí. Por parte de diversos colectivos saharauis de defensa de los
derechos humanos se nos ha comunicado durante la mañana de hoy que las
FSE les han impedido asimismo la entrada a la vista, llegando a
manifestar algunas de ellas haber sido agredidas por los agentes.
Denunciamos una vez más que Marruecos no
tiene soberanía ni competencia sobre el territorio del Sáhara
Occidental (siendo una mera potencia ocupante del mismo conforme al
Derecho internacional), que el gobierno español está actuando de
espaldas a la legalidad al no asumir las atribuciones que tiene
encomendadas por ser a día de hoy la potencia administradora de derecho
del territorio (Auto 15/04/2014, Juzgado Central de Instrucción núm. 5
de la Audiencia Nacional, entre otros), y que la expulsión por parte de
las autoridades marroquíes de las misiones de observación jurídica
internacional constituye una actuación ilegítima asimismo por suponer
una vulneración flagrante del derecho fundamental a un juicio justo (en
su vertiente del derecho a una audiencia pública, Comité de DDHH de la
ONU, observación general núm. 32 al PIDCP), evidenciando la voluntad de
tales autoridades de no permitir testigos del modo en que se enjuicia a
los activistas saharauis.
“Evitar que haya Observadores Internacionales en los juicios es no querer que haya testigos de
cómo se enjuician a quienes defienden los derechos del Pueblo Saharaui”Fuente: https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/acerca-de-la-expulsion-de-observadores-internacionales-en-marruecos
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