El vídeo que hoy difunde EL PAÍS muestra a cinco soldados españoles entrando en una celda. En el suelo, sobre una manta, con dos botellas de agua a su lado, hay un hombre. Uno de los soldados le ordena a gritos que se incorpore. El hombre, postrado, no parece entenderle. A su lado hay otro detenido que a mitad de la grabación, que dura 40 segundos, es arrojado sobre el primero. Tres de los soldados la emprenden a patadas con ambos. Otros dos observan desde la puerta de la celda. Un sexto graba la escena. Uno de los militares los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota sobre los cuerpos indefensos. De las víctimas solo se escuchan jadeos y gemidos. Un militar, que durante la paliza se ha quedado mirando desde el quicio de la puerta, comenta al final: "¡Jo! A este se lo han cargado ya".
La escena está grabada en Diwaniya, la base principal de las tropas españolas en Irak, en los primeros meses de 2004. La participación en la guerra de Irak, de cuyo inicio se cumple una década el próximo día 20, tiene algo que la hace radicalmente diferente a la de Bosnia o Afganistán: no solo se hizo sin el aval de la ONU y con la abrumadora oposición de la opinión pública española, sino que llevó a los militares españoles a colaborar con las fuerzas estadounidenses de ocupación. Ante el vacío de poder dejado por la disolución del Estado iraquí y del partido Baaz de Sadam Husein, la llamada CPA (Autoridad Provisional de la Coalición), en la que había oficiales y diplomáticos españoles por decisión del entonces presidente José María Aznar, se convirtió en Gobierno ocupante.
"Para hacer cumplir las leyes impuestas por la CPA" y puesto que "las fuerzas de la coalición representan la ley y el orden en Irak", en septiembre de 2003, solo un mes después de que llegase a Irak la Brigada Plus Ultra, con 1.300 españoles, se distribuyó entre sus mandos un documento de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor titulado Procedimiento de detención y actuación con el personal detenido. La guía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ordenaba que "durante y después de la detención se empleara la violencia mínima imprescindible" y que se mantuviera "en todo momento el respeto a los derechos del detenido". Los motivos para practicar una detención eran muy amplios. "Cualquier persona puede ser detenida si crees que representa una amenaza contra las fuerzas de la coalición" o si "tienes la sospecha razonable de que ha cometido un delito", se instruía a los militares. El manual incluía un catálogo de derechos del detenido y advertía de que "no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Tampoco nadie podía ser sometido, "durante su interrogatorio, a violencia, amenanazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o juicio". Lo que no existía es control judicial alguno, y el propio manual confiaba en "el buen juicio y sentido común" del oficial al mando.
Los detenidos por delitos comunes eran entregados a la policía local iraquí, a través de la policía militar de EE UU; mientras que los detenidos por delitos contra la coalición (es decir, los insurgentes) eran conducidos al Centro de Detención de Brigada de Base España.
Los papeles de Wikileaks sobre la guerra de Irak, difundidos en otoño de 2010, incluyen dos referencias a este centro de detención, al que denomina Detention Facility. En uno de ellos, de .......
Más información: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/15/actualidad/1363371190_083683.html
Más información: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/15/actualidad/1363371190_083683.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario