Pero hay también un colectivo con el que este nuevo Código Penal, en caso de aprobarse tal cual está el Proyecto, puede verse muy perjudicado; y que por estar especialmente invisibilizado y estigmatizado en nuestra sociedad, su pérdida de derechos no está teniendo tanta repercusión. Se trata del colectivo de personas con enfermedad mental.
¿Cuáles son algunos de los cambios que traería consigo esta reforma? Por ejemplo, hasta ahora cuando a una persona se la consideraba no imputable por causa del trastorno mental que padecía en relación al delito cometido, se le imponía una medida de seguridad. En estos casos solía consistir en un internamiento en un centro psiquiátrico, que no podía durar más que la pena que le hubiera sido impuesta en caso de ser imputable y aplicarle la pena correspondiente al delito cometido. Ahora esto cambia y, de forma sorprendente, lo hace en función de que se determine que la persona, por su enfermedad mental, es peligrosa y susceptible de cometer nuevos delitos. No se está juzgando el delito ya cometido, sino los que hipotéticamente pudiera cometer.
El prejuicio sobre los enfermos mentales como personas peligrosas está extendido en todas las capas sociales, aunque las estadísticas señalen que son más veces víctimas de violencia o malos tratos que causantes de ellos. El ámbito judicial no está exento de esos prejuicios, ese estigma contra el que seguimos luchando día a día pacientes, familiares, amigos y muchos profesionales de la salud mental.
La batalla del ser considerado o no peligroso, lamentablemente, se tendrá muchas veces perdida de antemano. Y si finalmente la persona es considerada peligrosa y se enfrenta a la posibilidad de delitos futuros -muchos poderes adivinatorios están suponiendo tener-, podrán imponerles periodos de internamiento en centros psiquiátricos de cinco años, prorrogables por cinco años más, y así indefinidamente, independientemente del delito cometido. Simplemente porque presupongan que esa persona, por su trastorno, sigue siendo “peligrosa”.
Realmente el problema empieza antes, cuando según el código penal ya en vigor hay que hacer una evaluación exhaustiva de cada persona para considerar si es o no imputable. En la práctica, la exhaustividad brilla por su ausencia y quizás sea esa la razón de que según distintos estudios, entre un 25% y un más realista 40% de los presos en nuestro país presenten algún trastorno mental. De ellos, un 6% padece uno especialmente severo o grave y entre un 20% y un 30% combinan un trastorno mental con un problema de abuso de drogas -patología dual-.) Obviamente, un centro penitenciario no es el lugar más adecuado para reponerse de una enfermedad mental, con lo que el deterioro y/o la cronificación están casi asegurados.
Hablamos de todo esto con la Asociación Catalana Activament y su secretario, Hernán María Sampietro. Esta asociación, como muchas de las impulsoras de un manifiesto contra esta reforma del código penal y su criminalización de la enfermedad mental,está compuesta por los propios usuarios de los servicios de salud mental. Sus miembros, empoderados y sin representantes más allá de ellos mismos, están intentando hacerse escuchar y recoger apoyos en la web www.colectivosaludmental.org. A día de hoy, y funcionando sólo desde septiembre, lleva recogidas unas 1.150 adhesiones de particulares y de más de 110 entidades, un pequeño gran éxito, aunque según Hernán, “el único logro que podría considerarse una victoria es que no se apruebe la reforma”.
También nos cuenta cómo en un inicio tanto Activament como la Asociación Sociocultural Radio Nikosia o la Asamblea de Majaras, esbozaron un boceto de manifiesto al que se sumarían como impulsoras del mismo: la Asociación de Bipolares de Catalunya, la Asociación Emilia Barcelona, la Asociación de Enfermos Mentales de Castelldefels, la Asociación Grupo de Teatro Imagina, la Asociación AADDMM Terraferma, la Asociación Mentalízate y la Asociación Saräu de Ocio Inclusivo.
La respuesta de Hernán a la pregunta de por qué en esta ocasión no se ha contado con los profesionales de la salud mental como sí se hizo en anteriores ocasiones (el Grupo de Ética y Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, compuesto por psiquiatras, psicólogos y juristas, es especialmente crítico con la reforma) es concluyente: “Los criterios usados son ideológicos y no sanitarios”. Tampoco se ha contado con la opinión del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial considera el anteproyecto anticonstitucional”. Y remata afirmando que esta reforma “es un claro giro hacia un régimen totalitario”.
Por eso, no es de extrañar que Activament se haya sumado a su vez al manifiesto contra la reforma del Código Penal que la plataforma NoSomosDelito ha puesto también en marcha (en la web www.nosomosdelito.net ).
Porque la lucha es la misma, porque si nos tocan a una nos tocan a todas y esta vez nos están tocando a muchas. De nuevo en palabras de Hernán, “defender sólo nuestra parcela es lo que promueven desde los sectores del poder”. Y luego nos recuerda el poema de Martin Niemöller tantas veces atribuido a Bertolt Brecht y que acaba diciendo “…cuando finalmente vinieron a por mí / no había nadie más que pudiera protestar”.
Por los que pueden defenderse y los que no, sumémonos a esta batalla. Unamos luchas, sumemos fuerzas pero no nos quedemos al margen. Esta reforma del código penal es un ataque a los de siempre, los de abajo, y se ensaña especialmente con algunos de los colectivos más vulnerables. Organicémonos, recogiendo firmas primero, en acciones más contundentes después si las firmas no les frenan. Porque no podemos dejarles que tapen del todo los ojos a la Justicia, la dejen ciega y la usen como arma contra el pueblo.
Fuente: http://www.periodismodigno.org/el-nuevo-codigo-penal-y-la-enfermedad-mental-un-ataque-criminalizador-y-estigmatizante/
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