 | ||||||||
| Mural con fotografías de desaparecidos por la represión franquista que los afectados colocaron a las puertas del hotel de Sevilla donde fueron recibidos por los miembros del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU. |
En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo
facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las
38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la
Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o
deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron
honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados.
El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e
identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a
tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a
legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por
facciones de sindicatos y partidos de izquierda.
Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo
con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número
debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a
partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento
decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de
Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000
desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se
han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una
fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las
estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que
coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.
A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados
forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como
medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos
documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos
económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual
democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de
reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los
propios familiares, nunca por el Estado.
 | |||||||
| Florentina Rodríguez enseña la foto de su abuela Ana Ricarda, desaparecida en 1936 en Córdoba, minutos antes de exponer su caso ante los representantes de la ONU. |
Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes
para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su
delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que
Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de
comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea
cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro
falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por
amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través
de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días
en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y
desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró
el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y
el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.
Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre
rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus
cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido
infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la
recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo
señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica
para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional
español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie,
pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla,
a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que
sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se
encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas,
teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste
emocional tremendo”, se lamenta.
Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha
constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto
muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga,
que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio,
recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país
prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias
para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel
Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado
España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de
Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a
la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.
Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el
Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas,
crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones
forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del
franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la
búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto
de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron
durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren
carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse
imprescriptibles”.
Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se
sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este
crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien
entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que
el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un
principio como represión política, también se habría realizado de forma
“sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos”
como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra
parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y
también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos
siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital
Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios
públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no
puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado
aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia
hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la
investigación “a regañadientes”.
 |
| El matrimonio Eduardo Raya y Gloria Rodríguez a las puertas del hotel sevillano donde los representantes de la ONU atendieron a los afectados por desapariciones en Andalucía. |
Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del
grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de
Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina
incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos
políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al
tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja
aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento
de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.
Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y
venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de
forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las
familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil
con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia
distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las
hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus
padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero
tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de
Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a
Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que
María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el
camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad
no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las
dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.
La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de
1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con
sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser
excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las
doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de
diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro
Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar
republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas
donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando
en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por
familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real
El paso del robo de niños legal al ilegal se habría
dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de
las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros
civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de
profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en
las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En
1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más
nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia
era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del
Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo
buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia
estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve
meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.
De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla
en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de
forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las
forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas
ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o
donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta
se habría producido la transición del robo por motivos políticos al
móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática
has la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece
impune.
No hay comentarios:
Publicar un comentario