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| R. Green Fund |
A Marcos, su impresora le acaba de avisar de que una
de las piezas falla. Al intentar repararla, se encuentra con que en
todos los establecimientos le recomiendan comprar una impresora nueva.
Marcos, como buen consumidor cabezota, investiga y descubre que el fallo
ha sido provocado por un microchip especialmente diseñado para mostrar
un mensaje de error tras un número concreto de impresiones. ¿Le suena la
historia? Es el principio del famoso documental de Cosima Dannoritzer Comprar, tirar, comprar,
que puso a muchos por primera vez frente a una práctica empresarial que
no se había parado a considerar hasta ese momento: la obsolescencia
programada o, más concretamente, la producción intencionada de bienes y
servicios con ciclos de vida cortos con el fin de estimular a los
consumidores a repetir la compra de manera frecuente.
Ante este panorama de fabricación y reemplazo masivo
de productos, que dispara los beneficios a corto plazo de las empresas,
pareciera casi una utopía que los consumidores pudiesen oponerse a esta
práctica con garantías de éxito. Sin embargo, en los últimos meses, la
movilización de asociaciones y colectivos afectados por la obsolescencia
planificada ha originado las primeras denuncias contra multinacionales
tecnológicas.
Los pioneros en emprender acciones legales han sido
los miembros de la asociación HOP - Haute a l’obsolescence programmée
(Alto a la obsolescencia programada). Lo hacen amparándose en la Ley de
Energía de Transición, aprobada en Francia en 2015. Es el único país
europeo que clasifica como delito la obsolescencia programada,
estableciendo penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta
300.000 euros, además de sanciones que pueden llegar al 5% de la media
de ingresos anuales de la compañía afectada durante los últimos tres
años.
Partiendo de esta legislación, HOP interpuso una
denuncia en septiembre de 2017 contra los fabricantes de impresoras HP,
Canon, Brother, y en particular Epson, por “reducir deliberadamente la
duración de la vida de las impresoras y los cartuchos”. Según los
estudios realizados por la asociación, las impresoras indican el fin de
la vida útil de las almohadillas cuando aún no se han desgastado, además
de que impiden seguir imprimiendo por falta de tinta antes de que los
cartuchos estén completamente vacíos. Por ejemplo, en dicho estudio se
demostró que el modelo de impresora Epson 9900 dejaba de imprimir cuando
aún quedaba un 20% de tinta en los cartuchos.
Y no solo eso, HOP también denuncia que el precio de
los cartuchos ha aumentado hasta los 2.062€/litro (el doble que el
perfume Chanel Nº5) y que los fabricantes continúan cambiando su diseño
para que no se puedan utilizar cartuchos genéricos, más baratos y
fabricados por la competencia.
Finalmente, la fiscalía de Nanterre ha abierto la
primera investigación por obsolescencia programada en Francia contra la
compañía japonesa Epson; todo un éxito para una asociación ciudadana.
Pero los activistas de HOP no se quedan ahí. Ahora es a Apple a quien
tienen en el punto de mira. La multinacional tecnológica ha admitido,
tras la acusación del blog Geekbench, que ralentiza deliberadamente el
rendimiento de los modelos más antiguos de iPhone con el fin, según la
compañía, de mejorar la gestión de la energía.
Según Laetitia Vasseur, cofundadora y delegada general
de HOP, “todo está orquestado para obligar a los consumidores a renovar
sus teléfonos, a un precio de más de 1.200 euros, superior al salario
mínimo interprofesional francés.”
En España, FACUA – Consumidores en Acción también se
ha movilizado contra la multinacional, a la que ha denunciado frente a
la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por incumplir
la Directiva 2011/83/UE por “reducir de forma consciente y deliberada
el rendimiento de los procesadores más antiguos de sus terminales”, tal y
como consta en la denuncia. Esta actuación se une a una denuncia previa
ante la Fiscalía española por delitos contra los consumidores y por
sabotaje informático.
A Francia y España se ha unido Italia, cuya
Organización de Defensa de la Competencia ha abierto sendas
investigaciones a Apple y Samsung por la sospecha de que estén
induciendo a los consumidores a adquirir nuevas versiones de sus
productos debido a la ralentización premeditada de los dispositivos.
Europa no termina de ‘ponerse las pilas’
La preocupación por la durabilidad de los productos
también ha llegado a la Unión Europea. Pero los expertos temen que se
quede en agua de borrajas. Pascal Durand, eurodiputado por el grupo de
los Verdes e impulsor de la lucha contra la obsolescencia programada,
afirma que “algunos productores como iPhone buscan maneras de empujar a
la renovación de los productos en exceso”, y alerta de la necesidad de
que la Unión Europea legisle.
En este sentido, en julio de 2016, el Comité del
Mercado Interior y la Protección del Consumidor publicó un estudio sobre
el beneficio que un mayor ciclo de vida de los productos tiene para
consumidores y compañías, según el cual un aumento del 1% en el valor
añadido por actividades económicas relacionadas con una mayor
durabilidad de los productos, como la reparación, supondría un
crecimiento económico para Europa de 7.900 millones de euros.
A raíz de este estudio, el Parlamento Europeo aprobó
en julio del pasado año por 662 votos a favor y 32 en contra una
resolución dirigida a la Comisión Europea para la adopción de medidas
que luchen contra la obsolescencia programada. Medidas como el
establecimiento de criterios mínimos de resistencia, que la garantía se
extienda al tiempo de reparación en caso de que la reparación lleve más
de un mes, incentivos a los estados miembros para impulsar las
reparaciones y venta de segunda mano, o que partes como baterías y
componentes esenciales no vayan incrustados en los productos.
“El plan contempla 7 acciones transversales”, comenta
Pascal Durand. “Productos con un diseño sostenible, reparación de
productos, nuevos modelos económicos, más y mejor información para el
consumidor, prohibición de la obsolescencia programada, refuerzo de los
derechos y garantías legales de los consumidores y circunscripción de
actualizaciones y obsolescencia de software.”
No obstante, a pesar de la iniciativa del Parlamento
Europeo, Durand denuncia que “la Comisión todavía no ha trabajado en un
texto legislativo que responda a las expectativas legítimas de los
ciudadanos respecto al ciclo de vida de los productos, y ha pasado más
de medio año. Es incomprensible que la obsolescencia programada no haya
sido incluida en los planes de economía circular. Cuando le pregunté
sobre este tema a la Comisaria de Mercado Interno Elżbieta Bieńkowska en
2014, me dijo que era la primera vez que oía hablar del concepto de
obsolescencia programada. Este problema no ha sido tratado en Europa por
el momento, simple y llanamente”.
En caso de que estas recomendaciones terminen
generando legislación, la Unión Europea asegura que crearían nuevos
puestos de trabajo en el sector de la reparación. Según sus estudios,
miles de empleos relacionados con la reparación electrónica se han
perdido en Europa, en parte por la dificultad que encuentran los
establecimientos a la hora de encontrar piezas de recambio. En Polonia,
por ejemplo, un 16% de puestos de trabajo en este sector se han perdido
durante los últimos dos años.
El negocio detrás del fallo
Según datos de Greenpeace, en 2015 más de 3.000 millones de personas tenían un smartphone,
y se estima que en 2020 la cifra ascenderá a más de 6.000 millones, más
del 70% de la población global.
Los beneficios para los fabricantes
parecen asegurados, aún más teniendo en cuenta que la vida útil media de
los teléfonos inteligentes es de poco más de dos años, y que el
ciudadano europeo cambia de teléfono cada 18 meses, de acuerdo a la
Comisión Europea. Por ejemplo, el Samsung Galaxy 8 es considerado uno de
los teléfonos más frágiles del mercado por su revestimiento de vidrio.
El interés en el ‘fallo programado’ de las compañías
bajo sospecha se evidencia en los datos financieros. Por ejemplo, los
ingresos de EPSON procedentes de la venta de equipos de impresión
supusieron el 67% del total de ingresos en el ejercicio 2017, lo que
muestra lo esencial de este segmento de producto para la salud
financiera de la multinacional. En su informe anual de 2017, la compañía
destaca que “un descenso en los ingresos por impresoras y suministros
de impresión podría tener un efecto materialmente adverso en los
resultados operativos”.
En su informe anual de 2017, Apple recoge que la
competitividad y el éxito de la compañía dependen de la introducción
frecuente de nuevos productos y actualizaciones. El informe estipula
textualmente que “la compañía debe introducir continuamente nuevos
productos, servicios y tecnologías, mejorar los productos y servicios
existentes, y estimular de manera efectiva la demanda del consumidor
para productos nuevos o actualizados.”
El peso del iPhone en los resultados económicos de la
compañía es evidente, suponiendo las ventas de este producto en 2017 el
61,7% de las ventas totales. De ahí que el lanzamiento constante de
nuevos dispositivos esté justificado a ojos de la multinacional. Desde
el nacimiento del primer iPhone en 2007, Apple ha lanzado un nuevo
modelo por año hasta 2013, cuando empezó a sacar al mercado dos nuevos
iPhone anualmente.
Un consumidor insatisfecho que requiere un cambio de modelo
Tras muchos quebraderos de cabeza, Marcos consiguió
reparar su impresora. Pero, ¿qué prejuicios supone esta práctica para
los consumidores que no sepan o puedan hacerle frente?
“La obsolescencia programada es antisocial”, apunta
Sauvage. “Los hogares menos favorecidos no se pueden permitir comprar
bienes de buena calidad y duraderos, por lo que se ven obligados a
adquirir productos baratos que deben renovar a menudo. Esto les supone
una pérdida de poder adquisitivo a largo plazo. El pobre acaba pagando
más que el rico”.
En definitiva, un consumidor insatisfecho, frustrado y alienado.
La lucha contra la obsolescencia programada no solo
implica una reducción en la producción y en la generación de residuos,
sino todo un cambio de modelo económico.
Por ello, la iniciativa impulsada por el Parlamento
Europeo se acerca al problema desde una perspectiva diferente a la
judicial. “No estoy a favor de tratar el asunto mediante los juzgados”,
señala Pascal Durand. “Por eso, el análisis aprobado por el Parlamento
lucha contra la obsolescencia programada teniendo en cuenta todos sus
aspectos, especialmente estimulando a la industria, pero también a
consumidores y autoridades públicas, a cambiar los métodos de producción
y consumo.”
Desde FACUA subrayan la necesidad de que los grupos
políticos se movilicen para tipificar la obsolescencia programada como
delito en España ya que, a día de hoy, “las denuncias tienen que
referirse a otro tipo de delito, como comportamiento anticompetitivo o
falta de información al consumidor”. Miguel Ángel Serrano, portavoz de
la organización, afirma que otra posible solución sería “ampliar el
plazo legal de garantía de este tipo de productos, que ahora en España
es de dos años. Un plazo más amplio supondría que los fabricantes
tendrían que asegurar el buen funcionamiento del producto durante más
tiempo, por lo que se verían obligados a vender una mayor calidad y
durabilidad”.
Queda, por tanto, un largo camino por recorrer en la
defensa de los derechos del consumidor frente al culto a lo desechable.
Esperamos que los ordenadores nos duren lo suficiente como para seguir
contándolo.
Fuente: http://ctxt.es/es/20180404/Politica/18815/Obsolescencia-programada-legislacion-fabricacion-negocio.htm
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