Hoy hemos visitado la sede de
la empresa ACS, propiedad de Florentino Pérez, para recordarle que tiene un problema con una de sus filiales, concretamente
con el proyecto hidroeléctrico que restringe el acceso al agua de más de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala
Su filial Grupo Cobra ha destruido el curso de un río y se ha ejecutado
sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos indígenas afectados.
Esta empresa ha participado como subcontrata en varias fases del
complejo hidroeléctrico RENACE, una infraestructura que ha alterado
profundamente el río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros. Además de los
graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y los fallos
en el proceso de consulta a los pueblos indígenas,
el proyecto ha producido un daño ambiental significativo. También ha acarreado la reducción drástica del caudal del río que ha supuesto la
merma del derecho al acceso al agua potable para las comunidades indígenas que viven en esta cuenca fluvial.
Este tipo de proyectos polémicos suelen ir asociados a la
criminalización y persecución del movimiento de oposición a estas
infraestructuras. Así, en Guatemala, el pasado martes 30 de enero, fue
detenido Bernardo Caal Xol,
líder indígena del pueblo quekchí que se opone a los megaproyectos
hidroeléctricos. En estos momentos Bernardo está encarcelado a la espera
de juicio por unos cargos basados en testimonios de trabajadores
asociados a las empresas constructoras de estas infraestructuras.
La empresa ACS no puede obviar los acuerdos voluntarios firmados o de
los que el Estado español forma parte. Según los Principios Rectores de
la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos
la
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se
aplica a todas ellas, independientemente de su tamaño, sector, contexto
operacional, propietario y estructura. El cumplimiento del
principio de la Diligencia Debida donde el respeto de los derechos
humanos es extensible a todas las empresas, sin diferencias entre
empresas contratistas y subcontratistas.
Está visto que estos acuerdos voluntarios son insuficientes.
Desde
Greenpeace estamos impulsando la aprobación de un tratado internacional
vinculante sobre transnacionales en el marco de Naciones Unidas
que asegure el desarrollo de normas obligatorias que acaben con la
impunidad actual y asegure que las personas jurídicas puedan ser
interpeladas por instituciones penales por sus actividades
extraterritoriales.
Más información:
https://es.greenpeace.org/es/noticias/actividadacs/
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