Bruselas investiga la legalidad del tratamiento otorgado por el
Gobierno español a los créditos fiscales de los que disfruta la banca
Las entidades aseguran que todo ha sido supervisado por las autoridades europeas y que no conciben un cambio de criterio
De haberlo, los bancos deberían captar más capital para asegurar su solvencia; de lo contrario, sería el Estado quien debería contabilizar esos millones como parte de las ayudas públicas para rescatar al sector financiero
Capital de no tanta calidad
"No somos Italia ni Grecia"
Las entidades aseguran que todo ha sido supervisado por las autoridades europeas y que no conciben un cambio de criterio
De haberlo, los bancos deberían captar más capital para asegurar su solvencia; de lo contrario, sería el Estado quien debería contabilizar esos millones como parte de las ayudas públicas para rescatar al sector financiero
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. |
Nos habían hecho creer que el rescate a la banca
española había concluido. Que la reestructuración financiera estaba
terminada y que la salud de nuestros bancos, según los test de estrés de octubre, era excelente. Pero no. Como si se tratase de un enrevesado guión de culebrón, la historia da un nuevo giro.
El pasado martes, Bruselas anunció que está investigando si los DTA
de la banca española son o no una ayuda ilegal de Estado (también
investiga a Italia, Portugal y Grecia). El asunto es rebuscado y
técnico, pero están en riesgo nada menos que entre 40.000 y 40.800
millones de euros, según las últimas estimaciones. Una cuantiosa receta
que, si el asunto se complica, tendríamos que abonar, de nuevo, todos
los contribuyentes españoles.
¿Qué son los DTA? Se trata de un dinero que
actualmente los bancos contabilizan como capital de máxima calidad y
gracias al cual superaron el examen de solvencia, pero que, en caso de
que cambie el criterio se traduciría en suspensos y en la necesidad de
nuevos rescates.
Los banqueros españoles, aunque
ojipláticos ante el anuncio de Bruselas, aseguran que no tienen ningún
temor. Apuntan a los intereses políticos como motivo de la
investigación. "Es un tema que tiene un componente más político que
económico por el tipo de países que estamos más afectados por los DTA.
El problema, en Europa, es que tenemos una normativa de capital
unificada para todos los bancos, pero no tenemos criterios fiscales
unificados. España e Italia tratan de forma distinta los DTA a como lo
hacen Francia o Alemania", aseguró José Sevilla, consejero delegado de
Bankia, en el XXII Encuentro del Sector Financiero celebrado esta semana
en Madrid.
Para entender un poco mejor la situación,
hay que empezar por saber de qué estamos hablando. DTA son las siglas
que responden a Deferred Tax Assets, es decir,
Activos Fiscales Diferidos. Una especie de conejo en la chistera de la
ingeniería financiera que encaja en la legalidad y del que disfrutan las
empresas en todos los países europeos, aunque cada uno los adereza al
gusto nacional.
Capital de no tanta calidad
Se trata de créditos fiscales que las empresas generan frente al Fisco
en base a unos gastos que no pueden deducirse del Impuesto de
Sociedades. Por ejemplo, el dinero que aparcan para cubrir problemas
futuros (provisiones) y el que se gastan en los planes de pensiones de
sus empleados. Ambos reducen los beneficios pero no la base imponible
sobre la que pagan impuestos, por lo que, supuestamente, su factura
fiscal es mayor de lo que debería. Por eso, el Estado calcula ese
desfase y permite contabilizarlo como un crédito con Hacienda. Si además
la compañía tiene pérdidas, éstas también podrán ser compensadas con
beneficios del futuro y engordar esos DTA. Hasta el punto de que
empresas con beneficios pueden acabar sin pagar un duro a Hacienda en
base a esas compensaciones.
La reforma financiera
española, con compras de bancos en quiebra, pérdidas abundantes y demás
estragos ha cargado a la banca de este tipo de créditos. Pero, ¿qué pasa
si esos beneficios no llegan y la compañía acaba en quiebra? ¿Paga
alguien ese dinero?
Ante las dificultades para llegar
a cobrar esos DTA en ausencia de beneficios o en caso de quiebras, los
reguladores financieros internacionales cambiaron de criterio. Las
reglas del sector, conocidas como Basilea III, han prohibido lo que
hasta entonces estaba permitido, que esos DTA pudieran ser considerados
capital de máxima calidad (aquel que es el mínimo exigible para que una
entidad sea considerada viable), y ha dado a los bancos un plazo de
cinco años para sacar esas cuantías del Core Capital Tier1, donde están
los activos de mayor calidad de los bancos.
Un regalo a la banca
¿Hay motivos para el pánico? Sin esos DTA como capital de máxima
calidad, la mayoría de los bancos, al menos los españoles, no cumplirían
los requisitos de solvencia exigidos por la regulación. Es decir, no
llegarían al capital mínimo de máxima calidad que exigen los
reguladores. Según El Confidencial,
Abanca y BNM serían las entidades con más problemas. Bankia, Sabadell y
CaixaBank también tendrían que captar más capital y solo Santander,
BBVA y Popular podrían respirar tranquilos.
En marzo
de 2013, el entonces comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia,
amplió el plazo para sacar los DTA del capital de máxima calidad de
cinco a diez años. Pero a algunos no les pareció suficiente ayuda. Para
evitar un nuevo descalabro financiero, países como Italia o España,
entre otros, echaron un capote adicional a sus bancos. Arroparon esos
DTA con la cobertura pública. España aprobó el 29 de noviembre de 2013
un real decreto que los más críticos calificaron como un regalo a la
banca, por el cual el Gobierno se comprometió a avalar la mayoría de los
DTA que los bancos españoles tenían en sus balances.
El texto servía para asegurar que, en caso de problemas, el Estado
pagaría esas cuantías derivadas de los DTA. De esta forma transformó el
derecho fiscal en dinero casi seguro que por tanto podía seguir contando
como capital de máxima calidad en los balances de la banca. Bajo este
estatus se encuentran 40.800 millones de euros. Esa decisión del
Gobierno español fue supervisada y aprobada tanto por el Fondo Monetario
Internacional como por Bruselas, que en aquellos momentos vigilaban al
sector financiero rescatado.
Gracias a eso, los bancos españoles pudieron superar con buena nota los test de estrés a los que fueron sometidos por el Banco Central Europeo, el pasado mes de octubre.
"No somos Italia ni Grecia"
Lo que ahora se plantea Bruselas es si este 'aval' es legal o
constituye una ayuda de Estado para favorecer a un determinado sector
económico. Más allá del estupor por la noticia, los banqueros españoles
aseguran estar tranquilos por haber hecho todo conforme a la ley. "Desde
junio de 2012, la reforma del sistema financiero español ha estado
supervisada hasta la última coma por Bruselas. Durante el año pasado, el
Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria realizaron una
investigación a conciencia en las entrañas de nuestros bancos. Dudar
ahora de lo que se ha hecho durante todo este tiempo no tiene ningún
sentido. No somos Italia ni Grecia", aseguran fuentes financieras.
La única explicación posible llega desde los ámbitos políticos.
Primero, la cartera europea de Competencia, en manos del español Joaquín
Almunia durante toda la crisis, ha pasado ahora a manos de la danesa
Margrethe Vestager. "A su mesa han llegado varias preguntas y
requerimientos de información por parte de diversos parlamentarios, y
tanto ella como el BCE están obligados a responder. Además, el nuevo
equipo europeo de Competencia tiene interés en este cambio de criterio",
explica otra fuente de sector.
La jugada, de acuerdo
con esas fuentes, tiene mucho que ver con el interés de Alemania por
"desviar la atención del supervisor financiero, de nuevo, a los países
del sur, y evitar que escudriñe con esmero lo que hay en su sistema
financiero". Un nuevo pulso de los alemanes contra la banca de los
países bautizados en los momentos más agudos de la crisis como PIGS
(Portugal, Italia, Grecia y España).
Aunque los
financieros consultados aseguran que los bancos españoles están fuera de
todo peligro, lo cierto es que la investigación de Bruselas sigue su
curso y si ese aval sobre los DTA es considerado como una ayuda de
Estado ilegal, la banca debería captar a toda prisa esos 40.800 millones
para cumplir con las exigencias de tener en sus balances un capital de
máxima calidad que al menos sea del 5,5%, según el escenario más
estresado de los test de esfuerzo.
De no conseguirlo,
la receta pasaría al Estado y se sumaría a los 61.500 millones gastados
directamente en rescatar a los bancos, a los que se añaden los casi 300.000 millones puestos a disposición del sector por el Estado español.
"Lo que realmente había que hacer es un seguro anticambios
regulatorios. No es coherente que cada dos años se modifiquen las leyes.
Eso no hay negocio que lo aguante", sentencia un financiero nada
contento con las noticias llegadas desde Bruselas. El asunto, en
cualquier caso, tardará mucho tiempo en resolverse.
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