On April 10, a group called
No Somos Delito or We Are Not a Crime, projected a hologram of
protesting marchers filing in front of the Parliament building in
Madrid. For the time being, virtual protests in the form of holograms
are not illegal in Spain. Incredibly, however, almost every other kind
of peaceful protest soon will be if a new law goes into effect as
scheduled on July 1.
The law on public
security — dubbed the “ley mordaza” or “gag law” — would define public
protest by actual persons in front of Parliament and other government
buildings as a “disturbance of public safety” punishable by a fine of
30,000 euros. People who join in spontaneous protests near utilities,
transportation hubs, nuclear power plants or similar facilities would
risk a jaw-dropping fine of €600,000. The “unauthorized use” of images
of law enforcement authorities or police — presumably aimed at
photojournalists or ordinary citizens with cameras taking pictures of
cops or soldiers — would also draw a €30,000 fine, making it hard to
document abuses.
The law was introduced in
2013 by the government of Prime Minister Mariano Rajoy, whose
conservative party enjoys a majority in both houses of Parliament. The
lower house approved the law in December, and, despite pleas from rights
groups and the United Nations, the Senate approved it last month.
The
law’s main purpose, it appears, is to help the ruling party maintain
its hold on power by discouraging the anti-austerity protests that have
snowballed into widespread support for the populist Podemos party.
Podemos looks set to make major gains in elections this year.
The
European Commission should act swiftly to condemn the new law. Maina
Kiai, the special rapporteur at the United Nations on the rights to
freedom of peaceful assembly, has urged Spanish lawmakers to reject the
measure, arguing: “The rights to peaceful protest and to collectively
express an opinion are fundamental to the existence of a free and
democratic society.” Spain’s new gag law disturbingly harkens back to
the dark days of the Franco regime. It has no place in a democratic
nation, where Spaniards, as citizens of the European Union, have more
than a virtual right to peaceful, collective protest.
TRADUCCIÓN: El pasado 10 de abril un grupo llamado “No somos delito
proyectó un holograma de manifestantes marchando frente al edificio del
Congreso en Madrid. De momento, las protestas virtuales con hologramas
no son ilegales en España. Increíblemente, sin embargo, casi cualquier
otra clase de protesta pacífica si l será si una nueva ley entra en
vigencia el 1 de julio, como está planeado.
La Ley de Seguridad Pública, llamada popularmente “ley mordaza”, definirá la protesta por parte de personas reales en frente del parlamento y otros edificios oficiales como “una alteración de la seguridad pública”, sancionable con una multa de 30.000 euros. La gente que se una espontáneamente a protestas frente edificios públicos, centros de transporte, plantas nucleares o lugares similares se arriesgan a recibir una exorbitante multa de 600.000 euros. El “uso no autorizado” de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, -presumiblemente dirigida contra fotoperiodistas o ciudadanos ordinarios que tomen fotos de policías o soldados con sus cámaras- conllevará una multa de 30.000 euros, lo que hará difícil documentar abusos.
La ley fue propuesta en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy, cuyo partido conservador goza de mayoría en ambas cámaras. El Congreso aprobó la ley en diciembre y, a pesar de los ruegos de grupos de derechos humanos y de Naciones Unidas, el Senado la aprobó el mes pasado.
El principal objetivo de la ley, por lo que parece, es ayudar a mantenerse en el poder al partido del gobierno, desanimando las protestas contra la austeridad que se han transformado en un apoyo generalizado al populista partido Podemos. En las elecciones de este año, Podemos parece destinado a lograr grandes resultados.
La Unión Europea debería actuar rápidamente condenando la nueva ley. Maiana Kaiai, comisionada especial de Naciones Unidas para los derechos de libertad de reunión pacífica, ha urgido a los diputados españoles para que rechacen la medida, arguyendo que “los derechos de protesta pacífica y de expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. La nueva Ley Mordaza española hace retroceder hasta los oscuros días del régimen franquista. No tiene lugar en una nación democrática en la que los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual a la protesta pacífica y colectiva.
La Ley de Seguridad Pública, llamada popularmente “ley mordaza”, definirá la protesta por parte de personas reales en frente del parlamento y otros edificios oficiales como “una alteración de la seguridad pública”, sancionable con una multa de 30.000 euros. La gente que se una espontáneamente a protestas frente edificios públicos, centros de transporte, plantas nucleares o lugares similares se arriesgan a recibir una exorbitante multa de 600.000 euros. El “uso no autorizado” de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, -presumiblemente dirigida contra fotoperiodistas o ciudadanos ordinarios que tomen fotos de policías o soldados con sus cámaras- conllevará una multa de 30.000 euros, lo que hará difícil documentar abusos.
La ley fue propuesta en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy, cuyo partido conservador goza de mayoría en ambas cámaras. El Congreso aprobó la ley en diciembre y, a pesar de los ruegos de grupos de derechos humanos y de Naciones Unidas, el Senado la aprobó el mes pasado.
El principal objetivo de la ley, por lo que parece, es ayudar a mantenerse en el poder al partido del gobierno, desanimando las protestas contra la austeridad que se han transformado en un apoyo generalizado al populista partido Podemos. En las elecciones de este año, Podemos parece destinado a lograr grandes resultados.
La Unión Europea debería actuar rápidamente condenando la nueva ley. Maiana Kaiai, comisionada especial de Naciones Unidas para los derechos de libertad de reunión pacífica, ha urgido a los diputados españoles para que rechacen la medida, arguyendo que “los derechos de protesta pacífica y de expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. La nueva Ley Mordaza española hace retroceder hasta los oscuros días del régimen franquista. No tiene lugar en una nación democrática en la que los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual a la protesta pacífica y colectiva.
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