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| Carlos Díaz y Ainhoa Ruiz. Foto: Meritxel Rigol |
Detectan que dar respuesta a la seguridad nacional se ha convertido en un nicho de mercado cada vez más lucrativo. ¿Qué condiciones permiten que sea así?
Ainhoa Ruiz: El complejo militar-industrial, sin renunciar al espacio al que ha estado más vinculado, a la industria de hacer la guerra, a la industria del conflicto armado, ahora se adapta a un contexto en el que la seguridad se transforma y se convierte en un eje central de los Estados, igual que lo era la defensa. Ahora se refuerza el discurso de la seguridad interna.
Carlos Díaz: Cuestiones que tendrían que atenderse desde asuntos sociales, como las migraciones y sus causas, sufren un proceso de securización. Se ven como una amenaza. Así se trata desde los medios de comunicación y, en buena medida, así lo percibe una mayoría de la sociedad. Esto posibilita que empresas transnacionales se legitimen para entrar en este negocio, auspiciadas por los Estados
La idea de seguridad nacional está formada por una amalgama de elementos muy diversos, desde la radicalización violenta y el terrorismo, al cambio climático, la inestabilidad económica o, como mencionabais, los flujos migratorios. ¿Qué impacto tiene en los derechos de las poblaciones que se aborden hechos tan diversos bajo la misma óptica securitaria?
A.R: Cuando aparece esta securización, cuestiones sociales pasan a tratarse como cuestiones de seguridad y se mantiene la ideología militarista para proveerla. Cuestiones como la migración se tratan desde una perspectiva coercitiva y con el uso de la fuerza, con la vulneración de derechos humanos que esto comporta. No solo afecta a la gente externa del Estado con el despliegue de las empresas de seguridad privada, el comercio de armas y lo que hay alrededor de esta industria. También afecta internamente. Empiezan a aparecer amenazas que los Estados consideran que pueden vulnerar la cohesión interna y esto empieza a extender la seguridad de la vigilancia, como pasó en los Estados Unidos después de los atentados del 11 de setiembre. Se aprobó la Patriot Act y comportó la expansión de muchas medidas que permitieron, en un contexto de terrorismo transnacional, mucho más el control interno de la población. Esto permite una expansión de la seguridad de la vigilancia que afecta nuestros derechos. El derecho a la privacidad sería el principal. Otras leyes, como la ley mordaza, estarían dentro de este contexto de ‘tenemos que controlar la sociedad, por su propia seguridad’. Comporta que asumamos controles que no tendríamos que asumir.
C.D: Muchas de las vulneraciones de derechos humanos que hemos encontrado a partir de observar cómo trabajan las empresas militares y de seguridad privada en contextos operacionales como la gestión de las fronteras, en la mayoría de casos, son impactos a los derechos humanos más vitales, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Ha habido muchísimas muertes y muchos de los casos no han llegado a someterse a un procedimiento judicial. Muchos se desestiman o se olvidan. Cada vez hay más impactos en los derechos humanos y quedan en el aire. No se juzgan por la poca regulación del sector. Lo que existe es una autoregulación de las empresas de seguridad privada y militares. Es una forma de legitimarse, pero hay una falta absoluta de transparencia de su actividad y de los contratos que firman con las administraciones públicas. Sin una regulación vinculante, no se pueden juzgar y la rendición de cuentas no existe.
Dentro de la industria militar -que va mucho más allá de la producción de armamento-, el control fronterizo y la ciberseguridad serían las piezas más lucrativas que detectáis en el sector. ¿Destacarías alguna otra actividad de esta industria militar cada vez más diversificada?
C.D. No hay que olvidar que actúan en el contexto de las empresas extractivas. Sobre todo, en África subsahariana, con la extracción de minerales y gases. Contratan a personal de seguridad privada para controlar todos estos espacios y para asegurar el transporte a los puertos o aeropuertos y la exportación a los Estados Unidos y Europa. También lo hemos visto, por ejemplo, en Marruecos, en el puerto de Tánger. G4S, con sede en el Reino Unido, asegura todo el perímetro del puerto de Tánger y hace que esté participando del expolio extractivo que se está haciendo en territorio saharaui. El control fronterizo es el contexto operacional de estas empresas más mediático, pero tampoco tenemos que olvidarnos de las prisiones y los CIEs.
A.R. Dentro del contexto de externalización de la gestión de las fronteras, que ya no quiere gestionarse dentro de los Estados miembros de la Unión, sino en los países de origen, con dinero público de la AECID [Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo] se construyó un CIE en el norte de Libia, que recibió numerosas denuncias por vulneración de derechos humanos.
¿Son los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos los que marcan un antes y un después en el contexto de securización? ¿Da pie al modelo de seguridad que hoy se ha exportado y extendido en Europa?
A.R. El 11 de septiembre lo que hace es consolidar la práctica de la securización, que ya era una tendencia en la seguridad en los años 90. Se crea el departamento de Homeland Security y vemos como se securitizan muchos aspectos sociales: infraestructuras, el modelo económico, la migración… Y no solo se consolida, sino que se extiende. Estados Unidos pide a los otros países occidentales que ‘se protejan’, que desarrollen todas estas medidas de control social. Entienden que si sus aliados están desprotegidos, ellos también lo estarán. La Unión Europea entra en la dinámica de implementación de estas políticas.
C.D. Con la invasión de Iraq, Estados Unidos privatiza el negocio de la fuerza. Consolida la aparición de empresas de seguridad privada que trabajaban como si fueran el departamento de defensa. En Iraq hubo una proliferación de empresas militares y de seguridad privada y fueron creciendo para hacerse un lugar en este nuevo sector que había nacido. Las empresas transnacionales vieron el mercado un poco saturado y se fueron a África y a otros lugares del Próximo Oriente, pero Iraq se quedó con la proliferación de empresas que aún vulneran derechos humanos de la población civil. Hay el caso de Blackwater. Actualmente se llama Frontier Services y su cabeza, Erik Prince, tiene contacto directo con la administración Trump. Su hermana, Betsy DeVos, es la secretaria de Educación. En Blackwater trabajaban como mercenarios y una de las masacres más graves que protagonizaron estas empresas de seguridad privada en el país fue en Nisour Square, donde mataron a 17 civiles. Fue un ataque indiscriminado contra la población civil. Este caso se acaba de juzgar. Juzgaron a tres trabajadores de esta empresa de seguridad privada, y el juez ha desestimado la demanda.
¿La norma es que las vulneraciones de derechos humanos provocadas por la actividad de estas empresas queden impunes?
C.D. De los 215 casos verificados, solo 102 llevaron a un proceso judicial (menos del 50%), y de los 102 que entraron, menos de un 15% acabaron con una reparación para las víctimas. Ahora empezamos a desglosar a las víctimas por género para saber contra qué derechos impacta más la actividad de estas empresas, que están totalmente protegidas por el aparato estatal. Los Estados son culpables de lo que hacen detrás de estas empresas militares. Nunca el Estado podrá ser acusado porque la actividad está externalizada.
A.R. Esta es una razón por la que se privatiza. Si privatizas la guerra, como si privatizas cualquier otro sector, te permite hacer lo que quieras, la rendición de cuentas es más compleja. Las bajas que se producen en estas empresas de seguridad privada son bajas que no cuentan como los soldados. Políticamente, no es lo mismo llevar los cadáveres de 20 soldados que los de 20 que eran trabajadores de una empresa de seguridad. El impacto social que tiene y el rechazo que puede tener la gente ante la guerra no es el mismo.
¿Tiene el auge de la extrema derecha en Europa un papel en el auge de las políticas de securización?
C.D. Tiene mucho que ver, porque estamos hablando del ejercicio del uso de la fuerza y la derecha siempre ha estado relacionada con este. Hay una empresa de seguridad privada con sede en Barcelona y con una franquicia en Málaga y otra en Mallorca, Desokupa, que lo que hace es de extrema derecha. Participan en mítines de Vox. También en la Falange. Esto lo tenemos registrado en Barcelona ahora mismo, no como partido político, sino como empresa que está ganando cinco millones de euros anuales. España era de los pocos Estados de la Unión Europea sin partidos de extrema derecha -que no ideas de extrema derecha-. Esto ha caído con las elecciones en Andalucía. Hay partidos que han sabido ver que pueden llegar a muchas personas con un discurso fácil, como ha pasado en Francia, Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Austria… Ahora por desgracia ha pasado aquí.
A.R. A la extrema derecha le interesa inducir el discurso fácil de ‘el otro’ como enemigo y desviar todas las desgracias internas de un Estado hacia quien viene de fuera de él. En un contexto de securización, lo que hacen es reforzar este discurso, latente en las políticas. Está influenciando mucho a partidos que no tienen en su programa electoral esta vertiente tan racista y xenófoba y que la están absorbiendo, porque es muy electoralista. La extrema derecha va construyendo la valla mental para que te convenzas de que la valla física es necesaria, que los controles fronterizos son necesarios, y que el control social es necesario.
¿Qué modelo de seguridad alternativo al del contexto de securización predominante en Europa esbozáis? ¿Qué lo definiría?
A.R. La seguridad no tiene que estar enfocada a los Estados, sino a las personas. Se deben procurar las herramientas para desarrollarse: garantizar acceso a la educación, a la sanidad, a derechos básicos. Esto garantiza construir seguridad colectiva y es lo que no estamos haciendo. Al hablar de seguridad colectiva está siempre la narrativa militarista. Hablamos de la OTAN, de alianzas militares, cuando tendríamos que estar hablando de desarmamento, de reducir el gasto militar y de políticas que reviertan las privatizaciones y que puedan asegurar las necesidades básicas de las personas. Con esto ya construyes otro modelo de seguridad. Pero cambiar el paradigma de la seguridad implica erosionar los privilegios de la industria, en general, no solo la militar de seguridad, porque si tú haces la vivienda pública para proveer de seguridad a la población, estás erosionando el poder de un determinado colectivo. Por eso no acaba de encajar otro modelo de seguridad, porque va en contra de los intereses de las grandes élites económicas. Las leyes que defienden la economía neoliberal van en contra de garantizar seguridad a todas las personas, porque van en contra de garantizar derechos básicos.
¿Entonces, cómo acercarnos a esta otra seguridad, garante de derechos?
A.R. Hay que introducir la narrativa de la seguridad humana. Los Estados nos dicen que la amenaza principal que vivimos son los procesos migratorios, el terrorismo… pero el día a día de las personas está muy desconectado de estas amenazas. Las amenazas son el paro; el acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad… el día a día de las personas es el que marca el grado de seguridad que tiene una sociedad. Hay una desvinculación completa entre las políticas que el Estado desarrolla en materia de seguridad y lo que realmente construye seguridad colectiva, que pide erosionar a la élite económica que se beneficia de que recursos necesarios para la seguridad de las personas y, así, de la sociedad en conjunto, sean recursos que se compran y venden en el mercado.
C.D. Hace falta aterrizar el concepto de seguridad humana a la ciudadanía, hacer campañas para dar a conocer que hay una alternativa a las políticas de seguridad de hoy en día. Con este modelo de seguridad humana, de seguridad con las personas en el centro, sería súper importante que las administraciones públicas tengan una guía de contratación pública para no contratar empresas que saben que han vulnerado derechos humanos. Hay municipios que, por ejemplo, contratan empresas israelitas cuando están vulnerando sistemáticamente derechos humanos en territorios palestinos.
Adviertens que en los próximos años el sector de la seguridad contará con mayores cantidades de dinero invertido por parte de los Estados europeos
A.R. Se está erosionando el proceso democrático de toma de decisiones sobre la seguridad, porque hay un actor con intereses económicos que está colaborando en construir las políticas públicas. Se han creado lobbies publico-privados. No sabemos las decisiones que se toman en los foros en los que participan. Su influencia va dirigida a blindar fronteras, a desarrollar aún más el sistema de control y, al final, el sistema de la guerra. Nos hacen creer que frenar el terrorismo es cosa de las intervenciones militares en terceros países cuando provoca más radicalización entre la población local, que siente sus derechos vulnerados.
C.D. Erik Prince, fundador de Blackwater, quiere privatizar la guerra en Afganistán. Dice que con menos de la mitad de los soldados norteamericanos que ahora hay controlaría el país. ¿Hasta qué punto, como empresario, no quiere legitimar el conflicto eternamente para que su empresa obtenga beneficios? Las empresas de seguridad nunca pagaran por sus acciones si no hay un marco regulatorio vinculante. Urge un marco legal internacional.
Fuente: https://www.lamarea.com/2019/01/02/politicamente-no-es-lo-mismo-llevar-los-cadaveres-de-20-soldados-que-los-de-20-trabajadores-de-una-empresa-de-seguridad/
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