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Uno de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica, MST nació para presionar a favor de una reforma agraria en un país donde la propiedad de la tierra ha estado históricamente muy concentrada. Apoyan sus reivindicaciones en un apartado de la Constitución que establece que las tierras improductivas no cumplen su función social. Sus asociados, estimados en medio millón de familia, reprueban oficialmente la lucha armada y no han promovido atentados contra autoridades o civiles. Matar y robar tampoco forma parte de la doctrina la organización, que sí ocupa tierras que considera improductivas, algo que quita el sueño de los grandes ruralistas brasileños. Acampan en los terrenos, cultivan para su propia subsistencia y comercializan lo que les sobra.
Los agricultores del MST están en la actualidad entre los principales productores de productos orgánicos de Brasil –en el caso del arroz, ya son los mayores de Latinoamérica– y sus productos llegan tanto en escuelas públicas como a los mercados europeos.
Aun así las amenazas de Bolsonaro han sido claras. “Activistas del MST, vuestra hora está llegando. Vuestra actividad es criminal y entiendo que también es terrorista”, proclamó cuando aún estaba en campaña. Sus aliados en el Congreso han presentado un proyecto para reformar la ley antiterrorista de modo que incluyera la ocupación de tierras. El nuevo ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, también proclamó en campaña que las invasiones de tierras deberían ser respondidas a balazos. La semana en que Salles, líder de un movimiento ultraconservador denominado Endireita (Endereza), fue anunciado como futuro ministro dos agricultores del MST en Paraíba, en el noreste de Brasil, fueron asesinados por hombres enmascarados. Con Bolsonaro en el poder, la acción de estos lobos solitarios puede aumentar, advierte João Stédile, dirigente nacional del Movimiento de los Sin Tierra. “Cuando la disputa entra en este nivel, ¿quién va a perder? Nosotros”, dice.
Aunque entre los grupos de seguidores de Bolsonaro proliferan las imágenes de activistas de MST cortando carreteras, la vida cotiana del movimiento es más serena. En Laranjeiras do Sul, un municipio de 30.000 habitantes en el sur de Brasil, un inmenso mar verde de plantaciones se extiende por cinco localidades. Allí viven más de 5.600 familias que ya están en tierras distribuidas por el Gobierno o aún movilizados a la espera de sus propiedades en acampamentos del MST.
Gomes explica que participó en aquella ocupación de tierras con el MST en 1997 porque, según relata, compartía una pequeña granja con las familias de sus seis hermanos y de su padre. No era suficiente. “Tenía 43 años y estaba desesperado”, recalca. Cuatro años después, el Gobierno cedió y convirtió aquel terreno en un asentamiento para las 74 familias acampadas. Cada una de ellas adquirió un trozo de 12 hectáreas para cultivar leche, arroz, frijoles y hortalizas para su consumo. Poco a poco la vida fue mejorando.
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Heredero de organizaciones campesinas vinculadas a partidos de izquierdas y a la Iglesia católica, el MST nació en plena transición democrática a finales de los setenta. Aun hoy en Brasil cerca del 1% del total de propiedades rurales ocupan cerca del 50% del área rural. Y la concentración se ha incrementado, empujada por un sector cada vez más pujante: la industria agropecuaria supone el 23,5% del PIB de Brasil en 2017, según entidades del sector.
La élite agropecuaria siempre tuvo influencia en el Congreso e incluso en los Gobiernos del Partido de los Trabajadores, a quien el MST apoyaba. Ahora, sin embargo, cambiaron de patamar de poder con Bolsonaro. Mientras el MST califica sus acciones de “ocupaciones”, sus críticos prefieren el término “invasiones”. Pero estos embates no son solo retóricos. La Comisión Pastoral de la Tierra, vinculada a la Iglesia católica, contabilizó 71 asesinatos de indígenas, activistas y agricultores en 2017, la mayor cifra de los últimos 14 años. En los últimos 30 años fueron asesinados más de 1.600.
“No creo que MST sea un grupo terrorista, como dice Bolsonaro, pero actúa en la ilegalidad”, opina el profesor Antônio Márcio Buainain, experto en cuestiones agrarias. “Es legítimo presionar por una demanda, pero el límite de esa legitimidad es la ley”, argumenta. Stédile, el líder del movimiento MST, le rebate: “El Código Penal dice que una invasión se produce cuando una persona invade propiedad de otra para sacar provecho propio. (Nosotros lo) hacemos por presión política”. A las familias solo puede expulsarlas un juez, algo que el MST teme que pueda ocurrir con más frecuencia, por influencia del nuevo presidente.
El especialista en temas agrarios cuestiona también si, a estas alturas, la reforma agraria del MST es el instrumento más adecuado para los problemas del campo en Brasil. Con la mecanización, hay cada vez menos trabajadores rurales. En 1985 eran 23 millones, hoy son 15 millones. “Muchos asalariados en el campo ya perdieron el vínculo con la tierra”, dice. También explica que las tierras improductivas de hoy no reflejan necesariamente especulación. “Son improductivas porque las inversiones necesarias superarían los beneficios”, argumenta. “Lo importante no es la tierra, sino la capacitación técnica, la conexión con los mercados, la capacidad de emprender”.
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Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/12/13/actualidad/1544736443_496134.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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