No todo es Goldman Sachs: las otras puertas giratorias de la Comisión Barroso

El expresidente portugués de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. EFE

 Rafael García-Valdecasas, uno de los tres miembros del Comité de Ética de la Comisión Europea y ex Juez del Tribunal General de la UE, señaló hace meses en unas conferencias que consideraba insuficientes los 18 meses post-mandato en que los comisarios europeos no pueden entrar en una empresa relacionada con los sectores que estos han tenido bajo su supervisión. El motivo fundamental, a su juicio, se debía a que hasta el momento éstos reciben una indemnización por cese de 3 años.

Unas palabras a las que ha venido a dar la razón nada menos que quien fue presidente de la Comisión Europea entre el 23 de noviembre de 2004 y el 31 de octubre de 2014, José Manuel Durao Barroso. Quien fue también ex primer ministro luso en la época de la famoso foto de las Azores acaba de anunciar que empezará a trabajar este mes para Goldman Sachs, quizá la empresa que mejor ha simbolizado los desmanes que provocaron la gran crisis financiera cuyas consecuencias aún padecemos.

Es decir, el anuncio se ha producido transcurridos unos pocos días de los 20 meses de la finalización del mandato de Barroso al frente del Ejecutivo comunitario. Además de tan sólo dos meses después de que el portugués anunciase su intención de retirarse de la política para dedicarse a la empresa privada, justo al cumplirse el mencionado periodo de 18 meses.

Pero más allá de lo cuestionable de la fecha de un anuncio que podría parecer precipitado entra en cuestión el fondo del asunto: el paso a la empresa en sí. Así, la UE tiene un Código de Conducta de los Comisarios que incluye el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE que, a su vez, establece: “Los miembros de la Comisión deben desempeñar sus funciones en el interés general de la Unión, lo cual requiere que se abstengan de cualquier acto incompatible con la dignidad y las obligaciones de su cargo, durante su mandato y después de la finalización del mismo”.

Es decir, que los miembros de la Comisión no deberían ejercer ninguna actividad profesional, retribuida o no, aun después de finalizar su mandato si esto entrase en conflicto con "cumplir los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación de determinadas funciones y beneficios al finalizar su mandato”. Sin embargo, aunque dicha obligación les acompañe de por vida, no se les requiere comunicar sus actuaciones más allá de los 18 meses posteriores a su mandato.

Por tanto, no parece que, en la práctica, Barroso se vaya a encontrar con grandes obstáculos por parte de la Comisión Europea toda vez que ayer lunes su portavoz haya declarado que "Juncker tiene como regla no comentar sobre predecesores". Además, en el peor de los casos, el luso tan solo tendría que renunciar a su pensión; algo que a partir de ahora, quedaría generosamente compensado por Goldman.

Y es que, después de todo, el último movimiento de Barroso es tan sólo uno más de una cuando menos cuestionable sucesión de ellos por parte de los antiguos miembros de su Ejecutivo. De hecho, ya hace meses, Corporate Europe denunció que al menos otros ocho fichajes de cuatro excomisarios por diversas empresas no deberían haber sido autorizados por "conflicto de intereses".

Estos corresponderían a la incorporación de la hasta tres veces Comisaria y Vicepresidenta primera durante el último mandato de Barroso Viviane Reding a los consejos de la minera Nyrstar, a Agfa Gevaert y a la Fundación Bertelsmann. También de los servicios de consultoría que el excomisario de Administración, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Siim Kallas ha prestado a la compañía de nuevas tecnologías Nortal; a la incorporación de quien fue en los dos periodos del portugués, primero Comisaria de Competencia y después de Agenda Digital, Neelie Kroes, a Bank of America Merrill Lynch y Uber; y de los servicios prestados por el excomisario de Comercio, Karel De Gutch, quien fue el responsable de dar comienzo a las negociaciones del TTIP, a las compañías de fondos de inversión y de gestión de activos CVC y Merit Capital, así como a la teleco Belgacom.

Tampoco resulta factible que vaya a ser precisamente un paso a Goldman Sachs el que reciba la atención de las principales instituciones de poder comunitario dado que su relación con la multinacional estadounidense parece especialmente bien engrasada. Especialmente, si se tienen en cuenta los acontecimientos de la última década en Europa, justo la que coincide con el mandato de Barroso, en la que, por ejemplo, dos exdirectivos de Goldman Sachs accedieron a puestos clave para el devenir económico de la Eurozona.

En primer lugar, el 1 de noviembre de 2011, el que había sido gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi fue nombrado presidente del Banco Central Europeo (BCE). Anteriormente, el italiano había dejado sus cargos como Director General del Tesoro y Presidente del Comité de Privatizaciones de su país para convertirse en asesor principal de Goldman Sachs para Europa hasta 2006.

A continuación, 16 de noviembre de 2011, el economista y político Mario Monti, fue el encargado de encabezar el "gobierno técnico" responsable de implementar en Italia las reformas y las medidas de austeridad exigidas por la Unión Europea. Anteriormente, Monti había trabajado para Goldman Sachs como asesor de su división internacional y también fue Comisario europeo.

Además, el 11 de noviembre de ese mismo año, Lucas Papademos se convertía en el nuevo primer ministro de Grecia. El griego había sido gobernador del Banco Central de su país entre 1994 y 2002; y, por tanto, participó en la operación de falsificación de las cuentas púbicas helenas en las que resultó un actor imprescindible... ¡Goldman Sachs!

O en sentido contrario, los casos de Otmar Issing y Huw Pill, quienes pasaron de las oficinas del Banco Central Europeo, a convertirse en consejero internacional y economista jefe de la división europea de Goldman Sachs en 2007 y 2011, respectivamente. Toda una serie de movimientos que dan pie a las especulaciones sobre si existen las suficientes salvarguardas para protejer el interés público desde las instituciones comunitarias.

Más aún cuando estos hechos no son en absoluto exclusivos del sector financiero. Así, los grupos de interés de las grandes empresas energéticas, el conocido como Big Energy lobby, también se han caracterizado por los fichajes a través de las puertas giratorias de Bruselas.

Otro ejemplo que, a juicio de Corporate Europe, demostraría que las normas actuales de las instituciones europeas sobre puertas giratorias no son lo suficientemente estrictas para eliminar el riesgo de que vayan en aumento los conflictos de intereses y la influencia excesiva de las grandes empresas. Así, en relación con este sector el 'think tank' de Bruselas destaca casos como el del funcionario de la Comisión, Marcus Lippold.

Lippold, tras trabajar en ExxonMobil, pasó a trabajar para la Dirección General de Energía, donde era responsable de la cooperación con la OPEP. Actualmente, se encuentra en excedencia de la Comisión porque trabaja para Saudi Aramco, la mayor empresa de petróleo y gas del mundo.

O el caso de la asesora especial de la Comisión Nathalie Tocci, quien a la vez que es Asesora Especial de la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, es miembro del Consejo de Edison. Es decir, la autodenominada "empresa energética europea más antigua de Europa”, propiedad del gigante energético francés EDF.

Corporate Europe también destaca otro caso que, sin duda, es el que resulta más cercano a España: se trata de Joaquín Almunia. Así, quien fue Comisario de Competencia en la segunda Comisión Barroso y de Economía en la primera, habría sido remunerado como miembro del 'comité científico' que ha redactado el estudio titulado “Building the Energy Union to Fuel European Growth” (“Construyendo la unión energética para alimentar el crecimiento europeo”) que corrió a cargo de una consultoría con fines de lucro por encargo de Enel.

Así, las cosas, para Corporate Europe limitar las incompatibilidades de los excomisarios que señalaba García-Valdecasas a ajustarlas al periodo en que estos reciben la pensión, resultaría claramente insuficiente. Sin embargo, según señalba el jurista, "la influencia de un ex alto cargo puede ser muy importante durante seis meses, pero en 2 o 3 años es prácticamente nula ya que la vida económica va a un ritmo tan rápido, que lo que hayas decidido como ministro ya no vale para nada”. Quizá por ello, a partir de este periodo legislativo, las mencionadas pensiones de los excomisarios pasarán a tener una duración de dos años.


Fuente:  http://www.elboletin.com/smartphone2/internacional/136914/goldman-sachs-puertas-giratorias-barroso.html

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