La actualidad mundial es especialmente convulsa y la
creciente crisis en Turquía compite con otras noticias. Para muchos, el
intento de golpe de Estado de la semana pasada y sus consecuencias son
un recordatorio de la creciente inestabilidad mundial y de la cercanía
del peligro, ya que Turquía es un destino turístico popular. Sin
embargo, es importante no perder de vista lo siguiente: el gobierno
turco, cuyas tendencias represivas van en aumento, está librando una
guerra contra la democracia con la complicidad de nuestros gobernantes.
Turquía es nuestro aliado en la OTAN. Es un mercado prioritario para
nuestras exportaciones de armas, cuyo valor asciende a 550 millones de
libras (660 millones de euros). La nueva primera ministra de Reino Unido
ha mostrado su firme apoyo al gobierno democráticamente elegido de
Turquía así como a sus instituciones. En vez de condenar las medidas
represivas de la última semana, Theresa May se ha limitado a recordar
que "Turquía debe respetar el orden constitucional" y ha reafirmado la
importancia del Estado de derecho.
Analicemos los hechos. Turquía tiene un extenso
historial de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, sus
aliados occidentales no han alzado la voz contra estas acciones, que no
han tenido ningún tipo de consecuencia para el gobierno turco.
En el contexto del conflicto con las guerrillas kurdas que
reivindicaban su independencia en la década de los noventa, las fuerzas
de seguridad turcas destruyeron más de 4.000 pueblos y asentamientos, a
menudo con incendios que arrasaban con todo. El balance fue de cientos
de miles de desplazados y más de 30.000 víctimas mortales. Turquía es
uno de los países con más periodistas en la cárcel. "Desde 2013, el
gobierno ha ido aumentando su autoritarismo y su intolerancia hacia los
disidentes y ha impulsado medidas extremas, como por ejemplo silenciar a
los medios de comunicación", indica Andrew Gardner, el analista de
Amnistía Internacional para Turquía.
La situación no
hizo más que deteriorarse después de que el conflicto con los
guerrilleros kurdos se reanudara en julio de 2015. Según Amnistía
Internacional, la presión del gobierno sobre los medios de comunicación
durante ese periodo no tiene precedentes. El gobierno utilizó las leyes
antiterroristas para impulsar enjuiciamientos masivos. El pasado
septiembre, un grupo de abogados británicos redactó un informe sobre el
pésimo historial de derechos humanos de Turquía y denunciaron la falta
de independencia del poder judicial, la censura en internet, las
limitaciones a la libertad de expresión y el trato degradante que sufren
los detenidos. "Los aliados de Turquía han estado inusitadamente
callados y no han pedido a Turquía que ponga fin a estas violaciones",
señala Gardner. El gobierno de Reino Unido no puede estar en absoluto
sorprendido por la actuación del gobierno turco durante la ultima
semana. En los últimos años ya había apuntado maneras.
Según Hisyar Özsoy, uno de los portavoces del Partido Democrático de
los Pueblos (HDP) –el principal partido de izquierdas en la oposición–,
"Europa ha mostrado al gobierno autoritario de Erdogan su cara más
amable porque cree que este puede frenar temporalmente la llegada masiva
de refugiados".
El intento de golpe de Estado de la
semana pasada no tiene justificación; en eso deberíamos estar todos de
acuerdo. "Para nosotros, mostrar nuestro rechazo fue una cuestión de
principios, aunque creamos que las instituciones democráticas del país
tienen defectos muy graves", afirma Özsoy.
Los
golpistas deben rendir cuentas ante la justicia por los crímenes que han
cometido. Amnistía Internacional afirma que atacaron a la multitud
desde helicópteros. "Eso es lo que tiene que ser, justicia", indica
Gargner. También deberán rendir cuentas aquellos civiles que, bajo la
atenta mirada de los agentes de policía, atacaron a soldados que iban
desarmados.
La "justicia" no tiene nada que ver con
mantener a los arrestados incomunicados en centros de detención que no
son los oficiales. No tiene nada que ver con darles un trato degradante
durante la detención, como se desprende de las fotografías de soldados
acusados de haber participado en la intentona de golpe, con moratones y
heridas en la cara. Bajo ningún concepto "justicia" implica la
reinstauración de la pena de muerte, como han avanzado algunos altos
cargos del gobierno. La duración de las condenas también tiene que ser
proporcionada. Entre los 7.500 detenidos se encuentran muchos jueces y
fiscales. No son sospechosos de haber participado en el intento golpista
sino que están siendo interrogados a causa de su ideología política.
Nuestros aliados turcos utilizan la intentona de golpe de Estado como
excusa para llevar a cabo una purga masiva de más de 50.000 personas,
entre las que se encuentran profesores y decanos universitarios. A
muchos periodistas les han revocado la acreditación de prensa y no
pueden trabajar.
"Se está convirtiendo en un castigo
colectivo", afirma Özsoy: "La represión se está expandiendo y afectará a
toda persona que no apoye al gobierno". Como señala Gardner, se los
discrimina en base a sus opiniones políticas. Todas las víctimas de la
purga sufrirán las consecuencias en carne propia, con condenas o con la
pérdida de su medio de subsistencia. También sufrirán las consecuencias
la ya de por sí maltratada democracia turca, el sistema laico y la paz y
la seguridad. "El país está al borde de una guerra civil", alerta
Özsoy. Occidente cree que mirando hacia otro lado obtendrá favores del
gobierno, especialmente en lo relativo a los refugiados. Sin embargo,
como señala el HDP, ¿a qué precio? Si Turquía cae presa de la
polarización política, la violencia y el conflicto, en especial con los
guerrilleros kurdos, ¿cuáles serán las consecuencias no solo para el
país sino también para Europa y Oriente Medio? El intento de terminar
con la oposición en Turquía tal vez no será un proceso tan limpio como
afirman los matones de Erdogan.
Y es precisamente en
este punto donde el papel a desempeñar por el Reino Unido y Occidente es
crucial. Siempre que se habla de la actitud de los aliados de Occidente
frente a determinadas acciones de los países aliados y se cuestiona su
responsabilidad, la respuesta suele ser relativista: ¿Y qué hay de las
acciones mucho más condenables de regímenes cuya enemistad con Occidente
es más que conocida, como Corea del Norte? ¿Por qué no hay protestas
ante la embajada de Corea del Norte en Londres?
Nuestros gobiernos no son los cómplices del totalitarismo de Corea del
Norte. No proporcionan armas a los dictadores del país, no los apoyan y
tampoco son sus aliados. De hecho, nuestros gobiernos a menudo condenan
las violaciones de derechos humanos de este país.
En
cambio, cuando tienen que lidiar con las acciones de aliados como
Turquía nuestros gobiernos no logran condenarlos públicamente y mucho
menos impulsan medidas para que estos actos tengan consecuencias para
sus responsables. Si nosotros, como ciudadanos, presionamos a nuestros
gobiernos para que no se queden de brazos cruzados cuando un país como
por ejemplo Turquía, Israel o Arabia Saudí comete una violación de los
derechos humanos, tal vez exista la posibilidad de propiciar el cambio.
Con demasiada frecuencia, la política occidental apuesta por la
"estabilidad" en detrimento de la democracia. Los aliados occidentales
de Turquía tienen la responsabilidad de defender los derechos y
libertades fundamentales y de apoyar el proceso de democratización de
los países aliados. No hacerlo pone en riesgo la paz y la seguridad
mundiales. Tal vez estos sean tiempos convulsos y se cometan muchas
injusticias, pero si crees en los valores democráticos y en los derechos
humanos tienes la responsabilidad de pedirle a tu gobierno que defienda
estos principios.
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