El celador del hospital relata que quedó impresionado por la cantidad de tranquilizante que se le había suministrado a la madre. Recuerda que había orden de mantener la puerta siempre cerrada y no perder de vista a la parturienta bajo ningún concepto. A él y a los otros dos compañeros que se turnaban las 24 horas les explicaron que aquella paciente era una esquizofrénica “peligrosa”, pero él asegura que no era cierto. “Más bien al revés. Parecía un secuestro”, relató. “Había un mutismo general”, justificó a la juez. Si alguien hablaba, “enseguida se acababa el contrato”.
Después de que a Paula se le administrara la tercera pastilla del ansiolítico hipnótico, llegaron cuatro mujeres. Dos que no llevaban bata blanca entraron en el cuarto y mandaron marchar a todo el mundo, describe el celador. Cuando salieron de nuevo, una llevaba en la mano los papeles y la otra, la ropita del bebé. Los Valium hicieron dormir a Paula el resto de la jornada. En las jornadas sucesivas, narra el celador, cada vez que gritaba pidiendo a su bebé, volvían a darle otra pastilla.
Hasta que la madre firmó el consentimiento de entrega, el crío, que nació completamente sano, permaneció recluido en una “incubadora de aislamiento”, separado de todos los demás. Entonces, según varios testimonios recogidos por el juzgado, se lo llevaron las monjas del Hogar Madre Encarnación. Ni a la madre ni al padre se lo dejaron ver. Según el celador, que declaró que en el hospital se habían dado otros casos semejantes, las enfermeras comentaban que era “una pena” lo que estaba pasando, conmovidas porque aquel recién nacido era “muy guapo”.
Se conoce como Operación Bebé aunque hay quien la llama también caso Chupete u Operación Cuna. Quizás la variedad de nombres que se oyen en las calles de Lugo se deba a la falta de repercusión pública (y a la escasa información que ha salido a la luz hasta el momento) de tan delicadas indagaciones llevadas a cabo por la juez Estela San José en los mismos meses en que instruía el sumario del caso Campeón, que implica a numerosos empresarios y políticos, y que en una de sus derivadas amenaza al exministro José Blanco.
El caso de los bebés robados incluye más de una docena de historias de la última década. Algunas tan dramáticas como la de una mujer que en 2006, 30 días después de entregar a su criatura, se arrojó desesperada desde un octavo piso y quedó tetrapléjica, con invalidez en el 99% de su cuerpo. También el de una chica que en 2003 firmó el consentimiento de adopción de un recién nacido amenazada por un mafioso de nacionalidad rusa. El hombre le había asegurado que, si desobedecía, mataría a su otra hija, según su denuncia. El extenso expediente de Elena es el de una madre que habla de la desaparición de dos bebés. Asegura que la Administración le arrebató el primero, que volvió a quedarse embarazada para mitigar la pérdida y que le quitaron al segundo, que solo vio en el parto. Cuenta Elena que le dijeron que el escollo más grande para criarlos era la casa en la que vivía. Pequeña, pobre, con cocina de leña. Hizo el esfuerzo, con su marido, de mudarse a un piso grande, “con calefacción y cocina moderna”, y ha pagado las mejoras limpiando casas ajenas. Hoy sus niños tienen seis y siete años y no sabe dónde viven.
“Cuando vemos en la prensa que se llenan páginas y páginas con sor María y los bebés robados de hace décadas, nosotros decimos: ¡Pero si algo parecido está pasando aquí y ahora!”, comenta el abogado de Nabila, argelina, madre soltera que dio a luz en febrero de 2011 en el Hospital de Burela (al norte de la provincia de Lugo) y que ahora intenta recuperar a su hija “arrebatada”, mientras otro juzgado de Pontevedra avanza paralelamente en el proceso de adopción.
Nabila, que prácticamente acababa de llegar a España para trabajar como empleada de hogar cuando quedó embarazada, asegura que cuando parió no conocía el idioma y que en el hospital firmó los papeles que autorizaban el acogimiento preadoptivo porque creía que era su alta hospitalaria.
La Operación Bebé se puso en marcha a raíz de la denuncia que presentaron cuatro abogadas por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación por parte del Gobierno gallego de expedientes de desamparo de pequeños y, sobre todo, recién nacidos. Ahora, según explica Elías Fernández Jorge, uno de los padres que lucha por recuperar a su niño “secuestrado por la Xunta” —al que vio por última vez a través de una ventana hace más de tres años—, en el juzgado se acumulan historias de “casi 20 familias”. Otras fuentes hablan de algo más de una docena. El último caso, por la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, es de mayo de 2011.
El número de abogados denunciantes, la mayoría de oficio, ha ido aumentando desde las cuatro iniciales. Todos ellos coinciden en que, en pleno siglo XXI, personal del Servicio de Menores de la Xunta de Galicia en Lugo ha estado retirando niños “con vistas a la adopción” mediante actuaciones “arbitrarias” basadas en informes subjetivos “que ellos mismos elaboran” o que encargan, por ejemplo, a una orden de monjas, las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, que regenta en la ciudad el Hogar Madre Encarnación. La Congregación de las Causas de los Santos tramita actualmente en el Vaticano la beatificación de la religiosa que da nombre a esta residencia lucense para madres y niños desamparados, fundadora de la orden de monjas, con casa matriz en Cádiz.
En el caso de Paula, tampoco se tuvo en cuenta la figura paterna. Según consta en la denuncia que presentó más tarde su marido, Braulio, la declaración de desamparo del niño se tramitó en la Xunta haciendo constar que el lactante era de “padre desconocido”. Pero Braulio luchaba en la puerta del hospital por entrar a conocer a su vástago. Cumplía por entonces una orden de alejamiento de su esposa. No obstante, su consentimiento era igualmente imprescindible para tramitar la acogida del menor. Y él no lo daba “bajo ningún concepto”, como hizo constar ya en un primer escrito a la dirección del hospital. Inmediatamente, el Servicio de Menores de la delegación de la Xunta en Lugo acordó prohibir la relación del menor con toda su familia.
A Paula y a Braulio, fontanero de profesión, aquel embarazo les había dado mucha alegría. Ella ya había comprado la cuna. Había hecho acopio de patucos, de jubones, de pijamas diminutos. No quería por nada del mundo desprenderse de ese crío. Después entró en barrena. Iba casi a diario a hacerse pruebas de embarazo, pero ya no pudo tener más bebés. Su historia fue la primera que llegó a manos de una abogada lucense y también la primera que ha conocido la ciudad gracias a un reportaje que publicó La Voz de Galicia en su edición local. Braulio rompió el hielo que paralizaba a tantas familias al presentar su denuncia. Pero aún hoy no puede ver a su niño.
Los letrados de Lugo que se han aliado en defensa de estos progenitores desamparados aseguran que se dan una y otra vez “misteriosas desapariciones” de documentación y alegaciones aportadas por las familias biológicas, y que se decreta “apresuradamente” en todos los casos cuestionados la suspensión cautelar del derecho de los niños a relacionarse con sus padres, hermanos, abuelos y demás parientes “a espaldas de la ley”, obviando la preceptiva ratificación de un juez. Según el Código Civil, aunque un padre pierda la patria potestad, los encuentros con miembros de la familia extensa solo pueden cortarse por vía judicial. Así lo reconoce un portavoz de la Xunta, consultado por este motivo: “Si efectivamente se hizo así, es ilegal”. Si algún día llegase a resolverse a favor de los progenitores esta investigación, “los daños van a ser irreparables”, argumentan los abogados. Los niños serán ya mayores. A esas alturas no conocerán otra vida y otro hogar que el adoptivo.
Marta cuenta que fue ingresada por el Ayuntamiento de Lugo en la residencia de las monjas del Rebaño de María cuando se quedó embarazada. Había perdido ya a sus dos niños mayores por informes de la Xunta que aludían como justificación a certificados médicos y escolares cuyo contenido era diametralmente opuesto al real. Las religiosas, dice, no le dejaron comprar el cochecito. Al poco tiempo de parir, presionada para que entregase el bebé, se puso “un chándal sobre otro” y acudió al pediatra, que le extendió un certificado que daba fe de que aquella cría estaba “perfectamente cuidada”. Con él en la maleta y la niña en brazos huyó a Portugal, y desde allí, con el padre de sus hijos, lucha por recuperar a los mayores.
En unas diligencias previas de mayo de 2010, la juez se refería a “graves irregularidades” que “podrían llegar a ser consideradas como presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e incluso prevaricación, por parte de funcionarios públicos”. Más adelante explicaba que “en la tramitación referente a procedimientos de acogida, preadopción y adopción” aparecen expedientes de la Xunta que citan otros documentos “cuyo contenido no es el que aluden”. “Hablan de informes médicos negativos que, en realidad, tienen un carácter positivo” y “se toman decisiones” basándose en “otros informes médicos que no existen”.
Con la investigación judicial en marcha, se han producido registros en la delegación de Familia y Menores en Lugo y en la residencia de las religiosas. Aunque de momento no hay imputados, y la investigación, según los abogados denunciantes, se ha estancado después de que cambió de juzgado por decisión de la instructora. Con la investigación del caso Campeón prácticamente concluido, pendiente solo del último papeleo, Estela San José eligió el día de los Santos Inocentes de 2012 para reactivar los interrogatorios relacionados con la retirada administrativa de lactantes. La magistrada continuó las diligencias hasta bien entrado este año, pero finalmente decidió inhibirse porque en los años transcurridos entabló amistad, por cuestiones ajenas al caso, con una de las letradas denunciantes. La investigación judicial está ahora en manos de Sandra Piñeiro, titular del juzgado 2.
La Xunta intentó personarse en un momento de la investigación como “perjudicada”, pero el juzgado desestimó la petición. Según una portavoz oficial de la Consejería de Bienestar, el departamento responsable de las adopciones, el Gobierno gallego está “deseando” que avancen las diligencias y se empiecen a despejar culpabilidades. “Estamos en ascuas. Al no poder personarnos no tenemos información y no podemos tan siquiera abrir una investigación interna”, explica la misma persona. “No sabemos nada de nada, solo que la juez estuvo en la delegación y se llevó papeles. La sensación es de impotencia, porque no se sabe a quién se investiga. Los trabajadores del departamento de Menores de Lugo se sienten señalados, están personalmente mal”, y además, “reciben un aluvión de llamadas telefónicas de familias que también están preocupadas”. Los nombres de dos responsables del departamento aparecen citados por un fiscal como personas que deben ser llamadas a declarar en calidad de testigos, en relación con el caso de la niña que nació en Burela. La Xunta asegura, sin embargo, que todavía no han recibido notificación.
Una de las últimas actuaciones que hizo la juez San José antes de dejar el caso fue tomar declaración como testigo, el pasado 21 de enero, a sor Belén, la directora del Hogar Madre Encarnación. La institución lleva a cabo un programa social, Sí a la vida, de acogida de gestantes sin recursos en los últimos meses de embarazo. La orden se desvincula de las decisiones que toma la Administración autonómica. Según sor Belén, cuyo nombre civil es Alicia Berna, ellas se limitan a formar a las mujeres internadas, les “enseñan a limpiar”. Luego, cuando nace el niño, redactan informes “a requerimiento de Menores”.
A veces, explican varios abogados del grupo denunciante, no llega a haber contacto entre la familia biológica y los críos, pero en otras ocasiones les son retirados a las madres cuando ya han empezado a darles de mamar. Al menos dos de las mujeres que revelaron haber sido despojadas de sus bebés, y que declararon ya en los juzgados de Lugo, relatan que las monjas, además de obligarlas a trabajar barriendo y fregando la residencia, un edificio de cuatro plantas en plena ciudad, pretendieron convencerlas de que entregasen a sus hijos en adopción. Les hablaban, según estos testimonios del sumario, de que había matrimonios “interesados” en esos bebés, hogares capaces de darles mejor vida a las criaturas. Así lo afirma ante la Policía Judicial, por ejemplo, Kristina, una testigo protegida que en abril de 2003, sin saber castellano, según se recoge en la instrucción, firmó el consentimiento de adopción (y la obligatoria ratificación al mes siguiente) presionada por las amenazas de un “hombre ruso” residente en Ribadeo.
Este enigmático personaje del que ella, inmigrante de Europa del Este, dice no saber nada, es quien la interna y quien la recoge, una vez alumbrado el niño, en el Hogar Madre Encarnación, del que no podía salir si no era acompañada por personal de la casa. Tal y como declara la chica, el hombre le advirtió que “matarían” a su hija mayor (que vivía con los abuelos en su país de origen) si no firmaba los papeles de la Xunta. Presa del pánico, Kristina consintió separarse para siempre de su recién nacido, al que nunca llegó a ver, aunque sabe que era varón y pesó en el parto cuatro kilos. Un par de semanas antes del nacimiento, describe en su declaración ante la Guardia Civil, “una de las monjas” le dijo que “había dos familias interesadas” y que una de estas podía “pagar más que la otra”.
Según el celador del Xeral Calde que decidió declarar y contar el episodio de los Valium a favor de Paula y de su marido, Braulio, en el hospital oyó que “una chica de Guntín [municipio del sur de Lugo] que había dado a luz un niño, lo vendió voluntariamente y con el dinero compró un tractor”.
Cada caso de los que recoge la instrucción daría para una novela. Desde el 20 de octubre ya no pesa el secreto sumarial aunque el juzgado, según critican abogados que presentaron las denuncias, solo ha dado acceso a siete tomos, posiblemente “mucho menos de la mitad” de los que ya se acumulan. Por sus páginas desfilan mujeres víctimas de malos tratos, enfermas, sin recursos, sin familia, sin apenas estudios, inmigrantes recién llegadas y desorientadas, invisibles para la sociedad. Según sus letrados, tienen fe en la Administración, en los servicios sociales, y no saben, en muchos casos, que tienen derecho a defenderse frente a estos, ni tan siquiera que existe un cuerpo de abogados gratuito.
Algunos de los primeros casos que se fueron sumando a la denuncia inicial son de víctimas de trata. “Prostituta”, “bailarina”, son las profesiones que declaran trabajadoras de clubes de alterne de Lugo y A Coruña que cuentan cómo se vieron despojadas de sus recién nacidos, a los que apenas o jamás llegaron a tener en brazos. Estas historias formaban parte de la instrucción del truculento caso Carioca, que destapó una auténtica mafia de proxenetismo que dominaba varios prostíbulos, con base de operaciones en el club Queen’s, y que estaba edificada sobre los recios cimientos de una policía corrupta. En la Carioca, cientos de mujeres declararon contra agentes que no solo amparaban los negocios clandestinos, sino que los regentaban.
Dulce, otra de las testigos protegidas, esta vez brasileña, que perdió a su bebé en el laberinto burocrático, relata que fue precisamente un policía quien la llevó al Hogar Madre Encarnación y más tarde a un psiquiátrico. La biografía gallega de esta madre es aterradora. Decidió emigrar porque quedó viuda y necesitaba mantener a los dos hijos que había tenido en Brasil. Llegó a España en 2002 con una deuda de 3.800 euros que debía abonar a tres clásicos de los banquillos sobre prostitución en la comunidad: Manuel Manteiga, alias El Increíble (liberado por el Supremo de una condena de 34 años) y sus socios (en paradero desconocido desde 2004 a raíz de la misma sentencia) Manuel Ulloa, El Melenas; y José Rico, El Pelao.
Después, Dulce cambió de club varias veces, quedó embarazada de un hombre que (probablemente por miedo) no quiso identificar en sus declaraciones y se negó a abortar, ilusionada con la idea de tener un tercer hijo a este lado del océano. Entonces fue internada en el Hogar Madre Encarnación, y dio a luz una niña que entregó, supuestamente presionada y confundida por las terribles experiencias vividas. Cayó en una fuerte depresión, pasó por varios psiquiátricos, y en un episodio negro del que no recuerda casi nada, acabó tetrapléjica y perdió un brazo. La versión oficial cuenta que a los 30 días de dar a luz se arrojó desde un octavo piso en un hospital de Pontevedra. La había trastornado la idea de recuperar a su bebé. Hoy es una mujer lúcida, testigo clave en la lucha contra las mafias del sexo en Galicia. No recuerda qué fue lo que le pudo pasar, pero se acuerda cada minuto de su bebé.
Las casualidades de la vida, en una ciudad pequeña como Lugo, se dan con desquiciante frecuencia. Si una operación judicial desemboca en otra y todas, en algún momento, son parientes, resulta que en algunas tarjetas sanitarias que aparecen fotocopiadas dentro de la instrucción, de mujeres recluidas en la recta final de su embarazo en la residencia de las religiosas, figura como médico de cabecera el ya tristemente famoso doctor Carlos Jesús Abuín, imputado en la Operación Carioca. Varias trabajadoras de burdeles de Lugo lo identificaron como autor de abortos ilegales en una sórdida clínica en la que presuntamente, a cambio de 500 o 600 euros, el ginecólogo extraía los fetos con “una manguera” y sin aplicar anestesia. Una de las gestantes describe en sus declaraciones la escena. Gritaba y gritaba “muerta de dolor”, y nada más terminar Abuín le dijo fríamente: “Vístete rápido y vete a casa”. A los pocos días sufrió una fuerte hemorragia. Las que, enfrentándose a las amenazas de sus chulos, decidían llevar a término sus embarazos recluidas en las monjas, se topaban también con él en el Servicio Gallego de Salud, donde ejercía como médico de familia.
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