Son palabras de Norma Romero, Premio Nacional de Derechos Humanos
2013 en México y líder de Las Patronas, colectivo de mujeres que apoya a
migrantes que viajan en La Bestia a su paso por Veracruz
La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana ha llegado a contabilizar 10.000 migrantes secuestrados en un periodo de solo seis meses
Ante las carencias del Gobierno, la sociedad civil mexicana se organiza para luchar por los derechos de los migrantes. Apoyamos esta lucha junto a organizaciones locales
La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana ha llegado a contabilizar 10.000 migrantes secuestrados en un periodo de solo seis meses
Ante las carencias del Gobierno, la sociedad civil mexicana se organiza para luchar por los derechos de los migrantes. Apoyamos esta lucha junto a organizaciones locales
La Bestia se ha ganado su sobrenombre a fuerza de
historias; algunas pudieron ser contadas, otras no. La Bestia mutila y
mata con sus fauces férreas: es tan sólo uno de los muchos trenes de
carga que se deslizan por las vías mexicanas, con la peculiaridad de que
entre sus mercancías transporta a miles de migrantes cada día. Algunos
se encaraman en lo alto de sus vagones gratuitamente, otros (cada vez
más) tratan de asegurarse el éxito de su viaje al norte contratando los
servicios de intermediarios llamados coyotes o polleros; pero todos se
arriesgan a pagar un precio mucho más alto. Un pie, las dos piernas, o
hasta la vida.
Estas historias empezaron a conocerse
en la localidad de La Patrona, en el estado mexicano de Veracruz, en
1995. Un día de ese año, las hermanas Clementina y Bernarda Romero,
regresaban a casa con la compra. El tren pasó y aquellas personas que se
aferraban a su estructura de hierro les pidieron auxilio. “Tenemos
hambre”, gritaron los primeros. “Madre, ayúdanos”, gritaron los del
siguiente vagón. Incrédulas, las dos mujeres les lanzaron la leche y los
alimentos que acababan de comprar. Al regresar a su casa, explicaron lo
ocurrido a su madre y a sus hermanas. Sólo dos cosas estaban claras. La
primera, un detalle especialmente importante que cambiaría su
concepción de la realidad y del mundo: aquellos hombres no eran
mexicanos. Hasta entonces, pensaban que el tren era utilizado por
algunos connacionales aventureros como medio de transporte para recorrer
el país. Por sus acentos, extraños, supieron que no era así. La segunda
cuestión de la que no cabía duda era que aquellos hombres tenían
hambre. Y que ellas podían ayudarles.
Casi 20 años después, Norma Romero, hermana de Clementina y Bernarda, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de México
en 2013. Este mes, ella y su sobrina Leo han viajado hasta Madrid para
contar su experiencia. Las mujeres de esta familia empezaron a
organizarse aquella tarde de 1995: a diario, se colocaban a lo largo de
la vía del tren y repartían comida y agua entre los migrantes,
alcanzándosela como podían mientras éste pasaba. En un principio, eran
sólo cinco, las hermanas Romero y su madre. Aunque llegaron a ser
veinticinco, sólo catorce se han mantenido hasta hoy. El estigma y la
presión social, ejercida por la comunidad sobre sus maridos y por sus
maridos sobre ellas, provocó el abandono de algunas. Otras lo dejaron
por el miedo a ser detenidas, ya que hasta 2008 ofrecer socorro a los
migrantes podía ser juzgado como delito. Pero ninguno de estos motivos
detuvo al resto, que se preguntaban cómo la solidaridad podía estar mal
vista, y hasta penada, en su país. “¿Cómo puede ser ilegal darle tu
comida a una persona que tiene hambre? ¿Es mejor tirarla? ¿Darla a los
cochinos?”, reflexiona Norma. El grupo siguió ayudando a los migrantes:
primero con comida y agua, y poco a poco también con asistencia
sanitaria, alojamiento, asesoramiento e información, etc. Paralelamente,
empezaron a dibujar una imagen de los migrantes alternativa a la
oficial y hegemónica, que les vincula inevitablemente con la
delincuencia y la criminalidad.
En 2005, un documental llamado “De nadie” hizo pública la labor de estas mujeres, que ahora son conocidas en todo el mundo como Las Patronas.
Para entonces, los flujos migratorios habían aumentado tanto (así como
el precio de los alimentos) que por sí solas no daban abasto: en sus
inicios, viajaban en los trenes varias decenas de personas; ahora, son
cientos y hasta miles los que cada día suben a su lomo. Gracias a la
película, el trabajo de Las Patronas empezó a divulgarse. Sin embargo,
son muchos los casos similares que permanecen en el anonimato, muchos
los mexicanos que entienden que el “problema migratorio”, el “drama de
la migración” es problema y es drama para aquél que lo abandona y
arriesga todo en busca de una vida mejor, mucho más que para el estado
que lo recibe. Hoy, Las Patronas forman parte de una red de albergues
para migrantes compuesta por más de sesenta centros que, juntos, tratan
de coordinarse y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de
estas personas. En Ayuda en Acción compartimos la misma preocupación y
por eso en México trabajamos en pro de los derechos de los migrantes a
través de estos albergues. En nuestra colaboración con Las Patronas,
posibilitada gracias a la financiación del Ayuntamiento de Ermua, hemos
llevado a cabo recolectas de fondos y alimentos para reforzar la ayuda
que ofrecen a los migrantes, y también hemos equipado adecuadamente la
cocina y los dormitorios de sus instalaciones. Además, intentamos
fortalecer el grupo ofreciendo talleres sobre derechos humanos, género,
primeros auxilios y computación.
La realidad migratoria en México
A la vez que el flujo migratorio crecía, el perfil del migrante se iba
diversificando: si en un principio los que viajaban eran hombres
jóvenes, poco a poco fueron subiéndose al tren mujeres, algunas incluso
embarazadas, niños, ancianos… Casi todos eran centroamericanos: cerca
del 95% de los migrantes detenidos en México proceden de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua. En estos países, el factor político
como causa migratoria fue sumándose al económico durante las décadas de
1970 y 1980, con el aumento de los conflictos armados. Desastres
naturales como el terrible huracán Mitch, en 1998, también han provocado
oleadas de los denominados migrantes medioambientales en Centroamérica.
Desde los 2000, la criminalidad organizada se ha convertido en una de
las principales causas de los flujos migratorios del sur hacia el norte
en la zona. La frontera sur de México es una de las más porosas del
mundo. Se estima que el 9% de las personas que la atraviesan de sur a
norte (lo que equivale a más de 170.000) son migrantes irregulares
camino a Estados Unidos, ya que para la mayoría de los centroamericanos,
el país azteca no es más que un corredor que hay que atravesar para
llegar allí; sólo unos pocos tienen México como destino final.
Por otro lado, no todos los migrantes mexicanos
atraviesan la frontera norte del país: la movilidad interna es otro
componente de la realidad migratoria con la que trabajamos en Ayuda en
Acción. Los jornaleros de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas,
muchos de ellos indígenas, migran al centro y al noroeste del país para
trabajar en explotaciones agrícolas por periodos de hasta seis meses.
Allí, sus derechos laborales y sociales son constantemente violados.
Para enfrentarnos a esta injusticia, en colaboración con las
organizaciones locales Voces Mesoamericanas y
Enlace y con financiación del Ayuntamiento de Eibar, ayudamos a los
jornaleros a organizarse para luchar por sus derechos, además de
intentar incidir en las políticas públicas y sensibilizar a la población
local, buscando un impacto positivo sostenible a largo plazo en las
condiciones de vida de estas personas.
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| El esposo de Teresa Jiménez desapareció en el desierto camino de Estados Unidos. Foto: Salva Campillo / AeA |
Secuestros, violaciones y otros abusos a migrantes
La Bestia mata y mutila, sí, pero representa sólo una pequeña parte del
viaje de los migrantes y de los peligros a los que se enfrentan. Las
rutas migratorias están llenas de riesgos, el hambre y la sed también
acechan, pero sin duda la mayor amenaza es la humana. La delincuencia
organizada se ha desplegado en torno a estos trayectos y, aprovechándose
de la invisibilidad de los migrantes y de su limitado o nulo acceso a
la justicia, asalta, secuestra y asesina a miles de ellos. La Comisión
Nacional de Derechos Humanos publicó en 2009 el alarmante dato de casi 10.000 migrantes secuestrados en un periodo de sólo seis meses entre 2008 y 2009. En 2010, fue hallada en San Fernando (Tamaulipas) una fosa con restos de setenta y dos migrantes asesinados,
según un superviviente, por negarse a trabajar para un cártel de la
droga. El reclutamiento forzado es una de las causas de los secuestros
de migrantes por estas grandes organizaciones criminales; el pago de un
rescate por parte de familiares, otra. El robo de dinero, pertenencias y
ropa motiva la mayoría de los asaltos de bandas de delincuentes
menores. Las mujeres y niñas son especialmente vulnerables ante los
abusos sexuales: organizaciones de derechos humanos calculan que 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia sexual
durante el trayecto. La implicación de algunos funcionarios públicos,
del propio Instituto Nacional de Migración, el ejército y la policía,
supuestos garantes de los derechos humanos de estas personas, ha sido
ampliamente documentada y es hoy innegable. La corrupción germina en un
clima de impunidad que a su vez se retroalimenta de aquélla.
En este contexto, son muchos los familiares que se
despiden de un migrante y nunca vuelven a saber de él. Y, en general, el
Gobierno mexicano no sólo permite estos crímenes, sino que además niega
a los familiares de los desaparecidos el derecho a la verdad, la
justicia y la reparación ( Vídeo Fundación para la Justicia).
El Estado carece de la voluntad o la capacidad para desarrollar
mecanismos efectivos orientados a la búsqueda de una persona, así como a
la identificación forense de los restos encontrados. Incluso se han
dado casos de familias que han recibido un cuerpo que no era el de su pariente.
De nuevo, es la iniciativa ciudadana la que se encarga de contrarrestar
estas deficiencias. La mayoría de los casos de localización de un
migrante desaparecido no son resultado de la acción estatal, sino de
caravanas de madres que recorren la ruta migratoria buscando a sus
desaparecidos, a menudo exponiéndose a los mismos peligros que éstos.
Ante la complejidad del asunto, es necesaria la coordinación entre
países de origen, de tránsito y de destino, así como entre la
multiplicidad de instituciones que trabajan en todo el proceso de
búsqueda e identificación de migrantes no localizados. En este sentido,
hemos desarrollado otra iniciativa junto a Voces Mesoamericanas
y Enlace, con la financiación de la Unión Europea: el Banco de Datos
Forenses sobre Migrantes No Localizados del Estado de Chiapas. Buscando
siempre la sostenibilidad de la acción, tratamos de que las familias
conozcan y exijan sus derechos, así como de que el Estado los provea.
¿Y qué hace el Gobierno mexicano?
Desde 2004, el presidente otorga anualmente el Premio Nacional de los
Derechos Humanos. En diez años, la mitad de estos galardones han sido
concedidos a personas centradas en la defensa de los derechos humanos de
los migrantes, como es el caso de Norma Romero, actual líder de Las
Patronas y receptora por ello del premio en 2013. El reconocimiento a la
labor de estas personas es justo y merecido, pero el papel del Estado
no puede ni debe limitarse a aplaudir estas iniciativas, sino que es su
obligación construir un marco político, jurídico y social que garantice a
todas las personas sus derechos más básicos. En un país de sus
características, la empatía y la solidaridad debería ser la norma y no
la excepción: lo mismo que demanda para los migrantes mexicanos
residentes en Estados Unidos, debe ofrecerlo para los migrantes
extranjeros que se
encuentren en México.
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