Las imágenes mostraban una verdadera marea humana. Decenas de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos enarbolando pancartas rojas y azules y conformando, bajo una desapacible lluvia, una de las mayores manifestaciones que se recuerdan en Japón junto a las marchas antinucleares. Frente al Parlamento de Tokio, dos lemas repetidos hasta la saciedad, “Violación Constitucional” y “Retirad el Proyecto de Ley de Seguridad”, entre llamamientos a la dimisión del primer ministroShinzo Abe y un rotundo ‘No a la guerra’ que englobaba de forma lacónica el motivo de la movilización.
Se trata de la última y más sonora expresión ciudadana contra un proyecto de ley que acabará, de facto, con 70 años de antibelicismo constitucional, irónicamente coincidiendo con las conmemoraciones por el final de la II Guerra Mundial que acabó con la derrota, a fuerza nuclear, de la entonces potencia imperialista nipona. Los japoneses exigen al Gobierno que retire una reforma de la Carta Magna que será fácilmente ratificada por un Senado donde el actual primer ministro goza de mayoría, como en el Parlamento, y permitirá a las llamadas Fuerzas de Auto Defensa –ejército nipón- actuar fuera de sus fronteras en apoyo de sus aliados, incluso si no existe una amenaza directa para Japón.
Según Abe, promotor de la reforma, la ley responde a las nuevas necesidades representadas por el imparable auge de China, consagrada como primera potencia regional, y por la imprevisibilidad de Corea del Norte pero, según el 62% de la población, lo único que implicará es exponer a Japón a nuevos peligros inexistentes mientras se mantenga el antibelicismo protegido por la Carta Magna.
Hasta ahora, los Gobiernos japoneses mimaban el Artículo 9, donde se relegaba a las Fuerzas de Auto Defensa a la protección de la nación en caso de amenaza. Y según las encuestas, una vasta mayoría de ciudadanos se opone a que eso cambie. Un sondeo encargado por el diario Mainichi Shimbun a finales de julio, tras la aprobación en la cámara baja del Parlamento del proyecto de ley, mostraba que el 62% de la población se opone a la reforma.
“Durante 70 años, gracias al Artículo 9 de nuestra Constitución no hemos participado en guerra alguna ni hemos sufrido ninguna agresión. El Artículo 9 es nuestra base”, explicaba un manifestante citado por AFP durante la marcha de Tokio, donde se calcula que participaron entre 120.000 y 200.000 personas, según los observadores y organizadores, una cifra que la policía rebaja a 30.000. En otras muchas ciudades niponas se celebraron protestas parecidas a lo largo de toda la semana, muchas de ellas protagonizadas exclusivamente por mujeres, otras encabezadas por abogados –la reforma es considerada anti-constitucional por muchos expertos– e incluso una huelga de hambre protagonizada por estudiantes universitarios a las puertas del Parlamento. En total, en todo el archipiélago se han celebrado 300 marchas contra el proyecto de ley.
La celebración en sí de protestas masivas es poco habitual en el país asiático, e indica el grado de malestar provocado por el proyecto de ley de Abe, aprobado el mes pasado en la Cámara Baja. En Japón, es poco frecuente que la población exprese sus opiniones políticas en público y las movilizaciones sociales suelen ser de pequeña relevancia, reservadas para sindicalistas o izquierdistas pero ignoradas por el grueso de la población, con excepciones como las marchas masivas celebradas tras el desastre de Fukushima.
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| Cartel de la convocatoria de ayer difundido por la organización estudiantil SEALD. / Twitter |
Eso hace especialmente relevante las protestas de la pasada semana, con hechos tan notables como la participación de organizaciones estudiantiles –muy poderosas en los años 60 pero extinguidas tras sus enfrentamientos violentos con la Policía- o el surgimiento de movimientos sociales como Madres contra la Guerra, creado el pasado julio mediante redes sociales y que en apenas dos meses ha recogido 20.000 firmas contra la legislación impulsada por Abe. “Tememos que la ley revierta la dirección de nuestro país, donde el pacifismo es nuestro orgullo”, explicaba una manifestante a la agencia AP. “Creo que nuestras voces están siendo ignoradas por el Gobierno de Abe”, añadió. Según uno de los organizadores, Ken Takada, citado por el diarioJapan Times, se trata de la mayor manifestación que vive el área del Parlamento desde 1960, cuando unas 300.000 personas se movilizaron contra una revisión del Acuerdo de Seguridad entre Estados Unidos y Japón.
“Sentados frente a nuestros televisores mientras nos quejamos no van a cambiar las cosas”, señalaba Naoko Hiramatsu, profesor de 44 años citado por la prensa local, que acudió con su hijo de cuatro años a la manifestación de Tokio. “Si no me movilizo y trato de impedir esto, no podré explicárselo a mi hijo en el futuro”.
Las críticas hacia la ausencia de información en torno a la nueva ley son amplias. Una encuesta telefónica realizada por la agencia Kyodo revelaba que el 81.4% recriminaba al Ejecutivo no haber explicado adecuadamente los detalles de la reforma constitucional, y un 68% estimaba que dicho proyecto de ley arriesga la seguridad del país.
Se espera que la ley sea aprobada en septiembre por el Senado pero, incluso si no obtuviera el apoyo de la Cámara Alta, volvería al Parlamento donde quedaría confirmada tras una segunda votación que la coalición de Abe ganaría sin dudas, dado que el Partido Democrático Liberal y su socio Komeito disponen de una amplia mayoría. Eso sí, a un alto coste político: la citada encuesta de Mainichi Shimbun revelaba que, en el plazo de unas semanas, la popularidad del Ejecutivo de Abe había pasado del 42% al 35%, situándose en su nivel más bajo desde diciembre de 2012.
Sin embargo, los malos datos no parecen amedrantar al Gobierno, a juzgar por las declaraciones del vicepresidente del Partido de Abe, Masahiko Komura, en un programa de televisión. “Nuestra tradición es hacer lo que sea necesario para los japoneses, incluso si eso implica que el índice de aprobación disminuya”, señaló Komura el domingo oscureciendo cualquier esperanza de que el polémico proyecto de ley sea retirado ante la masiva voluntad ciudadana. Según otra encuesta encargada por la agencia Kyodo, la popularidad de Abe y su equipo ha pasado del 47,4% al 37,7% en apenas un mes.
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