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| El informe de Amnistía Internacional documenta los fracasos de la rendición de cuentas de las operaciones militares estadounidenses en Afganistán © Amnistía Internacional |
No se ha hecho justicia para las familias de los
miles de civiles afganos muertos a manos de las fuerzas estadounidenses y
de la OTAN en Afganistán, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Dedicado sobre todo a los ataques aéreos y las incursiones nocturnas
realizadas por las fuerzas estadounidenses, incluidas las Fuerzas de
Operaciones Especiales, Unfinished Business revela que ni siquiera se han investigado ni castigado crímenes de guerra manifiestos.
“Miles de afganos han muerto o resultado heridos a
manos de las fuerzas estadounidenses desde la invasión, pero las
víctimas y sus familias tienen pocas oportunidades de obtener una
reparación. El sistema de justicia militar estadounidense casi nunca
hace rendir cuentas a sus soldados por homicidios ilegítimos y otros
abusos”, declaró Richard Bennett, director del Programa Regional para
Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Ninguno de los casos que analizamos —que abarcan
más de 140 muertes de civiles— fueron enjuiciados por el ejército
estadounidense. Aparentemente, se ha hecho caso omiso de los indicios de
posibles crímenes de guerra y homicidios ilegítimos.”
El informe documenta con detalle las deficiencias en
la rendición de cuentas por las operaciones militares estadounidenses
en Afganistán y pide al gobierno afgano que se asegure que garantiza la
rendición de cuentas por homicidios ilegítimos de civiles en cualquier
acuerdo de seguridad bilateral que firme en el futuro con la OTAN y
Estados Unidos.
Amnistía Internacional investigó con detalle 10 incidentes producidos entre 2009 y 2013 en los que las operaciones
militares estadounidenses causaron la muerte de al menos 140 civiles,
entre los que había mujeres embarazadas y al menos 50 niños. La
organización entrevistó a alrededor de 125 testigos, víctimas y
familiares, muchos de los cuales nunca habían prestado declaración ante
nadie hasta ese momento.
Dos de los casos —el ataque de las Fuerzas de
Operaciones Especiales contra una vivienda en la provincia de Paktia en
2010 y las desapariciones forzadas, torturas y homicidios cometidos en
los distritos de Nerkh y Maidan Shahr (provincia de Wardak) desde
noviembre de 2012 hasta febrero de 2013— contienen indicios abundantes y
de peso de crímenes de guerra. Nadie ha sido enjuiciado penalmente por
ninguno de ellos.
Qandi Agha, que estuvo detenido bajo custodia de las
Fuerzas Especiales estadounidenses en Nerkh a finales de 2012, habló de
las sesiones de tortura a que fue sometido a diario. “Cuatro personas
me pegaban con cables. Me ataban las piernas y me pegaban en las plantas
de los pies con un palo. Me daban puñetazos en la cara y patadas. Me
golpeaban la cabeza contra el suelo.” También dijo que le metieron la
cabeza en un barril de agua y que le aplicaron descargas eléctricas.
Agha declaró que en las sesiones de tortura
participaron fuerzas estadounidenses y afganas. También afirmó que
cuatro de los ocho presos que estaban recluidos con él murieron bajo
custodia estadounidense, y que presenció la muerte de Sayed Muhammed,
uno de ellos.
Las investigaciones penales formales sobre muertes de civiles en Afganistán son muy poco frecuentes.
Amnistía Internacional sólo tiene información de seis casos desde 2009
en los que se ha juzgado a personal militar estadounidense.
Según el derecho internacional humanitario (las
leyes de la guerra), no todas las muertes de civiles ocurridas en un
conflicto armado implican una infracción legal. No obstante, si hay
datos que indiquen que la muerte de civiles ha sido deliberada o
indiscriminada, o parte de un ataque desproporcionado, el incidente
exige una investigación sin demora, exhaustiva e imparcial. Si dicha investigación concluye que se violaron las leyes de la guerra, debe iniciarse un enjuiciamiento.
De las decenas de testigos, víctimas y familiares
con los que habló Amnistía Internacional durante su investigación para
este informe, sólo dos personas dijeron que habían sido entrevistadas por investigadores militares estadounidenses.
En muchos de los casos incluidos en el informe, el ejército
estadounidense o los portavoces de la OTAN anunciaron que se iba a abrir
una investigación, pero no facilitaron más información sobre sus
progresos o sus conclusiones, dejando a las víctimas y familiares en la
ignorancia.
“Instamos al ejército estadounidense a que
investigue inmediatamente todos los casos documentados en nuestro
informe, y todos los demás casos de muertes de civiles. Las víctimas y
sus familias merecen justicia”, afirmó Richard Bennett.
El principal obstáculo para que se haga justicia a
las víctimas afganas y sus familias es el sistema de justicia militar
estadounidense, lleno de graves deficiencias.
Este sistema es en esencia una forma de autorregulación impulsada por los mandos militares
y, en gran medida, se basa en las versiones de los propios soldados de
sus actuaciones para evaluar la legalidad de una operación determinada.
Al carecer de un ministerio fiscal independiente, los soldados y mandos
deben informar por propia iniciativa de posibles violaciones de derechos
humanos. El conflicto de intereses es evidente.
En las excepcionales ocasiones en que un caso llega a
la fase de enjuiciamiento, la ausencia de independencia de los
tribunales militares estadounidenses suscita gran preocupación. Es muy
poco frecuente que se invite a los propios afganos a testificar en estos
casos.
“Existe la necesidad urgente de reformar del sistema
de justicia militar estadounidense. Estados Unidos debería aprender de
otros países, muchos de los cuales han dado pasos gigantescos en los
últimos años para dotar de carácter civil a sus sistemas de justicia
militar”, concluyó Richard Bennett.
El informe documenta también la falta de
transparencia de las investigaciones y enjuiciamientos por homicidios
ilegítimos de civiles en Afganistán. El ejército estadounidense
oculta los datos globales sobre rendición de cuentas por víctimas
civiles y rara vez facilita información sobre casos individuales. El
sistema de libertad de información estadounidense, creado para
garantizar la transparencia cuando los organismos oficiales no
proporcionan información, no funciona efectivamente cuando se trata de
víctimas civiles.
Amnistía Internacional insta también al gobierno
afgano a que establezca de inmediato su propio mecanismo para investigar
los abusos cometidos por las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas,
que asumirán toda la responsabilidad de combate a finales de 2014.
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