La activista ha conducido su nave hasta Lampedusa, pese a no tener permiso
A sus 31 años, la activista Carola Rackete es el rostro de un desafío, de un jaque a la férrea política migratoria del ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, tras entrar sin permiso en aguas de ese país para llevar a tierra a 42 inmigrantes.
La joven alemana al mando del barco humanitario “Sea Watch 3”,
que el 12 de junio rescató a 53 inmigrantes en el Mediterráneo central,
ha demostrado su determinación al llevar a los náufragos a un puerto
seguro que no sea la Libia de la que huyeron.
...
En las democracias de masas actuales vibra un problema relativo a la libre circulación de las palabras. La posibilidad de aprovecharla para transformar la sociedad mediante el filtrado de las mejores palabras, las del conocimiento, encuentra obstáculos inéditos en tiempos de la Inglaterra victoriana. Donal Trump, el actual presidente de Estados Unidos que se ha alzado con el poder e intenta mantenerlo con una demagogia explícita que se hace creíble en nombre de la supuesta sinceridad con que se manifiesta, utiliza una estrategia de neutralización de la disidencia por acumulación*. Cuando critica a los medios de comunicación que no siguen a pies juntillas sus mandatos y lanza una sombra de duda sobre la totalidad de la opinión pública, no hace más que actualizar el manual del autoritarismo. En sus intervenciones en las redes sociales o en actos públicos, denuncia esos medios críticos calificando sus noticias de falsas. Su dedo índice señalando a un periodista cualquiera y gritándole "You are fake news" no solo supone una extralimitación del poder gubernativo, en la medida en que pretende controlar y amedrentar a los medios independientes, sino que tiene el efecto de desacreditar a todo el periodismo que ose cuestionar la licitud, legalidad o adecuación de las políticas de su gobierno. Al sostener que todo lo que se publica en su contra es altamente probable que sean infundios, desactiva la discusión pública. El debate social queda así adulterado, en la medida en que se extiende la opinión (falsa) de que ninguna opinión merece crédito, solo la de los que hablan con el desparpajo del presidente y sus acólitos. Si nada de lo que se escribe en los diarios es verdad, antes bien, si se extiende la sospecha de que todos mienten, entonces no tiene sentido seguir discutiendo.
El pionero moderno de estas prácticas fraudulentas, Silvio Berlusconi, añadía a esta sospecha generalizada -en la que incluía también al sistema judicial- el control de la opinión en el mercado de las palabras. Propietario de más de la mitad de los medios de comunicación televisada y escrita, buscaba eliminar el libre intercambio de las opiniones por exclusión del adversario Con estos recursos logró transformar su éxito económico y mediático en poder político emulando los procesos oligárquicos que ya Aristóteles condenó en su Política como hijos bastardos de la aristocracia.
Sin embargo, el poder que pretende eternizarse erosionando las bases constitucionales del sistema no es nunca capaz de neutralizar permanentemente las palabras de los que se resisten a ser aplastados. Todo intento de domesticar o enjaular las voces les da fuerzas renovadas y una capacidad de penetración que no tienen los discursos del poder. Las palabras que se articulan en contra del poder conservan propiedades heroicas, de modo tal que se da la contraintuitiva situación de que cuanto peor sean las condiciones para la manifestación del pensamiento, más convincentes suenan los lamentos, quejas y denuncias de los reprimidos. Obviamente, de esto no se sigue que sea aconsejable reprimir para garantizar la libertad, tan solo nos ilustra sobre la dificultad de contener las palabras...
* Escribe Orwell que "el gran enemigo de la lengua clara es la falta de sinceridad", La sinceridad -, mejor, apariencia de sinceridad- de que hacen gala los populismos de derechas demuestra que la lengua clara también puede ser usada para manipular.
Las mejores palabras De la libre expresión
Daniel Gamper
La foto del drama: muerte de un padre y su hija inmigrantes en el Río Bravo La corriente del río se llevó primero a la niña de menos de dos años de edad, el padre intentó rescatarla y se ahogaron los dos
Los cuerpos sin vida del padre y su hija en el río Bravo. /
EFE / ABRAHAM PINEDA-JACOME
Un padre y su hija de menos de dos años perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo cerca de la ciudad mexicana de Matamoros,
según informó este lunes la esposa y madre de los fallecidos a las
autoridades. La tragedia ocurrió la tarde domingo en la ciudad de
Matamoros, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas,
aproximadamente a un kilómetro del puente nuevo internacional.
Tania Vanessa Ávalos -esposa y madre de los fallecidos
que logró ser rescatada- dijo a las autoridades que el agua se llevó
primero a la niña y fue su padre quien salió en su ayuda,
pero ambos fueron llevados por la corriente del río y desaparecieron.
Integrantes de la Secretaría de Marina, de la Policía Estatal y personal
de Bomberos, iniciaron la búsqueda de los cuerpos de manera inmediata
sin obtener resultados positivos. Lentitud en los trámitesEl matrimonio de migrantes era originario de El Salvador y
habían llegado a esta ciudad mexicana para pedir asilo político en los
Estados Unidos. Sin embargo, ante la desesperación por la lentitud en
los tramites decidieron junto con otros migrantes cruzar el río Bravo,
según señaló la mujer.
Este lunes 24 de junio aproximadamente a las 10.00 hora local
(15.00 GMT) los cuerpos sin vida del padre y de la hija fueron
localizados por autoridades estatales, militares y personal de Protección Civil en la orilla del río a unos kilómetros del puente internacional de Matamoros que une esta ciudad con Brownsville (Texas).
Sandra tiene 33 años y vive en el Ecoparque de Buenos Aires.
Es una orangutana mestiza a quien la justicia argentina ha reconocido
sus derechos como “persona no humana”. Sus tutores legales quieren
trasladarla a una reserva estadounidense. Otro capítulo de esta
enrevesada historia
SANDRA NACIÓ el 14 de febrero de 1986 en el zoológico de
Rostock, en lo que entonces era la República Democrática Alemana. No se
sabe mucho sobre su infancia, salvo que su madre la rechazó. Creció en
soledad. La enviaron al zoológico de Gelsenkirchen y en septiembre de
1995, con nueve años, fue vendida al zoológico de Buenos Aires. Allí se
le encontró un compañero temporal con quien engendró a Sheinbira, una hembra. Sandra repitió la historia familiar: no quiso a su cría. Como su propia madre, carece de instinto maternal. De Sheinbira se perdió la pista. La compró un intermediario y se cree que está en algún lugar de Asia. Sandra permanece sola. Es el único animal de su especie en Argentina.
Hasta aquí la historia previsible de un animal en cautiverio. Lo que
ocurrió a partir de 2014 resulta mucho menos previsible. La Asociación
de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA),
representada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez,
consideró que la situación de Sandra, “encerrada en una caja de
cemento”, era intolerable y acudió a los tribunales para reclamar que
dejara de ser considerada “cosa” u “objeto”, como establece el Código
Civil y Comercial argentino. En marzo de 2015, el asunto llegó al
Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la Ciudad
de Buenos Aires, dirigido por la juez Elena Liberatori. Y ahí empezó a
gestarse una sentencia sensacional. Empezó a gestarse también una
peculiar relación afectiva entre una juez progresista y habituada a la
polémica y una orangutana solitaria y, según sus cuidadores,
crónicamente deprimida.
Interrumpamos un momento la cuestión jurídica y saltemos en el tiempo hasta el 3 de julio de 2018. Sandra
debía ser sometida a un chequeo médico completo, que la juez Liberatori
había demorado hasta saber con exactitud qué pruebas eran necesarias y
reunir un equipo profesional de máxima competencia. La orangutana bebió
un zumo de frutas con un ansiolítico y luego recibió un dardo en la
nalga cargado de Tilazol. Ya dormida, fue posible anestesiarla por
completo. Sandra no es muy grande, pesa 40 kilos, pero es muy
fuerte: puede romper con facilidad huesos humanos. El equipo médico
estaba compuesto por el veterinario jefe del Ecoparque, Guillermo
Wiemeyer; el cardiólogo Guillermo Belerenian, del Instituto Pasteur; la
ecografista Laura Kocun y la veterinaria primatóloga Susana Avellaneda.
Se le hicieron radiografías, electrocardiogramas, ecocardiogramas,
análisis de sangre, hisopado de fosas nasales, amígdalas y laringe; se
le extrajo una muestra fecal y se le examinó la dentadura.
La juez quiso estar presente. Una de las personas que realizaron el
chequeo (cuyos resultados fueron buenos) cuenta que la juez no soltó en
ningún momento la mano de la orangutana dormida. Para Elena Liberatori, Sandra había dejado de ser un caso más.
“Estudié leyes para defender a los inocentes, y no hay nada más inocente que un animal”, explica la juez. Cuando habla de Sandra, parece hablar de una amiga.
Volvamos al debate jurídico y científico. El 25 de agosto de 2014,
después de la iniciativa de AFADA, Julio Conte-Grand, procurador general
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicó en el diario conservador
La Naciónun artículo titulado “Darwin ha muerto”
en el que afirmaba: “La idea de otorgar personalidad jurídica a los
animales, amén de configurar una ruptura con la visión clásica y un
abierto rechazo a pautas distintivas básicas de naturaleza metafísica y
antropológica, representa la literal y fatal descalificación de la
teoría darwiniana, ya que parte importante de esa corriente de
pensamiento, al tiempo que reclama el reconocimiento de la personalidad
de los animales no humanos, se la niega a los embriones humanos”.
La conclusión de Conte-Grand era la siguiente: “Se postula, en
consecuencia, que el ser humano, en alguna de las etapas de su vida,
constituye una instancia evolutiva inferior a la de los monos. ¿Entonces
el mono desciende del hombre?”.
El caso de Sandra había abierto ya una gran polémica. Entretanto, la juez Liberatori preparaba su sentencia. Leyó, por ejemplo, Los animales no humanos, del jurista y sociólogo italiano Valerio Pocar, y El lenguaje de los animales,
de la etóloga estadounidense Temple Grandin. Habló largamente con Lucía
Guaimas, antropóloga y funcionaria de su propio juzgado. No llegó a
descubrir, antes de emitir sentencia, la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (2012), en la que un grupo de neurocientíficos, en presencia del astrónomo Stephen Hawking,
proclamó que “los animales no humanos poseen substratos
neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de
consciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos
intencionales”. Liberatori conoció unos meses más tarde esa declaración,
pero su decisión estaba tomada.
El 21 de octubre de 2015 se emitió sentencia: Sandra fue
reconocida como “sujeto de derecho” (no “objeto”) y se ordenó al
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, propietario del zoológico y, por
tanto, de la orangutana, que garantizara al animal “las condiciones
naturales del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus
habilidades cognitivas”.
La Fiscalía recurrió y el titular del Juzgado número 15 de lo Penal,
Gustavo Letner, consideró “extinta” la reclamación a favor de Sandra.
Pero la Sala Tercera en lo Penal, integrada por tres magistrados,
resolvió el 12 de diciembre de 2016 que Letner no había respetado los
derechos de los demandantes (la Asociación de Funcionarios y Abogados
por los Derechos de los Animales) y consideró que “nada obsta a
considerar a este tipo de animales como sujetos de derecho no humanos”.
Sandra quedó reconocida como persona no humana. Y se le concedió un recurso de habeas corpus,
el procedimiento por el que cualquier detenido puede exigir comparecer
ante el juez para que este determine sobre la legalidad de su privación
de libertad.
A su alrededor, en el zoológico de Buenos Aires, también habían
empezado a cambiar las cosas. Como en otros lugares, el hecho de
mantener animales encerrados y lejos de su entorno natural ya no parecía
ni educativo ni divertido, sino cruel. El 23 de junio de 2016, el jefe
de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta, anunció que el zoo debía convertirse en un ecoparque. Las instalaciones se cerraron al público
y comenzó el traslado de animales, hecho —según la Fundación Azara, una
prestigiosa ONG dedicada a la protección de la naturaleza— con prisas y
torpeza. Murieron numerosos animales, entre ellos un mono y cinco
ciervos. “El grado de ignorancia y de desprecio por la vida animal ha
superado todo límite ético”, dijo Adrián Giacchino, presidente de Azara.
Sandra iba quedándose sola. La juez Liberatori, convertida
en la práctica en su tutora, había decidido que la orangutana debía
pasar el resto de su vida en un lugar donde tuviera espacio y toda la
libertad posible. Devolverla a la naturaleza estaba descartado de
antemano. Primero, porque había nacido ya en cautividad y habría sido
incapaz de sobrevivir. Segundo, porque Sandra padecía, además
de la reclusión, otra condena: la de ser mestiza. “Es una mezcla de
orangután de Sumatra y de orangután de Borneo, y sus congéneres no la
habrían admitido ni en un lugar ni en otro”, explica María Eugenia
Dahlah, etóloga y miembro del equipo de cuidadores de Sandra.
La decisión de su traslado, a la que el gobierno de Buenos Aires, propietario de Sandra, se resistió todo lo que pudo, requirió recursos, audiencias y debates. Finalmente se obtuvo su libertad.
¿Dónde enviar a Sandra? Se pensó inicialmente en un
ecoparque brasileño, pero no reunía las condiciones. Varios expertos
consultados por el juzgado propusieron otros centros y coincidieron en
señalar que un lugar apropiado era el Center for Great Apes de Florida,
situado entre Tampa y Orlando. La juez Liberatori visitó personalmente
(pagando de su bolsillo) varios de los centros posibles y envió al
secretario del juzgado (también privadamente) al Center for Great Apes
para que examinara las instalaciones y averiguara las condiciones de un
futuro traslado.
La preparación del viaje de Sandra a Florida está resultando
larga y llena de complicaciones. El juzgado y el Ecoparque mantienen
una cooperación estrecha (“somos como un matrimonio forzoso y debemos
llevarnos bien”, comenta la juez), pero las autoridades estadounidenses
imponen condiciones severas. Sandra debe llegar en buen estado
de salud (de ahí las pruebas médicas exhaustivas realizadas en julio
pasado), porque de lo contrario sería sometida automáticamente a
eutanasia, y pasar una cuarentena con nuevos exámenes clínicos. “A un
animal de circo no le impondrían condiciones tan estrictas”, lamentan en
el juzgado. Los animales de circo, por otra parte, no suelen tener
reconocida la condición de “persona no humana”.
En las próximas semanas debe resolverse la licitación del traslado.
Se busca una empresa que ofrezca las máximas garantías y que esté
dispuesta a esperar hasta un año, por si surgen nuevos inconvenientes.
Se trata de una operación logística compleja, que inquieta a toda la familia que ha ido formándose en torno a Sandra.
Los expertos aconsejan que se la introduzca poco a poco en el futuro
régimen de semilibertad y espacios abiertos. Temen que, tras una vida en
cautiverio y muy habituada a los humanos, el cambio pueda resultar
contraproducente.
También está en proceso el permiso de importación por parte de
Estados Unidos. En agosto debería estar todo listo. Pero entonces puede
plantearse otra dificultad. Federico Ricciardi, portavoz del Ecoparque,
indica que agosto es pleno invierno en Buenos Aires, mientras que en
Florida las temperaturas veraniegas son muy altas. Los veterinarios
aconsejan esperar un poco más, para que el contraste de temperatura sea
menos extremo. “En cualquier caso, el traslado se realizará este mismo
año”, afirma Ricciardi. Sandra espera desde hace tres.
El presupuesto del viaje ya está aprobado. Al gobierno de Buenos
Aires, que no nada en la abundancia, le costará tres millones de pesos,
unos 60.000 euros.
Sandra
se lo toma con paciencia. El cierre al público de las instalaciones,
por la conversión del zoo en ecoparque, le ha proporcionado
tranquilidad. En cierta forma, con el traslado de los otros animales, la
orangutana está en la situación del jerarca nazi Rudolf Hess, el último preso de la cárcel de Spandau. A Sandra,
sin embargo, se le proporcionan todos los cuidados posibles. A
principios de 2016, por ejemplo, el juzgado negoció con la compañía
naviera Buquebús la donación de unas cuantas sogas para que la
orangutana pudiera jugar con ellas: fue complicado transportarlas, pero
ya están en el “jardín privado” donde Sandra pasa muchas horas. El abogado Gil Domínguez pidió también que se estableciera un régimen de visitas. No se puede ver a Sandra
sin previa autorización judicial. Hay que recordar que, en las
condiciones legales de la orangutana, tanto la cautividad como la
exhibición son considerados hechos degradantes que vulneran sus
derechos.
Los cuidadores de Sandra procuran que juegue el mayor tiempo
posible. El encierro la deprime, lo que se refleja en que, si no se la
estimula, permanece inactiva más de la mitad de las horas diurnas.
Además de las sogas, dispone de pelotas, canastas, telas o incluso
periódicos. La comida se le sirve cada día de una forma distinta, como
estímulo, y se propicia que haga intercambios: le divierte conseguir lo
que le interesa por medio de trueques. Ella tiene preferencias: “Uno de
los cuidadores, muy corpulento, es su persona predilecta y le permite
una gran proximidad; le gustan los tipos grandes”, sonríe el veterinario
Luis Mazzola. Ella es generalmente tímida. Cuando sale al exterior
tiende a quedarse al fondo, entre rocas, mirando con atención a sus
visitantes. Mariana, la fotógrafa que la retrató para este reportaje,
tuvo que hacer varios intentos y esperar durante horas para conseguir
que Sandra se ofreciera a la cámara.
Vale la pena la paciencia para observar los ojos de Sandra. Su mirada impresiona.
"Las palabras pueden ser como minúsculas dosis de arsénico: se tragan inadvertidamente, parecen no tener ningún efecto, y tras poco tiempo se sienten las secuelas del veneno"
El último informe del relator especial para la salud de la ONU afirma
que las medidas para combatir la desigualdad son más efectivas para
promover la salud mental que las terapias medicinales.
La historia lo demuestra: las relaciones de solidaridad, y en
particular la sindicación para garantizar mejoras de salarios y
condiciones en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la
salud mental. Así lo afirma el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU,
que fue ayer, 24 de junio, enviado a Ginebra. “El modo en que se
organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y
psicológicas”, explica el informe, que señala cómo la configuración del
mercado de trabajo afecta a las relaciones personales, tanto en el
ámbito familiar como en el cuidado de niños y mayores.
El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,
apunta la preocupación general en cuanto a que la mala salud mental se
considere “una amenaza para la productividad económica” y que las
soluciones consistan en recuperar fuerza de trabajo. “El hincapié que se
hace en los problemas de salud mental, considerados una carga a nivel
mundial, y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y
a lograr que las personas afectadas por esos problemas regresen al
trabajo se mencionan cada vez más al justificar desde el punto de vista
económico la necesidad de dar prioridad a los problemas de salud mental
en todo el mundo”, señala el informe, que alerta de que las prioridades
se centren en recuperar la fuerza de trabajo en vez de en garantizar la
atención de calidad.
Y es que, desde principios del milenio, la prescripción de antidepresivos ha aumentado a nivel general en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por The Guardian, entre el año 2000 y 2016 en Estados Unidos se han pasado de las 75 dosis diarias por cada mil personas a las 125 —un 66,66% más—, en Reino Unido de las 37,6 a las 101 —aumento del 168,6%— y en España se han pasado de las 28,2 dosis diarias por cada mil personas a 75,5 —un 167,7% más—.
Entre las medidas aconsejadas para combatir las enfermedades mentales, el Relator Especial subraya aquellas que vayan encaminadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, ha afirmado a The Guardian el relator especial Dainius Pūras, que ha señalado también las políticas que siguieron a la crisis financiera de 2008, que han acentuado la desigualdad, como perjudiciales para la salud mental. “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a la salud mental”, explica el relator. “La gente se siente insegura, con ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de inseguridad”, continúa.
Un enfoque de derechos para garantizar la salud mental
El informe del relator especial destaca la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e individuales para la prevención de los problemas de salud mental.
“Todavía
hay una tendencia a utilizar modelos individualizados y causales para
identificar determinantes de la salud mental como la violencia juvenil y
las autolesiones. Esa tendencia da lugar a intervenciones centradas en
factores de comportamiento inmediatos e individuales, en lugar de
abordar adecuadamente las condiciones estructurales, que son las causas
fundamentales”, explica el informe del relator especial de la ONU. “La
explicación de las desigualdades en materia de salud mental va mucho más
allá de lo biológico y lo individual y se extiende a lo social, lo
económico y lo político. La vida de las personas se ve a menudo limitada
por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas, así como
por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta
profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas
actúan a lo largo de sus vidas”, continúa.
El informe recuerda
que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2020
incluía entre sus cinco objetivos clave la promoción de la salud mental
a través de la actuación sobre los determinantes sociales, pero esto no
se tradujo en medidas en la práctica. También señala que, 70 años
después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, se ha conseguido una reducción general del número de suicidios,
se ha avanzado en la reducción de la pobreza extrema y en los problemas
de violencia interpersonal, se ha conseguido una mayor igualdad de
género y se han reducido los regímenes totalitarios. “Esa tendencia
induce a pensar que han tenido un efecto positivo las políticas y
prácticas de las sociedades de todo el mundo basadas en los derechos
humanos”, señala el informe, que también alerta de que “esos avances se
ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de
interés mundiales que se oponen a los principios universales de derechos
humanos y sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra”.
El relator apunta como ejemplos de cómo los gobiernos pueden
socavar la promoción de la salud los recortes en protección social, las
políticas que restringen el acceso a la información y a servicios de
salud sexual y reproductiva, la penalización de la posesión y cultivo de
drogas para uso personal o las leyes que reducen el espacio de la
sociedad civil, así como los castigos corporales a niños y adultos.
También destaca como “prácticas nocivas” las “terapias de conversión”
para personas LGTBI o las terapias que usan la religión para el
tratamiento de drogodependencias o de problemas de salud mental, así
como la corrupción farmacéutica, a la que dedicó otro informe en 2017.
El
informe alerta también del sobrediagnóstico de enfermedades mentales,
que ha llevado a la medicalización de “reacciones normales a las
múltiples presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de
ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar o comportamiento
antisocial”, así como de las prácticas en la atención a personas con
enfermedades mentales en las que no se cuenta con su consentimiento. “La
coacción se utiliza profusamente en los servicios de salud mental, y
hay pruebas de que cada vez es mayor la prevalencia de las medidas
coactivas en esos servicios”, lamenta el relator especial.
Otro de
los temas tratados en el informe son la estigmatización de la persona
con enfermedad mental como amenaza para la sociedad, o el acogimiento de
menores a instituciones, que el relator señala que debe ser sustituido
progresivamente con miras a su total eliminación. “Con respecto a los
niños menores de cinco años, el acogimiento en instituciones debería
considerarse una forma de violencia y de práctica nociva y, por lo
tanto, debería prohibirse”, apunta el informe.
El 'Plan de Evaluación de Riesgos Nacionales' analizará una posible reunificación de las Irlandas, divididas desde 1921
El Gobierno de Dublín debe considerar la posibilidad de convocar un referéndum sobre la reunificación de las dos Irlandas
para hacer frente a los riesgos que presenta para la economía nacional
el “brexit” o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Así lo recoge un informe presentado este lunes por el principal partido de la oposición, el centristaFianna Fáil, en el que critica al gobernante Fine Gael
(democristiano) por no abordar la cuestión de la reunificación
irlandesa en su próximo “Plan de Evaluación de Riesgos Nacionales”.
Un divorcio sin acuerdo entre Londres y Bruselas podría provocar el restablecimiento de una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda, lo que pondría en peligro las dos economías, altamente interconectadas, y el proceso de paz.
Por ello, la cuestión de la reunificación de las dos Irlandas, divididas desde 1921, ha vuelto con fuerza
a la agenda de algunas formaciones políticas, que recuerdan, además,
que el electorado norirlandés rechazó el Brexit en el referéndum de
2016.
El “Plan de Evaluación de Riesgos Nacionales” anual del Ejecutivo analizará, entre otros, los desafíos geopolíticos, económicos, medioambientales, sociales y tecnológicos,
pero el primer ministro, Leo Varadkar, no quiere valorar, de momento,
la opción de una “Irlanda unida”, según lamenta el informe del Fianna
Fáil.
“Esto deja un agujero muy grande en el plan de riesgo.
Nos preguntamos qué otros asuntos ha decidido que son demasiado
delicados para dejarlos fuera de la vista de los irlandeses”, escriben
en el documento de la formación centrista el senador Mark Daly y el
diputado Sean Fleming.
En su opinión, el Gobierno debe iniciar preparativos para consultar a la ciudadanía, plantear debates en toda la isla y lanzar campañas de información,
a fin de evitar los errores cometidos por el Gobierno británico con la
consulta del “brexit”, sobre todo en la era de la “noticias falsas”.
Una encuesta efectuada el pasado mes por la cadena pública irlandesa
indicó que la mitad del electorado de este país cree que la reunificación de las dos Irlandas es ahora más probable como consecuencia del “brexit”.
El sondeo también indicó que el 93% de los encuestados apoya la pertenencia de la República de Irlanda al club comunitario, la cifra más alta desde que comenzaron a tomarse estos registros en 2013.
Según este análisis demoscópico, el 50 % de los encuestados sostuvo
que la reunificación de la isla con la provincia británica de Irlanda
del Norte es “más probable” por el Brexit, frente al 41 % que está en desacuerdo.
Hace un año, esta misma cuestión dividía a la muestra en dos bandos que se repartían el 44 % cada uno.
Aunque todo el Reino Unido votó a favor del Brexit
en el referéndum de 2016, el electorado norirlandés (como el escocés)
rechazó esta ruptura, lo que ha vuelto a plantear la cuestión de la
reunificación de las dos Irlandas.
El acuerdo del Viernes Santo de 1998, el texto que puso fin al conflicto norirlandés, establece que el Gobierno británico puede convocar un plebiscito sobre esta cuestión si entiende que existe un deseo mayoritario al respecto.
En este sentido, el partido nacionalista Sinn Féin, segunda fuerza regional y principal entre la comunidad católica, quiere que, de aquí a cinco años, Londres celebre una consulta sobre la unificación de Irlanda.
Como hicieron con Irak, los aliados de Trump tratarán de pintar a Irán como una amenaza para fundamentar una decisión tomada mucho antes. Con un detalle infinito, se da a conocer la interminable letanía de abusos contra los derechos humanos, son los mismos abusos que nuestras élites ignoran cuando quien los comete es un aliado, como la dictadura saudí
Los aliados de Trump tratarán de pintar a Irán como una amenaza
EFE
Ya sabemos cómo funciona esto. La decisión de guerra se
toma con mucha antelación. Es el punto final al que hay que llegar y
para el que se van acumulando las pruebas. De repente, un régimen que
gobierna desde hace años se convierte en una amenaza inminente. Aparecen
los exiliados que hablan con solemnidad sobre la necesidad de guerra en
su patria. Ya casi no les quedan conexiones con el país de origen pero
tienen grandes cuentas bancarias y muchas relaciones con thinks tanks de derecha, multinacionales y servicios de seguridad occidentales.
Con
un detalle infinito, se da a conocer la interminable letanía de abusos
contra los derechos humanos. Son los mismos abusos que nuestras élites
ignoran cuando quien los comete es un aliado, como la dictadura saudí,
que ha sumido a Yemen en
la peor crisis humanitaria del mundo. Los críticos de la guerra son
caracterizados como lunáticos, como gente que no quiere a su país o como
idiotas útiles del enemigo que está poniendo en peligro la seguridad
nacional y amenazando a su propio pueblo. Así ocurrió en Irak y también
en Libia, dos países que se sumieron a toda velocidad en un caótico baño
de sangre.
En un mundo justo, se desacreditaría y expulsaría de la
vida pública a los incitadores de estas catástrofes que han provocado la
muerte de cientos de miles de personas, la mutilación y el trauma de
otras tantas, la aparición de millones de refugiados y desplazados, y la
transformación de los dos países en zonas liberadas para el extremismo
violento. En vez de eso, estos instigadores conservan su poder dentro
del gobierno de Estados Unidos (el caso más evidente es John Bolton,
asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump), dentro de la dirigencia
del Partido Republicano y dentro del grupo de formadores de opinión. Sin
vergüenza pero con una sed de sangre gigantesca, son los que ahora
están construyendo la justificación de la guerra con Irán.
Sobre
Jeremy Corbyn ha caído un aluvión de críticas por sugerir un examen
detallado del pronunciamiento de la Administración Trump sobre la
culpabilidad iraní en los ataques a los petroleros y por pedir que el papel de Gran Bretaña sea “aliviar
las tensiones en el Golfo”. No importa que los ministros de Asuntos
Exteriores de la UE hayan replicado la postura de Corbyn, exigiendo más pruebas y una investigación independiente
de la ONU. Abogar por enfriar el conflicto y hacer un llamamiento a la
paz no sirve para que a uno lo consideren un político respetable. Es
mucho mejor llamar a una guerra en la que los niños mueren incinerados
mientras duermen y las celebraciones de bodas son masacradas.
“Patético
y predecible”, dijo refiriéndose a Corbyn Jeremy Hunt. El candidato
conservador a la presidencia también se preguntó por qué Corbyn “nunca
ha podido apoyar a los aliados británicos, a la inteligencia británica o
a los intereses británicos”. Una pregunta extraña, teniendo en cuenta
que la postura del líder laborista coincide con la de los aliados
europeos de Gran Bretaña. Y sólo una persona delirante o directamente
malvada podría imaginar que un nuevo conflicto en Oriente Medio sirve
para “respaldar los intereses británicos”.
Pero las
declaraciones más reveladoras fueron las de Michael Gove, otro candidato
al liderazgo tory. Dijo que los comentarios de Corbyn sobre Irán
“demuestran una vez más que no es apto para confiarle nuestra seguridad
nacional”. Gove es el hombre que pedía la invasión de Irak dos días después del 11 de septiembre
y que hoy sigue haciendo una defensa cerrada de la intervención. Como
dice el ex ministro de Exteriores tory Ken Clarke, si Gove fuera primer
ministro “nos llevaría a la guerra con al menos tres países a la vez”.
Este
apetito por un conflicto armado debería asustarnos. No hace falta que
tipos como Gove lleguen a primer ministro para entender el consenso en
la élite conservadora británica.
Para Boris Johnson,
el candidato tory por el que ya apostó públicamente Trump, “recuperar el
control” significa convertirse en el perro faldero de los EEUU de
Trump. El presidente estadounidense conoce la utilidad del conflicto. En
2012 era él quien acusaba a Barack Obama de verse tentado a “jugar la
carta de Irán para iniciar una guerra con el fin de ser elegido”. Y si
EEUU termina consiguiendo su guerra, ¿alguien cree de verdad que un
gobierno afín a Trump no va a darle el apoyo británico?
El
compromiso de nuestros señores tories con otra huida hacia delante
militar era predecible. Lo que pasa es que “la coalición de la voluntad”
[la alianza de países que invadió Irak en 2003] no se limitará a los
tories. Hay un cierto tipo de políticos ‘centristas’, ‘moderados’,
‘progresistas’, o como sea que quieran llamarse a sí mismos, capaces de
catalogar a Trump como una amenaza autoritaria contra la humanidad y un
aspirante a dictador fascista, que lo celebrarán en cuanto empiece a
lanzar misiles. Así fue como reaccionaron cuando dirigió los cañones de Estados Unidos contra Siria y así lo harán, seguramente, cuando los misiles caigan sobre Irán.
Y
eso es lo verdaderamente peligroso. Si después de romper el acuerdo
nuclear con Irán, Trump, consigue la guerra que anhelan sus asesores,
habrá supuestos “moderados” de peso que reconocerán que el presidente de
Estados Unidos es un peligro real, una amenaza para la democracia y la
paz mundial (y alguien de un mal gusto terrible), pero al que no hay más
remedio que apoyar porque Irán es la amenaza inminente que en otro
momento dijimos que era Irak. No les faltarán conexiones ni influencia.
Utilizarán las dos para neutralizar a los críticos de esta nueva y
desastrosa agresión dirigida por Estados Unidos.
Sabemos
cómo termina la película porque la hemos visto antes. Por eso tenemos
que actuar de inmediato con un movimiento contra la repetición en Irán
de lo que ocurrido en Libia y en Irak.
Irán
es un ejemplo burdo de los pretextos que se dan para justificar estas
guerras. Si los fundamentos de la intervención militar de verdad fueran
las amenazas a la seguridad nacional y los abusos a los derechos
humanos, hace tiempo que habríamos dirigido nuestros misiles contra Arabia Saudí:
ya sea por exportar el terrorismo internacional o por lanzar bombas
sobre autobuses llenos de niños yemeníes regresando de un picnic.
Pero
está claro hacia dónde nos dirigimos. Aunque apenas ha calado en la
opinión pública, la guerra se avecina. Si los instigadores del conflicto
en Irak y en Libia se salen con la suya, esta vez el cataclismo podría
ser aún más grave.
Para evitar que esta gitana bosnia eluda la prisión amparada en la protección del embarazo
“Esta maldita ladrona a la cárcel treinta años y sin que pueda tener
más hijos y sus pobres criaturas dadas en donación a familias decentes. Y
punto”
Con este tweet, el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini pide esterilizar a una madre de 10 hijos condenada por hurto para evitar que un nuevo embarazo favorezca su excarcelación.
Vasvija Husic es una conocida carterista de origen bosnio y etnia gitana que ha sido arrestada por hurtos más de cuarenta veces, quedando en libertad poco después. Las razones de no entrar en prisión han sido sus sucesivas gestaciones. Esta vez ha sido condenada a 25 años de prisión tras robar a un turista peruano de 86 años, en silla de ruedas.
La petición del polémico líder populista obtuvo pronta respuesta en
las redes sociales. Algunos han recordado que mientras a la carterista
le han caído 25 años de pena, a Umberto Bossi, fundador de la Lega Norte y al tesorero de su partido, Francesco Belsito sólo dos y cuatro años respectivamente, pese a haber estafado casi 50 millones de euros en una trama de corrupción política.
La emigración ilegal, obsesión de Salvini
Los emigrantes ilegales son un objetivo habitual de los comentarios del
líder de la Lega Norte. Hace un año polemizó incluso con sus socios de
gobierno en Roma y con las autoridades de Bruselas al reclamar que se censaran a los gitanos italianos.
Entonces lamentaba que mientras los extranjeros que permanecieran de
forma irregular en Italia serían “expulsados”, “los gitanos italianos
por desgracia” tenía que quedárselos.