Ciudad de México, mayo de 2015. En el año 2008 la 
directora de cine Christiane Burkhard se presentó al público mexicano 
con su película   Trazando Aleida,
 un capítulo de su historia desconocida. Burkhard cuenta la historia de 
una joven mujer, Aleida, quien a mediados de los 2000 se entera de que 
sus padres no son sus padres carnales y que su abuela carnal la está 
buscando a ella y a su hermano. Los verdaderos padres de los jóvenes, 
según la abuela, son ”desaparecidos“ en la guerra sucia que México 
también llevó en contra de la oposición en los años setenta; el tipo de 
respuesta contra levantamientos que conocemos en casi todos los países 
latinoamericanos de aquella época. La directora de cine inicia una doble
 búsqueda. Junto a Aleida, buscan el paradero de su hermano y lo 
encuentran finalmente en Washington, mientras que en el Estado de 
Guerrero siguen las huellas de los padres de Aleida, quienes eran 
miembros activos de una guerrilla rural.
 La represión
 en aquel entonces en México no alcanzó las dimensiones de dictaduras 
contemporáneas como la argentina y la chilena. Además, México se mostró 
progresista hacia afuera y ofreció refugio a muchos exiliados de 
izquierda de toda Latinoamérica. El país fue gobernado desde los años 
veinte por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de una manera 
que el autor peruano Mario Vargas Llosa una vez describió como la 
dictadura perfecta. A finales de los años ochenta se abrió el panorama 
político y surgieron movimientos sociales al margen de los partidos 
establecidos. Un pequeño rayo de esperanza.
 La situación actual en el país centroamericano deja al 
observador con un sentimiento de desesperanza. No solo son las masacres 
de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, sino otras 
numerosas masacres como la de los migrantes de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, quienes en su viaje a la tierra prometida -los Estados Unidos-
 se ven enfrentados a peligros y brutalidades en México. El problema se 
ha vuelto aún más complejo. En el pasado el aparato autoritario del 
Estado mexicano hizo uso de la violencia -en ocasiones, incluso, 
violencia excesiva- con el propósito de controlar a los segmentos de 
población en resistencia. Hoy, sencillamente no se sabe a qué actores 
atribuir la muerte de decenas de miles de personas y los más de 20.000 
desaparecidos en los últimos años. Hace años que el Estado mexicano ya 
no tiene el monopolio del poder y tiene que ceder diversos territorios a
 bandas criminales. Por otro lado, existen empresas transnacionales que 
se aprovechan de dicha confrontación para apropiarse de tierras y 
materias primas. Una situación realmente complicada.
 
Pero hay motivo para tener esperanzas. La protesta contra la 
desaparición y asesinato de estudiantes no solo es masiva en el interior
 del país, sino que en el exterior crece la solidaridad con las víctimas
 y con ello también la presión hacia el gobierno neoliberal del 
presidente Peña Nieto. En estos días me encuentro en seminarios, debates
 y actos en universidades y reuniones con activistas de derechos humanos
 en México con varios jóvenes y también con reconocidos abogados, 
quienes se esfuerzan activamente de manera política y jurídica en contra
 de las violaciones de los derechos humanos.
 Todos 
ellos, al igual que decenas de miles de afectados por torturas, robo de 
tierras y explotación, arriesgan mucho en este peligroso país. Por ello,
 deben ser apoyados en la construcción de un Estado de derecho 
democrático y no corrupto. También nosotros en Europa podemos aportar. 
Alemania debe rescindir cualquier colaboración dudosa con el gobierno 
mexicano, como por ejemplo la cooperación escandalosa de la policía 
alemana con sus colegas mexicanos, parar por completo la exportación de 
armas hacia dicho país y controlar a las empresas europeas de una manera
 más estricta respecto a sus actividades en México.
 
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