Naciones Unidas incluyó en 2002 a España en la lista de países con
desaparecidos forzosos tras aceptar parcialmente una denuncia con 64
víctimas
Desde entonces ha llamado la atención sobre la falta de investigación de los crímenes franquistas e insta al país a "asumir sus obligaciones internacionales"
La ONU ha criticado que el Gobierno no destine presupuesto a las exhumaciones de restos
La falta de cooperación con Argentina
Delito imprescriptible
Desde entonces ha llamado la atención sobre la falta de investigación de los crímenes franquistas e insta al país a "asumir sus obligaciones internacionales"
La ONU ha criticado que el Gobierno no destine presupuesto a las exhumaciones de restos
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| Fosa común exhumada en El Baldío, Alcalá del Valle (Cádiz). / ARMH |
El 5 de agosto de 2002 las desapariciones forzadas del
franquismo llegaron a la ONU. Aquel día Emilio Silva atravesaba las
puertas del Palacio Wilson de Ginebra (Suiza) para entregar al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las fichas
de identidad de 64 personas a las que la represión franquista persiguió,
asesinó y arrojó a cunetas y fosas comunes entre 1936 y 1949. Muchas de
ellas siguen todavía hoy desaparecidas.
La denuncia
de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue
aceptada parcialmente por la ONU –admitió dos casos– y motivó que el
organismo incluyera a España en la lista de países que tienen
desaparecidos forzosos. Desde entonces, el Grupo de Trabajo de
Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU ha estado en
comunicación con el gobierno español para pedirle explicaciones
y recordarle su obligación de investigar este tipo de crímenes.
Sin embargo, la principal conclusión de las visitas e
informes emitidos por los mecanismos internacionales son que España hace
poco por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. El mapa
de las fosas comunes elaborado por el Gobierno,
que lleva desde 2011 sin actualizarse, contabilizaba 2.000 sin abrir,
pero estos datos son tachados de optimistas por parte de las
asociaciones de víctimas: La lista que recibió Baltasar Garzón para
estudiar si era competente o no para investigar los crímenes franquistas
contenía 130.000 desaparecidos.
Durante años, la ONU
reclamó al Gobierno la resolución de los casos que había aceptado
investigar sin éxito. Uno de ellos fue exhumado sin apoyo
institucional, sobre el otro hay información que asegura que podría
estar en un cementerio de un pueblo valenciano. En 2008 el informe del grupo de trabajo reitera: "Se volvieron a transmitir todos los casos sin resolver y no se recibió ninguna respuesta del Gobierno".
"A pesar de que el Estado español ha ratificado numerosos acuerdos
internacionales que le responsabilizan de garantizar verdad, justicia y
reparación para las víctimas de la dictadura de los franquistas, sus
incumplimientos en esa materia son incontables y atroces, cuando se
trata de dejar morir a los hijos e hijas de esos desaparecidos sin
atenderlos, cuidarlos y tratarlos como si fueran un estorbo para la
democracia", sostiene la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica en un comunicado.
En 2013 el grupo de trabajo visitó España y emitió un completo informe con
múltiples recomendaciones que no han sido adoptadas. Entre ellas,
investigar y juzgar las desapariciones, "eliminar los obstáculos
jurídicos de orden interno" que lo impiden o "asumir sus obligaciones
internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la
determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra
Civil y la dictadura", poniendo especial énfasis en la "urgencia y
celeridad" debido a "la edad avanzada de muchos de los familiares y
testigos".
" España ha ignorado y sigue ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia", apunta Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain. Al grupo de trabajo se sumó también el Comité de Derechos Humanos, que en julio de 2015 evaluó a nuestro país para concluir que "impide la
investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en
particular los delitos de tortura y desapariciones forzadas".
La falta de cooperación con Argentina
La reprimenda fue especialmente contundente en relación a la falta de
colaboración con la querella argentina, la única causa que investiga los
crímenes de la dictadura desde 2010 después de que en España se
cerrarán las vías que intentó Garzón. "Es una de los reproches más
frecuentes, la ausencia de cooperación con procedimientos judiciales
abiertos en otros países", explica Vicente.
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| Manifestación de familiares de víctimas del franquismo desaparecidas EFE |
De hecho, hay evidencias que llevan a concluir que España boicotea la investigación argentina de
la mano de la jueza María Servini de Cubría, que ha dictado una orden
de detención contra varios cargos franquistas que España ha regateado
negando su extradición. El último capítulo lo ha protagonizado la Cámara
Criminal y Correccional Federal de Argentina, que ha anulado por segunda vez esta orden contra el exministro Martín Villa, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Delito imprescriptible
En 2009 la denuncia en Argentina todavía no había sido interpuesta, pero el
Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias ya llamaba
la atención a España sobre su obligación de investigar estos crímenes y
resaltaba que el delito tiene lugar "hasta que el Estado reconoce la
detención o proporciona información sobre la suerte o el paradero de la
persona desaparecida", explica en su informe. "El delito autónomo de desaparición forzada es imprescriptible", explica el grupo.
Sin embargo, el Código Penal todavía no ha incorporado una definición
del delito acorde a estos términos y la justicia sigue amparándose en
una supuesta prescripción para rechazar múltiples denuncias de
particulares. Este fue uno de los motivos que esgrimió recientemente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Soria para negarse a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936.
La interpretación de la prescripción del delito y de la Ley de Amnistía
de 1977 de una manera restrictiva es uno de los tirones de orejas que
el relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, Pablo de Greiff, le dio a España en su visita de 2014. El
relator entiende que la norma en sí misma no impide la investigación de
los crímenes, si no sino que son las "interpretaciones restrictivas".
Algo que motiva que los casos se archiven "sin que los jueces ni
siquiera conozcan los hechos".
Otras recomendaciones sí que han seguido la vía de la derogación. Así lo hizo el Comité de Derechos Humanos,
que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en su último informe. En él muestra su
"preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor".
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| Entierro de Timoteo Mendieta FOTO: JOSÉ LUIS CUESTA / ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA |
Abandono institucional de las exhumaciones
Las críticas al poder judicial son frecuentes en las comunicaciones
efectuadas por la ONU en los últimos años. En 2013 el Comité para la
Desaparición Forzada, que vigila el cumplimiento de la Convención homónima (ratificada
por España en 2009), emitió varias recomendaciones, entre ellas, hizo
hincapié en la ausencia de "un marco efectivo" para llevar a cabo las
investigaciones "independientemente del tiempo transcurrido" y "aunque
no se haya presentado una denuncia formal".
A ello le añadió un reproche directo al Ministerio Fiscal al denunciar
que "los fiscales no hayan iniciado las investigaciones" pertinentes.
Lejos de iniciar las causas de oficio, la Fiscalía General del Estado dictó
una instrucción en la que pedía suspender la declaración de los
querellantes citados ante diversos juzgados españoles a petición de
María Servini.
Por su parte, de Greiff concluyó tras su visita que los magistrados cuentan con "nuevos argumentos para no avanzar en las causas judiciales" gracias a la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo,
que absolvió al juez Garzón de un delito de prevaricación por
declararse competente para investigar los crímenes franquistas, pero sí
estimó que hacerlo fue una decisión "errónea".
La falta de presupuesto para la Ley de Memoria Histórica,
que Mariano Rajoy ha dejado a cero desde su entrada al gobierno,
también fue identificada por el relator como uno de los motivos para
mostrar su preocupación "porque el Estado no haya hecho más para
gestionar las exhumaciones e identificación del los restos". Esta
dejación institucional es calificada por de Greiff como una
"privatización", ya que obliga a los propios familiares y las
asociaciones a financiar la búsqueda de los restos. Así ocurrió con Timoteo Mendieta el pasado mes de mayo, localizado en una fosa de Castilla-La Mancha en medio del abandono institucional.
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