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Si se está planteando una inversión, no descarte las actividades relacionadas con el control de frontera. Tan solo para frenar las llegadas de migrantes, Europa se gastó 17.000 millones de euros entre 2014 y 2016, según un informe del Overseas Development Institute (ODI). Marta Foresti, directora adjunta del think tank británico, asegura que el principal cambio en la estrategia migratoria del Viejo Continente ante la crisis de 2015, cuando un millón de personas entró irregularmente a Europa, se dio en el aspecto económico. “Tanto en la vigilancia y la creación de vallas, como en paquetes de ayuda a los países de origen”, precisa. Un caso representativo, apunta Foresti, es el de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex): su presupuesto pasó de seis millones de euros en 2005 a 254 en 2017.
Theodore Baird, investigador en la Universidad de Ámsterdam, explica en uno de sus artículos que el control de las fronteras europeas se volvió más restrictivo, militarizado y “mortífero” ya a partir de los noventa. “Para atender este régimen restrictivo”, continúa, “ha crecido un mercado europeo impulsado por varias empresas que participan en el diseño, la producción y el suministro de tecnologías de seguridad y vigilancia fronterizas”.
Grandes compañías como Siemens, Finmeccanica, G4S, Indra, Thales, Ericsson o Airbus no solo proveen herramientas y ofrecen servicios a Estados y agencias comunitarias, sino que participan en calidad de expertos en la elaboración de los informes encomendados por la UE sobre el futuro del sector de seguridad. La investigación Security for Sale, llevada a cabo por 22 periodistas europeos en 11 países, apunta que las empresas de vigilancia logran unos 30.000 millones cada año en el mercado comunitario y que entre los principales 10 adjudicatarios de los fondos de seguridad europeos están la española Indra o el consorcio Airbus.
“Existen diferentes tipos de privatización en materia migratoria y obviamente toda externalización va vinculada a motivos presupuestarios”, arguye Yves Pascoau, director de Migraciones y Políticas de Movilidad del think tank European Policy Centre. “Por ejemplo, en Francia se ha aplicado a la gestión de los visados; las empresas privadas son más rápidas en recoger las aplicaciones y así se aligera el proceso”, explica en conversación telefónica.
La subcontratación y la externalización son prácticas heredadas del mundo empresarial. Basta pensar en las prendas que llenan los escaparates de las grandes marcas europeas, en buena medida fabricadas en el exterior por terceras sociedades. Ante el éxito de este modelo de negocio, los Estados han abrazado un sistema parecido en ámbitos como la sanidad o algunos aspectos de la gestión migratoria. Queriendo ir al extremo, ¿qué pasaría ante una tragedia como la del Rana Plaza, el edificio que se derrumbó en 2013 en Daca y causó la muerte centenares de trabajadores de fábricas textiles al servicio de grandes firmas como Primark, Benetton o Mango?
El ciudadano angoleño Jimmy Mubenga falleció en 2010 cuando iba a ser expulsado de Reino Unido. Ya a bordo de un avión comercial de British Airways empezó a protestar e intentó resistirse a la deportación. Murió tras ser reducido por agentes de seguridad de la compañía privada G4S, encargada por el Home Office (equivalente al Ministerio del Interior) de escoltar a los extranjeros en los vuelos de repatriación.
El trágico episodio, recogido en el libro El negocio de la xenofobia (Clave Intelectual, 2013) de Claire Rodier, cofundadora de la red europea Migreurop, ejemplifica el dilema que supone privatizar actividades que competen a la esfera pública. “¿De quién es la responsabilidad?”, apunta Pascouau. La muerte de Mubenga, que según los testigos falleció por asfixia, fue archivada como “inexplicable”. G4S perdió el contrato con el Estado, pero nadie cumplió condena ni se revisó el modelo: otra empresa privada pasó a ocuparse de la incómoda, pero lucrativa, tarea.
En España, Air Europa perdió a finales del año pasado el negocio de los llamados “vuelos de la vergüenza”. Evelop Airlines, Orbest y Air Nostrum se adjudicaron el jugoso botín: las repatriaciones —además de los traslados de inmigrantes dentro del territorio nacional— les supondrán un ingreso de más de 11 millones de euros durante 18 meses.
España, pionera tanto en levantar muros como en instalar sistemas de vigilancia inteligentes, “ha inspirado” alguno de los ejes más característicos del sistema de control comunitario, explica Virginia Rodríguez, investigadora de la Fundación PorCausa . Las vallas de Ceuta y Melilla —que supusieron un desembolso de 72 millones de euros entre 2005 y 2013, según un informe de Amnistía Internacional— y el SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de las costas —que implicó un gasto ulterior de unos 230 millones de euros entre 2000 y 2008—, son dos ejemplos evidentes, detrás de los cuales están empresas como Indra o Dragados.
El informe del ODI menciona que, desde la caída del muro de Berlín, se construyeron o se empezaron a construir 1.200 kilómetros de vallas fronterizas en Europa. El gasto estimado para siete de estas barreras (en Grecia, Bulgaria, Hungría, Austria, Eslovenia, Letonia y Estonia entre 2011 y 2016) ronda los 300 millones de euros. En 2013, la UE instaló un sistema parecido al SIVE (Eurosur) para vigilar sus fronteras a través de drones, sensores y satélites, al que se destinaron 244 millones entre 2014 y 2020. También es española la empresa líder en producción de alambres de cuchillas: la andaluza European Security Fencing patentó en 2003 las concertinas que coronan la valla de Melilla y la que separa Serbia de Hungría.
Según cálculos citados por Baird, el mercado global de la seguridad fronteriza rebasará los 50.000 millones de euros en 2022, pero el autor advierte de que esta cifra es engañosa: no existe estimación exclusiva referida al control de las migraciones ni está definido de manera clara qué actividades engloba el sector. “Hay muy poca transparencia”, confirma Foresti.
La externalización de la frontera
Externalizar también significa trasladar las fronteras hacia terceros países. España insufló 168 millones de euros a Senegal y Mauritania desde 2006 para frenar la llegada de cayucos a Canarias. Recientemente, la UE firmó acuerdos con Nigeria, Níger, Senegal, Malí y Etiopía con un único objetivo: reducir el flujo migratorio. Hasta Libia, Estado fallido y epicentro del tráfico de migrantes, ha recibido su trozo de pastel: en febrero, la UE anunció una inyección de 130 millones de euros.
Mattia Toaldo, investigador del European Council on Foreign Affairs, explica que hay “remedios” que pueden funcionar en Libia, como la misión europea EUBAM, dotada con unos 20 millones de euros y dirigida a reconstruir las estructuras de policía y control de frontera en el país. “Pero harán falta años para que estas políticas tengan efecto, siempre y cuando todo vaya bien”, alerta. “Los traficantes se enfrentan a una demanda creciente porque los canales de inmigración legal hacia Europa son a menudo cerrados o difíciles de utilizar”, añade.
Ejemplo de ellos son los millones de refugiados varados en Turquía, país que recibió 3.000 millones de euros a cambio de cerrar el acceso a Europa a los migrantes. “Este pacto ha sentado las bases para la adopción de acuerdos hechos a medida (migration compact)”, explica Cristina Gortázar, profesora de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas. “El próximo va a ser con Libia, ¿pero de verdad vamos a ayudar a que nadie salga de un país donde hay refugiados y hasta esclavos?”, se pregunta. “Estamos comprando fronteras y vendiendo derechos humanos; pero mientras que haya violencia, conflictos y falta de desarrollo social, seguirá habiendo migraciones forzosas”.
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