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| El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis (d) conversa con homólogo marroquí Salahedín Mezuar (i), en Rabat. (EFE) |
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, viajó a Rabat el 13 de febrero y no quedó clara su postura sobre la sentencia en una comparecencia ante la prensa en la que no admitió preguntas. Sí se dejó entrevistar diez días después en el programa radiofónico Más de Uno, de Onda Cero, pero tampoco sacó entonces de dudas a sus interlocutores. La sentencia, declaró entonces Dastis, “abre un interrogante”. “Confiamos en que vamos a encontrar esa solución para que Marruecos siga siendo socio privilegiado de la Unión”, añadió. ¿Son marroquíes los productos del Sáhara?, le insistió el periodista. “En eso estamos, habrá respuesta”, contestó. “Todavía no tiene respuesta, pero la habrá”, concluyó de forma evasiva.
La Corte de Justicia europea recalcó en su veredicto del 21 de diciembre que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos y que las ventajas comerciales concedidas a los productos marroquíes en el marco de los Acuerdos Euromediterráneos entre Bruselas y Rabat no eran aplicables a las exportaciones de ese territorio a la UE. La Corte se pronunciaba así después de que una primera sentencia del Tribunal de Justicia, la jurisdicción europea de primera instancia, hubiese sido recurrida por el Consejo de Ministros de la UE con el apoyo del Gobierno español que envió a Luxemburgo a dos abogados del Estado.
Desde esa antigua colonia española se exportan pocos productos agrícolas a Europa, pero los abogados del Frente Polisario también han denunciado ante el Tribunal de Justicia el tratado de pesca con Marruecos. La flota comunitaria, esencialmente española, faena sobre todo en aguas saharianas, porque son las más ricas, y no en las marroquíes. En realidad, la sentencia de diciembre pone en entredicho afecta al conjunto de la relación comercial, y por ende política, entre la UE y su vecino del sur.
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| Soldados del Frente Polisario, en el Sáhara Occidental. (Reuters) |
El diputado oscense preguntó por qué el Gobierno español no actuó contra el carguero Key Bay de la naviera noruega Sea Tank Chartering que, el 14 de enero, atracó para repostar, procedente de El Aaiún, en el puerto de Gran Canaria. Transportaba con destino a Fécamp (Francia) harina de pescado que había cargado en la capital del Sáhara. Encabezados por Pilar Álvarez, teniente de alcalde de Las Palmas, activistas de EQUO y de Izquierda Unida Canaria reclamaron entonces a la Guardia Civil y a la Aduana Española que inspeccionaran el barco para averiguar si transporta un cargamento ilegal –algo que hicieron ese mismo día- y le impidieran seguir su ruta. El Gobierno español justifica no haber adoptado “medidas cautelares o definitivas en relación con el carguero” porque esas “corresponden a las autoridades aduaneras del Estado de la Unión que solicite la importación” de la harina de pescado, es decir Francia.
Lo que sí hizo el Ejecutivo español fue “informar a las autoridades aduaneras de Francia y Dinamarca, países de destino del envío, de los hechos constatados, en el marco de la asistencia mutua aduanera (…)” entre Estados miembros de la UE. Además de informar a París, el Gobierno español puso “los hechos en conocimiento del juzgado correspondiente” de Las Palmas. Por eso ningún otro carguero procedente del Sáhara ha vuelto a atracar desde entonces en puertos españoles.
Al Key Bay le esperaban en Frécamp un puñado de activistas simpatizantes con el independentismo saharaui, pero la aduana de Francia, el país europeo más entregado a la monarquía alauí, no tomó medida alguna. Los letrados del Polisario pusieron entonces una denuncia por discriminación económica y falsedad sobre el origen de los productos transportados por Key Bay ante el tribunal de Le Havre, una ciudad portuaria colindante con Fécamp.
La respuesta del Gobierno a Podemos es parecida a la que dio el 31 de enero el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, a tres eurodiputados que preguntaron a la Comisión Europea sobre la declaración conjunta suscrita, en noviembre en Marrakech, por cinco países europeos, entre ellos España, con Marruecos para el intercambio de energías renovables. Marruecos tiene en marcha proyectos de grandes plantas de energía solar para exportar a Europa, algunos en el Sáhara, en los que juega un papel destacado Nareva, una empresa perteneciente a la familia real.
“La declaración [de Marrakech] se aplicará teniendo en cuenta debidamente la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”, contestó Arias Cañete a los eurodiputados. Vino así a decir que sí se tendría en cuenta la sentencia de la Corte de diciembre suscitando el enfado de Rabat. La prensa marroquí recordaba que cuando fue ministro de Agricultura en España bien que defendió en derecho de los pesqueros españoles a faenar en aguas del Sahara.
Una semana después de la intervención de Arias Cañete, el ministro de Agricultura marroquí, Aziz Akhnnouch, un político muy cercano al rey Mohamed VI, publicó un comunicado en el que advertía en substancia de que si la UE aplicaba el veredicto correría el riesgo de que se reanude “el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener”.
Diez días después, entre el 17 y el 20 de febrero, nada menos que 854 subsaharianos lograron entrar en Ceuta, un récord en 72 horas. Policías y guardias civiles que están a pie de obra en la frontera terrestre con Marruecos aseguraron entonces que la inacción de sus colegas marroquíes facilitó esa masiva irrupción. Tanto Dastis como su colega de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el propio presidente Mariano Rajoy, negaron al unísono cualquier negligencia por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos y ensalzaron incluso la colaboración con el vecino.
Una de las voces españolas más autorizadas sobre las relaciones hispano-marroquíes osó, sin embargo, llevarles públicamente la contraria. El momento en que se han producido esos asaltos “me hace pensar que Marruecos los ha permitido o al menos ha decidido hacer la vista gorda”, escribió Jorge Dezcallar en una tribuna de una inusitada franqueza publicada en varios diarios regionales. Dezcallar fue embajador de España en Rabat y más tarde director del Centro Nacional de Inteligencia.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-19/espana-sentencia-ue-sahara-no-pertenece-a-marruecos_1351185/
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