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El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó
recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo
Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta
acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que
la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no
tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en
contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y
encarcelaron injustamente.
Domingo Francisco se considera uno de varios presos
políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el
juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el
sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo
Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda
persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.
En esta acusación aún quedan personas comunitarias
con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse
ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.
Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo
para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar,
desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez
Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional
sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP
pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin
prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.
“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando
la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes
en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde
Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.
Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se
dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el
caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe
de terminarse.
Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de
los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los
defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y
sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han
podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de
Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones
falsas.
Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya,
que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma
Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como
nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha
de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa
del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.
Vemos como ya nos están contaminando el agua, la
tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que
otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos,
especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.
Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a
las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo
en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos
que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto
Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido
amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”
¿Por qué lo encarcelaron?
Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una
autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en
idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del
2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en
el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de
la cabecera departamental luego de participar en una movilización
pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para
exigir la nacionalización de la energía eléctrica.
Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos
como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la
Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de
Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de
Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la
movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ,
luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino
de San Mateo Ixtatán.
Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal
Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por
don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en
la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las
empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión
manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron,
agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.
Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de
Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó
que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que
deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con
otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos
testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de
criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades
ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final
fueron absueltos.
En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.
“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su
inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con
esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza
Yassmin Barrios.
Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales
Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que
desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia
para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales
por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios
políticos.
En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo
Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al
MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año
de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún
delito.
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Esta historia no se termina aun
Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la
ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las
estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los
megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para
castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a
las empresas.
En esta estrategia, los empresarios cuentan con el
respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total
objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las
autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de
Huehuetenango por defender el agua de los ríos.
Las empresas echaron mano de la cooptación de persona
y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia,
con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó
en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez
Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.
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Pérez Molina un ex general
vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra
encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en
Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su
ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a
los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex
ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de
las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo
de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la
espera de ser extraditado a Guatemala.
Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada,
la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso
siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP
en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron
rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión,
llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.
Las empresas siguen generando acciones y estrategias
para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales
autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria,
mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus
formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias
de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas
hidroeléctricas de su territorio.
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En toda América Latina se están viviendo escenarios
similares, con patrones comunes en las estrategias que están
implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las
resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes
megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.
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