El mundo es testigo del ataque continuado a la atención médica en
tiempos de conflicto, y debe reforzarse el principio de que la atención
es lo primero
¿Quiénes han perpetrado esos ataques? Fuerzas armadas, grupos armados, incluso Gobiernos que integran la ONU
Sistemáticos y deliberados
¿Quiénes han perpetrado esos ataques? Fuerzas armadas, grupos armados, incluso Gobiernos que integran la ONU
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| Imágenes tras el bombardeo por parte de Estados Unidos de un hospital de Médicos Sin Fronteras en octubre pasado. @MSF_espana |
A las diez de la noche del miércoles fue atacado el
hospital de Al Quds en Alepo, en el norte de Siria. Tras un ataque
aéreo, el hospital de 34 camas, que contaba con sala de urgencias,
unidad de terapia intensiva, quirófano, y era el principal centro de
referencia de la ciudad para atención pediátrica, fue completamente
destruido.
En medio del polvo y la oscuridad, los
pacientes y los miembros del personal que lograron sobrevivir comenzaron
a rescatar, con la ayuda de voluntarios, a los que habían quedado
atrapados bajo los escombros.
Ocho médicos trabajaban a tiempo completo en el
hospital; dos de ellos estaban entre los 14 muertos ya confirmados. Su
compromiso y dedicación para prestar atención médica a las personas
necesitadas llegó al sacrificio final.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. De Afganistán a República
Centroafricana, de Sudán del Sur a Yemen y Ucrania, ambulancias,
hospitales y centros de salud han sido bombardeados, saqueados,
incendiados o destruidos. A raíz de esos ataques, numerosos pacientes
murieron estando hospitalizados, y otros tantos trabajadores de la salud
sufrieron ataques mientras socorrían a los heridos.
Entre 2012 y 2014, en solo 11 países, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 2.400 ataques contra miembros del personal de salud, pacientes, instalaciones y medios de transporte sanitarios.
Está generándose una peligrosa tolerancia, y esos
ataques comienzan a ser vistos como la norma. Forman parte de la
complejidad de los conflictos armados actuales, en los que tanto la
población como las infraestructuras civiles son objeto de ataques:
mercados, escuelas, viviendas e instalaciones de salud están volviéndose
objetivos válidos.
Entre 2012 y 2014, en solo 11
países, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 2.400
ataques contra miembros del personal de salud, pacientes, instalaciones y
medios de transporte sanitarios. La amplia mayoría de esos ataques se
dirigieron contra instalaciones y personal de salud. Los efectos
indirectos para las comunidades son devastadores.
Por ejemplo, en la región de Nilo Superior, en Sudán del Sur, una
descarga de cohetes cayó cerca de un hospital una mañana de julio. Las
metrallas pulverizaron las paredes color beige y la valla azul, y
barrieron a quienes estaban fuera del edificio.
Un
paciente, un niño de doce años y una niña de tres murieron
instantáneamente. En el transcurso de los días siguientes, más de 20
personas morirían a causa de las heridas, incluida la madre de la
pequeña.
A medida que los enfrentamientos fueron
intensificándose, el personal del hospital, los pacientes y los civiles
huyeron. De un momento al otro, una zona donde se atendían unas 75.000
personas se quedó sin una instalación médica esencial. Como
consecuencia, muchas otras personas morirían.
En
2015, 65 hospitales gestionados por Médicos Sin Fronteras (MSF) o
apoyados por esta institución sufrieron 106 bombardeos y ataques con
morteros como estos. Se perdieron incontables vidas y material médico.
En septiembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
informó que 654 trabajadores de la salud habían muerto desde el comienzo
del conflicto en Siria y que casi el 60% de los hospitales funcionaba
parcialmente o estaba fuera de servicio.
En cierto
sentido, esas estadísticas solo nos hacen un flaco favor ya que no dejan
ver las tragedias individuales de las personas atrapadas en los
conflictos. Hombres, mujeres y niños, que en general tienen necesidades
acuciantes, ven sus vidas destruidas por los conflictos. Y el último
lugar adonde pueden pedir ayuda –el hospital– se convierte también en
objeto de ataques.
¿Quiénes han perpetrado esos
ataques? Casi todos. Fuerzas armadas, grupos armados, sí, incluso
Gobiernos que integran las Naciones Unidas.
Sistemáticos y deliberados
Seamos claros. No siempre se trata de daños colaterales. A veces son
sistemáticos, planificados o deliberados. También son ilegales. Un
ataque contra un centro de salud, así sea intencional o accidental, es
un ataque contra el derecho humanitario.
Somos
testigos de un ataque sostenido contra la prestación de asistencia de
salud en conflictos armados, así como de una falta total de respeto por
esa actividad.
Conforme al derecho internacional
humanitario y sus principios, el personal de salud debe poder prestar
atención médica a todos los heridos y los enfermos, independientemente
de su pertenencia política o de otra índole, y así sean combatientes o
no. Además, en ninguna circunstancia se lo debe castigar por prestar
atención médica de conformidad con la ética médica. El médico de nuestro
enemigo no es nuestro enemigo.
Pero nos hallamos
ante infracciones de esas normas fundamentales que tienen graves
consecuencias humanitarias para comunidades enteras y sistemas de salud
que ya están exigidos al máximo. Y esta no es solo la opinión de MSF y
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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| El 9 de diciembre de 2015, Médicos Sin Fronteras envió una petición con más de 547,000 firmas a la Casa Blanca, pidiendo al presidente Obama que permitiera una investigación independiente sobre el ataque estadounidense al hospital de traumatología de MSF en Kunduz, Agfanistán. | Foto: Michael Goldfarb |
La Asociación Médica Mundial, el Comité Internacional de
Medicina Militar, el Consejo Internacional de Enfermería, la Federación
Farmacéutica Internacional, la Federación Internacional de Hospitales,
la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y
la Confederación Mundial de Terapia Física, organizaciones que
representan a más de treinta millones de profesionales de la salud,
coinciden en que se necesitan mayores esfuerzos para respetar la
inviolabilidad de la asistencia de salud.
Por ello
nosotros, como presidentes de MSF y del CICR, apoyamos la propuesta de
una resolución histórica de la ONU destinada a proteger la asistencia de
salud. Pero instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a que haga
efectiva la resolución. Para ello, la resolución debe adoptarse en los
siguientes términos.
En primer lugar, debe
transmitir un mensaje político contundente acerca de la necesidad de
proteger la asistencia de salud. Todas las partes en conflictos armados
deben cumplir cabalmente las obligaciones que tienen en virtud del
derecho internacional, incluido el derecho humanitario. Y deben afirmar
con claridad su respeto de la prestación de asistencia médica imparcial
en tiempo de conflicto armado.
En segundo lugar,
debe instar a los Estados y a todas las partes que intervienen en
conflictos armados a que adopten medidas eficaces para prevenir la
violencia contra el personal, las instalaciones y los medios de
transporte sanitarios. Según corresponda, los Estados deben reforzar su
legislación, incluso mediante la supresión de restricciones y sanciones
que impidan la atención médica imparcial en tiempo de guerra.
La protección jurídica de los pacientes, el personal, las instalaciones
y los medios de transporte sanitarios en el ámbito nacional debe
afirmar sin ambigüedades la inviolabilidad de la asistencia de salud en
tiempo de conflicto, aun cuando se considere que los pacientes o el
personal de salud son el enemigo. Se la debe mejorar para garantizar el
debido respeto de la neutralidad de la atención médica durante las
operaciones militares y de seguridad. Es necesario recoger datos
precisos e intercambiar buenas prácticas.
Las
fuerzas armadas y todas las partes en conflicto deben adoptar medidas
prácticas para la protección de los heridos y los enfermos, así como de
todos los que realicen labores médicas. Esas medidas deben incorporarse
en las instrucciones, las reglas de enfrentamiento, los procedimientos
operativos estándar y el entrenamiento.
En tercer lugar, debe reconocer que, cuando se cometen
ataques contra instalaciones y personal de salud, es preciso realizar
investigaciones exhaustivas, inmediatas, imparciales e independientes
para determinar lo ocurrido. No es posible que solo las víctimas o los
autores de los ataques intenten determinar los hechos. Además, los
incidentes deben informarse con regularidad y formalidad al más alto
nivel y mantenerse un debate anual al respecto en el Consejo de
Seguridad.
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El factor que sustenta todas esas medidas
debe ser la aceptación de que siempre prevalecen las necesidades
médicas de las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o a
qué lado apoyen o pertenezcan.
El personal médico
está presente en zonas de conflicto para atender a los heridos y los
enfermos, en función de las necesidades. Y solo de las necesidades. Este
es el principio básico de imparcialidad y el fundamento de la ética
médica. Por el mero hecho de atender a los pacientes sobre la base de
sus necesidades y no participar en las hostilidades, el personal de
salud puede reclamar protección en virtud del derecho internacional
humanitario.
La resolución de la ONU ofrece una
oportunidad. Una oportunidad de trazar una línea en la arena y evitar
ataques como el que tuvo lugar en Alepo hace dos días. Los Estados
tienen la responsabilidad moral y jurídica de actuar y proteger a las
personas atrapadas en conflictos armados. Y el momento de actuar es
ahora.
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