La ejecución extrajudicial de 6 personas –entre ellas un menor- y la desaparición forzosa de 43 estudiantes de magisterio a manos de policías locales, aparentemente por orden del alcalde del pueblo, Iguala, ha destapado los males no solo de Guerrero sino de otros puntos de México dónde la transición no llegó.
El poder caciquil unido al crimen organizado, la pobreza y el activismo social eran una bomba de relojería que estalló el 26 de septiembre de 2014. No es la primera vez que ocurre pero hoy, a diferencia del pasado, el mundo observa a México y el presidente Enrique Peña Nieto lo sabe.
El poder caciquil unido al crimen organizado, la pobreza y el activismo social eran una bomba de relojería que estalló el 26 de septiembre de 2014. No es la primera vez que ocurre pero hoy, a diferencia del pasado, el mundo observa a México y el presidente Enrique Peña Nieto lo sabe.
ESCENA 1: En la Normal Rural de Ayotzinapa todo
es recogimiento. Familiares de algunos desaparecidos se han instalado
en las habitaciones normalmente utilizadas por los alumnos, procedentes
de las comunidades más pobres y marginales, mientras esperan noticias.
Aquí unos llegan por vocación. Otros porque al salir tienen garantizada
una plaza de maestro con un sueldo de 350 euros mensuales, mucho más de
lo que sacan del campo. La Normal ofrece estudios, alojamiento, comida y
una fuerte ideología de izquierda, todo gratis. Algunas autoridades
indígenas llegan a mostrar su apoyo por la tragedia con un saco de maíz
en la mano. Los padres repiten una y mil veces que vivos se llevaron a
sus hijos y vivos los quieren de vuelta.
“Se destapó la cloaca”, sentencia Abel Barrera, director de Tlachinollan,
la organización de derechos humanos que apoya a las víctimas. “Se acabó
la simulación. Esto no es una democracia real aunque votemos y haya
partidos, aquí no hubo transición. Esto no es Ciudad de México. El poder
aquí sigue ejerciéndose de forma caciquil, con policías que realmente
son pistoleros a sueldo de ‘el señor’, sin formación y sin cultura de
derechos humanos y el crimen organizado se empotró en ese sistema
gracias a la corrupción a la impunidad”.
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| Familiares (Jacobo G.Garcia) |
Su explicación es contundente. La comparte el académico del Colegio de
México, Sergio Aguayo. “El talón de Aquiles de la transición son los
municipios que se quedaron solos frente al crimen organizado y este se
apropió de ellos”. Ahí impera todavía una “lógica totalitaria”, añade el
analista. Un murmullo recorre las esquinas recordando siete décadas de
pasado: “El viejo PRI, el viejo PRI…”
ESCENA 2. Como hicieron otras veces unos
80 jóvenes de Ayotzinapa ‘toman prestados’ -sin violencia porque los
afectados prefieren colaborar a que el vehículo sea dañado- tres
autobuses para utilizarlos para una protesta. Esta vez eligen Iguala
pero la policía local les intercepta y comienza a acribillarles (según
versión de los estudiantes y de las autoridades). Los jóvenes se
intentan esconder. Los agentes detienen a muchos y los suben en
patrullas (hay vídeos). Los que huyeron empiezan a denunciar lo ocurrido
a la prensa local pero de repente vuelven las balas. Los estudiantes se
dispersan, algunos piden ayuda y se esconden en casas cercanas. Hay
muertos y muchos heridos. Uno de ellos se desangra con un tiro en la
mandíbula. Un grupo de estudiantes llama al ejército. Los militares al
llegar les quitan los celulares, les inmovilizan y aunque dicen que
llaman a una ambulancia no lo hacen, según cuenta, el ‘normalista’ Omar
García. “Al final conseguimos llegar al hospital con el compañero
vivo”. Mientras, un tercer ataque de policías y “sicarios a sueldo”
(según la fiscalía) ataca otro autobús que esta vez no lleva a
estudiantes sino a un equipo de fútbol. Muere un jugador de 15 años, el
chofer y una mujer que pasaba por ahí en taxi. Han transcurrido varias
horas desde el primer ataque. Nadie impide los siguientes. El alcalde
cena tranquilo. El balance de la noche son 6 muertos, 17 heridos (dos
muy graves) y 43 desaparecidos.
(Jacobo G.Garcia)
Ya nadie duda que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, (del PRD) está
involucrado con el cártel local (Guerreros Unidos). Lo sugirió el
gobierno estatal (también del PRD). El federal (del PRI) no atendió
denuncias pasadas que acusaban a Abarca de asesinatos y secuestros
porque “no me presentaron evidencias”, dijo el procurador general, Jesús
Murillo Karam. Ahora, sin embargo, quiere procesarlo.
Parece que fue
Abarca quien dio la orden de atacar a los estudiantes aunque no está
claro el porqué. Y ahí está parte de la barbarie. El horror se apoderó
de los mexicanos al saber que uno de los estudiantes apareció con el
rostro desollado y le habían sacado los ojos. “Los muchachos encararon a
la policía pero no se dieron cuenta que el México pistolero y narco
estaba detrás”, explica Barrera. Las armas son el poder. La vida no vale
nada. “Llegamos a Iguala a buscarlos al día siguiente, casa por casa,
pero la gente nos advirtió que nos fuéramos, que era muy peligroso”,
cuenta Jesús López, el papá de Giovani, uno de los desaparecidos, de 19
años, el menor de sus tres hijos.
ESCENA 3. Corren los años 60. Lucio Cabañas, un maestro salido de Ayotzinapa, organiza a los campesinos frente a los caciques. En mayo de 1967 convoca una manifestación pacífica en Atoyac. La policía quiere desalojar la plaza y comienza a disparar. Cabañas escapa a la sierra y forma una guerrillera que será duramente combatida por las fuerzas armadas. Décadas después surgen movimientos similares. La respuesta del Estado del 69 al 82 es lo que se conoce como ‘guerra sucia’ y su principal escenario es Guerrero. Un documento de 2001 elaborado, entre otros colectivos, por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dice que militares desfiguraba el rostro de sus enemigos políticos, les rompía los huesos, les rebanaba las plantas de los pies o les colgaban por los testículos. Muchos fueron arrojados vivos al mar. Otros enterrados cementerios clandestinos, como el de ‘los pozos de Copacabana’ sobre el que se construyó la turística Zona Diamante de Acapulco.
(Jacobo G.Garcia)
Una semana después del fatídico 26 de
septiembre, el hallazgo de varias fosas clandestinas en las afueras de
Iguala con cuerpos calcinados que podrían ser los de los estudiantes
desaparecidos crispó más el ambiente. Las explicaciones del fiscal de
Guerrero, Iñaky Blanco, sobre cómo colocaron los cadáveres en un lecho
de ramas, los rociaron con combustible y les prendieron fuego,
sobrecogieron. Comenzó un nuevo horror para los familiares: preguntas,
entrevistas, pruebas de ADN y poca o nula información directa de las
autoridades.
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró
que no habría impunidad pero muchos desconfían en un país en el que más
del 90% de los crímenes quedan sin castigo. El despliegue de efectivos
federales en Iguala llevó a que los Guerreros Unidos pusieran carteles
advirtiendo que si no se iban, dirían los políticos que les apoyan. El
investigador y experto en crimen organizado Edgardo Buscaglia cifra en
torno al 80% los municipios de México infiltrados por el narco y lleva
años repitiendo que los políticos y los empresarios son los que permiten
que las organizaciones criminales sigan vivas.
Manifestación en DF (María Verza)
Guerrero es zona de tránsito y cultivo
de droga. Cochoapa el Grande, por ejemplo, es el municipio más pobre de
México y el mayor productor de amapola. Según explica Abel Barrera, “los
campesinos cubren con la amapola las necesidades que no pueden cubrir
con el maíz y hay un acuerdo comunitario para que el que quiera,
siembre, y nadie dice nada”. La violencia está latente pero el crimen
organizado no está enquistado ahí. En otras zonas más militarizadas sí.
“En Iguala hay dos puestos militares cercanos e impera un cártel
intocable, ¿por qué no actuaron? ¿No será que las fuerzas federales
están vinculadas con ese poder caciquil y criminal?”, se pregunta el
defensor.
ESCENA 4. La zona fronteriza entre Guerrero, el Estado de México y Michoacán es un polvorín. Dos cárteles se disputan ese territorio, La Familia y los Guerreros Unidos. Hay secuestros extorsiones y muertes. Muchas veces de inocentes, como el hijo del promotor de la radio comunitaria de Luvianos, Indalecio Benítez. El niño, de 12 años, murió cuando hombres armados acribillaron la furgoneta en la que viajaba toda la familia. Muy cerca de allí, en el municipio de Tlatlaya, el ejército esinvestigado por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a 22 supuestos criminales. EEUU, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exigido a México una investigación clara y castigo a los culpables.
(María Verza)
Miles de mexicanos, incluidas las
comunidades zapatistas, se han echado a la calle en distintas ciudades
clamando justicia y la presentación con vida de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Los autobuses llevan el cártel con el #TodosSomosAyotzinapa.
Muchos ponían el nombre de Iguala detrás de otros lugares marcados por
el crimen: Aguas Blancas (17 campesinos asesinados en 1995); Acteal (47
indígenas masacrados en 1997), San Fernando (72 migrantes ejecutados en
2010)… Las protestas llegaron incluso a las sedes diplomáticas
mexicanas de ciudades de Europa y EEUU. Y no faltan las voces más
radicales. Un grupo guerrillero de antaño el Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI) lanzó un comunicado llamando a crear una
“brigada de ajusticiamiento” contra el cártel de los Guerreros Unidos.
“Los estudiantes de la Normal están
sorprendidos, no asimilan lo que está pasando pero creo que es un punto
de quiebre”, asegura Barrera. “Está emergiendo una gran fuerza ciudadana
y hay un gran reflector apuntando al poder, y al poder no le interesan
las víctimas pero sí la imagen internacional”.
(María Verza)
“Este sistema podrido todavía tiene
fuerza para protegerse y posiblemente extirpará a los miembros afectados
–el alcalde de Iguala, por ejemplo, tal vez el gobernador de Guerrero-
para distender el ambiente pero ¿hasta dónde llegará la limpieza?”. El
director de Tlachinollan recuerda que Guerrero puede generar mucha
crispación social.Amnistía Internacional, Human
Rights Watch, la CIDH y el Departamento de Estado de EEUU lanzaron la
voz de alarma y la ONU ya ha dicho que México enfrenta una “prueba crucial” en derechos
humanos con este caso. Un puñado de eurodiputados fueron más allá al
pedir que se paralice la renovación del acuerdo Unión Europea-México
hasta que se aclaren los crímenes de Iguala.
El culpable no es la delincuencia
organizada, reiteran una y mil veces los estudiantes de Ayotzinapa. El
culpable es el Estado, subrayan. México ya ha sido condenado por la
Corte Interamericana en tres ocasiones relacionadas por abusos de
policías o militares ocurridos en Guerrero. El 15 de octubre Enrique
Peña Nieto tendrá otra prueba sobre la mesa. La Comisión de la Verdad de
Guerrero presentará su informe sobre la guerra sucia que tiene más de
1.000 desaparecidos y el gobierno federal se comprometió a atender las
recomendaciones. “No poner freno a la impunidad de entonces la ha hecho
permanecer”, dice una abogada integrante de la Comisión, Pilar Noriega.
Que aquellos polvos vienen estos lodos.
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