Uno de los mayores escándalos existentes en el mundo
económico-político de hoy es el comportamiento monopolístico de la
industria farmacéutica, aprobado y subvencionado por la autoridades
públicas (en teoría, representantes de la población), que protegen dicho
monopolio a través de la asignación de las llamadas patentes, que
garantizan la potestad a tal industria para inflar los precios de los
fármacos. El argumento a favor de este privilegio es que la industria ha
invertido enormes cantidades de dinero en la investigación de los
productos farmacéuticos, una investigación que necesita ser pagada y
retribuida, permitiéndole definir un elevado precio del fármaco,
dándole, además, la exclusividad en la venta del producto, prohibiendo
la aparición en el mercado de otros productos idénticos que hicieran la
competencia a aquellos que tienen la patente. En consecuencia, la
industria farmacéutica, altamente concentrada, es uno de los sectores
con mayores beneficios existentes en el mundo de hoy.
Esta argumentación oculta varios hechos bien conocidos entre los
expertos en la materia. Uno de ellos es que la mayor parte de la
investigación que se realiza conducente a la producción del fármaco no
ha sido financiada por la industria farmacéutica, sino por centros de
investigación financiados públicamente. Se han publicado muchos estudios
mostrando, por ejemplo, que la producción de los principales productos
en venta en el sector farmacéutico de EEUU se basa en investigación
básica financiada por los National Institutes of Health (NIH), los
centros de mayor investigación sanitaria del gobierno federal de EEUU.
Lo que hace la industria farmacéutica es utilizar esta información,
aplicándola a la producción del fármaco. Esta investigación aplicada es
una porción pequeña de todo el proceso de producción del fármaco. La
mayor parte de los costes de producción no han sido, pues, sostenidos
por la industria farmacéutica, sino por el erario público. En realidad,
economistas que han estudiado el tema han recomendado que sean los
mismos institutos de investigación médica (NIH) que realizan la
investigación básica los que hagan la investigación aplicada, con lo
cual se evitarían los elevados precios que la industria farmacéutica
está exigiendo. Como señala Dean Baker, el Estado federal de EEUU se
ahorraría mucho dinero si produjera él mismo los productos
farmacéuticos, en lugar de tener que comprarlos a la industria
farmacéutica.
Otro elemento ignorado, cuando no ocultado, es que un gran número de
empresas farmacéuticas cargan como gastos de investigación gastos que no
corresponden a esta categoría, como, por ejemplo, marketing. Y todavía
peor, utilizan todo tipo de triquiñuelas para alargar la patente,
declarando como productos nuevos productos con ligeras variaciones sobre
el producto anterior.
La protesta mundial: la aparición de los genéricos
Esta situación está cambiando como resultado de la enorme
movilización y protesta frente a este comportamiento. Como es lógico, la
mayor protesta procede del mundo subdesarrollado, que no puede pagar
los elevados precios de tales productos. Y algunos Estados, como el de
la India, dicen, con razón, que la vida de sus ciudadanos es más
importante que la acumulación de riqueza por parte de las empresas
farmacéuticas. De ahí que sucesivos gobiernos de la India hayan indicado
que en casos de vida o muerte, la ley internacional de patentes no
debería aplicarse, una postura que encuentra una gran aprobación y
resonancia en la mayoría del mundo donde la pobreza es una constante.
Esta postura del gobierno indio se hizo altamente popular cuando dicho
gobierno facilitó el desarrollo de una industria farmacéutica basada en
genéricos que pudiera competir con las industrias con patentes, lo que
ha forzado a la bajada de los precios.
El caso más conocido fue el de los fármacos necesarios para el
tratamiento del SIDA, enfermedad que era mortal hasta que la utilización
de los fármacos permitió salvar millones de vidas. Cuando tales
medicamentos se introdujeron en el mercado, el coste anual del
tratamiento por paciente era de 10.000 dólares, en el año 2000. Al año
siguiente, en el 2001, el coste bajó en picado, pasando a ser de solo
140 dólares al año, y ello como resultado de la introducción de
productos genéricos procedentes de la India, lo cual permitió salvar las
vidas de los enfermos con SIDA que vivían en países subdesarrollados
económicamente. Médicos Sin Fronteras calcula que el 90% de los 11
millones de enfermos de SIDA que viven en países pobres están vivos
porque son tratados con medicamentos contra el SIDA que son productos
genéricos, la mayoría de los cuales se fabrican en la India.
Ni que decir tiene que la industria farmacéutica utiliza todos los
medios para parar la “invasión” del mercado por parte de estos
genéricos. Y uno de dichos medios es tratar de influenciar a los Estados
de los países más ricos, como el Estado federal de EEUU, para que se
prohíban tales genéricos. El lobby de la industria farmacéutica en EEUU
(PhRMA) gasta la friolera cantidad de 132 millones de dólares al año
para comprar los votos de los congresistas clave, dentro del Congreso de
EEUU, que tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre estos
temas. Mike Ludwig (en su artículo “Big Pharma Lobbies Hard to End
India’s Distribution of Affordable Generic Drugs”, Truthout, 10.10.14) documenta nombre por nombre quién recibe dicho dinero.
Una situación menos declarada, pero semejante, se da en los países de
la Unión Europea, donde el lobby de la industria farmacéutica en
Brusela es de los más extensos y más poderosos de los muchos lobbies que
configuran la legislación europea. Y una situación idéntica aparece en
España.
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2014/10/29/el-otro-escandalo-silenciado-en-los-medios-la-industria-farmaceutica/
No hay comentarios:
Publicar un comentario