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Manifestantes durante las protestas del sábado 11 de octubre en Quito.
La Vanguardia / Youtube |
Tras doce días de movilización y represión recrudecida, los datos de la Defensoría del Pueblo emitidos el mismo día 13 arrojaban un saldo escalofriante. Hasta ese momento se contabilizaban 7 víctimas mortales, 1.152 detenidos y 1.340 heridos. Además, los informes de la Defensoría revelan indicios que permiten afirmar un uso desproporcionado de la fuerza en las dinámicas de represión de la protesta: un 22% de los detenidos tiene menos de 19 años y muchos incluso menos de 15, sin embargo los testimonios relatan que no se han seguido procedimientos específicos en estos casos; solamente un 24% de las personas detenidas han sido puestas a disposición judicial. En cuanto al resto no pudo demostrarse la existencia de motivos que justificaran su detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha manifestado su preocupación por la escalada de violencia, tanto a través de un comunicado emitido el día 9 como mediante una serie de tuits en los que, de forma poco ortodoxa pero efectiva, denunciaba distintas violaciones de derechos humanos y exhortaba al Gobierno a controlar el uso desmedido de la fuerza. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) señaló, por ejemplo, denuncias documentadas de prácticas de tortura contra detenidos; uso aleatorio de gases lacrimógenos contra comunidades indígenas; restricción del uso de redes sociales; corte de la señal de cadenas de televisión y radio (como TeleSur o Radio Pichincha) y agresiones contra periodistas. Los derechos a la integridad física, a la libertad, seguridad, expresión e información han sido gravemente afectados, según demuestran innumerables vídeos e imágenes registradas durante las protestas. En paralelo, las últimas jornadas han estado marcadas por la quema de edificios públicos o las agresiones contra determinados medios privados de comunicación, generando una durísima tensión social, alimentada por el Gobierno que insiste en su estrategia de confrontación y la utilización del correísmo como chivo expiatorio.
La tensión llegó a un punto crítico el sábado. Por un lado, la protesta se vio engrosada desde temprano con la movilización de los barrios más humildes de la capital. La marcha de mujeres y los centenares de personas que bajaban del norte de la ciudad evidenciaba la ampliación del campo popular en pie, una reconfiguración fundamental que resignificaba los márgenes del conflicto. Quedaba ya claro que con los indígenas, los estudiantes y los movimientos sociales se levantaban los desposeídos en el conjunto del país. Desde las distintas provincias llegaban imágenes de marchas y movilizaciones de intensidad creciente. La respuesta del gobierno se mantuvo en la línea de la militarización y uso de la fuerza como elemento de gestión de las protestas. El sábado a mediodía se anunció la ampliación del toque de queda, que pasaba a regir en Quito y los alrededores durante las 24 horas del día. Diversos comunicados, ya no del Gobierno sino del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas matizaron un confuso Decreto Presidencial y se llegó a enviar un SMS a la población para informar de la hora de inicio de la restricción total de circulación. Los vuelos de salida y entrada de Quito comenzaron a cancelarse, se extendió el rumor, nunca confirmado, de cortes de agua o internet, el miedo recorría los barrios más acomodados de la capital mientras que en numerosos barrios populares se desataban protestas focalizadas y duramente reprimidas. Al caer la noche, circularon las imágenes de estudiantes y médicos haciendo un cordón humanitario alrededor de los centros de acopio y emergencia donde se resguardaban heridos. A las 8 de la tarde, desafiando el toque de queda, se convocó un cacerolazo en la capital, exigiendo el fin de las medidas y de la violencia: el seguimiento fue masivo.
La necesidad de encontrar una salida al conflicto era ya impostergable. Los medios de comunicación internacionales ya habían comenzado a abrir los canales de información y las imágenes de los enfrentamientos y el uso de la fuerza contra la población daban la vuelta al mundo. Ya caída la noche, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador) emitió un comunicado afirmando que iban a delegar a una “interlocución exploratoria” para evitar un baño de sangre y diseñar las medidas para salir de la encrucijada, concretándose el objetivo en la derogación del Decreto 883 (que elimina los subsidios a los combustibles y que ha provocado la chispa que encendió el conflicto). Con la posibilidad de diálogo abierta y el ofrecimiento de la misión de Naciones Unidas en el país y la Conferencia Episcopal para mediar, se emplazaron las partes a una reunión el domingo a las tres de la tarde. La negociación debía ser transmitida en directo por diversos medios de comunicación.
Con tres horas de retraso, después de un día de tensiones y enfrentamientos permanentes fuera de la capital, el domingo 13 a las seis de la tarde dio comienzo una reunión de varias horas que pudimos seguir en directo, al menos parcialmente. Bajo la mirada del Coordinador Residente del Sistema ONU en Ecuador, el presidente Moreno y varios miembros de su gabinete se sentaban en una mesa de diálogo con distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. El comienzo fue desalentador, el presidente se mantuvo en el discurso ya conocido de la confabulación castro-chavista con Correa a la cabeza para desestabilizar el país, haciendo duras acusaciones a los “extranjeros” que habrían ingresado en Ecuador para orquestar una suerte de golpe de Estado. El ofrecimiento fue mínimo, no retiraría el decreto pero negociaría medidas sociales para repartir entre los “más necesitados” los ahorros de la eliminación de los subsidios. La contestación de los líderes fue una lección de dignidad, serenidad, fortaleza y… de cómo manejar la economía del país.
Jaime Vargas por la CONAIE, Leonidas Iza por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) o Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku tomaron la palabra a turnos en un debate que manejaron con soltura, frente a un Gobierno que demostró poca capacidad en el conocimiento de los datos para defender su postura y con ofrecimientos mínimos. Los movimientos se mantuvieron firmes en la exigencia de la derogación del decreto, además, denunciaron la práctica inacción del Gobierno (tiene usted unos ministros vagos señor presidente le llegaron a decir), reiteraron la falsedad de los argumentos conspirativos del Gobierno, exigieron la destitución de los ministros de Defensa y Gobierno (Interior) y la publicación del completo contenido de los acuerdos del FMI, entre otras cuestiones. Miriam Cisneros finalizó su intervención con rotundidad: “Se me han secado las lágrimas llorando por nuestros hijos muertos. Que en su conciencia quede, presidente, todos los hermanos caídos”. Tras estas palabras y más de una hora de debate, el “mediador” de Naciones Unidas decidió llamar a un receso de 15 minutos que se convirtió en un paro de la transmisión de más de hora y media, pero la negociación seguía en privado.
Cuando a las 21:40 volvieron a conectar en directo, el acuerdo ya estaba redactado. Las partes habían consensuado dejar sin efecto el decreto 883 e instalar una comisión para elaborar un nuevo decreto en el que participarán el Gobierno, el movimiento indígena, la Conferencia Episcopal, y Naciones Unidas. De manera paralela, se comprometía el fin de las movilizaciones y el movimiento indígena afirmaba el retorno a sus comunidades para “retomar la paz”. La tensión era evidente. Para cerrar la sesión, tomó la palabra el secretario particular del presidente señalando que “aquí hemos cedido todos”, esto “no es una derrota de nadie” y “ningún acto vandálico quedará sin respuesta”. Ningún miembro del Gobierno dijo una palabra relativa a la represión, detenciones o heridos. Al contrario, la ministra de Interior, María Paula Romo, ausente en el debate, negaba en ese momento desde su cuenta de Twitter la existencia de desaparecidos y subrayaba las “mentiras” en el recuento de muertos y heridos.
Tras la desconexión, empezaron a circular vídeos que daban cuenta de la situación en la sala de negociaciones y que evidenciaban que llegar a un acuerdo no iba a ser tan fácil. Mientras en las calles el movimiento indígena y miles de quiteños celebraban la victoria política frente al Gobierno y el fin de los enfrentamientos, los negociadores discutían en tono cada vez más duro. Desde su cuenta de Twitter, el secretario particular del presidente afirmaba: “Hoy trabajaremos en la modificación del decreto, que garantice cómo vamos a racionalizar los subsidios y que no vaya hacia quienes no lo necesitan. ¡En eso nos comprometimos!” ¿A eso se habían comprometido?
Cerramos esta crónica a la una de la madrugada, hora de Quito, todavía en tensa espera. No es posible negar que haber llegado hasta aquí, haber forzado al Gobierno a sentarse y recular en una medida que consideraban “fundamental” para el país, es una victoria del campo popular que, en lo simbólico y en lo material, evidencia una reconfiguración de las alianzas. La acumulación de fuerzas que se ha tejido en estos días, la identificación clara del enemigo común (el FMI y las medidas neoliberales) va a marcar el futuro del país, incluso de la región, pero lo que ocurra en el corto plazo sigue siendo incierto. El acuerdo fondomonetarista es amplísimo, quedan las reformas laborales, la liquidación del sector público, el asalto a los derechos de los funcionarios, las rebajas fiscales y las amnistías a los grandes capitales, incluso la subida del IVA… Ahora la pregunta es ¿podrá un gobierno debilitado por una derrota como esta llevar adelante las otras medidas?, ¿podrá en sentido contrario negarse a cumplir un acuerdo ya pactado con el FMI y con las élites económicas que lo sostienen? Y, más cercano todavía: ¿se levantará mañana Quito con un acuerdo que permita el fin de este conflicto?, ¿van a depurarse responsabilidades respecto de los excesos del uso de la fuerza?, ¿qué va a pasar con los detenidos?
Las dudas que se abren en este fin del primer asalto son enormes. Lo que sí que podemos afirmar es que en Ecuador se ha corroborado lo que ya se ha ido plasmando en otros escenarios, como Brasil: el neoliberalismo actual no solo es incompatible con el bienestar de las mayorías sociales, también con la propia democracia. Los gobiernos plegados al fondomonetarismo requieren el uso de la fuerza para imponer las medidas económicas y sociales exigidas por el autoritarismo de mercado, ya sea por medio de medidas de lawfare contra adversarios políticos, ya sea a través de la directa represión de las manifestaciones de protesta con la mano dura policial y militar. Pero los pueblos son duros, tienen memoria y se levantan.
Fuente: https://ctxt.es/es/20191009/Politica/28852/ecuador-fmi-indigenas-protestas-adoracion-guaman.htm#.XaRwUCTcvY4.twitter
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