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La Fiscalía pide entre 7,5 y 43 años de cárcel para los 19 encausados (doce en prisión, seis en libertad vigilada y dos juzgados in absentia), a los que imputa los cargos “colaboración con organización armada terrorista”, “abuso de autoridad” e “insultos al presidente”. Según el sumario de acusación, el diario cambió en 2013 su dirección y modificó su política editorial para favorecer a la cofradía de Fethullah Gülen, antaño aliada del presidente Recep Tayyip Erdogan pero ahora su principal enemigo y a la que se acusa de dirigir el golpe de Estado del pasado año. Las pruebas en que se basa la acusación son en su mayoría textos publicados por el diario y mensajes compartidos en las redes sociales, así como comunicaciones a través de la aplicación de mensajería móvil ByLock, utilizada por los gülenistas y que el Gobierno turco considera prueba suficiente para vincular a sus usuarios con la asonada militar.
Además de estas acusaciones, a varios periodistas —por ejemplo Ahmet Sik— se les incrimina ser miembros del grupo armado kurdo PKK y del izquierdista DHKP-C, lo cual, sostiene la defensa, es contradictorio en extremo: no sólo los gülenistas, en su periodo de esplendor (2007-2013), hicieron todo lo posible por descarrilar el proceso paz entre el Gobierno y los insurgentes kurdos, sino que los militantes del PKK y del DHKP-C se odian entre sí y, de hecho, las prisiones turcas mantienen a sus militantes en pabellones diferentes para evitar conflictos.
Los
periodistas juzgados niegan todas las acusaciones y, uno de ellos, el
columnista Kadri Gürsel, aseveró ante los jueces que de todos los
mensajes y llamadas hechas por supuestos gülenistas que se incluyen en
su imputación no respondió a una sola. Además, recordó a los jueces que
él ya había advertido sobre la peligrosidad de la cofradía gülenista
cuando el Gobierno islamista aún la consideraba su aliada. De hecho, en
el pasado, jueces y fiscales de adscripción gülenista procesaron a
varios empleados de Cumhuriyet acusándoles de tratar de atentar contra el Ejecutivo de Erdogan en juicios que posteriormente se demostró que habían sido manipulados.
Las sesiones del juicio contra Cumhuriyet
continuarán ininterrumpidamente hasta el viernes, cuando se espera que
el tribunal decida si prolonga o no la prisión preventiva de los
detenidos; si bien el proceso se prolongará durante meses hasta que los
jueces alcancen un veredicto. “Como muchos otros de los más de 150
periodistas actualmente entre rejas en Turquía, los imputados del caso Cumhuriyet
que están encarcelados, están siendo castigados sin siquiera haber sido
condenados pues permanecen en prisión preventiva desde hace meses y
(sufren) límites arbitrarios a sus contactos con el exterior e
interferencias a su derecho a preparar su defensa”, denunció el
Instituto de Prensa Internacional (IPI), una organización de defensa de
la libertad de prensa con sede en Viena a la que pertenece Kadri Gürsel.
De hecho, el director del diario, Murat Sabuncu, pidió posponer su
defensa ante el tribunal dado que los documentos que había preparado
para ello en la cárcel le fueron confiscados por la Gendarmería.
Numerosos representantes de
organizaciones internacionales, como PEN, Reporteros Sin Fronteras y la
Federación Internacional de Periodistas, estuvieron presentes en la sala
de juicios, así como los eurodiputados Arne Lietz (grupo
socialdemócrata) y Rebecca Harms (grupo verde). También la Unión
Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) siguen de cerca el proceso. El
representante para Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE,
Harlem Désir, exigió la liberación de los periodistas detenidos y
criticó las medidas tomadas durante el estado de emergencia vigente en
Turquía por suponer “presiones innecesarias y desproporcionadas contra
la libertad de expresión y de prensa”.
Este no es el único caso al que se enfrentan Cumhuriyet y sus periodistas. También deben responder en el proceso sobre la revelación de un presunto envío ilegal de armas
a los rebeldes sirios, por el que el corresponsal del periódico en
Ankara, Erdem Gül, y el exdirector Can Dündar (huido a Alemania y que
está igualmente incluido en el juicio iniciado este lunes), se enfrentan
a cadena perpetua. Por esta causa ya ha sido condenado a 25 años de
cárcel el diputado opositor Enis Berberoglu, quien filtró a los periodistas las imágenes del envío de armas.
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